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Introducción
El ser humano ha migrado a nuevos territorios en búsqueda de desarrollo económico, social y cultural (Ynsel, 2024); sin embargo, en las últimas décadas las migraciones han adquirido dimensiones desproporcionadas, hoy la transnacional constituye un fenómeno global, que impacta los sitios de salida y llegada. En los lugares de éxodo se observa un vacío social, económico y político y en los de arribo, impacta la estructura, crecimiento y distribución de la población lo que ocasiona retos a nivel social, económico y político; la respuesta cultural puede ser de integración, asimilación o segregación (Coraza de los Santos & Lastra, 2020). De acuerdo con Pries (2002) esta migración se caracteriza por el cambio de residencia de un país a otro, la emigración la salida del país de origen y retorno, el regreso. Acorde con Gutiérrez, et al. (2020) se presenta regular o irregularmente, el primero atendiendo requerimientos oficiales para el ingreso, permanencia y retorno y el segundo, utilizando rutas no validadas por los Estados receptores.
La migración trasnacional está asociada a cambios sociales económicos, demográficos y naturales. Rodríguez (2007) señala que las no voluntarias, son indignas y vulneran los derechos humanos, deben ser protegidos por los Estados e incluidas en las agendas gubernamentales. De Romero, et al manifiestan que “el migrante mantiene la esperanza de obtener una mejor calidad de vida para sus familia y deben contar con el apoyo incondicional en sus derechos humanos” (2019, p. 289). Autores como Méndez y Gómez (2022) indican que la migración trasnacional, en particular, es un fenómeno social motivado por la supervivencia o el desarrollo, que debería ir acompañada de medidas para lograr seguridad e integración en los sitios de asentamiento; al respecto De Oliveira plantea que “la migración internacional contemporánea revela algunos de los disfuncionamientos de un mundo donde el progreso económico, social y político aún no se globalizó” (2019, p. 31).
Para autores como Giustiniani, (2024) Ríos, et al (2021) y Pineda y Ávila (2019) en los países de llegada se reproducen las precariedades socioeconómicas de los sitios de origen. Esta situación exige que los distintos gobiernos formulen políticas para hacer frente a los desafíos, tanto en la promoción de los derechos, como en la protección de situaciones de xenofobia; no obstante, esto no se logrará hasta superar la perspectiva de crisis y riesgo frente a la migración y asumirlos desde la oportunidad. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, Informe de 2024, “el número de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970” (OIM, 2024a). Pocos países escapan de los flujos migratorios, bien como expulsores o receptores.
Existen diversas teorías que explican el fenómeno de la migración; aquellas con miradas clásicas y estructurales y otras con perspectiva crítica. Las teorías neoclásicas brindan explicaciones individualistas y económicas, es vista como una decisión personal y por razones económicas (Harris & Todaro, 1970). Por su parte, los enfoques estructurales: dependencia, segmentación y sistemas, proponen por el contrario, que la migración es ocasionada por la expansión del capitalismo desarrollada en la teoría de los sistemas mundiales propuesto por Wallerstein en 1995; la teoría del mercado dual del trabajo de Piore en 1979 explica a partir de la necesidad de los países desarrollados de mano de obra para empleos poco valorados o especializados que no serán ocupados por los ciudadanos nativos.
En la teoría del modelo del capital humano la decisión de migrar responde al valor de las oportunidades de empleo, traslado y mercado laboral. El enfoque transnacional redes y comunidades resalta la importancia de los vínculos económicos, sociales y culturales con los países de origen, de allí que acuñan el concepto de transnacionalismo desde abajo, relacionados con las prácticas cotidianas de los migrantes respecto de las relaciones sociales y económicas con sus lugares de origen (Portes, et al., 1999; Guarnizo, 2006). Finalmente, el enfoque crítico centra su análisis en las categorías género, raza, clase y colonialismo lo que condiciona no solo las motivaciones de migrar sino las posibilidades de integración en los países de recepción, de esta manera los migrantes son clasificados en categorías como “deseables” y no “deseables” (Mezzadra & Neilson, 2013).
Las políticas migratorias para la admisión, residencia y deportación, que los Estados formulan para regular y gestionar el flujo de migrantes, obedecen a motivaciones económicas, seguridad nacional y acuerdos internacionales; pocos países muestran interés por acoger migrantes, pues no logran superar la perspectiva de riesgo frente a la migración, en cambio de oportunidad para el desarrollo. Hoy prevalecen aquellas que criminalizan al migrante, se definen lugares y tiempos de detención y deportación, al contrario de buscar la integración al país a través de medidas de acogida y vinculación a oportunidades laborales y servicios sociales (Torres, 2019; Puerto, 2023; Corella, 2022).
Lo cierto, es que una migración ordenada, segura y regular contribuye decididamente al bienestar y beneficio del país receptor y los migrantes (Cachón y Aysa-Lastra, 2019; Nalvarte, 2024). Estas medidas restrictivas y de contención por parte de los países, en donde el migrante es considerado una amenaza a la seguridad nacional, las condiciones laborales y servicios sociales de sus ciudadanos, ha generado una crisis humanitaria de proporciones globales, ocasionando que los corredores migratorios se fusionen con redes criminales (Penchaszadeh y Sferco, 2020; Ferrajoli, 2019; Tinessa, 2010).
La migración presenta un carácter heterogéneo y dinámico. Las razones para migrar pueden ser, económicas, políticas o desastres naturales. Las formas son temporales, permanentes, circulares, pendulares, individual, familiar, grupal o colectiva, muchos de ellos son mujeres y niñas, por lo que hoy se reconoce la feminización de la migración en el mundo (Vargas-Ribas, 2022). Las trayectorias migratorias ya no se configuran como procesos lineales y unidireccionales, sino que incluyen desplazamientos múltiples, retornos, tránsitos prolongados y asentamientos inesperados. Esta multiplicidad de trayectorias da cuenta de la necesidad de repensar las categorías analíticas que han prevalecido en el campo migratorio, y que muchas veces resultan insuficientes para capturar la complejidad del fenómeno. Arao-Galhardi (2024) con perspectiva fenomenológica, introduce el concepto de “migrancia” como una herramienta para recuperar los saberes situados y las experiencias encarnadas de los sujetos migrantes.
Método
Para Mora (2013) una investigación sobre migraciones requiere de análisis detallados, debates sustentados en datos, informaciones y categorías explicativas, con carácter disciplinario y miradas interdisciplinarias, razón por la cual el diseño corresponde con una revisión narrativa, cuyo proceso incluyó: delimitación del tema y periodo de estudio, luego, construcción de categorías deductivas (migración venezolana a Colombia, Migración en México), clasificación de las temáticas de los artículos alrededor de las siguientes categorías: migración, políticas públicas y migración-familia. Además, se utilizaron gestores bibliográficos Refworks y Mendeley para referenciar los artículos especializados ubicados en bases de datos como Scopus, Redalyc, Scielo y Google Académico.
En términos generales, la migración transnacional en América Latina refleja las problemáticas estructurales propias de la región, pobreza, violencia, xenofobia y escasas oportunidades socioeconómicas para la mayor parte de los migrantes; todo ello, sin que el tema tenga un lugar importante en las agencias gubernamentales de los países.
México y Colombia constituyen territorios estratégicos para la migración, cada uno con situaciones particulares; los dos países, se han convertido en lugares de recepción y tránsito de un número importante de migrantes lo que impacta en sus procesos internos.
Esta investigación responde a la necesidad de comprender la migración no solo como un proceso demográfico, sino como una experiencia social atravesada por factores estructurales, institucionales y territoriales que condicionan de manera diferenciada las trayectorias migratorias en ambos países. En este sentido, la revisión narrativa contribuye a delimitar el problema de investigación al evidenciar cómo las respuestas estatales, los marcos normativos y las condiciones de recepción influyen en las posibilidades de integración, precarización o exclusión de la población migrante.
Resultados
Dimensión y variabilidad en los últimos cinco años
Comprender la complejidad de los flujos migratorios en América latina resulta tarea difícil, son oleadas de migrantes, caracterizados por la precariedad en sus condiciones de vida en los lugares de origen y de llegada, muchos de forma irregular, masivos, con escasa atención gubernamental y pocas posibilidades de progreso. Inicialmente estas migraciones obedecían a razones laborales entre el campo y la ciudad, pasaron luego a ser intrarregionales y finalmente trasnacionales, lo que exigió de los Estados la implementación de políticas y medidas de control en las fronteras para contener y regular la llegada y salida en cada país (Domenech, 2020).
De acuerdo con el Informe sobre las migraciones en el mundo (OIM, 2024a) América Latina y el Caribe representan el 2,3% de la población mundial. En esta región cada país es de origen, destino, retorno o tránsito, los factores expulsores son pobreza, conflictos armados, inestabilidad política y desastres naturales; lo cierto es, que los migrantes se enfrentan en la mayoría de los casos a rutas peligrosas, por condiciones geográficas o redes criminales (García-Macías y Cueto-Calderón, 2024). Los migrantes hacen parte de los sectores de población con mayor riesgo social, xenofobia y racismo; no obstante, de acuerdo con Cecchini y Pizarro (2023) es mediante el trabajo, el emprendedurismo, las remesas y los aportes tributarios, así como su cultura, que las personas migrantes contribuyen al desarrollo sostenible; apoyado en políticas públicas y la protección de los derechos humanos.
En México se ha convertido en un fenómeno complejo que articula simultáneamente condiciones de salida, tránsito, destino y retorno. En las últimas décadas, el país ha dejado de ser exclusivamente emisor para posicionarse también como lugar de acogida y de paso de migrantes internacionales, especialmente centroamericanos y sudamericanos (Ariza y Jiménez Chaves, 2022). Su estudio se ha complejizado en los últimos años debido a la transformación de los flujos migratorios, los cambios en los marcos institucionales y las nuevas formas de organización social que emergen en contextos de movilidad. México ha pasado de ser un país emisor de población hacia Estados Unidos a desempeñar un rol multifuncional como territorio de origen, tránsito, destino y retorno (Ortega de Mora y Terrón-Caro, 2023). Una mirada al comportamiento de los datos permite identificar las siguientes dimensiones e indicadores:
Tabla 1 Dimensiones de la inmigración general en México
| Tipo de migración | Indicadores principales |
|---|---|
| Migración interna (INEGI, 2024). | Entre 2018 y 2023, aproximadamente 3.6 millones de personas cambiaron de entidad federativa de residencia. La mayoría son adultos en edad de trabajar (15-59 años), con una ligera mayoría de hombres (51%). |
| Emigración internacional (INEGI, 2024). | En el mismo periodo, se estima que 1.2 millones de mexicanos emigraron al extranjero, siendo Estados Unidos el destino principal (87.9%). Del total, 78.5% fueron hombres y 21.5% mujeres, predominando el grupo de edad de 18 a 29 años. |
| Migración en tránsito (UPM, 2023). | México ha registrado un aumento en los eventos de migrantes en situación irregular. En 2022, se documentaron 444,439 eventos, y en 2023, esta cifra ascendió a 413,563. |
| Migración de retorno (UPM, 2023). | Entre 2018 y 2023, se registraron aproximadamente 276,000 eventos de retorno de mexicanos desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos. (INEGI, 2024). |
| Solicitantes de asilo (ACNUR, 2024). | Las solicitudes de asilo en México han aumentado significativamente, alcanzando más de 140,000 en 2023. Las principales nacionalidades fueron Haití, Honduras y Cuba. Aproximadamente 42% de los solicitantes fueron mujeres, y 24% menores de edad. |
| Remesas (Banxico, 2024). | México recibió 58.9 mil millones de dólares en remesas en 2022, cifra que aumentó a 63.3 mil millones en 2023, representando un crecimiento del 7.5% anual. |
La Tabla 1 muestra lo complejo que se ha vuelto el fenómeno migratorio en México entre 2019 y 2024, el país ya no es solo un lugar de salida, sino también un punto de tránsito, destino y retorno para miles de personas, en el caso de la migración interna, los datos reflejan un movimiento constante entre estados, principalmente por parte de adultos en edad laboral, con una ligera mayoría de hombres.
En el caso mexicano, la migración venezolana presenta características diferenciadas respecto a otros flujos migratorios que transitan por el país. A diferencia de Colombia, donde predomina un patrón de asentamiento prolongado, en México la población venezolana se configura mayoritariamente bajo esquemas de tránsito prolongado, espera forzada y asentamiento parcial, condicionados por los marcos institucionales, la política migratoria y la relación bilateral con Estados Unidos.
Durante el periodo 2019-2024, se ha registrado un incremento significativo de personas venezolanas que solicitan protección internacional en México. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela se ha posicionado de manera recurrente entre las principales nacionalidades solicitantes de asilo, particularmente a partir de 2021, cuando el endurecimiento de las políticas migratorias en el hemisferio norte obligó a muchos migrantes a permanecer en territorio mexicano por periodos prolongados (ACNUR, 2024).
Este flujo se caracteriza por una alta proporción de personas en situación migratoria irregular o con estatus temporal precario, lo que limita su acceso a empleo formal, servicios de salud, vivienda y mecanismos de protección social. Diversos estudios señalan que, ante la imposibilidad de continuar el trayecto hacia Estados Unidos, muchas personas venezolanas optan por insertarse en mercados laborales informales, especialmente en sectores de servicios, comercio y trabajo doméstico, bajo condiciones de alta vulnerabilidad (Ariza & Jiménez Chaves, 2022; Díaz et al., 2023).
Asimismo, México se ha consolidado como un espacio de contención migratoria, donde la población venezolana enfrenta dinámicas de movilidad restringida, detenciones administrativas y procesos de espera prolongados para la resolución de solicitudes de asilo. Estas condiciones inciden directamente en las trayectorias migratorias, transformando el tránsito en una experiencia de permanencia involuntaria que profundiza la precarización económica y social (Ortega de Mora & Terrón-Caro, 2023).
Desde una perspectiva territorial, la población venezolana tiende a concentrarse en ciudades fronterizas, corredores migratorios y grandes zonas urbanas, donde se articulan redes de apoyo informales, organizaciones de la sociedad civil y programas locales de atención. No obstante, estos esfuerzos resultan insuficientes ante la ausencia de una política nacional integral orientada a la integración social y laboral de las personas migrantes, lo que refuerza su condición de transitoriedad y exclusión estructural (Esquivel et al., 2023).
Colombia, país suramericano, desde 2008 y profundizado en los últimos años, es impactado por los cambios políticos y económicos en Venezuela y por la inmigración de venezolanos. Un análisis de los datos publicados por diferentes agencias permite caracterizar esta inmigración (véase la Tabla 2).
Tabla 2 Dimensión de la inmigración de venezolanos a Colombia
| Informe | Estadísticas |
|---|---|
| Consejo Nacional de Política Económica Social-CONPES de (2018) | Para septiembre de ese año se encontraban residiendo en Colombia 1.032.016 migrantes venezolanos, regulares e irregulares |
| Migración Colombia (2021) | Migrantes que residían en el país era de 1.260.594, de los cuales 770.975 lo hacen de manera regular, mientras que 489.619 están de forma irregular. |
| Departamento Nacional de Estadística (DANE 2021) | Entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, había 2.325.880 venezolanos/as residentes en Colombia -1.167.115 hombres y 1.158.766 mujeres-, de los cuales trabajaban 1.186.031, 729.290 hombres y 456.741 mujeres. |
| Migración Colombia (2021) | Para diciembre de 2020 más de 1,7 millones de venezolanos vivían en Colombia, de los cuales 966.714 (55,9%) eran migrantes en situación irregular y 762.823 (44,1%) regular. |
| Migración Colombia, Observatorio de Migrantes y Movilidad Humana (OM3) (2024) ; | Casi 2.857.528 residen en las diferentes zonas del país y, varios estudios muestran las precarias condiciones de estos migrantes. Del total 75,548 están regularizados y 2.273.006 se encuentran en proceso de regularización. Es de destacar que 488.974 se encuentran de manera irregular en el país reducción de migrantes comparadas desde 2022 a 2024; el informe señala que el 1,35% es decir 39.220 personas menos se registraron en este período. |
| Organización Internacional para la Migraciones (2024b) | Se calcula la emigración de venezolanos de su país en 7,89 millones de ciudadanos y ubica a Colombia como un lugar de paso y asentamiento por su proximidad con Venezuela. |
Se observa un incremento sostenido y creciente en la inmigración en el período 2018-2024; entre 2018 y 2020 se presenta el mayor aumento, casi duplicando el número de migrantes. Se observa disminución en 2021, por la pandemia del COVID 19 y las medidas gubernamentales tomadas; muchos debieron retornar a su país sin intención de volver a Colombia. Para el 2024 aumentó el flujo de inmigrantes. Gran parte en situación irregular, pese a los esfuerzos gubernamentales, esto impacta en las posibilidades de acceder a una actividad laboral y a servicios sociales; en 2019 el 38,8% en el 2021 el 51% no contaban con Permiso Especial de Permanencia y en el 2024 solo 75.548 de 2.273,006 se encuentran regularizados. En la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH, 2024) muestra 51% laborando con mayor participación de hombres (62%) con respecto a mujeres (39%) la mayor parte en condiciones informales.
El Informe de Migrantes Venezolanas(os) en Colombia de 2024 presentado por El Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3) de Migración Colombia señala que los cinco sitios de llegada con mayor número de migrantes son: Bogotá 599.480 (21,07%); Antioquía 391,582 (13,76%) Norte de Santander con 335,015 (11,77%) Atlántico 203,969 (7,17%) y Valle del Cauca 191,122 (7,00%). Hay pocas diferencias entre hombres 48,23% y mujeres 51,75, por edad los rangos 5 a 17 años (23,47%) 18-29 (20,76%) y 70 y más (20,76%) se ubica el mayor número, el rango menor es de 60 a 69 (0,91%), cabe destacar que los migrantes venezolanos han comenzado a incorporarse al mercado laboral y a contribuir a la economía.
Factores de expulsión de los países de origen
En México a partir de una perspectiva multidimensional e interseccional se configura como como un espacio de tránsito y destino se vincula con transformaciones políticas regionales, dinámicas laborales y redes sociales transnacionales (Castillo Ramírez, 2020) En este sentido, la Tabla 3 presenta algunos de los factores de expulsión de México.
Tabla 3 Factores de expulsión en México
| Artículo | Factores de expulsión |
|---|---|
| Gandini et al. (2020) | Responde a factores estructurales persistentes como la pobreza, la desigualdad regional, la violencia y la falta de oportunidades laborales y sociales. |
| Reboiras (2019) | Resultado de múltiples crisis interconectadas de carácter económico, político y social, que reflejan los efectos negativos de una globalización desigual. |
| Meneses-Reyes (2024) | No es el resultado de decisiones individuales voluntarias, sino de condiciones extremas que incluyen violencia por parte del crimen organizado, represión estatal y efectos del cambio climático. |
| Rodríguez Vignoli (2022) | El fracaso de las políticas de desarrollo rural en México, junto con la persistencia de lógicas neoliberales y la creciente militarización de los territorios, ha generado una expulsión sistemática de comunidades marginadas. |
La integración regional México-Estados Unidos también ha intensificado procesos de migración laboral bajo condiciones desiguales, reforzando prácticas de intercambio injusto y sostenimiento de mercados informales (Wise et al., 2022). A nivel global, la migración calificada ha sido impulsada también por estereotipos y sesgos de género que afectan las trayectorias laborales de las mujeres en países de destino, en particular en contextos norteamericanos (Gandini, 2018). Las identidades femeninas también se remodelan en el proceso migratorio, ya que las mujeres migrantes deben adaptarse a nuevos roles impuestos por la estructura social de los países receptores (Godoy, 2007).
En Colombia, la decisión de inmigrar al país, está acompañada con el deseo de retornar. Para estos migrantes la búsqueda de nuevos horizontes se relacionan con el afán de mejorar sus condiciones económicas y el deseo de reagrupar a sus familias, y/o apoyarlas desde el extranjero.
Por otra parte, en la Tabla 4 se muestran los principales factores de expulsión de Venezuela.
Tabla 4 Factores de expulsión venezolana
| Artículo | Factores de expulsión |
|---|---|
| Pineda y Ávila (2019) | La crisis institucional y política, problemas de carácter económico, reducción en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población. La caída del producto interno bruto (PIB), la hiperinflación sin precedentes, los altos índices de escasez de medicamentos, la escasez de alimentos y el alto costo de la canasta alimentaria familiar. |
| Rodríguez y Ramos (2019) | Convergencia de diferentes causas que van desde la persecución política y las motivaciones económicas, pasando por la desilusión, huyendo de la violencia, hasta la crisis humanitaria. |
| Mosquera y Gálvez (2020). | La aguda crisis social, política y económica sin precedentes de Venezuela. El escenario de desaceleración económica y los indicadores sociales y de inseguridad que muestran una crisis humanitaria sin precedentes. |
| Aliaga Sáez (2021), Luque et al. (2024). | La grave crisis económica que afectaba al país, y se materializó en un aumento del número de emigrantes… y el empeoramiento de las condiciones sociales, económicas y políticas. |
| oyano-Buitrago (2021). | La crisis social, política y económica…afectaciones desproporcionadas de violencia. |
| Valencia y Vásquez (2022). | La crisis económica, política y social (por) políticas económicas y sociales. |
| Mejía-Trujillo et al. (2023). | Carencias económicas producto de la crisis política. La actual hiperinflación, la falta de medicinas. |
| Henao y Perilla. (2024). | El radicalismo político. |
| Pineda et al. (2024). | La agudización de la problemática económica, social y política. |
| Bonilla Valencia (2024). | El malestar político, la crisis económica y las violaciones de derechos humanos. |
| Albornoz-Arias et al. (2022). | El hambre, temas vinculados a su salud y la imposibilidad de adquirir medicinas y buscar mejores oportunidades de trabajo. |
| Osorio y Phélan (2022). | La crisis humanitaria, producto de la situación política y económica. |
| Pelacani y Moreno (2023). | La crisis de institucionalidad democrática. |
| Arroyave et al. (2023) | Cambios sustanciales en múltiples dimensiones, como lo económico, político, social, violencia. |
| Ruiz-Santacruz et al. (2023) | La expansión desmedida del gasto público, financiado inicialmente con recursos petroleros y después con emisión monetaria, se tradujo en un aumento sostenido del déficit fiscal, la deuda pública y la inflación. |
| Córdoba et al. (2020). | Las motivaciones económicas y de búsqueda de mejores oportunidades. |
| Sáez et al. (2024). | La crisis que atraviesa Venezuela. |
| Durán et al. (2024). | Presiones políticas, sociales y económicas. |
Existe consenso acerca de los factores que generaron la salida de venezolanos, la crisis económica estructural expresada en hiperinflación, crisis fiscal y deuda pública, así como, desempleo masivo y declive de la actividad productiva, lo que generó escasez de bienes básicos como alimentos, medicamentos, insumos de salud y el acceso a servicios públicos, gas y transporte. Los autores coinciden, además, en que la crisis política, pese a que se presentan elecciones y existe organización del Estado, ocasionó concentración de poder supresión de la oposición y persecución política.
Mientras en México se denuncia la persistencia del neoliberalismo, la marginación de las comunidades rurales y la falta de enfoque en el bienestar social en los países de salida, en Venezuela se acusa el autoritarismo y el desmantelamiento de las instituciones democráticas como causas del éxodo, llama la atención que no se menciona el bloqueo económico de los Estados Unidos a este país, como posible causa de la crisis económica.
Factores que explican la elección del país de llegada
Tabla 5 Factores de elección de México
| Artículo | Factores de elección |
|---|---|
| Díaz Mendiburo et al. (2023). | Ausencia de redes familiares sólidas y de un respaldo institucional constante. |
| Infante et al. (2022). | El discurso público oscila entre presentar a la persona migrante como víctima necesitada y como amenaza al orden social. |
| Sánchez (2019). | La incapacidad estructural del Estado para brindar una respuesta integral al fenómeno migratorio. |
| Esquivel et al. (2023). | La experiencia del programa “Salud-Migrante” evidencia que la atención intercultural recae en proyectos universitarios focalizados que no sustituyen una política pública nacional. |
| Hurtado y Castro (2022). | El análisis jurídico expone una contradicción normativa que restringe el acceso de personas extranjeras a mecanismos de defensa constitucional, pese a que la Carta Magna proclama igualdad y no discriminación. |
| Ariza y Jiménez Chaves (2022). | Las mujeres latinoamericanas migrantes en México enfrentan una doble subordinación estructural. Por un lado, los marcos legales migratorios limitan su inserción laboral formal y, por otro, la división sexual del trabajo. |
| Vázquez y Rojas (2024). | La escasez de infraestructura pública de cuidados en Nuevo León impacta negativamente la inserción laboral de las mujeres migrantes. |
| Delgado y Sánchez (2024). | La ausencia de políticas de corresponsabilidad y la sobrecarga de cuidados no remunerados que asumen mujeres migrantes. |
La Tabla 5 evidencia que la capacidad institucional en México presenta limitaciones estructurales, la falta de recursos, de personal capacitado y de una estrategia sólida para atender a esta población hace que, en muchos casos, la atención dependa más de esfuerzos aislados o voluntades locales y no de una política nacional articulada, esto genera brechas importantes entre el reconocimiento del problema y la respuesta efectiva del Estado.
En los artículos consultados se destacan la fragilidad institucional y la falta de una política de Estado sólida en materia migratoria. La recepción de personas migrantes se ve marcada por discursos públicos ambivalentes, en los que la persona migrante es a veces presentada como víctima y otras como amenaza al orden social. Esta ambivalencia ha legitimado medidas de seguridad y contención punitivas, generando un entorno hostil que reproduce estereotipos y percepciones xenófobas en la población local. La ausencia de programas integrales basados en derechos humanos, la falta de coordinación intersectorial y la precariedad de los servicios públicos limitan la integración real de las personas migrantes.
A ello se suman la discriminación cotidiana, la explotación laboral y la marginación social que enfrentan quienes migran sin redes familiares sólidas ni respaldo institucional, lo que expone a estas personas a entornos inseguros y desiguales. Además, algunos estudios exponen contradicciones normativas dentro del marco jurídico mexicano que restringen el acceso efectivo a mecanismos de defensa legal y perpetúan desigualdades, ampliando la brecha entre ciudadanía formal y sustantiva. Incluso cuando existen esfuerzos desde la sociedad civil o programas locales -como el caso del programa “Salud-Migrante”-, su impacto es limitado por la falta de articulación con políticas nacionales.
Tabla 6 Factores de elección de Colombia
| Artículo | Factores de elección |
|---|---|
| Pineda y Ávila (2019). | La cercanía física con Venezuela. |
| Rodríguez y Ramos (2019). | Redes existentes y los vínculos histórico-culturales. |
| Tribín-Uribe et al. (2020). | La población no solo busca mejores ingresos, sino que huye de condiciones de inseguridad. |
| Mosquera y Gálvez (2020). | El destino principal de este flujo migratorio tiene una relación histórica con Venezuela. |
| Luque Revuelto y Moreno Muñoz (2024). | El carácter geográfico, ambos países comparten más de 2.000 kilómetros de frontera. |
| Mejía-Trujillo et al. (2023). | La reducción de costos de viaje para visitar o para retornar... representa la cercanía con la familia, con las redes de apoyo y con la cultura. |
| Arroyave et al. (2023). | El clima, las montañas y la organización específica del transporte. |
| García y Mayorga (2023). | Se diferencia de la migración sur-norte, en la que el destino migratorio cuenta con niveles de calidad de vida mucho más altos que atraen población de países con menor desarrollo. |
| Durán et al. (2024). | Posibilidades y estrategias de inclusión. |
Para los autores que aparecen en la Tabla 6, la elección de Colombia responde a la proximidad geográfica y la acogida por existencia de redes de apoyo, y el entorno legal y económico. Predomina la percepción de país relativamente accesible y abierto para los migrantes venezolanos. Estos elementos, junto con los vínculos históricos y familiares ya establecidos, han favorecido la llegada de personas que buscan no solo mejores oportunidades económicas, sino también seguridad, refugio y posibilidad de retornar eventualmente. Aunque existen obstáculos, como limitaciones en infraestructura o discriminación en sectores específicos, estudios recientes indican que en Colombia hay una intención más clara de crear mecanismos de inclusión social, tales como los Permisos por Protección Temporal (PPT) o políticas para facilitar el acceso a servicios básicos. Esto contrasta con México, donde predomina una lógica de control migratorio reactiva más que integradora.
Efectos de la migración
El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2023 "Migrantes, refugiados y sociedades" (Banco Mundial, 2023) destaca la importancia de la migración como un factor clave para el desarrollo sostenible, invita a superar la mirada de riesgo, presión o carga y asumirla como oportunidad de desarrollo socioeconómico en los países. Este informe, propone repensar las políticas públicas migratorias hacia modelos de integración, voluntad política, agendas de cooperación internacional y fortalecimiento institucional, con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Solo así será posible rescatar la dignidad de las personas migrantes. No obstante, en el análisis de los textos se encontró que prevalece la perspectiva negativa por la llegada de los migrantes a México y Colombia, pues se cree que su presencia ahonda la crisis socioeconómica y de seguridad.
El tránsito migrante por México ha adquirido características alarmantes que reflejan una profunda crisis humanitaria. Las rutas que recorren las personas migrantes, en lugar de ser caminos hacia una mejor vida, se han transformado en escenarios marcados por la violencia, los abusos y la falta de protección institucional. Esta situación ha llevado a que se les conozca como parte de un “corredor de la muerte”, donde las violaciones a los derechos humanos no son hechos aislados, sino parte de una realidad sistemática. La respuesta del Estado ha sido más reactiva que preventiva, con medidas de contención que muchas veces agudizan la vulnerabilidad de quienes migran, en lugar de ofrecerles protección o alternativas seguras. Esta caracterización pone en evidencia la urgencia de reconfigurar las políticas migratorias bajo un enfoque de derechos humanos y protección integral.
Tabla 7 Efectos de la migración general en México
| Artículo | Efectos de la migración |
|---|---|
| Torres-García et al. (2025). | La llegada masiva de personas migrantes ha reconfigurado el mercado laboral mexicano al crear nichos de ocupación precaria y segmentada, donde la mano de obra migrante se inserta bajo condiciones salariales inferiores y sin protección social. |
| Valencia y Moreno (2024). | La migración internacional ha modificado profundamente las estructuras familiares rurales: las remesas mejoran el ingreso, pero la prolongada separación física de los padres genera desarraigo afectivo, sobrecarga de cuidados en mujeres mayores y alteraciones del rol parental. |
| Ortega de Mora y Terrón-Caro (2023) y García y Mayorga (2023). | Las mujeres migrantes soportan una violencia estructural de género durante el tránsito, manifestada en extorsiones, agresiones sexuales y trata, intensificada por la indiferencia o colusión de algunas autoridades. |
| Pirker (2022). | El lenguaje institucional influye decisivamente en la inclusión o exclusión de las migrantes. Narrativas que las etiquetan exclusivamente como “víctimas” reproducen paternalismo y dependencia, mientras que resignificarlas como agentes de cambio facilita su acceso a derechos y programas. |
| Ortiz (2025). | La coexistencia de políticas migratorias antagónicas-una restrictiva y otra basada en derechos-genera contradicciones operativas que derivan en detenciones arbitrarias, devolución sumaria y violaciones sistemáticas de derechos humanos. |
| Castañeda (2023) | La insistencia estatal en expulsar a migrantes retornados pasa por alto la disminución del flujo migratorio y desperdicia el potencial económico y social de quienes poseen habilidades adquiridas en EE. UU. |
| Fernández-Ortega et al. (2023). | Las políticas de contención generan un corredor de violencia donde casi la mitad de las personas migrantes reporta agresiones físicas, robos o extorsiones; más del 30% identifica a autoridades mexicanas como perpetradoras. |
| Cárdenas-Alaminos (2023). | La militarización de la gestión migratoria se traduce en la subordinación de instituciones civiles a mandos castrenses, el uso de prácticas bélicas -retenes, detenciones masivas y patrullajes armados- y la opacidad en el uso de la fuerza. |
| Chelius (2021). | Bajo la administración de la “4T”, la agenda migratoria quedó supeditada a presiones estadounidenses, perpetuando medidas como la Guardia Nacional en fronteras y el programa “Remain in Mexico”. |
| Ramírez y Herrera (2025) | Las mujeres migrantes en Nuevo León, tanto internas como extranjeras, son blanco de estigmatización por parte de las comunidades receptoras que las asocian con saturación de servicios públicos y competencia laboral. |
Como se observa en la Tabla 7, los efectos de la migración en México son diversos y atraviesan diversas dimensiones de la vida social, uno de los primeros ámbitos donde se sienten estos impactos es el laboral, en algunos sectores, la llegada de personas migrantes ha resultado positiva al cubrir vacantes que durante años no habían sido ocupadas, sin embargo, también han surgido tensiones en ciertas regiones, sobre todo por la competencia por empleos y la percepción de que los recursos se distribuyen de forma desigual. Otro efecto importante aparece en las dinámicas familiares, especialmente en las zonas rurales, las familias de los migrantes han visto mejorar su situación económica gracias a las remesas que envían sus familiares desde otros países.
Un tema que preocupa especialmente es lo que viven las mujeres migrantes durante su paso por México que enfrentan situaciones de violencia, abuso y abandono, tanto por parte de grupos criminales como por la falta de atención por parte de las autoridades, esta vulnerabilidad constante hace urgente replantear las políticas migratorias con una perspectiva más humana y centrada en la protección de quienes más lo necesitan, garantizar su seguridad, su acceso a la justicia y que no vuelvan a ser revictimizadas es una deuda pendiente del Estado mexicano.
La migración ha transformado profundamente el mercado laboral y el tejido social. Según García y Mayorga (2023), la llegada masiva de personas migrantes ha reconfigurado el empleo informal, generando nichos laborales precarios y segmentados con salarios bajos y sin protección social. Esto provoca tensiones entre trabajadores locales y migrantes, alimentadas por narrativas de competencia por recursos escasos. Además, las políticas migratorias restrictivas y contradictorias han generado deterioros operativos que vulneran los derechos humanos (Ortiz, 2025) particularmente cuando el Estado mexicano asume la función de contención migratoria impuesta desde EE.UU., delegando su responsabilidad de protección.
Otro efecto importante en México es la transformación de las estructuras familiares debido a la migración internacional. Estudios como el de Valencia y Moreno (2024) señalan la sobrecarga de cuidados en mujeres mayores y los vacíos afectivos que dejan las separaciones familiares, lo que incluso propicia la migración juvenil. A ello se suma un contexto de violencia estructural y criminal, donde los migrantes son víctimas frecuentes de extorsión, secuestros, trata y asesinatos, como lo reportan Ortega de Mora y Terron -Caro (2023). Esta situación se ve agravada por la colusión de autoridades y la falta de una política migratoria centrada en los derechos humanos (Castañeda, 2023). La militarización del control migratorio (Cárdenas-Alaminos, 2023) y los programas de contención como “Remain in Mexico” (Cueva-Luna y Vázquez-Delgado, 2024) terminan por consolidar un entorno de riesgo, impunidad e institucionalidad debilitada.
Los efectos de la inmigración en Colombia son analizados por los autores desde diferentes perspectivas; por ejemplo, su impacto en los salarios, la seguridad, el empleo, en la salud pública y a nivel macroeconómico. En la revisión se encontró que predomina la perspectiva negativa frente a su llegada (véase la Tabla 8).
Tabla 8 Efectos de la inmigración venezolana en Colombia
| Artículo | Efectos de la inmigración venezolana en Colombia |
|---|---|
| Pineda y Ávila (2019). | Presiones en las instituciones, los sistemas de provisión de servicios, el mercado laboral y las dinámicas sociales. Incremento de casos de enfermedades antes erradicadas. El aumento del empleo informal, el subempleo, y el aumento acelerado de la demanda de trabajo. |
| Rodríguez y Ramos (2019). | Ha golpeado sobre todo las estructuras locales de salud, educación, habitación, acueducto y saneamiento en Colombia. Los costos para la atención de una población en condiciones de asistencia humanitaria. |
| Tribín-Uribe et al. (2020). | Efectos en el mercado laboral y aliviar los costos fiscales asociados de acoger dichas poblaciones. |
| Bitar (2022). | Efectos de la migración en el aumento de la fuerza laboral y en el consumo privado a medio plazo. |
| Luque Revuelto y Moreno Muñoz (2024). | Emergencia humanitaria ocasionada por este movimiento masivo de población. |
| Mejía-Trujillo et al. (2023). | Riesgo de la salud pública. La salud mental, la pobreza extrema y las inequidades que caracterizan a los distintos grupos migratorios. |
| Henao y Perilla (2024). | En seguridad y defensa del Estado colombiano. Las fronteras porosas que dividen a las Naciones no han cesado de ver un tránsito de todo tipo bienes y de personas. Han inyectado actores criminales en el territorio colombiano. |
| Pineda et al. (2024). | Necesidades insatisfechas en salud y educación. |
| Obando Arias et al. (2022). | Impacto negativo inmediato en los salarios en el corto plazo, así como un efecto retardado del empleo en el sector informal. |
| Albornoz-Arias et al. (2022). | Las relaciones familiares antes y durante el trayecto están siempre acompañadas de incertidumbre y de situaciones de ansiedad y depresión. |
| Osorio y Phélan (2022). | La trata de personas o la violencia contra niños y mujeres se mantiene oculto. |
| Arroyave et al. (2023). | Se ubican en los lugares más problemáticos de la ciudad, deficiencias en la prestación de servicios públicos. |
| Ruiz-Santacruz et al. (2023). | Transformaciones recientes de la estructura de la población colombiana según edad y sexo. |
| García y Mayorga (2023). | En las dinámicas urbanas de densificación, integración regional y precariedad urbanística. |
| Córdoba et al. (2020). | La transformación de ideas y creencias sobre la realidad nacional y sobre el colombiano mismo, así como también sobre Venezuela y sus nacionales. La visión de los colombianos va desde la compasión hasta la percepción de que son una amenaza. |
| Alizadeh Afrouzi (2024) y Durán et al. (2024). | Problemas económicos e irregularidad en la documentación. |
Los efectos se expresan en la presión sobre los sistemas de servicios sociales, particularmente, salud, educación, vivienda y protección social con más énfasis en las zonas y sectores de mayor recepción, generando descontento en poblaciones vulnerables de estas zonas. Para otros autores este fenómeno incide en procesos de densificación urbana, expansión informal y sobrecarga de los servicios públicos en barrios marginales, ciudades intermedias y grandes centros urbanos, lo que agudiza retos históricos de ordenamiento territorial y equidad urbana.
Algunos señalan el impacto en el mercado laboral, ya que favorece la precarización y la informalidad, impactando las posibilidades de empleo de los colombianos, esto afecta también el empleo formal y en ambos casos en los niveles salariales que los trabajadores perciben por mano de obra más barata. También, señalan el impacto moderado pero creciente en la estructura demográfica colombiana, con efectos diferenciados por edad y sexo. Se generan tensiones sociales y xenofobias, la percepción de los migrantes en los colombianos es de contraste; una parte muestra solidaridad, otro rechazo, desconfianza y discriminación.
Los riesgos en la salud pública por el resurgimiento de enfermedades transmisibles y problemáticas de salud mental asociadas al desarraigo, la separación familiar, la ansiedad y la pobreza extrema. La salud sexual y reproductiva, así como el bienestar también se ven afectados. Finalmente. Un aspecto no menos importante lo constituye la vulneración de derechos y riesgos de trata y violencia de género.
Otro de los efectos ha sido la presión sobre las instituciones públicas, particularmente en los sistemas de salud, educación, vivienda y protección social. Se reporta el desbordamiento de la demanda en estos servicios. Asimismo, los autores, advierten que las administraciones locales han asumido altos costos fiscales para la atención humanitaria de la población migrante, sin contar siempre con el respaldo suficiente del gobierno central. Estas condiciones han provocado tensiones sociales, resentimientos y percepciones de amenaza que alimentan discursos xenófobos.
En este contexto, se habla de dinámicas de segregación y precarización urbanística que agravan la exclusión territorial y social. También, la inmigración ha coincidido con el ingreso de actores criminales al territorio colombiano. Las mujeres migrantes, en particular, enfrentan riesgos específicos de violencia y explotación.
Discusión
El análisis comparado permite identificar diferencias sustantivas en las trayectorias migratorias y en las respuestas estatales frente a la migración venezolana en México y Colombia. Aunque ambos países se insertan en los circuitos migratorios regionales como territorios de recepción y tránsito, los patrones de movilidad, las condiciones de integración y los marcos institucionales muestran contrastes significativos.
En Colombia, la migración venezolana se ha configurado principalmente como un fenómeno de asentamiento masivo y prolongado, favorecido por la cercanía geográfica, los vínculos históricos y la implementación de mecanismos de regularización como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Estas medidas han permitido, al menos de manera formal, el acceso a servicios básicos, educación y empleo, aunque persisten altos niveles de informalidad laboral y precariedad habitacional (Pineda & Ávila, 2019; Pelacani & Moreno, 2023).
En contraste, en México predomina un modelo de gestión migratoria centrado en la contención, el control y la externalización de fronteras, lo que convierte al país en un espacio de tránsito prolongado más que de integración. La población venezolana se inserta en un contexto marcado por políticas ambiguas, procesos administrativos lentos y una fuerte presión internacional, particularmente por parte de Estados Unidos, que limita el desarrollo de estrategias integrales de acogida (Chelius, 2021; Cárdenas-Alaminos, 2023).
Estas diferencias evidencian dos formas distintas de transnacionalidad. Mientras en Colombia se observa una transnacionalidad de asentamiento, en la que los migrantes reconstruyen vínculos económicos, familiares y sociales a mediano plazo, en México predomina una transnacionalidad suspendida, caracterizada por la incertidumbre, la espera y la movilidad forzada. En este último caso, la imposibilidad de definir el destino final prolonga las condiciones de vulnerabilidad y expone a las personas migrantes a riesgos asociados a la violencia, la explotación laboral y la discriminación (Fernández-Ortega et al., 2023; Ramírez & Herrera, 2025).
La comparación también permite comprender cómo los discursos públicos influyen en la experiencia migratoria. En Colombia, pese al aumento de expresiones xenófobas, se ha promovido una narrativa institucional orientada a la integración y la regularización. En México, por el contrario, el discurso oscila entre la victimización y la criminalización del migrante, lo que legitima prácticas de control que profundizan la exclusión social y jurídica (Pirker, 2022; Ortiz, 2025).
En suma, el caso venezolano revela que la migración transnacional no puede entenderse únicamente desde los factores de expulsión, sino también desde las estructuras de recepción y gestión migratoria de los países involucrados. México y Colombia representan modelos contrastantes que condicionan de manera diferenciada las trayectorias, oportunidades y riesgos de la población migrante, lo que subraya la necesidad de políticas regionales coordinadas con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad.
La revisión efectuada discute principalmente los factores de expulsión de México y de Venezuela, en donde los autores coinciden en señalar la crisis económica como la principal causa, siendo la pobreza extrema en México un problema estructural (Gandini et al., 2020) y probablemente un desequilibrio coyuntural en Venezuela (Pineda y Ávila, 2019; Pineda et al., 2024). Además, también concuerdan en la violencia como factor determinante en los desplazamientos hacia otros países (Meneses-Reyes, 2024; Moyano-Buitrago, 2021).
En relación con los factores de elección del destino migratorio, en México se manifiesta la incapacidad estructural del Estado para implementar una solución integral para el fenómeno de la migración (Sánchez, 2019), lo que difiere del caso de Colombia donde la elección de este país como destino de migrantes está determinada por la cercanía territorial y las posibilidades de legalizar la situación de migrante a mediano plazo (Pineda y Ávila 2019; Durán et al., 2024).
Finalmente, se discuten los efectos de la migración tanto en México como en Colombia, aspecto en que los autores coinciden en las consecuencias negativas del fenómeno migratorio como la precarización de los sistemas públicos de salud (Ramírez y Herrera, 2025; Mejía-Trujillo et al., 2023) incremento de la actividad delictiva e inseguridad (Ortega de Mora & García, 2023; Henao & Perilla, 2024) y la disminución de ofertas laborales dignas (García et al., 2025; Obando Arias et al., 2022).
Entre las limitaciones de este estudio destacan la inaccesibilidad a fuentes primarias oficiales sobre migración, lo que obliga a consultar fuentes secundarias, así como el sesgo normal que puedan presentar algunas fuentes citadas. Para futuros estudios y líneas de trabajo se recomienda, por una parte, la activación de organizaciones no gubernamentales que puedan recolectar datos primarios en las fronteras y sitios de asentamiento de migrantes, para obtener así datos más objetivos y acordes con la realidad del fenómeno migratorio, y por otra parte, se sugiere la extensión del estudio no solo a México y Colombia, sino a toda Latinoamérica.
Conclusiones
El fenómeno migratorio en América Latina, y en particular México y Colombia, se ha consolidado como un desafío estructural que desborda los marcos tradicionales de análisis. A lo largo del artículo se ha evidenciado que, si bien las causas de la migración suelen estar asociadas a violencias, desigualdades estructurales y contextos de vulnerabilidad, las respuestas estatales siguen siendo fragmentadas, reactivas y, en muchos casos, insuficientes para garantizar los derechos de las personas en movilidad.
En el caso mexicano, se observa una combinación de políticas de contención, discursos ambivalentes y marcos normativos que, aunque reconocen ciertos derechos, no logran traducirse en una protección efectiva. La falta de coordinación interinstitucional, la limitada infraestructura de servicios y las tensiones entre seguridad y derechos humanos configuran un entorno hostil para quienes migran, en particular para mujeres, niños, personas indígenas y comunidades racializadas, quienes enfrentan barreras adicionales de acceso y reconocimiento.
En Colombia existe un escenario donde coexisten avances institucionales significativos y persistentes desafíos sociales. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos ha sido reconocido como una medida progresiva, al permitir regularizar la situación de millones de personas y facilitar su acceso a servicios de salud, educación y empleo; no obstante estas políticas coexisten con altos niveles de informalidad laboral, precariedad habitacional y creciente xenofobia.
Ambos países comparten la urgencia de transitar hacia modelos de atención e inclusión que reconozcan la diversidad de trayectorias migratorias, incorporen enfoques interseccionales y pongan en el centro la dignidad humana. El papel de las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación y la cooperación internacional es crucial para acompañar, visibilizar y defender los derechos de las personas migrantes. Solo a través de una acción articulada, crítica y comprometida será posible avanzar hacia sociedades más equitativas, incluyentes y respetuosas de la movilidad humana como un derecho, no como una amenaza.
