¿En dónde está la Universidad Venezolana?

Where is the Venezuelan University?

La crisis del sistema universitario venezolano tiene diversas aristas, y va más allá de ser un mero problema presupuestario, económico o gremial. El marco legal regulatorio de la universidad venezolana ha sido desnaturalizado, y en particular la autonomía universitaria ha sido entorpecida por el gobierno nacional. El artículo 109 de la Constitución y la Ley de Universidades, que establecen la autonomía como principio y jerarquía para permitir a la comunidad universitaria la búsqueda de la verdad y el conocimiento para beneficio espiritual y material de la nación, simplemente no se aplican. Además, la Ley Orgánica de Educación establece el concepto del Estado Docente como herramienta de intromisión y violación de la autonomía universitaria, y sus normas se aplican en la medida en que no permita el libre desenvolvimiento de la Universidad en cuanto a sus procesos electorales. De tal manera, el Consejo Nacional de Universidades ha mermado de lado su papel rector de las políticas universitarias y se ha asentado como un órgano de ejecución de las directrices políticas del ejecutivo nacional.

El Plan de la Patria -que se ha pretendido convertir en la constitución del país-, constriñe y obliga a las universidades a ajustar los programas académicos a sus lineamientos, rebajando así la calidad de los programas sobre la base de unos pretendidos requerimientos socio-productivos regionales. Las carreras y cursos de postgrado de universidades privadas están pendientes de aprobación desde hace nueve años. Se han creado nuevas universidades del Estado, sin control y sin supervisión, configurando un sistema paralelo de universidades sin ampliación de la oferta académica y con la aplicación de programas de formación altamente ideologizados y sin ninguna rigurosidad académica y formativa. Hay una absoluta falta de inversión en nuevas tecnologías, infraestructura y dotación de las universidades públicas y privadas.

Existen algunas leyes, como la Ley de Servicio Comunitario, que desde la OPSU se le quiere poner al servicio de intereses que no se corresponden con los de las comunidades, y a su vez en contra de los principios organizativos que rigen la autonomía universitaria, pretendiendo centralizar el servicio comunitario, bajo un sistema de control llevado en alguna oficina de la OPSU. Lo mismo se ha pretendido hacer con las pasantías universitarias y el trabajo de formación docente de tal manera que el manejo y la organización de estos aspectos propios del quehacer universitario pasen a ser controlados por el Estado.

Se ha desmantelado la planta de profesores. Hay una emigración masiva de personal docente e investigación por la falta de equiparación de sus sueldos con el de sus pares latinoamericanos. Se ha implementado un cambio de pautas y criterios de ingreso a las universidades públicas para así conformar un sistema único de ingreso, sin importar calificaciones o habilidades del estudiante, a su vez obviando si existen o no las instalaciones y recursos necesarios para recibir a los estudiantes.

Los recursos financieros asignados a las universidades han mermado durante los últimos años como resultado de una política de reconducción del presupuesto universitario, y por lo tanto de reducción de los recursos de las universidades públicas. En 2010, la Asamblea Nacional modificó la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación para así reducir dramáticamente las contribuciones privadas al financiamiento de proyectos universitarios. Los bajos sueldos y el escaso financiamiento de proyectos de investigación siguen afectando a quienes quieren llevar adelante una decente y digna carrera docente y de investigadores. Se desconocen las normas de homologación de las remuneraciones del personal docente y se trata de debilitar los paros profesorales con la tentación de mejoras por vía de convenciones colectivas, pero sin que legítimamente se represente a los profesores universitarios.

En meses pasados se aprobó de forma inconstitucional el segundo contrato colectivo universitario único, con unos montos que no son reales y bajo premisas que atentan contra la autonomía universitaria, violando la reserva legal, ya que pretende introducir una reforma universitaria a través de un documento de rango sub-legal. Sigue vivo el problema no resuelto de la liquidación de los pasivos laborales de los profesores. Se ha regulado ilegalmente el aumento de matrícula de las universidades privadas a través de su estructura de costos, aplicando indebidamente la legislación de control de precios, equiparando a la universidad a una empresa de tipo económica de prestación de servicios y sin considerarla una institución académica con fines docentes, investigativos y de extensión.

Con este marco de referencia, detallamos y acentuamos los siguientes asuntos y aspectos, necesarios para emprender la reforma educativa en general y la universitaria en particular:

Es urgente hacer una reforma integral del sistema educativo venezolano. Se debe hacer una revisión orgánica y estructural de la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Universidades, y las leyes del poder popular (estas últimas en aquellos aspectos relacionados con la participación comunal en los procesos educativos).

Es de particular importancia el tratamiento legal del concepto de Estado Docente que aparece en la LOE y que ha servido de excusa para la intervención del Estado en todo el régimen universitario en particular y del sistema educativo en general. En particular se hace necesario la revisión de los artículos 5, 6, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 43 de la LOE, ya que ellos norman el alcance del Estado Docente establecido en la referida ley orgánica, en materias tales como la intervención gubernamental en desmedro de la autonomía; la estructuración del sistema educativo venezolano en subsistemas bajo la égida del estado venezolano soslayando el principio de subsidiaridad; los principios de la autonomía universitaria; las leyes especiales por legislar en materia educativa; los sistemas de formación docente; y la libertad de cátedra.

Es necesario la revisión del sistema tributario e impositivo que se ha cernido sobre las universidades privadas, que las colocan casi en un estado de indefensión y descapitalización, considerándolas como una agencia de producción económica, más que como una institución académica.

Un trabajo pendiente es la reforma de leyes “aledañas” al mundo universitario, como por ejemplo la ley de cultura (en sus artículos 9 y 25), la ley del trabajo (temas de tercerización, inamovilidad laboral) y otras leyes del mundo laboral tales como las leyes que regulan el trabajo del discapacitado, las leyes del seguro social, de medicina laboral y de política habitacional, la Lopna (para aquellos estudiantes universitarios que son menores de edad), entre otras. Estas leyes inciden de manera directa e indirecta en la gestión administrativa de las universidades y en muchos casos atentan contra la autonomía universitaria.

Es de justicia eliminar la mora con las universidades autónomas, experimentales y privadas con respecto a la aprobación de las carreras de pre grado y post grado.

Hay que estimular la relación de las universidades con el sistema productivo nacional a través de leyes que permitan el financiamiento de proyectos de docencia, extensión e investigación. En este sentido se hace perentorio la reforma de la LOCTI.

Hay que permitir el acceso de las universidades a las divisas internacionales para poder entrar en las redes internacionales de investigación, bibliotecas, entre otros.

Se tiene que revisar la política de estado para el otorgamiento de becas y/o préstamos universitarios para que estudiantes venezolanos puedan realizar estudios de pre y postgrado en el exterior.

Hay que revisar el sistema de ingreso a las universidades, respetando la autonomía universitaria. Aunado a la realización de exámenes de medición de conocimientos y capacidades, que permitan medir a nuestros estudiantes con rankings nacionales e internacionales. Hay que volver a las pruebas nacionales de medición de aptitudes y conocimientos y a la medición del sistema nacional educativo con baremos internacionales.

Como bien puede observarse es un trabajo arduo, que depende de la participación concertada y desinteresada de muchos sectores comprometidos con la transformación estructural de la educación nacional. Es un trabajo arduo y difícil, que debe comenzar ya.

Francisco Febres Cordero

Universidad Monteávila

ffebrescordero@uma.edu.ve