Ausencia de las reformas de Córdoba  en las universidades de Venezuela (1918-1935)

Alí López^*

Universidad de Los Andes. Escuela de Historia. Mérida, Edo. Mérida. Venezuela. ali_lopez_ve@yahoo.com 

Resumen

En 1918 se inició en Córdoba, Argentina, un movimiento estudiantil orientado a producir una reforma en el estado decadente de su universidad, que involucraba aspectos estrictamente vinculados a la enseñanza, la investigación, la extensión, la administración y los servicios universitarios, pero también otros relacionados con la política nacional e internacional. Sus postulados rápidamente se extendieron por la mayoría de las Universidades de América Latina, no encontrando recepción en algunas en razón de sus condiciones internas o del régimen político de sus respectivos países. Esto último fue lo ocurrido en Venezuela, pues el férreo gobierno de Juan Vicente Gómez tenía controladas las dos universidades existentes en Caracas y Mérida. Este artículo tiene el propósito de demostrar por qué las reformas universitarias de Córdoba estuvieron ausentes de las transformaciones ocurridas en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Los Andes entre 1908 y 1935, período que antecede y a la vez cubre la etapa de mayor incidencia del movimiento reformista de Córdoba.

Palabras clave: universidades, Reformas Universitarias de Córdoba, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes.

The absence of the Cordoba reform in Venezuelan universities: 1918-1935

Abstract

In 1918 a student movement was initiated in Cordoba, Argentina, aimed to produce a reform in the decadent state of its university, which involved aspects strictly linked to teaching, research, extension, administration, and university services, but at the same time others related with national and international politics. Its postulates were rapidly spread around most Universities in Latin America, finding no reception in some of them given their internal condition or their countries’ political regime. This last is what happened in Venezuela, since Juan Vicente Gómez’s iron government had control over the two existing universities at the time in Caracas and Mérida. This article aims to demonstrate why the Cordoba university reforms were absent from the transformations that occurred in the Central University of Venezuela and the University of Los Andes between 1908 and 1935, period that precedes and at the same time covers the time of most incidence of the reformist movement of Cordoba.

Key words: universities, Cordoba University Reforms, Central University of Venezuela, University of Los Andes.

Recibido: 15 de febrero de 2008 / Aceptado: 14 de marzo de 2008.

Para el momento de irrumpir el movimiento reformista universitario de Córdoba de 1918, en Venezuela solamente existían dos universidades: La Universidad Central, establecida con el nombre de Universidad de Caracas por Real Cédula de Felipe V del 22 de diciembre de 1721 y la Universidad de Los Andes, creada con el título de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros por decisión de la Junta Superior Gubernativa de Mérida del 21 de septiembre de 1810.¹ A pesar de los cambios ocurridos con el advenimiento de la República, esos dos institutos de educación superior conservaron una fuerte tradición colonial, derivada de las normas que para su funcionamiento impuso la monarquía española al conjunto de universidades establecidas en Hispanoamérica desde 1551 hasta la finalización de la dominación colonial.² A una educación teórica de notable influencia teológica, con predominio de los estudios jurídicos, filosóficos y eclesiásticos, se sumaba la intervención directa del Estado en la mayoría de las actuaciones académicas y administrativas de aquellas instituciones. Aunque se dictaron Códigos de Instrucción Pública y Legislación particular en materia de universidades, esos instrumentos legales no modificaron el carácter elitesco, dogmático y autoritario del sistema universitario colonial. Aspectos que, en su conjunto, estuvieron presentes en las críticas expuestas por el Manifiesto de “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica” del 21 de junio de 1918 y demás documentos que fueron surgiendo a medida que se profundizaba el movimiento y se extendía a otras universidades de América Latina.

Diversas han sido la interpretaciones que en el tiempo se han hecho de tan significativo hecho histórico argentino.³ Para dar una definición de su naturaleza solamente utilizaremos la de uno de sus estudiosos más reciente, Carlos Tünnermann Bernheim, quien ha señalado que “el primer cuestionamiento serio de la universidad latinoamericana tradicional surgió en 1918, año que tiene especial significado para el continente, como que señala el momento del ingreso de América Latina en el siglo XX”. Ello porque “las universidades, como reflejo de las estructuras sociales que la Independencia consolidó, seguían siendo los ‘virreinatos del espíritu’, y conservan, en esencia, su carácter de academias señoriales”. Para concluir que 

hasta entonces, universidad y sociedad marcharon sin contradecirse, desde luego que durante los largos siglos coloniales y en la primera centuria de la república, la universidad no hizo sino responder a los intereses de las clases dominantes de la sociedad, dueñas del poder político y económico y, por lo mismo, de la universidad. El llamado ‘Movimiento de Córdoba’ fue el primer cotejo importante entre una sociedad que comenzaba a experimentar cambios de su composición interna y una universidad enquistada en esquemas obsoletos.⁴

En una visita al Museo de la Casa la Reforma de Córdoba⁵ nos llamó la atención que en un mapa sobre la proyección de aquel movimiento estudiantil apareciera una indicación de que la misma también había llegado a Venezuela, lo cual en realidad no ocurrió sino muchos años más tarde, y ello de manera parcial, al iniciarse en 1958 la llamada era democrática del país. Por ello, el propósito de este estudio es evidenciar la ausencia del programa reformista cordobés en las universidades de Caracas y de Mérida entre 1918 y 1935. A tal efecto, expondremos la situación política del país y aspectos particulares de esos institutos durante aquellos años en cuanto a transformaciones académico-administrativas determinadas por el Ejecutivo Nacional y los órganos encargados de la política educativa del país, para después analizar los postulados fundamentales de dicho Manifiesto y otros documentos derivados del mismo y contrastarlos con la realidad universitaria venezolana. Debemos aclarar que no se trata de un estudio exhaustivo al respecto, solamente una primera aproximación, a manera de ensayo, que pudiera dar origen más adelante a un trabajo más acabado que permita ver más detalles del funcionamiento de las universidades de Venezuela en el período indicado, como preámbulo a lo que ocurrirá a partir de 1969-1970 con la denominada “renovación universitaria”, con más influencia del movimiento estudiantil del Mayo francés de 1968, hecho todavía no estudiado de manera específica para medir su impacto y proyección en el tiempo. 

1. Razones políticas de la ausencia de las reformas de Córdoba en Venezuela

En el proceso histórico de los institutos de educación superior han existido dos tipos de reforma universitaria. Una, la impuesta por el Estado a través de un conjunto medidas legales para reorientar los estudios (creación o supresión de carreras, escuelas, facultades) o modificaciones de la infraestructura institucional (construcción de edificios, bibliotecas, servicios estudiantiles, etc.). Ello como consecuencia de un problema específico académico o administrativo, no ajeno a la situación política del país o de la ciudad en que funciona la universidad. Otra, como resultado de una acción propia de la institución, por decisión de sus autoridades o por la resolución de sus profesores y/o estudiantes orientada a la transformación académico-administrativa de la universidad. Ejemplos de ello es el movimiento reformista universitario de Córdoba de 1918 o la llamada renovación universitaria de Venezuela de 1969-1970. Es al primer tipo de reforma universitaria al que vamos a referirnos, con ejemplos concretos para demostrar la ausencia de las reformas universitarias de Córdoba en las universidades de Caracas y de Mérida, particularmente durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Para ello tendremos como premisa el hecho de que fue desde el gobierno central, y sus órganos ejecutores en materia de educación superior, de donde vinieron las transformaciones ocurridas durante los años del régimen gomecista.

En 1908 se inició en la vida política de Venezuela la dictadura militar más prolongada de su historia. Juan Vicente Gómez, miembro de la Revolución Liberal Restauradora que llevó al poder al general Cipriano Castro en 1899, asumió el gobierno del país en aquel año, ejerciendo una dictadura militar que duraría hasta su muerte en 1935. Veintisiete años caracterizados por un régimen de represión política, particularmente a partir de 1913. La censura de noticias sobre la vida política fue casi absoluta; las cárceles estuvieron fundamentalmente reservadas a los presos políticos; el destierro voluntario o impuesto estuvo a la orden del día. Ante tan difícil situación, la dictadura debió enfrentar diversos brotes revolucionarios, críticas soterradas, reacciones estudiantiles recurrentes en la ciudad capital, intentonas guerrilleras esporádicas, invasiones y expediciones libertadoras de venezolanos venidas desde el exterior. En fin, un largo período en el que las libertades públicas estuvieron fuertemente restringidas.

En el marco de esa situación política funcionaron la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Los Andes. Las disposiciones gubernamentales para esos institutos fueron de carácter general en razón de una Ley de Educación Superior de 1915 que las abarcaba, y de carácter particular debido a mandatos sobre hechos específicos para cada una de ellas. Dentro del contexto de una dictadura en el que el gobierno central nombraba a las autoridades universitarias, designaba o autorizaba los nombramientos de los profesores, estipulaba el presupuesto con que debían funcionar e intervenía en la solución de problemas entre los miembros de las respectivas comunidades universitarias, es fácil pensar que la disidencia al gobierno resultara un inconveniente para quienes la practicaran.

2. Protestas, reformas y cierre  de la Universidad Central de Venezuela

Ante la ausencia de partidos políticos organizados, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se convirtieron en el principal factor de protesta contra el régimen gomecista. Agrupados a partir de 1912 en la “Asociación General de Estudiantes de Venezuela”⁶ acordaron la realización de una huelga general para presionar la renuncia del rector Felipe Guevara Rojas,⁷ quien había sido designado el 10 de abril de aquel año en razón de un conjunto de medidas disciplinarias. La fecha inaugural del año académico, el 15 de septiembre, fue la considerada propicia por profesores y estudiantes para realizar una contundente manifestación de protesta. La intervención de la policía en el recinto universitario y la decisión de Guevara de expulsar de la Universidad a diez profesores y cuatro estudiantes⁸ determinaron la convocatoria a la huelga a partir del 19 de septiembre. La renuncia de un grupo de profesores y la dificultad del rector de lograr apoyo del resto del cuerpo docente, éste decidió su renuncia en el mes siguiente. La situación planteada condujo a la decisión del gobierno del cierre de la UCV, lo cual tuvo lugar entre el 1 de octubre de 1912⁹ y el 4 de julio de 1922.

Paralelamente se trabajó desde el gobierno, y con participación activa de Felipe Guevara Rojas, designado Ministro de Instrucción Pública en enero de 1913, para desarrollar “las reformas necesarias para la buena marcha y el progreso de los estudios universitarios”, sobre las cuales nos referiremos más adelante. Antes de ese nombramiento, Guevara había escrito al general Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1912 incitando al “Benemérito” a una reforma orientada a modernizar la Universidad e “…infundir[le] nueva vida y la convierta en un miembro activo del organismo de la Patria…”, lo cual “…tendría que comenzar por la modificación profunda de la estructura material del Instituto.” Consideraba también que resultaba imposible “…que se prepar[aran] hombres para todas las profesiones liberales en el estrecho recinto de la Universidad.” De igual manera sugería la construcción de espacios especializados y acordes con los estudios de medicina y de las ciencias políticas y sociales; así como la ampliación de las bibliotecas y la instalación de los laboratorios para el cultivo de las ciencias. Todo ello vinculado, decía Guevara Rojas, a la reorganización de la docencia a partir de un sistema de concursos de oposición para optar a las cátedras. Recomendaba también un proceso de descentralización de la vida universitaria, lo cual concluyó con la disgregación de las Escuelas, buscando disociar a los miembros de sus respectivas comunidades.¹⁰

Esas propuestas merecen algunas interrogantes con distintas variables. ¿Es qué acaso la universidad venezolana no era “un miembro activo del organismo de la Patria”, cuando, desde el 24 de septiembre de 1883, Antonio Guzmán Blanco suprimió la autonomía de que gozaban los institutos de Caracas de Caracas y Mérida desde 1827 y 1832, respectivamente, y en conjunto a partir de 1843, e impuso que su funcionamiento –en lo académico y en lo administrativo– estuviera supeditado a las decisiones del poder ejecutivo?¹¹ ¿Es qué la universidad, a pesar del control del Estado, era una entidad que no respondía a los intereses y necesidades de la “Patria”? ¿Y qué exigencias hizo la “Patria” para que cumpliera con los propósitos que la ley le exigía? Por otro lado, ¿es qué una “modificación profunda” de la universidad era exclusivamente la transformación de su “estructura material”?

Pareciera, entonces, que el concepto reformista del protestado rector, era la construcción de edificios con la referida descentralización, desarrollo de archivos y bibliotecas, la incorporación a la docencia universitaria mediante los concursos de oposición. Esto último se practicaba en Caracas y Mérida desde los Estatutos republicanos de la UCV (1827), los Estatutos de Ignacio Fernández Peña para Mérida (1832) y del primer Código de Instrucción Pública de Venezuela (1843), quedando suprimido por la citada disposición de Guzmán. La realidad era otra. Estas universidades requerían una verdadera transformación académica y administrativa que, entre otras cosas, rompiera con la caduca enseñanza escolástica que todavía se practicaba en la mayoría de las cátedras; que se insertaran en un proceso de modernización integral con la inclusión de nuevos saberes, en los que las ciencias y las humanidades constituyeran los dos pilares de la docencia y de la investigación; y que se les devolviera la autonomía gubernativa y administrativa eliminada por Antonio Guzmán Blanco; y que tuvieran la capacidad de ponerse al servicio de la sociedad venezolana. Mucho tiempo pasaría para que estas y otras necesarias transformaciones en aquellas universidades se pusieran en práctica. Ello ocurriría, también de manera parcial, a partir del inicio de la era democrática con el derrocamiento en 1958 de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la llamada “renovación universitaria” de 1969-1970.

El gobierno de Juan Vicente Gómez acogió solamente las proposiciones descentralizadoras de Felipe Guevara Rojas, confirmadas por la Ley de Instrucción Superior de 30 de junio de 1915.¹² El Título Único, Capítulo Preliminar, referido a la Enseñanza, comprendió cinco artículos que exponían el carácter de la reforma derivada de una de las propuestas de Guevara Rojas, quien para entonces seguía ejerciendo el cargo de Ministro de Instrucción Pública. El artículo 1° señalaba que “La Instrucción Superior sostenida por la Unión Federal es suministrada en Institutos Científicos o Literarios, Clínicas, Anfiteatros, Laboratorios, Cátedras y otros establecimientos análogos.” En el 2° se indicaba que “Los expresados establecimientos pueden funcionar aisladamente, o agruparse para constituir Escuelas de Estudios Superiores.” El 3° decía que “Las Escuelas pueden a su vez establecerse separadamente, o reunirse por disposición expresa de la Ley para formar Universidades.” El 4° establecía que “Se denominan Facultades el conjunto de todos los Doctores graduados en la respectiva ciencia, residentes en las localidades donde funcionan las Escuelas de Estudios Superiores.” Mientras que el artículo 5° prevenía que “Los establecimientos docentes a que se contrae el artículo 1° se rigen, cuando funcionan aisladamente, por sus estatutos especiales; y las Escuelas de Estudios Superiores y las Universidades, por la presente Ley, y por los Reglamentos dictados en ejecución de la misma.” 

El Capítulo I, en su artículo 6° establecía que las Escuelas de Estudios Superiores eran de cinco órdenes: Filosofía y Letras, Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ciencias Médicas, Ciencias Políticas y Ciencias Eclesiásticas. El resto del articulado de la Ley se refiere a los programas de estudio de las Escuelas; disposiciones comunes a éstas en materia de profesores, autoridades, enseñanza, duración de los cursos, exámenes, alumnos y reglamentos particulares; las Facultades; organización de las Universidades; y los Institutos de Extensión Universitaria; además de las concebidas disposiciones finales sobre presupuesto y derogación de las disposiciones anteriores en materia de educación superior. Aprobada esta Ley de Instrucción Pública por el Poder Legislativo el 19 de junio de 1915, fue sancionada el 30 del mismo mes y año por el presidente encargado Victorino Márquez Bustillos y refrendada por el ministro de Instrucción Pública, Felipe Guevara Rojas.

Si se compara el contenido de las reformas propuestas por el rector de la UCV y el de la referida ley de educación superior podrá advertirse que lo fundamental fue la desintegración de la Universidad, particularmente la de Caracas a través de la organización de las llamadas Escuelas de Educación Superior, que ahora funcionarían en distintos lugares de la ciudad capital. La Universidad de Los Andes no fue afectada por la ley, pues continuó funcionando como antes. Los aspectos académicos propuestos por Felipe Guevara Rojas no fueron considerados por la nueva Ley de Instrucción Superior, por los cuales “…llegaría ser la Universidad… lo que es en todas partes del mundo: un centro de investigación científica, un foco de luz proyectado sobre los misterios de la naturaleza, que nos envuelven por todas partes, y un gimnasio donde la inteligencia se ejercita en el arte de descifrar el oculto sentido de los fenómenos naturales.” A ello agregaba el Rector que la “esa modernización de nuestro primer Instituto docente, que convertiría una Universidad medieval… en un establecimiento moderno de instrucción profesional y científica, sería una gloria envidiable para la Administración que la emprendiese”.¹³

La Universidad Central continuaba cerrada de manera integrada, funcionando ahora por razones políticas a través de las referidas Escuelas, autónomas entre si. Por decreto de 3 de abril de 1915 se creó la Escuela Práctica de Medicina. En diversas fechas de 1916 entraron a funcionar otras Escuelas: el l7 de enero inició sus actividades la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el 28 de octubre la de Ciencias Políticas, el 19 de diciembre las de Farmacia y la de Dentistería. De igual manera, se dispuso la organización de un Curso de Diplomacia, bajo el auspicio de los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores.¹⁴ Entre tanto, el movimiento estudiantil de Caracas continuaba actuando en política, ahora de manera más orgánica, rechazando el régimen gomecista con protestas ajenas al problema universitario. El hecho más destacado de esa actuación tendría lugar en 1921, lo cual contribuiría a recrudecer la posición del gobierno con respecto del movimiento estudiantil y en particular del universitario, en razón del apoyo que estos brindaron, a través de la Asociación General de Estudiantes, a los trabajadores de la empresa británica C. A. Tranvías Eléctricos de Caracas, quienes plantearon una huelga por reivindicaciones socio-económicas que fueron respaldadas por los estudiantes mediante manifestaciones y la distribución de hojas sueltas que expresaban su solidaridad con la clase social oprimida por patronos extranjeros y nacionales. El resultado fue la detención de un número considerable de estudiantes después de la protesta llevada a cabo en la Plaza Bolívar el 1 de abril.¹⁵ Aunque la UCV continuaba clausurada, muchos de los universitarios que permanecieron en Caracas en espera de una pronta reapertura,¹⁶ pues se hablaba de que el gobierno estudiaba reabrirla bajo ciertas condiciones, aprovecharon este hecho huelgario como una protesta, también, por la situación que atravesaba la Alma Mater. 

A pesar de esa activa participación política, el ministro Rubén González intervino directamente en la reapertura general de la UCV en 1922 y abogó porque se le restituyeran, cuanto antes, sus antiguas prerrogativas académicas; entre otras, el reconocimiento del carácter consultivo del Consejo Universitario y su atribución de presentar al Poder Ejecutivo medidas para su mejor funcionamiento, siempre y cuando no entraran en contradicción con la política universitaria del gobierno, así como la posibilidad de que dictara su propio Reglamento, pero bajo la aprobación definitiva del mismo.Aunque pudiera considerarse que estas concesiones era una apertura autonómica en lo administrativo, gubernamental y académico,¹⁷ como lo ha sugerido Manuel Caballero,¹⁸ en realidad la Universidad continuaría sujeta a la decisión final del Ejecutivo Federal. Nuevamente se podía hablar de la existencia de una Universidad integrada, aunque ocupaba diferentes espacios. Varios de alumnos de los que marcharon a Mérida regresaron a continuar sus estudios, como también lo hicieron los que con mayores posibilidades económicas fueron a estudiar al extranjero. Se resolvía parcialmente el problema universitario, pero continuaba latente la situación política de enfrentamiento al régimen tiránico del gomecismo, al que el movimiento estudiantil no era ajeno.

Inmediatamente a la reapertura de la UCV en 1922 no ocurrieron hechos que permitieran al gobierno actuar nuevamente contra la institución. La relativa paz no tardaría en convertirse en protestas que involucrarían al universitario con la situación política nacional. Ello tendría lugar en febrero de 1928 cuando, constituida el año anterior la Federación de Estudiantes de Venezuela, como organismo coordinador de los centros de estudiantes de las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería, se organizó en la Universidad la “Semana del estudiante”, en algunos actos hubo participación de líderes opositores a la dictadura gomecista como Pío Tamayo, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Joaquín Gabaldón Márquez, Rafael Angarita Arvelo y Guillermo Prince Lara. Ante distintos hechos que contrariaban al régimen, el gobierno reprimió las celebraciones, detuvo a Tamayo y a un buen número de los estudiantes que participaron en actos públicos, gritando consignas contra el dictador, fueron conducidos a cárceles de Caracas y Puerto Cabello.

En abril de aquel año fue develada una conspiración cívico-militar, en la que hubo participación efectiva de estudiantes de la Universidad Central. Ello arreció la actitud gubernamental. Cárcel y trabajos forzados en la construcción de carreteras fue la respuesta inmediata para muchos de los opositores, mientras que otros, los más peligrosos para el régimen, fueron expulsados del país en 1929. Dice Graciela Soriano:

Si bien la represión acalló el movimiento estudiantil y dispersó y expuso a sus protagonistas a los vientos de todas las corrientes que ya empezaban a soplar sobre el país, todo contribuyó a que la onda expansiva de la apertura fuese ya irreversible en ambas dimensiones nacional y estudiantil de la vida venezolana, marcando huella en la historia, tanto en el movimiento estudiantil y en la Universidad, como en el ámbito nacional más amplio de la vida política de un país que aún tendría que esperar tiempos mejores.¹⁹  

Surgía así lo que en la historia de Venezuela se conoce como la “generación del 28”, la cual se interesó más en la situación general socio-política venezolana que en la propia universidad.²⁰

Las consecuencias de los hechos de Caracas de 1928-1929 fueron de diversa naturaleza, tanto para el país como para la Universidad en particular. Por primera vez se expresaba una alianza de los universitarios con la clase media y sectores populares de la sociedad venezolana para la conquista de las libertades y derechos restringidos por el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. El gobierno comienza a calificar ideológicamente al movimiento estudiantil al definirlo como de tendencia comunista, al igual que cualquier otra oposición política. La UCV volvió a ser clausurada. Muchos estudiantes fueron a parar a las cárceles o a trabajar en la construcción de carreteras; otros marcharon al exilio o nuevamente a Mérida, Europa y Estados Unidos para seguir sus estudios. Dada la relación que se inicia entre los universitarios y los liceístas, estos últimos ocuparon el espacio dejados forzosamente por aquellos. Los centros de estudiantes de bachillerato y sus publicaciones los instrumentos de lucha en la clandestinidad contra el régimen dictatorial.²¹

Ante esta situación, reformas universitarias como las propuestas en Córdoba en 1918, nacidas de la inspiración estudiantil, no tendrían cabida en Caracas, mucho menos en Mérida, sino mucho tiempo después. Incluso, a la muerte de Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935, la respuesta del movimiento estudiantil de entonces se inclinó más por los problemas políticos, sociales, económicos judiciales y derechos constitucionales, soslayando la referencia a la necesidad urgente de una transformación de la Universidad, como lo evidencia el “Mensaje de la Federación de Estudiantes de Venezuela al pueblo venezolano”, firmado por los representantes de las Facultades de Derecho, Ingeniería, Farmacia, Medicina, Dentistería y del Centro de Estudiantes de Bachillerato.²² Estas fueron las peticiones al encargado del gobierno, el general Eleazar López Contreras: libertad de los presos políticos, libertad de entrada a la patria para los exiliados, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de las industrias y del comercio, autonomía absoluta del poder judicial, supresión del reclutamiento forzoso, selección verdadera para los cargos públicos entre los más competentes, intensa lucha contra el analfabetismo y en pro de la higiene nacional.

Parecía entonces que todo marchaba bien en la UCV, cuando los firmantes del manifiesto y demás miembros de la comunidad universitaria estaban conscientes de la necesidad de una profunda reforma de la institución, no sólo de forma –como lo había propuesto en 1915 Felipe Guevara Rojas e impuesto la Ley de Educación Superior– sino también de fondo. Seguramente aquellos estudiantes consideraron, como dijo Arturo Uslar Pietri que “antes que ningún otro deber académico, tenían la obligación previa de trabajar activamente para cambiar por medio de la acción directa la situación política existente.”²³ Nada se dijo en 1912, 1928 y 1935 sobre la modernización de la Universidad para convertirla en un centro de formación de los cuadros profesionales de científicos e intelectuales para transformar el país. Tampoco sobre lo referente a la autonomía universitaria, aspecto principal del movimiento reformista de Córdoba y fundamental para esa transformación mediante su efectiva proyección en la sociedad venezolana.

3. En la Universidad de Los Andes todo sigue igual

En la Universidad de Los Andes ese desafío al gobierno gomecista no se dio con las características que hemos descrito en cuanto a Caracas. Gómez supo mantener el orden con el nombramiento en los cargos de gobierno regional y local de fieles seguidores de su férrea política dictatorial, lo cual no fue diferente en lo que a la Universidad se refiere. La Iglesia también fue un factor de dicho orden, considerando la reconocida tradición católica de la sociedad merideña desde los tiempos coloniales. No debe olvidarse que el jefe del poder era de origen andino. El instituto universitario de Mérida no solamente fue el refugio de los ucevistas que debieron emigrar a Mérida a continuar o culminar sus estudios durante los cierres de 1912-1922 y 1928, sino también el centro fundamental de la educación superior de los estados fronterizos con Mérida: Trujillo, Táchira, Zulia y Barinas.²⁴

El 15 de enero de 1909, el Ministro de Instrucción Pública Samuel Darío Maldonado propuso al Dr. Ramón Parra Picón el rectorado de la Universidad de Los Andes. El nombramiento tuvo lugar el día 19, y en esa fecha el mismo funcionario le autorizó “para reorganizar la Universidad de Mérida de la manera más cónsona con el estado de nuestra civilización y de nuestro progreso actual”. Ello con la finalidad también de que acabara “de una vez en ese Instituto con ese cáncer de las contemporizaciones que desmoraliza[ba] la Instrucción Pública, la única base cierta y segura del engrandecimiento patrio y de la edificación científica de lo porvenir”. Reorganización que exigía también “de los mejores elementos, es decir de los hombres de activa acción intelectual”.²⁵ Estas sugerencias involucraban entonces aspectos de orden académico y disciplinario, que implicaría cambios en la estructura de la docencia y la investigación, así como en el control de las actuaciones de profesores y alumnos. Acompañarían en el gobierno universitario al Dr. Parra los doctores Pedro Luis Godoy y Gabriel Picón Febres, hijo, como vicerrector y secretario, respectivamente. Jesús Rondón Nucete señala que las nuevas autoridades de la Universidad eran profesores de la misma y no venían de afuera, vinculados a la sociedad merideña, por lo que “…no podían representar grandes cambios. La Institución era muy pequeña, con algunos profesores (que no podían ser reemplazados fácilmente) y pocos alumnos…”²⁶

En efecto, en la Universidad de Los Andes, fundada el 21 de septiembre de 1810 por la Junta Superior Gubernativa de Mérida, para el inicio del gobierno de Juan Vicente Gómez funcionaban la Facultad de Ciencias Políticas, un Curso Preparatorio y un Curso Filosófico, con un total de veinte cátedras, veintidós profesores y cincuenta y cinco alumnos. Desde el Código de Instrucción Pública de 1843, la Universidad se había reorganizado con las Facultades de Ciencias Políticas, Ciencias Eclesiásticas, Ciencias Filosóficas o Humanidades. La Escuela de Medicina no iniciaría sus actividades hasta 1854 y a partir de 1894, constituida ésta como Facultad, la incorporación a la misma los estudios de Farmacia. Sin embargo, para 1908 los cursos de Farmacia y Medicina no existían, pues fueron clausurados en 1905, por disposición del presidente Cipriano Castro, para no ser reabiertos hasta 1918 y 1928, respectivamente. La Facultad de Ciencias Eclesiásticas no tenía actividad en razón de no contar con alumnos. Al año siguiente se reabrió con dos cátedras para que asistieran los alumnos del Seminario, instituto orientado a la formación de los sacerdotes de la Diócesis de Mérida.

El 13 de abril de 1909, el Dr. Parra solicitó al gobierno la reapertura de los estudios médicos, en razón de las dificultades de los estudiantes merideños para seguir los cursos en la Universidad Central y para dar más amplitud a la enseñanza en la ULA, reducida en los últimos años a la sola Facultad de Ciencias Políticas. El asunto fue sometido a la consideración de la Junta Revisora del Código de Instrucción Pública para que resolviera lo conveniente.²⁷ No hubo respuesta inmediata y el problema se fue prolongando en el tiempo, pues la decisión no se tomaría hasta 1928. En aquella fecha también se dio una comunicación del Ministerio de Instrucción Pública que disponía la adopción en la Universidad de Los Andes de el plan de estudios establecido por Decreto del Ejecutivo del 4 de enero de 1909, para la Facultad de Ciencias Políticas de la UCV, determinándose el nombramientos de los profesores para la de Mérida, escogidos de la terna que había enviado el rector. Lo mismo se hacía con los docentes para los Cursos Filosófico y Preparatorio que se dictaban en la Universidad. Ello evidencia que el gobierno central no solamente intervenía en la designación de sus autoridades sino también de los catedráticos de la reducida enseñanza universitaria.²⁸

De esa manera continuaría la situación de la Universidad de Los Andes entre 1910 y 1914.²⁹ Para adaptar sus actividades docentes y administrativas a las disposiciones del Código de Instrucción Pública de 1905, el Consejo Universitario elaboró y puso en vigencia, previa aprobación del Ministerio de Instrucción Pública, un “Reglamento” el 6 de marzo de 1813. Este comprendía aspectos generales de la Universidad, Facultades y los Cursos Preparatorio y Filosófico, conocido también como del Bachillerato, además de lo referente a autoridades, profesores, alumnos, preparadores, empleados, biblioteca, consejos universitario y de facultades, enseñanza, exámenes y grados, disciplina, salón de actos públicos, apertura y culminación de cursos, ceremonial, honores póstumos, derechos universitarios y las disposiciones complementarias y finales correspondientes.³⁰ La Facultad de Ciencias Filosóficas no funcionaba para 1913, pues no aparece en el referido Reglamento ni en el “Estatuto de la Universidad de Los Andes” sancionado el 12 de marzo de 1915.³¹

En este nuevo Estatuto solamente se señaló la existencia de un Liceo, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Ciencias Eclesiásticas. En el mismo se indicaron las materias que debían “leerse” en cada escuela, así como las características de los cargos de rector, vicerrector, secretario, bibliotecario, profesores, empleados subalternos y régimen docente: funciones, sustitución, designación de las autoridades por el Ejecutivo Federal, títulos requeridos para su nombramiento; concursos de oposición de los profesores, dictado de cátedras, destitución, remuneración, jubilación; selección de los empleados por el rector, Consejo de las Escuelas y Liceo, el rector como director del Liceo Universitario, Consejo de Profesores y Consejo Universitario. En cuanto al régimen docente, se estableció un conjunto de normas estrictas referidas a la enseñanza, las clases, alumnos, inscripción, certificado de suficiencia en instrucción secundaria o título de bachiller, matriculación, exámenes, acreditación y expediente como estudiante, pérdida de la inscripción, sanciones disciplinarias, número de alumnos por cátedras y el carácter público de las aulas universitarias, pero facultándose a las autoridades para excluir a quienes perturbaran las labores de la institución. Llama la atención que este Estatuto de la Universidad de Los Andes se sancionara antes que se dictara la referida Ley de Instrucción Superior del 19 de junio de 1915, pero en su contenido se aprecia el espíritu de las Escuelas Superiores que se instaurarán para la Universidad Central de Venezuela, sólo que la situación y condiciones de la universidad andina eran diferentes al instituto caraqueño. Nos referimos a la simpatía que tenía el gobierno de Juan Vicente Gómez en Mérida y el tamaño de la Universidad en cuanto a sus facultades, escuelas, cátedras, profesores, alumnos y personal subalterno.³² 

El Liceo y las Escuelas de la Universidad de Los Andes fueron sometidos a un proceso de organización mediante resoluciones ministeriales separadas del 9 y 10 de febrero de 1917, ordenadas por el presidente provisional Victoriano Márquez Bustillo. Por organización se entendía exclusivamente la designación del personal docente de la Universidad, indicándose las respectivas cátedras.³³ 

Ello evidencia que, a pesar de las disposición de los concursos de oposición de los referidos Estatutos, el gobierno central se atribuía la función designar a los catedráticos universitarios. Cabe referirnos ahora al carácter académico del instituto de educación superior andino para 1917, un año antes de las reformas de Córdoba. Para ello utilizamos la apreciación hecha por Jesús Rondón Nucete, quien considera que la crisis universitaria permitiría  

…transformar sus estructuras, muy arcaicas, y, sobre todo, tomar contacto con la modernidad y con la ciencia, hasta entonces casi ausentes de sus claustros. En verdad, en los mismos no había espíritu crítico; no se conocían los nuevos métodos de enseñanza ni se realizaban labores de investigación; y se ignoraba casi por completo lo que ocurría en áreas del saber distintas a las humanísticas. Los estudios se limitaban a los de filosofía, derecho y ciencias eclesiásticas, que se impartían generalmente según las lecciones de los maestros clásicos. Los merideños poco sabían de los progresos científicos y tecnológicos… Por último, no existía relación con otros centros universitarios y de investigación, como no fuera la de alguna comunicación social.³⁴  

Es decir, en Mérida estaban dadas las condiciones para que se produjera una transformación como la propuesta por el movimiento estudiantil de Córdoba; sin embargo, la situación se mantuvo invariable por mucho tiempo.

Podríamos seguir analizando la situación posterior a 1917, pero demos un salto cronológico para considerar lo que ocurrirá más tarde, diez años después de haber irrumpido en América Latina el proceso reformista universitario. A finales de febrero de 1928, Juan Vicente Gómez se dirigió al procurador general de la república, doctor Abel Santos, solicitándole un proyecto de reforma integral de la Universidad de Los Andes.³⁵ El 9 de marzo hubo respuesta al requerimiento del Presidente. En la carta de presentación de sus propuestas de transformación de la ULA, Santos dejó plasmado su recuerdo de alumno de la primera universidad republicana de Venezuela al señalar que Mérida era “…la ciudad universitaria por excelencia del país; su clima, su tranquilidad, la belleza del paisaje, todo convida en ella al estudio, de modo que si la enseñanza se facilita y proporciona allí como lo requiere la época, puede contarse para mañana con una juventud sana del cuerpo y de espíritu y robustecida su inteligencia por el estudio y la meditación…” En cuanto al proyecto que remitía al dictador consideraba que traería a la ciudad “…el bienestar económico y por consiguiente su progreso material en todos los ramos; volvería a ser el centro científico del Occidente de la República… y estando bien servida atraería no sólo a la juventud andina sino a la de otras partes de la República y a una buena parte de la del vecino Departamento de Santander de Colombia…”

Las reformas de Abel Santos se fundamentaron en la idea de Gómez de que la Universidad de Los Andes fuera “moderna y completa” para atraer también a la juventud de las regiones circunvecinas, en razón de los estudios que allí debían hacerse, así como en las “condiciones y facilidades” que se brindaran para la obtención de “sólidos conocimientos”. El Contralor introdujo la propuesta con un análisis de las características de las universidades latinas (Francia, Italia, España), anglosajonas (Inglaterra y Estados Unidos) y germanas (Alemania, Austria y Norte de Europa), considerando la que se adaptara a “nuestro medio y mentalidad”. Al descartar los modelos de las grandes universidades por que las condiciones económicas, de población y de personal de Mérida no permitían imitarlas, inclinándose por las más pequeñas “…que reúnen principales condiciones de las grandes en escala reducida y llenan las condiciones de modernidad, seriedad, orden y solidez de estudios…” De estas prefería a dos en particular: la de Lausana en Suiza y la de Estrasburgo en Francia, sin explicar mayores razones que las antes indicadas, dándole a la ULA una capacidad máxima de quinientos alumnos y de un edificio apropiado, de acuerdo con las exigencias modernas. Mayor énfasis hizo en este último aspecto, al señalar que se requería “…el levantamiento de un plano para el edificio que reúna las condiciones apuntadas, por técnicos en materia y de acuerdo con las indicaciones de profesores expertos”, que comprendiera aulas, laboratorios, gabinetes, y otras dependencias como “un pequeño hospital modelo”, indicando también que en el país no existían los profesionales para diseñar una estructura de esa naturaleza. Sin embargo, decía que la obra y la provisión a sus dependencias de los muebles, instrumentos y demás enseres debía ser confiadas a una compañía mediante licitación que se encargaría de la ejecución sin intervención gubernamental, la cual sólo se haría en materia de financiamiento. Eso sí, con la exigencia de que los obreros fueran venezolanos, con excepción de los técnicos, cuyos conocimientos debían ser extendidos a los artesanos merideños. Todo ello, consideraba Santos, podía ocasionar un valor “de dos a tres millones de bolívares, suma que será de lo mejor gastado en el país”. 

El otro aspecto que Abel Santos señaló en la propuesta fue la contratación de diez profesores por unos años, mientras se formaba el personal propio, particularmente de Alemania o de Italia, donde “hay profesores con muy buenas recomendaciones” y se conseguirían muy baratos. Tanto lo referente a la construcción y dotación del edificio como lo concerniente a la docencia debía ser encomendado en Europa a un ministro o cónsul, decía Santos, que reuniera “… las condiciones que la delicadeza del mandato exige y en el que tenga usted confianza para que el asunto no se convierta un negocio, o una persona que usted especialmente envíe de aquí, escogiéndola entre los muchos amigos que le rodean”. El contralor cerraba su informe pidiendo a Gómez que no dejara morir la idea dada su trascendencia para Mérida y el país, y que tuviera cuidado con “…los apaga-luces, que a todo no hacen sino poner dificultades porque no piensan sino en su utilidad personal y nada se les ocurre”. 

Como puede advertirse, las reformas propuestas por Abel Santos se orientaban fundamentalmente a dos aspectos: la construcción y organización de una infraestructura universitaria y la incorporación de catedráticos para mejorar o cambiar la difícil situación académica de la Universidad de Los Andes. Nada se dijo con respecto a la enseñanza de nuevas ciencias, la investigación, la selección de las autoridades, la participación de los estudiantes en el quehacer de la institución y, sobre todo, de la reapertura de los estudios de medicina. Ninguna de aquellas recomendaciones se puso en práctica. La ULA tendría que esperar por iniciativas particulares de los futuros rectores en cuanto a la construcción de un edificio acorde con las exigencias de las cátedras que se dictaban y a la incorporación de personal extranjero, lo cual ocurrirá durante el gobierno de de Eleazar López Contreras. En efecto entre 1934 y 1936 se construyó el primer edificio bajo la supervisión del ingeniero venezolano Luis Chataing, el cual serviría de modelo para el que se inauguró en 1956 por Marcos Pérez Jiménez. En cuanto a la contratación de catedráticos extranjeros, cabe señalar que el primero en ingresar a la ULA en el siglo XX fue el físico alemán Raimundo Goetze en 1938.³⁶  

Vamos a concluir esta apartado del artículo con la visión que, de la Universidad de Los Andes, registró un testigo de excepción en sus memorias, el estudiante de Derecho Domingo Alberto Rangel,³⁷ a fin de que el lector advierta la situación del instituto merideño para 1940: 

La Universidad de Los Andes… era la misma que setenta años atrás o más, había desafiado las cóleras de Guzmán Blanco. Ocupaba el mismo inmueble que era el suyo desde la colonia, un poco remozado que flanqueaba el viejo torreón del rector heroico. Nada había cambiado en un siglo, los mismos locales, la misma ubicación que ya luciera en aquella época. Tenía el mismo número de alumnos. Creo que no pasaban ellos de mil y, si estoy subestimando a aquella masa, apuesto a que no excedía los mil quinientos. Los profesores eran todos ellos, en las cuatro o cinco Facultades,38 profesionales de otras ramas que dedicaban una o dos horas tras el amanecer o pasado el atardecer a la labor docente. Abogados de bufete o tribunal, médicos dedicados a sus consultorios, farmacéuticos dueños de botica o dentistas con clínica propia, eran los profesores. Ninguno de ellos cultivaba la docencia como ocupación principal. El personal administrativo se reducía al rector, al vice-rector y al secretario. Los decanos ejercían ese cargo de manera honoraria y sin dedicarle un solo momento concreto y determinado…

Y agrega más adelante, de manera casi irónica: Como es natural, la enseñanza era libresca y tenía que ser libresca. 

Donde no había laboratorios ni seminarios, no había posibilidad de tener palestras para el debate investigativo o para la experimentación fecunda. Clamar en aquella Universidad por otro tipo de enseñanza era hacerse ilusiones. Aunque los profesores conocían las últimas teorías jurídicas y manejaban los postulados ideológicos más modernos y audaces me estoy refiriendo, como es obvio, a la Facultad de Derecho en la que yo cursaba tenían que limitarse a exponer ideas abstractas por falta de bibliotecas adecuadas y de gabinetes aderezados a tal fin. Si digo que la Universidad de Los Andes de 1940 era la misma que tiempo atrás había visto mi bisabuelo P. H. G. Bourgoin³⁹ no estaría exagerando mucho. Y todo porque en Venezuela no cambia nada, o mejor, no progresa nada en aquel dilatado lapso de un siglo casi…⁴⁰ 

Para conocer la situación de la Universidad de Los Andes entre 1936 y 1958 remitimos a la síntesis de Jesús Rondón Nucete en otro de sus libros, en tanto el período está fuera del objeto de nuestro estudio.⁴¹ Los cambios serán insignificantes. Solamente la conversión de unas Escuelas de Farmacia (1942) y Odontología (1942) en Facultades, la creación de la Facultad de Ingeniería Forestal (1952), la Escuela de Humanidades (1955) como dependencia de la Facultad de Derecho y la Facultad de Odontología (1958). 

4. Contraste de las reformas de Córdoba  con las ocurridas en Caracas y Mérida 

Esta última parte del artículo vamos a iniciarla con una apreciación de Graciela Soriano, pues consideramos que es muy elocuente para nuestra apreciación sobre la ausencia de las reformas de Córdoba en las universidades venezolanas: 

…puede afirmarse que el sector universitario de Venezuela permaneció, pues, al margen de otros hechos que, entretanto, movían a la universidad hispanoamericana desde Córdoba (1918-1930) propiciando la gran “reforma universitaria” radical que orientaría a la institución académica por las vías de una concepción autónoma, experimental y humanista de una universidad de docencia libre y reconocimiento de la participación estudiantil…⁴² 

Por su parte, Arturo Uslar Pietri interpretó el hecho de otra manera, al considerar que

en un tiempo de lucha y de exaltación liberal de la juventud el ejemplo de Córdoba se convirtió en una bandera para los universitarios hispanoamericanos. Desde la Argentina a Chile, al Perú, a México, en nombre de esa bandera se libraron heroicas luchas estudiantiles. A Venezuela llega el fermento en los pródromos del movimiento de 1928. 

Para agregar que 

…nuestra Universidad, que había sido tridentina y napoleónica, se hizo cordobesa y se convirtió en una especie de vanguardia de la lucha política del país, en un centro nervioso suprasensible, donde las corrientes ideológicas y los intereses de partido se afrontan con extraordinaria acometividad, en una caja de resonancia donde pugna de la plaza pública se agudiza y extrema.⁴³ 

Dos maneras de entender la proyección de Córdoba en Venezuela. Soriano niega, como nosotros, la incidencia en la transformación de la Universidad. Uslar Pietri le atribuye, cosa que no negamos, una influencia en cuanto a la participación decidida de los estudiantes en la política nacional, sin hacer referencia al problema universitario, esencia del movimiento estudiantil cordobés. Pasemos ahora a demostrar la ausencia de la que tanto insistimos.

Para ello utilizamos los aspectos fundamentales de las reformas de Córdoba enlistados por Carlos Tünnermann Bernheim, y que destacamos en cursivas, resultantes de los postulados del “Manifiesto”, de otros documentos y la interpretación de los mismos han hecho diversos autores:⁴⁴  

1) Autonomía Universitaria en sus aspectos políticos, docente, administrativo y económico: es bien sabido que después de la disposición de Antonio Guzmán Blanco del 24 de septiembre de 1883, la autonomía universitaria estaría en suspenso hasta el Decreto-Ley de Universidades del 5 de diciembre de 1958 y el Estatuto Universitario del 6 de diciembre de 1958, decretado por el presidente provisional, Dr. Edgar Sanabria, que reconocían la autonomía tanto en lo docente como administrativo-económico.

2) Elección de los cuerpos directivos, de las autoridades y de los organismos de co-gobierno por la comunidad universitaria: este aspecto se pondría en vigencia efectiva con el Decreto-Ley de Universidades de 1958, a través de la representación estudiantil y profesoral ante los Consejos de Facultad y Universitario. La elección de las autoridades por el Claustro Universitario existió en las dos primeras universidades venezolanas entre 1827 y 1883, reinstalada por aquella ley de inicios de la democracia.

3) Concursos de oposición para la selección del profesorado: este sistema fue establecido en los Estatutos de Bolívar de 1827, los Estatutos de Mérida de 1832 y el Código de Instrucción Pública de 1843. Suprimidos por Guzmán Blanco en 1883. Restablecido por la Ley de Instrucción Ley de Instrucción Superior de 30 de junio de 1915 y reconocida en los Estatutos de la Universidad de Los Andes del 12 de marzo de 1915, pero violentado por los distintos gobiernos hasta la referida ley de 1958.

4) Libertad de cátedra: la misma prácticamente siempre existió, con excepción en algunos momentos en que el gobierno prohibió el uso de algunos textos de enseñanza o impuso medidas disciplinarias a profesores contrarios a sus propósitos políticos.

5) Gratuidad de la enseñanza: esta no entrará en vigencia hasta la Ley de Universidades y el Estatuto Universitario de 1958, por decisión del Poder Ejecutivo.

6) Reorganización académica mediante la creación de nuevas escuelas y modernización de los métodos de enseñanza: a partir del Código de Instrucción Pública de 1843 el gobierno central intervino en la organización académica de las universidades en cuanto a cátedras, escuelas, facultades e institutos, lo cual pasaría a ser una decisión de las mismas a partir de 1958.

7) Asistencia social a los estudiantes: esta no entró en vigencia hasta el gobierno de Isaías Angarita, quien decretó la creación de la “Organización de Bienestar Estudiantil de la UCV” en 1943, la cual se extendió a la ULA al año siguiente como consecuencia de una protesta de los estudiantes y de la sociedad merideña.

8) Democratización del ingreso a la universidad: si bien existía la posibilidad de ingresar a la Universidad durante la primera mitad del siglo XX, con la sola presentación del título de bachiller, los costos de las matrículas limitaron el ingreso de los sectores más desposeídos. La mujer también se incorpora tardíamente. Esto se corregirá a partir de 1958, pero luego se restringirá con la exigencia de pruebas especiales de ingreso en la mayoría de las carreras. Por ello, el actual gobierno se ha planteado a esa democratización de aquel año, fundamentado en los derechos a la educación conferidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

9) Vinculación con el sistema educativo nacional: siempre existió un divorcio entre la Universidad y el resto del sistema educativo, probablemente porque el gobierno evitó que ello ocurriera. La única relación podría ser la formación de los profesionales para la enseñanza primaria y secundaria, relación que se pierde inmediatamente después del grado. No ha existido una incidencia de las Universidades en la formulación de las políticas educativas más convenientes para el país.

10) Extensión universitaria a través del fortalecimiento de la función social de la Universidad: esta se redujo a la realización de actividades universitarias en que la sociedad participa, por lo general, como espectadora (actos, culturales, musicales, competencias deportivas, etc.). A partir de 1958 algunas facultades, particularmente las relacionadas con el área de la salud, programaron actividades mediante pasantías o servicios públicos. La ausencia de una verdadera extensión universitaria determinó que la Asamblea Nacional aprobara el 29 de agosto de 2005 la “Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior” e impusiera a las universidades la reglamentación particular, siendo ahora un requisito para la obtención del grado.⁴⁵ En ningún caso se trató de una violación de la autonomía universitaria, sino la exigencia al cumplimiento de lo que al efecto establece la Ley de Universidades (1971) y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

11) Espíritu democrático por la unidad latinoamericana: esto ha sido un aspecto tabú en la Universidad, con excepción de los estudios que al respecto se han realizado en las Escuelas de Historia, Ciencias Políticas, Diplomacia o Estudios Internacionales. Incluso en la actualidad existe rechazo a las políticas que en este sentido viene realizando el gobierno nacional, solamente por la reconocida oposición que se le hace por amplios sectores de las comunidades universitarias.

12) Lucha frente a las dictaduras y el imperialismo: estos dos aspectos tienen diversos matices. Es bien conocida la posición de estudiantes y profesores de la Universidad Central contra las dictaduras de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez. Durante (1950-1958). Durante esos años se aprecian serias posiciones contra el imperialismo norteamericano, las cuales se acentuarán con los movimientos estudiantiles de izquierda, de tendencia marxista, a partir de la década de los sesenta del siglo XX. Estas irán disminuyendo con el transcurrir del tiempo, restringiéndose a grupos reducidos en las llamadas universidades nacionales o al actual movimiento estudiantil que sigue las políticas anti imperialista del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en las universidades e institutos universitarios que carecen de la autonomía que detentan aquellas. 

El contraste de estas doce reformas de Córdoba con la situación de las universidades de Venezuela, de Caracas y de Mérida, entre 1918 y 1935, nos permite llegar a varias conclusiones: dichas reformas no tuvieron en esas universidades la proyección que algunas veces se señala sin sustentación documental alguna.⁴⁶ La férrea dictadura de Juan Vicente Gómez impidió el desarrollo de un movimiento estudiantil fuertemente organizado, desarticulándolo en el caso de la Universidad Central de Venezuela con la prisión, exilio, destierro, trabajo forzado y cierre de la institución en 1912 y 1928. En la Universidad de Los Andes aparecerá ese movimiento estudiantil con posterioridad a la muerte del dictador. Las reformas introducidas en ambos institutos fueron el resultado de decisiones del gobierno central y del ministerio de instrucción pública, con exclusión o escasa participación de las universidades, y menos como producto de propuestas estudiantiles. Documentos y opiniones de varios autores prueban que en nuestras universidades, por sus características académicas y administrativas, estaban dadas las condiciones para un verdadero proceso de modernización y transformación institucional, acordes con las reformas propuestas para Córdoba en 1918 y extendidas a otras universidades hispanoamericanas. Es evidente que el movimiento estudiantil de Caracas utilizó la UCV como plataforma para sus futuras aspiraciones políticas.⁴⁷ Algunas de las reformas señaladas por Carlos Tünnermann Bernheim fueron aplicándose, gradualmente, con posterioridad a 1935, durante los gobiernos de Eleazar López Contreras (1936-1941),⁴⁸ Isaías Medina Angarita (1941-1945)⁴⁹ y los gobiernos democráticos a partir de 1958.

Notas

^* Profesor Titular Jubilado Activo de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes. Coordinador de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los Andes y del Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela. Este artículo es una versión parcial del capítulo que con el mismo título forma parte de nuestro libro, en proceso de culminación, Autonomía y Reforma en la Universidad de Los Andes (1810-1970).  

¹ El 19 de mayo de 1891 y el 15 de noviembre de 1892 el gobierno de Raimundo Andueza Palacios creó la Universidad del Zulia y la Universidad de Carabobo, respectivamente. Ambas fueron suprimidas el 20 de septiembre de 1903 por decisión del presidente Cipriano Castro. La primera fue restablecida en 1946, mientras que la segunda lo sería en 1958. 

² San Marcos de Lima (1551), México (1551), La Plata o Charcas (1552), Santiago de La Paz-Santo Domingo (1558), Tomista de Santa Fe (1580), San Fulgencio de Quito (1586), Nuestra Señora del Rosario de Chile (1619), Javeriana de Santa Fe (1621), Córdoba-Argentina (1621), San Francisco Javier de La Plata (1621), Santiago de Chile (1621), San Gregorio magno de Quito (1621), San Ignacio de Loyola (1621), Mérida-Yucatán (1676), San Carlos de Guatemala (1676), San Cristóbal de Huamanga (1680), Santo Tomás de Quito (1681), San Antonio de Cuzco (1692), San Nicolás de Santa (1694), San Jerónimo de La Habana (1721), Caracas (1721), San Felipe de Santiago de Chile (1738), Buenos Aires (1749), San Francisco Javier de Panamá (1749), Concepción de Chile (1749), Asunción-Paraguay (1779), Guadalajara-México (1791). La de Mérida Venezuela fue establecida por la Junta Superior Gubernativa de la ciudad en 1810, mientras que la de León de Nicaragua fue autorizada por las Cortes de Cádiz en 1812. Sobre el origen de estas Universidades véase Águeda María Rodríguez Cruz: Historia de las Universidades Hispanoamericanas. Período Hispánico. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1973, 2 Tomos. Una excelente caracterización de las mismas en Carlos Tünnermann Bernheim: Historia de la Universidad en América Latina. De la época colonial a la reforma de Córdoba. Caracas, IESALC/UNESCO, 1999. 

³ Sobre otras interpretaciones remitimos, por ejemplo, a La reforma Universitaria 1918-1958. Buenos Aires, Federación Universitaria de Buenos Aires, 1959 y Dardo Cuneo (Compilación, Prólogo, Notas y Cronología): La reforma universitaria (1918-1930). Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988 (Biblioteca Ayacucho, 39).

⁴ Carlos Tünnermann Bernheim: Ibíd., p. 105. Véase también su libro Universidad y Sociedad. Balance histórico y perspectivas desde Latinoamérica. Caracas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Facultad de Humanidades y Educación/Consejo de Estudios de Postgrado/Universidad Central de Venezuela, 2000, pp. 49-79.

⁵ Ello tuvo lugar durante nuestra participación en el Congreso Internacional de Reformas Universitarias y Movimientos Estudiantiles en América y Europa, realizado en la ciudad de Córdoba (Argentina) del 27 al 29 de octubre de 2005, bajo el auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba, la Junta Provincial de Historia de Córdoba y el Museo la Casa de la Reforma.

⁶ La Asociación General de Estudiantes de Venezuela entonces estuvo presidida por Ricardo Cifuentes Labastida, Miguel Angel Rivero, Félix Montes, Silvestre Tovar Lange, Enrique Aguerrevere, Jesús María Clemente, Roberto Báez, G. E. Blanco, Pedro Ignacio Aguerrevere y Andrés Frágenas. 

⁷ Sobre este rector véase Ildefonso Leal: Historia de la UCV. Caracas, Ediciones del Rectorado de la UCV, 1981, pp. 219-221 y 511; y Carlos Aristimuño Coll: Dr. Felipe Guevara Rojas: homenaje a su memoria. Caracas, Litografía del Comercio, 1917.  Estos últimos fueron Juan E. Barroeta, José Izquierdo, Enrique Tejera y Rafael Ernesto López. 

⁸ Resolución del Ministerio de Instrucción Pública del 1 de octubre de 1912: “Considerando que la Universidad Central de Venezuela requiere en las actuales circunstancias medidas transitorias que tiendan a su perfecta organización y a la cabal provisión de la enseñanza científica a que está destinada, y visto el artículo 330 del novísimo Código de Instrucción Pública, dispone el ciudadano General J. V. Gómez, Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, que el referido Instituto quede clausurado desde esta fecha, por el tiempo necesario al cumplimiento de los expresados fines.” Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 19-21 (Caracas, julio-diciembre de 1962), p. 246.

⁹ “Carta del Rector Felipe Guevara Rojas al Ministro de Instrucción Pública remitiendo el Reglamento de la Universidad Central de Venezuela elaborado por el Consejo Universitario” (Caracas, 17 de diciembre de 1912), Ibíd., pp. 246-250. 

¹⁰ Nos referimos a los Estatutos republicanos que Simón Bolívar confirió a la Universidad de Caracas en 1827, a los primeros Estatutos de la Universidad de Mérida de 1832 y el Código de Instrucción Pública de Venezuela de 1843 que garantizaron hasta 1883 a la autonomía de gobierno de las universidades, al permitir al Claustro Pleno la elección de sus autoridades, y la autonomía administrativa, al garantizarles el uso de sus rentas derivadas de sus propiedades rurales y urbanas. Al respecto véase Ildefonso Leal: Los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, Rectorado y Asociación de Profesores de la UCV, 1978; Pedro María Molina Márquez: Los primeros estatutos de la Universidad de Mérida (1832). Mérida, Universidad de Los Andes / Secretaria, 2002; Alí Enrique López Bohórquez: “La Universidad de Mérida: de las Constituciones del Seminario al Primer Código de Instrucción Pública de Venezuela (1810-1843) en Reformas y Planes de Estudio de las Universidades de Europa y América. Córdoba (Argentina), Junta Provincial de Historia de Córdoba/Universidad Nacional de Córdoba, 2006, pp. 167-184; y Graciela Soriano de García Pelayo: Sobre la Autonomía Universitaria. Caracas, Universidad Central de Venezuela/Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2005, pp. 17-32. 

¹¹ “Ley de Instrucción Superior de 30 de junio de 1915” en Leyes y Decretos Reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela. Caracas, Ministerio de Relaciones Interiores, 1943, Tomo VII, pp. 499-510.

¹² “Carta del Rector Felipe Guevara Rojas al Ministro de Instrucción Pública remitiendo el Reglamento de la Universidad Central de Venezuela elaborado por el Consejo Universitario” (Caracas, 17 de diciembre de 1912), Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, pp. 249-250. 

¹³ Ildefonso Leal: “Universidad Central de Venezuela” en el artículo “Universidades” del Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 1997, Tomo 4, p. 126.

¹⁴ “Los sucesos estudiantiles de 1921”, Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, (Caracas, noviembre-diciembre de 1960), pp. 101-104. 

¹⁵ El cierre de la Universidad Central de Venezuela entre 1912 y 1922 determinó que muchos estudiantes de Ciencias Políticas, opuestos al cierre de la institución y al sistema de Escuelas impuesto por la referida ley, tuvieran que trasladarse a Mérida a continuar o culminar sus estudios. Para entonces en la Universidad de Los Andes no estaba funcionando la Facultad de Ciencias Médicas, que había sido clausurada en 1905, incluyendo la carrera de Farmacia. Esta sería reabierta en 1918, mientras que la de Medicina se restablecería en 1928. 

¹⁶ Véase la interpretación que al respecto hizo Graciela Soriano de García Pelayo: Op. Cit., p. 40: “…Tristes migajas de autonomía administrativa y gubernamental para una institución que estaba obligada a presentar informes quinquenales –en la práctica mensuales– sobre la marcha de cada Escuela y de cada cátedra en relación con la asistencia regular de profesores y alumnos (Autonomía académica)…” 

¹⁷ Manuel Caballero: Sobre autonomía, reforma y política en la Universidad Central de Venezuela (1827-1958). Caracas, Universidad Central de Venezuela/Escuela de Historia, 1974, p. 68.

¹⁸ Graciela Soriano de García Pelayo: Op. Cit., p. 41. 

¹⁹ Al respecto, entre otros, véanse los estudios de Manuel Acosta Silva: Historia del 28. Caracas, Escuela Técnica Popular Don Bosco, 1976; Eduardo Arcila Farías: 1928: hablan los protagonistas. Caracas, Fondo Editorial Tropykos, 1990; María de Lourdes Acevedo de Sucre y Carmen Margarita Nones Mendoza: La generación venezolana de 1928: estudio de una élite política. 2da. Edición. Caracas, Fundación Carlos Eduardo Frías, 1994. Una bibliografía más amplia en “Generación de 1928”, Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 2, pp. 469-470. 

²⁰ Ildefonso Leal: Historia de la UCV, pp. 223-228 y Graciela Soriano de García Pelayo: Op. Cit., pp. 41-42. 

²¹ “Mensaje de la Federación de Estudiantes de Venezuela al pueblo venezolano” en Ildefonso Leal: Ibíd., pp. 228-229. 

²² Arturo Uslar Pietri: “De Trento a Córdoba” en Cuarenta Ensayos (Compilación, prólogo, cronografía y bibliografía de Efraín Subero). Caracas, Monte Ávila Editores, 1990, p.134.

²³ Sobre el caso de las dos últimas entidades federales véase las Memorias de Grado de Karilin J. Pinto Fonseca: Zulianos en la Universidad de Los Andes (1810-2007). Mérida, Escuela de Historia/Universidad de Los Andes, 2008; Jesús Torres Camacho y Germán A. Pérez Plaza: Barineses en la Universidad de Los Andes. Mérida, Escuela de Historia/Universidad de Los Andes, 2008. 

²⁴ “EL señor Ministro de Instrucción Pública da instrucciones precisas sobre la organización del Instituto al doctor Ramón Parra Picón” (Caracas, 19 de enero de 1909) en Eloi Chalbaud Cardona: Historia de la Universidad de Los Andes. Mérida, Ediciones del Rectorado, 1990, Tomo X, p. 11.

²⁵ Jesús Rondón Nucete: “La reorganización de la Universidad” en Primeros años del gomecismo. Mérida, Ediciones del Vicerrectorado Académico/Universidad de Los Andes, 2003, p. 66. El autor hace una síntesis de aspectos fundamentales de universidad merideña entre 1909 y 1917.

²⁶ Eloi Chalbaud Cardona: Op. Cit., pp. 28-29.

²⁷ Ibíd. pp. 29-36.

²⁸ Los documentos referidos a estos años en Ibíd. pp. 161-231.

²⁹ “Reglamento de la Universidad de Los Andes” (Mérida, 6 de marzo de 1813), Ibíd. pp. 393-417.

³⁰ “Decreto por el cual se fija el Estatuto de la Universidad de Los Andes” (Caracas, 12 de marzo de 1915). Gaceta Oficial. Número suelto del viernes 12 de marzo de 1915, p. 1.

³¹ Jesús Rondón Nucete ha organizado cuadros sobre alumnos y profesores de la Universidad entre 1909 y 1916. Op. Cit., pp. 67-71.

³² “Resoluciones por las cuales se organizan provisionalmente el Liceo y las Facultades de Ciencias Políticas y Ciencias Eclesiásticas de la Universidad de Los Andes” Gaceta Oficial. Número suelto del sábado 10 de febrero de 1917, p. 1.

³³ Jesús Rondón Nucete: Op. Cit., pp. 81-82.

³⁴ Los documentos correspondientes fueron publicados en “Una nueva Universidad de Los Andes (Marzo de 1928), Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 79-82 (Caracas, mayo-diciembre de 1974), pp. 305-309. Estos fueron publicados con el título de “La nueva Universidad (1928)” en Azul. Universidad de Los Andes, 1 (Mérida, mayo de 1981), pp. 7-8. 

³⁵ Raimundo Goetze era de Naunhof, Provincia de Leipzig en Alemania. Se graduó de Doctor en Ciencias Naturales (Especialidad de Física) en la Universidad de Tubingen en 1921. Fue alumno del profesor de física Parchen, famoso investigador de los espectros luminosos, y por corto tiempo discípulo y asistente de Albert Einstein. En 1938 fue encargado de los Gabinetes y Laboratorios de la Universidad de Los Andes. En el Consulado de Venezuela de París, ciudad en la que residía después de abandonar su país durante el régimen de Adolfo Hitler, se enteró de las necesidades que existían en Venezuela para profesionales dedicados a la asistencia técnica y la docencia. Conocido su currículum por el Ministro de Educación, Rafael Ernesto López, le hizo la oferta de venir el país en 1937, asignándolo al año siguiente para la ULA, donde desarrolló una excelente labor de docencia e investigación. Datos tomados de Ana Carolina Calles: Traspasando las fronteras. Profesores extranjeros en la Universidad de Los Andes (1877-2007). Mérida, Escuela de Historia/Universidad de Los Andes, 2008 (Memoria de Grado presentada para optar al grado de Licenciada en Historia).

³⁶ Domingo Alberto Rangel: Alzado contra todo (memorias y desmemorias). Valencia-Venezuela, Vadell Hermanos Editores, 2003, pp. 78-79. 

³⁷ Para 1940 funcionaban las Facultades de Derecho, Medicina y sus Escuela de Farmacia y Dentistería e Ingeniería.

³⁸ Se refiere el autor al Dr. Pierre Henri Georges Bourgoin, farmacéutico, botánico, explorador y primer catedrático extranjero de la Universidad de Los Andes, fundador de la Escuela de Farmacia en 1894, decano y primer doctor de la misma en 1896.

³⁹ Ibíd. p. 79.

⁴⁰ Jesús Rondón Nucete: Acontecer de Mérida 1936-1958. Mérida, Caracas, Editorial Arte, 1977, pp. 19-20 y 120-123.

⁴¹ Graciela Soriano de García Pelayo: Op. Cit., p. 38.

⁴² Arturo Uslar Pietri: Op. Cit., pp. 134-135.

⁴³ Carlos Tünnermann Bernheim: Historia de la Universidad en América Latina…, pp. 105-143 y 147-149, y en 60 años de la reforma de Córdoba: 1918-1978. Caracas, Ediciones Fedes, 1979, p. 57. 

⁴⁴ Gaceta Oficial de Venezuela N° 38.272 del 14 de septiembre de 2005. En el caso de la ULA, su Consejo Universitario aprobó el 26 de febrero de 2007 el “Reglamento de Servicio Comunitario del Estudiante de la Universidad de Los Andes”.

⁴⁵ Una muestra de ello es el hecho en que obras especializadas en las reformas de Córdoba no incluyen el caso de Venezuela, citadas en la nota 3.

⁴⁶ Como lo sostienen Arturo Uslar Pietri: Op. Cit. y Ricardo Alberto Rivas: “Ecos de la Reforma Universitaria en Venezuela”, Presente y Pasado, 8 (Mérida, julio-diciembre de 1999), pp. 7-22.

⁴⁷ Para el caso de Mérida véase Pedro José Rodríguez Arias: La Universidad de Los Andes durante el gobierno de Eleazar López Contreras (1936-1941). Mérida, Escuela de Historia/Universidad de Los Andes, 2007, pp. 47-243 (Memoria de grado inédita presentada para optar al título de licenciado en Historia).

⁴⁸ También sobre Mérida, Frank Altuve: La Universidad de Los Andes durante el gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945), trabajo de maestría en Historia de Venezuela en curso. 

⁴⁹ Al respecto remitimos a Ildefonso Leal: Historia de la UCV, pp. 230-238; Graciela Soriano de García Pelayo: Op. Cit., pp. 41-86; Alexander López: La Universidad Central de Venezuela y el debate político nacional 1958-1970. Caracas, Universidad Central de Venezuela/Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1998; Luis Cipriano Rodríguez, Silvio Villegas y Arminda Reyes: La UCV. Medio siglo de historia 1950-2000. Caracas, Ediciones del Rectorado/UCV, 2000; Gustavo Fernández Colón: “La autonomía universitaria” en Breviario de la confrontación: la Universidad en entredicho. Mérida, Ediciones FBU-ULA y Cooperativa Despertar Digital, 2004, pp. 95-100; Roberto Antonio López Sánchez: particularmente “La Renovación Universitaria de 1969 en la Universidad del Zulia” en Movimiento estudiantil de LUZ y proceso político venezolano, 1958-1989. Mérida, Universidad del Zulia/Ediciones del Vicerrectorado Académico, 2007, pp. 71-111.