Las Academias Nacionales de Venezuela y la universidad

En un esfuerzo hecho por primera vez en su historia, las Academias Nacionales de Venezuela comenzaron a elaborar conjuntamente sus propuestas a la nación, conscientes de su papel orientador propusieron acciones realistas y aplicables a los graves problemas del país. Ratifican el ineludible compromiso con la patria de contribuir en forma permanente a su progreso y bienestar. Venezuela no va por buen camino. Se hace imperativo cambiar el rumbo tomando una serie de acciones y decisiones de políticas públicas que corrijan las desviaciones en las que ha caído.

Venezuela está en crisis, las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes, la ausencia de la separación de los poderes públicos, la inexistencia de un sistema judicial independiente y eficaz que resguarde el derecho de todos los ciudadanos y castigue a los transgresores de la ley, y las reiteradas violaciones de los derechos de propiedad y de otros derechos fundamentales, han creado un ambiente de inseguridad y zozobra caracterizado por la ausencia de un Estado de Derecho. La implementación de erradas y desviadas políticas públicas se ha traducido en el deterioro sostenido y profundo de la infraestructura física; en un elevado y creciente déficit habitacional; en la presentación de deficientes servicios públicos fundamentales, tales como la educación, la salud y el suministro de energía eléctrica; y, en el abandono del desarrollo científico y tecnológico.

En tal sentido, el Comité Editorial de Salus considera pertinente remitir el siguiente comunicado:

Las Academias Nacionales ante la crisis que vive la universidad venezolana^(*)

Las Academias Nacionales ante la crisis que vive la universidad venezolana aflora de nuevo con fuerza como consecuencia de la difícil situación económica y social que atraviesa el país. Hasta ahora, los medios de comunicación se han encargado de divulgar noticias sobre aspectos socialmente sensibles. Destacan la lucha emprendida por las asociaciones de profesores, profesionales, empleados y obreros en búsqueda de reivindicaciones económicas adecuadas al cumplimiento de sus responsabilidades. De igual manera hacen referencia a las legítimas manifestaciones de los estudiantes en su lucha por acceder a una educación de calidad. Una educación que garantice su formación académica para contribuir en forma efectiva al desarrollo del país. Sin embargo, poco tratamiento se ha dado a uno de los temas centrales de la llamada crisis universitaria. Nos referimos al asedio permanente a la que ha sido sometida la universidad autónoma venezolana en flagrante violación de los principios que rigen su funcionamiento.

Las Academias Nacionales observan con mucha preocupación como el concepto de autonomía universitaria, consagrado en la Constitución Nacional, está siendo violado a través de diferentes acciones. De acuerdo a nuestra Carta Magna:…El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite (…) a su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. (…) se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario.

En efecto, la autonomía universitaria ha sido víctima de acoso gubernamental que se expresa de diferentes maneras: reducción del presupuesto anual destinado al funcionamiento, actividades académicas, investigación y desarrollo, bibliotecas, extensión, atención a los estudiantes. La autonomía es igualmente violada mediante la distorsión de los mecanismos de elección de las autoridades y las instancias de cogobierno. Y finalmente es violada su infraestructura por brigadas de choque que producen daños irreparables al patrimonio y al desarrollo de las actividades académicas.

Frente a esta situación las Academias Nacionales tienen la obligación de insistir ante la nación que sin universidades solidas ningún país puede lograr un crecimiento sostenible. Y que las universidades solidas son aquellas que cuentan con profesores con alta formación académica a quienes se les garantiza la libertad del ejercicio docente y de investigación según estándares internacionales y unas condiciones de vida respetables. No puede escapar al entendimiento de ningún funcionario gubernamental, particularmente si es egresado o profesor universitario, que el Estado tiene la obligación de apoyar y proteger a las universidades que producen conocimiento y forman los recursos humanos capaces de impulsar el desarrollo del país.

De estar interesado en dotar a la juventud de un sistema de educación acorde con los retos del Siglo XXI, el Estado, respetando la condición de autonomía de las universidades, tiene la obligación de enfrentar con toda urgencia problemas como la renuncia de profesores investigadores muy bien preparados, que emigran en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo, la disminución de la producción científica, tecnológica y humanística, el deterioro de la planta física, bibliotecas y laboratorios de las universidades, la carencia de planes de beca que tengan como único requisito la capacidad de los aspirantes y al mismo tiempo subsanar las deficiencias de la educación primaria y media.

Ningún sector de la sociedad civil y empresarial que aspire a vivir en un país mejor del que tenemos, debe quedar indiferente ante el evidente agotamiento de las universidades nacionales. Es un asunto grave que afecta a la sociedad como un todo.

Marisol García de Yeguez

Nota

^(*)Documento emanado de las Academias Nacionales ante la crisis universitaria del país, de fecha 29 de junio 2013. Remitido vía correo electrónico.