La imposibilidad actual de la autonomía universitaria.

The current impossibility of university autonomy.

Ramsés Leonardo Fuenmayor Arocha*

Posgrado de Sistemología Interpretativa. Universidad de Los Andes Edo. Mérida - Venezuela ramsesfa@ula.ve

* Profesor Titular adscrito al Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa, Facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes.

Nuevos retos y perspectivas, peligros y acechanzas de la Autonomía Universitaria en tiempos de Reforma Constitucional en Venezuela organizado por la revista

Educere. Una contribución al foro

La revista Educere me ha dispensado el honor de solicitarme una contribución para un foro sobre la autonomía universitaria en el presente. A continuación presento unas pocas ideas sobre el tema solicitado hiladas del siguiente modo:

Primero, realizo un examen del sentido de la idea de autonomía aplicada a una institución, e intento demostrar cómo la posibilidad del auto-gobierno es una condición necesaria, pero no suficiente, para que haya autonomía. Luego, dentro del anterior contexto general, examino el caso ideal de la institución universitaria y las condiciones de posibilidad para el ejercicio de su autonomía. Posteriormente, paso a mostrar la vinculación que la idea de autonomía universitaria guarda, en principio, con el Estado nacional que conceda tal condición autonómica. Para ello exploro la forma socio-organizacional que, en principio, tendría que caracterizar una auténtica universidad.

Lo anterior constituye un marco conceptual para realizar un apresurado examen del caso venezolano. Allí resumo lo que considero ser la situación actual de las universidades nacionales en medio del proceso histórico que vive el país y en relación con el gobierno que actualmente representa al Estado venezolano. De este modo discuto las posibilidades presentes del ideal de autonomía universitaria.

1. El autogobierno como condición necesaria pero no suficiente para la autonomía universitaria

1.1 El significado general de la “autonomía”

Autonomía significa “capacidad para gobernarse”. No significa simplemente “gobernarse”, sino la capacidad para gobernarse. Capacidad es la “cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo”.¹ Por tanto, el opuesto de la autonomía (heteronomía) no es un simple no-gobernarse, sino la incapacidad para hacerlo bien.

Obviamente, la negación de la posibilidad del autogobierno implica la negación de la posibilidad de la autonomía, pero un ser puede gobernarse y sin embargo no ser autónomo. Es decir, la posibilidad del auto-gobierno es una condición necesaria, pero no suficiente, para el ejercicio de la autonomía.²

El niño malcriado que hace “lo que le viene en gana” (y cuyos padres se limitan a obedecer los designios de su irracional voluntad) “se gobierna”, pero no tiene la capacidad de gobernarse bien. Se gobierna, pero lo hace de un modo tal que se hace daño a sí mismo y a los demás. Por tanto, no posee esa cualidad que le permita el buen ejercicio de su propio gobierno: no posee autonomía.

1.2. El caso de la institución universitaria.

Por este sencillo camino del pensamiento llegamos fácilmente a la siguiente idea sobre la noción de “autonomía”, cuando ésta se refiere a una institución: Es la capacidad que tiene esa institución para gobernarse de una manera tal que realice del mejor modo posible su misión institucional. Sobra decir que la misión de una institución del Estado no se da en sí misma, sino que trasciende hacia la sociedad; y, en el caso de una universidad, esta trascendencia alcanza toda la humanidad. Es decir, la universidad nacional no existe para prestarle un servicio exclusivo al grupo de personas que en un momento dado actúan en su interior (profesores, estudiantes y otros empleados), como, por ejemplo, lo hará un club privado; por el contrario, la razón de ser de la universidad nacional radica en el servicio que le presta a la sociedad (y a la humanidad).

La misión de la universidad, que he caracterizado en otro escrito³ como la del “cultivo de la verdad”, se manifiesta en el cultivo del saber⁴ y en la enseñanza de ese saber a todos aquellos estudiantes que ella acoja en su seno. Pero, esa enseñanza no se completa en el estudiante mismo sino que pretende trascender al conjunto de la sociedad. Es decir, la universidad prepara los estudiantes para que sean los encargados de continuar la tarea del cultivo del saber y para prestar un buen servicio a la sociedad. En este sentido, la acción docente no tiene como fin último al estudiante, sino a la sociedad. El estudiante es el vehículo mediante el cual se presta el servicio a toda la sociedad. Nótese que esto significa una diferencia importante con otros servicios públicos, por ejemplo el brindado en un hospital: el fin de la acción hospitalaria terapéutica es el individuo; se pretende, simplemente, sanar al individuo.⁵ En cambio, en la universidad no simplemente se pretende enseñar al estudiante para que sea más sabio, o mucho menos, pero más cercano a nuestra realidad, para que simplemente obtenga un título que le permita el ascenso socio-económico. Se pretende preparar seres humanos (de manera integral y, adicionalmente, en disciplinas particulares del saber) para que desempeñen un buen papel en la sociedad (y en la humanidad) —como ciudadanos críticos y participativos y como expertos en disciplinas particulares. En conclusión y puesto en simples términos funcionales, la universidad tiene por misión específica producir conocimientos para la sociedad (y para la humanidad) y preparar a ciertos individuos para prestar un servicio a la sociedad.

La autonomía universitaria es, entonces, la capacidad de gobernarse para realizar bien esa misión específica de la universidad. De manera equivalente al caso del niño malcriado, si una “universidad” no cultiva el saber en la medida y la calidad esperable para su dimensión organizacional (número de profesores, cantidad de recursos), y si no forma de manera adecuada a sus estudiantes para desempeñar un buen papel en la sociedad, entonces, aunque en el seno de esa institución se tomen las decisiones sobre su propia conducción, no posee autonomía. En este caso, hace, como el niño malcriado, lo “que le viene en gana”, pero no posee “autonomía”.

Mediante el anterior argumento hemos reafirmado, con respecto a la institución universitaria, lo que ya habíamos establecido de manera general con respecto a la noción de autonomía: la posibilidad del auto-gobierno universitario es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista una auténtica autonomía. Es necesario, además que exista la capacidad institucional de gobernarse de modo tal que se cumpla la misión universitaria con la máxima excelencia posible.⁶

1.3. ¿Por qué un Estado nacional le concede autonomía a sus universidades?

Ahora bien, en el anterior razonamiento ha estado implícito un asunto que debemos hacer explícito: puesto que las universidades nacionales son instituciones del Estado (venezolano), es precisamente el Estado quien otorga la posibilidad del autogobierno. La posibilidad del autogobierno universitario no es, pues, una cualidad que surge espontáneamente desde el interior de la institución; es una concesión, una dádiva, del Estado. Y se trata de una concesión especial, puesto que la mayor parte de las instituciones del Estado no gozan de tal privilegio. Pero, obviamente, no se trata de una dádiva gratuita, de una excepción “cariñosa” por parte del Estado. La razón de la concesión debe estribar en la posibilidad de realizar bien la particular función social de la universidad. Cabe aquí entonces una pregunta cuya respuesta aclarará y reafirmará la conclusión anterior sobre la naturaleza de la autonomía universitaria: ¿Por qué un Estado nacional le concede autonomía a esa especial institución que constituye la universidad? O, expresada de manera más específica: ¿Qué tiene de especial la misión universitaria que requiere la autonomía para ejercer su realización?

La respuesta puede ser expresada en pocas palabras: El cultivo de la verdad requiere, por parte de los que dirigen tan excelsa tarea (los profesores), unas virtudes que no sólo son necesarias para cultivar el saber y para preparar a los estudiantes; son necesarias también para apreciar esas misma virtudes y para conducir los procesos en los que tales virtudes se ejercitan. Por esta razón, una institución universitaria dirigida desde el exterior de la actividad fundamental universitaria está destinada a descarriarse.

Para que esta respuesta resulte más clara es conveniente introducir un par de nociones que le son fundamentales a la condición organizacional del ser universitario⁷; a saber: las nociones de práctica y de virtud en el sentido usado por Alasdair MacIntyre en su libro: “After Virtue”⁸:

Práctica y virtud

[Una práctica es] una forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, socialmente establecida, mediante la cual se realizan bienes internos a esa forma de actividad, en la medida en que se intentan alcanzar esos patrones de excelencia que son apropiados para —y que parcialmente definen a— esa forma de actividad; con el resultado de que los poderes humanos para alcanzar excelencia y las concepciones de los fines y bienes envueltos son sistemáticamente mejorados. (MacIntyre, 1985) (Traducción del autor).

(Piénsese en una buena escuela de música)

Una virtud es una cualidad humana adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a permitirnos el logro de los bienes internos de una cierta práctica; y cuya falta nos impide efectivamente alcanzar dichos bienes. (MacIntyre, 1985).

(Piénsese en la idea de virtud implícita en la expresión “es un virtuoso del violín”).

Vale la pena extraer ciertas consecuencias de esas dos definiciones que serán importantes para pensar sobre el asunto universitario. Para ello, es importante insistir en que una práctica es una forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa y socialmente establecida, la cual cumple las siguientes condiciones:

Mediante esa actividad se logran ciertos bienes; es decir, ciertos productos tangibles o intangibles de la actividad que se consideran como buenos.

La calidad (la condición de “buenos”) de estos productos es siempre mejorable.

La actividad propia de la práctica está esencialmente acompañada por una constante voluntad de lograr esa excelencia del bien.

Las virtudes propias de una práctica no sólo permiten producir el bien de esa práctica en su mejor condición posible, sino que permiten apreciarlo como tal. En otras palabras, aquél que no posea las virtudes propias de esa práctica no podrá apreciar cabalmente el grado de excelencia del bien producido por dicha práctica. Esta apreciación interna del bien será llamada “cara interna del bien”.

Sin embargo, para que la práctica sea socialmente establecida, el bien (o bienes) que ella produce deberá poseer también una cara externa; esto es, una cara que permita darle sentido social a la práctica en cuestión.

Lo anterior implica que:

Primero, la vida de una práctica se sustenta en esa voluntad colectiva de mejorar el bien que da la razón de ser a dicha práctica. Es decir, la vitalidad de una práctica se funda en el continuo ejercicio y mejoramiento de las virtudes que le son propias —virtudes que, recuérdese, son necesarias, no sólo para producir el bien en su estado de mayor excelencia posible, sino que, al mismo tiempo, son necesarias para apreciar la excelencia de ese bien. Sustráigase la fuerza de aquella voluntad, o, sustráigase el ejercicio y mejoramiento de las virtudes, y se tendrá un cadáver de práctica. Obsérvese que esta condición de vida de una práctica es propia de toda práctica, independientemente de cuál sea el bien que produce —así como decimos que la condición de vida de cualquier mamífero depende de ciertas características funcionales biológicas básicas (por ejemplo, de que su corazón funcione adecuadamente), independientemente de cual sea el mamífero del caso.

Segundo, la ausencia de virtudes en una práctica se da en un rango que va desde la mediocridad hasta el vicio. La mediocridad es la simple y pasiva ausencia de virtud. La mediocridad es dañina para la práctica por ser mera ausencia de virtud, falta de vida. El vicio es una cualidad cuyo ejercicio daña activamente a la práctica y a su bien. Es en este preciso sentido que usaré las palabras “mediocridad” y “vicio” en lo que sigue.

Tercero, puesto que las virtudes son necesarias para producir y para apreciar el bien de una práctica, las personas más virtuosas son las llamadas a guiar y coordinar las actividades de la práctica. Esta guía y coordinación es, al mismo tiempo, un proceso de enseñanza continua de las virtudes propias de la práctica en cuestión. Una práctica conducida por personas que no posean esas virtudes y que no estén inmersas en la actividad fundamental de la práctica corre el grave peligro de desvirtuarse y descarrilarse. (Luego veremos que esta es la razón por la cual la institución universitaria debe ser autónoma).

Una vez resumidas estas las nociones de “práctica” y “virtud” podemos retornar al tema de la universidad y entender de manera más clara la razón por la cual el desempeño de la misión universitaria requiere de la autonomía:

La universidad no puede ser (en su deber-ser) sino una práctica general universitaria continuamente alimentada por un conjunto de prácticas parciales universitarias. La vida de la universidad se da en la vida de sus prácticas parciales y en la inserción de las mismas en su práctica general. Si las prácticas constitutivas de la universidad no tienen vida, la universidad es un “cadáver institucional”, y, obviamente, ni cumple su misión ni tiene autonomía.

Pero, como ya se explicó, la condición vital de una práctica puede cesar por varias razones, de las cuales es importante destacar las siguientes:

• Porque la voluntad colectiva dominante en la universidad (particularmente entre sus profesores) no sea la de mejorar los bienes de sus prácticas parciales y de su práctica general.

• Porque la mediocridad institucional y el vicio institucional dominan las virtudes institucionales.

• Finalmente, porque la dirección de la institución universitaria no se realice a partir de las virtudes que le son propias a su práctica y en continuo ejercicio de esas virtudes.

Debido a esta última condición de vitalidad, es necesario, pero de ningún modo suficiente, que el Estado conceda la posibilidad del auto-gobierno a la institución universitaria. Sin embargo, si el Estado permite el autogobierno a una organización “universitaria” que carece de la vitalidad propia de una práctica debido a las razones señaladas —y que, por tanto, no puede ser autónoma—, el Gobierno que representa el Estado actúa irresponsablemente en relación con la sociedad a la que se debe. Creo que, grosso modo, este último es el caso de las actuales universidades nacionales y del actual Gobierno nacional en Venezuela. Veamos por qué:

2. El caso venezolano

En un libro titulado “El Estado venezolano y la posibilidad de la ciencia”⁹ he mostrado cómo la sociedad venezolana actual es el resultado de un doble proceso de enajenación de sus bienes públicos y, especialmente, de la fuente material y espiritual de tales bienes. En efecto, en las últimas tres décadas del siglo XX se produjo un aceleradísimo proceso de saqueo de la fuente material de los bienes públicos por parte de unos pocos individuos. Al mismo tiempo, pero en un nivel más profundo, operó un acelerado proceso de destrucción cultural que afectó, fundamentalmente, la condición de posibilidad del bien público como tal. Dos de las principales consecuencias de este proceso destructivo de la matriz cultural son la degradación de todos los procesos educativos y la paulatina destrucción y envilecimiento de las instituciones del Estado.

2.1. Las universidades mediocres

En las universidades nacionales han confluido ambas consecuencias. La mayor parte de su actividad “universitaria” está signada por lo que antes denominamos “mediocridad institucional”.¹⁰ Salvo la actividad de contadísimos grupos académicos e individuos aislados, la mayor parte del quehacer universitario carece de las virtudes académicas a las que antes nos referimos. La mediocridad institucional alcanza sus rasgos más patéticos en los mecanismos socio-organizacionales que determinan la elección de las autoridades universitarias. Ya explicamos por qué es necesario que una auténtica práctica universitaria esté comandada por sus más brillantes académicos. Sin embargo, un nuestras universidades nacionales, los mecanismos electorales son tales que, prácticamente, garantizan la mediocridad académica de los elegidos. Los profesores y estudiantes que eligen “democráticamente” a las autoridades universitarias —y que en su mayoría carecen de las virtudes propiamente académicas y por tanto de la voluntad de excelencia necesaria para mantener la vitalidad de una práctica — lo hacen en términos de sus intereses individuales, extra-universitarios (mantenimiento de la estabilidad laboral y mejora de los ingresos económicos por parte de los profesores; y prebendas estudiantiles y facilitación del proceso conducente al ansiado título universitario por parte de los estudiantes). Para satisfacer tales intereses no-académicos se eligen demagogos que tienen por “mandato popular” (interno) el uso de los recursos institucionales para el “pago del voto”, lo cual, generalmente, es antagónico a la misión de conducir una buena práctica universitaria. De este modo, la mal llamada “democracia universitaria” (apoyada y aupada por el actual gobierno) es un mecanismo de degradación de la auténtica universidad, y, por tanto, de su autonomía.

La corrupción universitaria es, a su vez, un mecanismo de degradación de la democracia en el país. A las verdaderas universidades les corresponde darle forma argumental al variado conjunto de ideas sobre el bien público y los modos de enriquecerlo sobre el que se debería sustentar un verdadero ejercicio de la política y de la democracia —uno que no esté simplemente dominado por las consabidas tácticas manipuladoras de masas. Nada más lejano a nuestras universidades venezolanas tal contribución. En consecuencia, la llamada “democracia” interna de las universidades nacionales es un mecanismo de degradación de la democracia del país, del terreno donde realmente tiene sentido la idea de “democracia”.¹¹

En general, la consecuencia inmediata del anterior panorama, es que, salvo lo que ocurre en el caso de esos poquísimos grupos e individuos antes mencionados, las universidades nacionales son cadáveres institucionales y, en consecuencia, aunque se autogobiernen, no pueden ser autónomas.

Cabría entonces pensar que el gobierno representante del Estado debería tomar cartas en el asunto para restituir la condición de práctica universitaria y con ello la auténtica condición de autonomía universitaria. Pero ¿podrá el gobierno actual hacer algo al respecto? Creo que no, por lo menos, no, “por ahora”. Veamos por qué. Para ello continuemos el apretadísimo resumen que veníamos haciendo de la crisis venezolana y de los dos procesos de enajenación de los cuales es resultado.

2.2. La incapacidad del actual gobierno para restituir la autonomía universitaria

La elección y sucesiva reafirmación popular del actual Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, es una clara consecuencia de la situación de injusticia provocada por el primer proceso de enajenación antes mencionado —el del saqueo de la fuente material de los bienes públicos por parte de unos pocos. El presidente Chávez, comprendiendo uno de los aspectos de su papel histórico, ha intentado “pagar la deuda social” surgida de aquel saqueo. Sin embargo, el modo como lo ha intentado hacer (y explicado su acción) adolece de dos serias fallas, las cuales, a mi modo de ver, revelan la incomprensión del problema de fondo: por una parte, el grueso de los esfuerzos gubernamentales dirigidos al “pago de la deuda social” se ha concentrado en los individuos desposeídos del presente; pero, en buena medida, se ha descuidado el problema de la restitución del bien público per se —el que no es ni de individuos particulares ni de grupo de individuos, sino que es de todos.¹² Es decir, se ha intentado repartir mejor el ingreso petrolero entre los habitantes actuales, pero se ha hecho muy poco para alimentar el terreno donde es posible el cultivo y el enriquecimiento del bien público.¹³ Por otra parte, se ha ignorado el segundo proceso de enajenación; a saber: el proceso de destrucción cultural que afectó, fundamentalmente, la condición de posibilidad del bien público como tal. La inconsciencia de este nivel profundo del proceso de enajenación del bien público es, creo, una de las razones por las cuales el discurso y la acción presidencial han quedado atrapados en un sentido inmanente (no-trascendente) y efectista del “pago de la deuda social”. La consecuencia de esta reducción inmanente se expresa muy bien en el dicho popular: “pan para hoy y hambre para mañana”. Pero, además, pienso que este punto ciego en el campo visual del Presidente le impide ver la imposibilidad de convertir a corto plazo el Estado venezolano en un Estado socialista: aunque esto fuese lo deseable, simplemente no existe en el país ni la disposición cultural ni la capacidad organizativa para tal transformación —y no existirán a menos que se inicie un profundo y lento proceso educativo (en un sentido amplio) que cambie tal situación.

Es justo reconocer que el gobierno del presidente Chávez ha estado fuertemente condicionado por el enfrentamiento contra una oposición que encarna no sólo los privilegios derivados del proceso de saqueo del bien público material, sino que representa, paradigmáticamente, la víctima de los estragos causados por el proceso de alienación cultural antes mencionado. En muy buena medida, esa oposición ha estado movida por el miedo de perder sus mal ganados privilegios; por el desprecio hacia la población pobre que apoya al presidente Chávez, y hasta por una buena dosis de racismo. Lamentablemente, una parte importante de las energías gubernamentales se han dirigido a responder ante tal oposición; y lo que se ha intentado hacer en el terreno positivo ha estado marcado por el “inmediatismo” que se considera necesario para mantenerse electoralmente en el poder.

Una de las consecuencias de la reducción de la política del “pago de la deuda social” a su sentido inmanente ha sido el no haberle hecho frente al necesario proceso de reconstrucción de las instituciones públicas luego de la desolación que sufrieron durante gobiernos anteriores. En este sentido, pienso que algunas de estas instituciones, en particular las universidades nacionales, han continuado deteriorándose aceleradamente durante el gobierno del presidente Chávez. Veamos:

Hasta el presente, la doctrina presidencial (y consecuente política gubernamental) con respecto a las universidades ha estado concentrada en la apertura de un mayor cupo para las clases desposeídas que no lograban tener acceso a las instituciones de educación superior. Creo que, efectivamente, venía siendo de este modo y que hacía falta una política universitaria que impidiera que las condiciones negativas de tipo económico bloquearan el acceso de los jóvenes pobres a las instituciones de educación superior. Pero, como ya lo he expresado, el problema de las universidades es mucho más profundo que el problema de la adopción de criterios más justos para el ingreso de estudiantes a estas instituciones. ¿Qué gana el país con el hecho de que muchos jóvenes ingresen y egresen en y de instituciones de educación superior marcadas por la mediocridad y, en muchos casos, por el vicio? En el libro antes citado he mostrado los resultados de una investigación que sugiere que en las universidades, lejos de formar buenos ciudadanos y buenos expertos en campos específicos del saber, se opera un proceso anti-educativo, deformador. Es cierto que todavía, pero no sé por cuánto tiempo, la universidad representa un mecanismo de promoción socio-económica. Es decir, un joven con grado universitario tiene mayores posibilidades de tener un mejor ingreso económico que uno que no posea tal grado. Pero, en buena medida, esto se debe al poder de un simple título (que realmente no faculta a quien lo posee para una excelsa labor de utilidad social) en una economía subsidiada por el petróleo. De este modo, el gobierno, llevando a la práctica su versión inmanente (“inmediatista”) del “pago de la deuda social” ayuda a unos cuantos individuos a mejorar sus condiciones económicas. Pero, ¿cuánto ayuda todo esto a recuperar una auténtica condición universitaria? Más aún, ¿en cuánto ayuda toda esta acción gubernamental dirigida al “pago de la deuda social” (en su versión inmanente) a una perecedera recuperación del bien público y, lo que es más importante, de su condición de posibilidad?

A lo anterior se le agrega la ingenua idea de aupar y extender la “democracia interna” de las universidades —idea esta que el Presidente y otros funcionarios gubernamentales pregonan a los cuatro vientos. Como ya discutimos, tal “democracia interna” en su forma actual —y afianzada en la forma propuesta en la Reforma constitucional sometida a referéndum público el pasado 2 de diciembre— no sólo constituye un mecanismo degradante de las universidades, sino que también representa uno de los modos de socavar la posibilidad de una auténtica democracia nacional fundada en la participación de ciudadanos libres, justos y racionalmente críticos.

3. Conclusión

El panorama para las universidades nacionales es muy poco alentador: en el interior de estas instituciones cada vez tiene más poder la mediocridad. La condición de autonomía universitaria se reduce a la que ejercen los poquísimos grupos e individuos que cultivan las prácticas universitarias. El gobierno actual no hace nada para restituir la condición universitaria a estas instituciones; por el contrario, sus acciones y discursos contribuyen al afianzamiento de tal mediocridad. Pero, por la razón antes señalada, si el gobierno llegara a pasar a manos de lo que públicamente se revela como el movimiento opositor al presidente Chávez, muy probablemente la situación sería mucho peor aún.

Notas

Diccionario de la Real Academia Española

Así como un ser humano no puede vivir sin respirar, pero respirar no es vivir.

Fuenmayor, R. L., “Entre la mediocridad institucional y el dominio imperial de lo instrumental” en Dávila J. (compilador): Pensando en la Universidad, Editorial Panapo, Venezuela, 2001. pp. 67-88.

“Investigación” (y divulgación), en un sentido más profundo y más amplio que el adoptado en contextos positivistas y cientificistas.

Se podría objetar la diferencia que estoy estableciendo diciendo que se pretende curar al individuo para que esté sano y de este modo pueda ser útil a la sociedad. Es cierto, se podría pensar así, pero obviamente el fin fundamental de la acción curativa radica en el individuo. El que su salud sea útil a la sociedad es sólo una consecuencia de ese estado de salud, no el fin de la acción curativa.

Si miramos la noción de “autonomía” dentro del contexto histórico moderno donde surgió, observamos que la anterior aseveración cobra mucho más fuerza. No tengo el espacio suficiente en esta contribución para tratar este asunto, pero el lector interesado podrá verlo en otros de mis textos, en particular en: Fuenmayor, R L.: “Modernidad y Autenticidad: El no ser siendo de lo moderno”. Actual. Dirección General de Cultura de la Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela, 1994; y en Fuenmayor, R. L., “The Oblivion of Churchman’s Plea for a Systems Approach to World Problems”. Systemic Practice and Action Research, 2001, 14, No 1, 11-28.

Lo que sigue sobre las nociones de práctica y virtud lo he tomado del opúsculo antes citado: “Entre la mediocridad institucional y el dominio imperial de lo instrumental”

MacIntyre, A. (1985). After Virtue: a study in moral theory. Duckworth, Great Britain.

Fuenmayor, R. L, (2007): El Estado venezolano y la posibilidad de la ciencia, FUNDACITE-Mérida y Universidad de Los Andes.

En el libro anteriormente citado he aportado algunas ilustraciones sobre esta situación.

La pretensión de transplantar la idea de democracia nacional a cualquier organización de actividades humanas es, en muchos casos, como el que nos ocupa, contraria al bien público y a la misma idea de democracia. Imagine, por ejemplo, que cada vez que abordáramos un avión eligiésemos “democráticamente” al piloto entre los pasajeros.

Lo que aquí resumo ha sido tratado en mayor extensión en el libro antes citado (El Estado venezolano y la posibilidad de la ciencia) y en una carta dirigida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y que será (o ha sido) publicada por Educere.

Pienso que eran necesarias, pero de ningún modo suficientes, medidas de urgencia (e.g. las “misiones”) para remediar la pobreza actual.