1. Introducción

En la última década, las políticas públicas han experimentado transformaciones significativas, posicionando la inclusión de personas con discapacidad como eje central en las agendas gubernamentales. Los debates actuales enfatizan aspectos cruciales como el acceso equitativo al empleo, educación de calidad, servicios de salud especializados y participación ciudadana activa. La gestión pública emerge como catalizador fundamental para edificar una sociedad verdaderamente inclusiva, donde la diversidad se celebre y se garanticen oportunidades equitativas para cada individuo, sin que sus capacidades funcionales representen una barrera para su desarrollo integral (^{Waissbluth, 2021}).

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece una definición integral que reconoce como personas con discapacidad a quienes presentan condiciones mentales, físicas, sensoriales o intelectuales permanentes. Estas características, al interaccionar con diversos obstáculos sociales, arquitectónicos y actitudinales, limitan su capacidad para participar plenamente en la vida comunitaria y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población (^{Dawson, 2021a)}.

Al respecto, los datos aportados por la Comisión Europea (^{CE, 2023}): son preocupantes el (28,4%) de las personas con discapacidad están en pobreza (29,4%) poseen un título universitario (52%) se sienten discriminadas, y solo un (50%) tienen un empleo digno, estas circunstancias les dificulta lograr sus metas individuales. En este sentido, la Unión Europea y los estados miembros se han comprometido a solucionar esta problemática.

Igualmente, el ^{Dawson (2021b)}: estima que en Latinoamérica y el Caribe aproximadamente un 15% de personas padecen alguna discapacidad, quienes tienen mayor dificultad para acceder a la educación, salud, empleo, sufren discriminación, además sus condiciones de salud generan gastos adicionales como comprar medicinas, cumplir tratamiento, pagar transporte privado, dietas especiales, dispositivos tecnológicos de apoyo, adecuaciones en la vivienda y cuidado profesional.

En este sentido, ^{García (2019a)}: señala que en México las personas con discapacidad representan el 6% de la población; reconociendo que un (25%) sufren discriminación, principalmente en el transporte público y al solicitar un servicio de salud, el (40%) no han podido acceder a un salario para satisfacer sus necesidades básicas, sin embargo, los hombres entre 30 a 59 años reflejan un menor rechazo por su condición en su trabajo.

En Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (^{CONADIS, 2023}): destaca que 471.205 personas presentan alguna discapacidad, donde el 43,9% son mujeres, un 56,1% hombres y un 0,01% pertenecen al grupo LGBTI, además un 70% son físicas e intelectuales, 30% distribuidas en auditivas, visuales o psicosociales, 60% es mayor a 35 años.

El ^{Coba (2022)}: señala que en Ecuador el 31% de este grupo poblacional vive en pobreza. Por su parte, la Subsecretaría de Discapacidades (2023) ha entregado bonos a 41000 personas que poseen una discapacidad severa, así como transferencias económicas a 351 organizaciones sociales que atienden a personas discapacitadas. Sin embargo, estas acciones no son suficientes para atender esta problemática social.

La investigación se sustenta en marcos teóricos fundamentales, destacando la Nueva Gestión Pública (NGP) como paradigma central. Este modelo administrativo incorpora principios económicos y gerenciales en la administración gubernamental, priorizando la eficiencia operativa y la optimización en la entrega de servicios públicos. No obstante, su implementación enfrenta desafíos significativos, ya que sus postulados teóricos frecuentemente no logran responder adecuadamente a las necesidades específicas y complejas de la población, creando una brecha entre las expectativas ciudadanas y las soluciones institucionales ofrecidas (^{Loza-Torres, Ortega-Haro y Manzano-Fernández, 2022}).

La Teoría de la Elección Pública ofrece un marco analítico que examina cómo diversos elementos sociales impactan en las decisiones financieras estatales y la distribución presupuestaria, enfatizando el rol del Estado como garante de políticas integradoras que minimicen vulnerabilidades económicas. Complementariamente, la Teoría de la Ventana de Oportunidad propone un modelo dinámico para la transformación administrativa, articulando tres corrientes fundamentales: la identificación precisa de problemáticas sociales, el desarrollo de alternativas políticas viables y la configuración estratégica del entorno político para implementar cambios efectivos.

La transformación efectiva de paradigmas en las políticas públicas demanda una reestructuración institucional profunda y sistemática. Este proceso requiere un análisis meticuloso para identificar con precisión las áreas específicas que necesitan modificación y determinar la naturaleza exacta de los cambios necesarios en cada nivel organizacional, garantizando así una implementación coherente y sostenible de las nuevas políticas (Chaqués y Palau, 2009); (Lopez, 2016); citados por (^{Adrianzén, Carranza, Barrantes y Bravo, 2022}a).

La evolución conceptual de la Teoría de la Discapacidad refleja una transformación paradigmática significativa, transitando desde modelos puramente asistenciales hacia un enfoque fundamentado en derechos humanos fundamentales. Esta transición no ha sido lineal ni uniforme, sino que se caracteriza por la coexistencia de múltiples perspectivas teóricas que, aunque comparten elementos comunes en su comprensión de la discapacidad, aportan matices únicos desde diferentes dimensiones históricas, filosóficas y sociales, enriqueciendo así la comprensión holística del fenómeno.

La comprensión de la discapacidad ha evolucionado desde un paradigma tradicional que la consideraba un problema individual, pasando por un enfoque de rehabilitación después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el actual paradigma de derechos humanos que enfatiza la inclusión, vida independiente y no discriminación, promoviendo acciones para eliminar barreras sociales (^{Rosas y Sancho, 2021}).

El enfoque de derechos humanos emerge como marco fundamental al abordar la discapacidad, priorizando la interrelación dinámica entre las características individuales de cada persona y su entorno sociocultural. Esta perspectiva reconoce que el impacto de la discapacidad no se limita al individuo, sino que se configura a través de complejas interacciones con el ambiente físico y social, afectando tanto al núcleo familiar como al tejido social en su conjunto.

Este análisis no solo identifica las brechas existentes, sino que también resalta oportunidades específicas para mejorar la eficacia de las políticas y programas actuales y para desarrollar nuevas estrategias que fomenten el bienestar social y la inclusión de personas con discapacidad. A partir de esto, se plantea la pregunta: ¿existe una gestión pública adecuada dirigida a personas con discapacidad funcional?. Y como objetivo principal, se establece analizar la gestión pública de discapacidad funcional desde un enfoque de diversidad e inclusión.

2. Metodología (Materiales y métodos)

Este desarrollo es enfoque cualitativo, y su tipo de investigación es documental y descriptiva, para ^{Hernández-Sampieri y Mendoza (2018)}: la investigación documental consiste en buscar, recuperar, analizar, reflexionar e interpretar datos secundarios, donde se analiza la gestión pública dirigida a personas con discapacidad. También descriptiva, se refiere a caracterizar un fenómeno, hecho, grupo o individuo para establecer su estructura y/o comportamiento, ya que estos grupos minoritarios experimentan muchas dificultades en su entorno físico, social y político.

Además, está enmarcada en una revisión sistemática (RS), de la información registrada por otros investigadores en fuentes digitales (documentos, libros, revistas científicas, y repositorios universitarios) aplicando un método transparente verificando la lista PRISMA 2020 para identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar los estudios (^{Haddaway, Page, Pritchard y McGuinness, 2022}): sobre la gestión pública de discapacidad funcional en Latinoamérica.

A continuación, se describen los procedimientos básicos realizados durante la RS para asegurar que los hallazgos se describan detalladamente: formular el objetivo general este proceso permitió tener una visión general del tema, seleccionar los artículos científicos obtenidos en las bases de datos: Dialnet, Scopus, Google Académico y SciELO, bajo los términos: discapacidad, gestión pública, diversidad e inclusión. El período de tiempo comprende desde 2017 hasta 2024.

Se identificaron inicialmente 75 artículos, de los cuales 56 cumplían con los criterios de inclusión (años establecidos, artículos científicos, tesis y metaanálisis en español o inglés). Posteriormente, se excluyeron 24 estudios por diversas razones, quedando una muestra final de 30 investigaciones. La Figura 1 muestra el proceso de selección de los estudios.

Fuente: Los Autores (2024).

Figura 1 Selección de fuentes bibliográficas. 

3. Resultados

En esta fase, se proporciona una interpretación de los hallazgos sobre la gestión pública en la discapacidad en el contexto latinoamericano. La Tabla 1 evidencia las cifras estadísticas por países.

Se puede observar que los países con más estudios sobre la problemática estudiada fueron Ecuador (30%), Colombia y Chile (17%) respectivamente. Además, en la Tabla 2 se especifica los aspectos evaluados en las investigaciones seleccionadas.

Se visualiza que los aspectos evaluados fueron 27% gestión pública, 7% derechos, 23% educación inclusiva, 3% transporte, 27% empleo, 7% apoyo económico y 7% salud.

Respecto a la gestión pública abarca procesos, acciones y decisiones implementadas por las autoridades gubernamentales para satisfacer las necesidades de la sociedad, comprende la planificación, formulación, ejecución y evaluación, buscando siempre el bienestar común y cumplir los objetivos establecidos por el Estado (^{Barragán, 2022}); cuando se lleva a cabo en forma apropiada se convierte en un agente del progreso de las comunidades a su cargo (^{Céspedes y Delgado 2022}).

Segun, ^{Chacha, Sánchez, Quimiz y Llamuca (2023)}: la gestión pública comprende procesos articulados el cual establece una mayor organización en las entidades gubernamentales a favor de sus ciudadanos. Igualmente, ^{Adrianzén, Carranza, Barrantes y Bravo (2022b)}: señalan que implica administrar los recursos en forma eficiente y transparente, involucrando a los ciudadanos permitiendo construir las bases para un estado más inclusivo y orientado hacia la calidad del servicio.

Entre las características de una gestión pública eficiente pueden mencionarse: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, ya que aseguran que las acciones gubernamentales se realicen con ética y en beneficio del interés público. La participación ciudadana no solo promueve la inclusión y la diversidad de perspectivas, sino que también empodera a la comunidad al permitir que sus voces influyan en la dirección de las políticas públicas (^{Bolívar y García, 2014}).

Además, la planificación estratégica facilita la asignación eficiente de recursos, priorizar necesidades y optimizar resultados, contribuyendo así al desarrollo sostenible y lograr los objetivos, así como flexibilidad e innovación para anticipar y abordar las transformaciones sociales (^{Zambrano, 2006}).

En Venezuela, ^{Ferrer y Oberto (2020)}: rotulan la importancia de establecer un trabajo institucional coordinado que permita asumir acciones, y se incluyan a otros actores sociales, puesto que la discriminación hacia esta comunidad se encuentra arraigada en la cultura de las personas. Entre las principales entidades gubernamentales responsables de coordinar la atención a las personas con discapacidad en Latinoamérica están la presidencia ejecutiva, ministerios de desarrollo social, y otras carteras (^{Maldonado y Martínez, 2017}).

Referente a los derechos ^{Ullmann (2017)}: sostiene que existe un importante respaldo en el marco jurídico internacional, regional y nacional, permitiendo establecer una visión holística e integral sobre la discapacidad. La gestión pública abarca diversos aspectos, desde formular políticas inclusivas hasta ejecutar programas para garantizar la igualdad de oportunidades y plena participación de las personas con discapacidad (^{Cayo y Lorenzo, 2022}).

Es necesario tomar conciencia que gobernar hace referencia a intervenciones dirigidas a seres humanos que tienen derecho al empleo, alimentación, educación, seguridad, salud, vivienda, movilidad, entre otros basado en el bienestar equidad e igualdad.

En relación con la inclusión educativa los datos aportados por ^{Meléndez (2019)}: revelan que casi todos los países latinoamericanos tienen desafíos significativos que superar para convertirla en una realidad. No solo requieren instrumentos jurídicos vigentes para garantizar sus derechos a escolarizarse, especialmente a niños y adolescentes, sino también se requiere diseñar programas integrales, lograr una coordinación efectiva de organizaciones no gubernamentales para implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas.

Estas tendencias nacionales e internacionales influencian las prácticas inclusivas, al respecto, deben implementarse evaluaciones estandarizadas en educación (^{Larrazabal-Bustamante, Palacios-Ruiz y Berwart-Olave, 2023}). Hay que destacar un crecimiento en la matrícula de estudiantes ecuatorianos con discapacidad en escuelas regulares y una mejora en el desempeño académico (^{Carrasco, 2024}).

En Colombia, ^{Bolaños (2022a)}: menciona que la gestión pública con relación a la discapacidad debe integrar programas formativos para sensibilizar la población en general para promover la inclusión y combatir la discriminación. Tal acción permitirá que la misma sociedad sea la encargada de preocuparse por cumplir las directrices planteadas para cubrir las demandas de quienes presentan alguna clase de discapacidad, fomentando la construcción de un Estado diverso e inclusivo, donde nadie sea discriminado debido a su condición diferencial (^{Cornejo, Bazante, Vasquez y Tarqui, 2024}).

En conformidad con ^{Salcedo (2024)}: se encontró en sus hallazgos una significativa reducción en diversos aspectos negativos: la discriminación, las inequidades y la desigualdad tanto social como educativa que afectan a las personas con discapacidad. El estudio también destaca una mayor promoción y comprensión de la diversidad, señalando que la formación docente en inclusión constituye un instrumento estratégico fundamental para la creación de ambientes de aprendizaje inclusivos y equitativos (^{Rojo-Ramos, Mañanas-Iglesias, Galán-Arroyo y Barrios-Fernández, 2023}).

En función del transporte, la gestión pública también se manifiesta en crear infraestructuras accesibles y servicios adaptados que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse de manera autónoma. Desde la accesibilidad física hasta implementar servicios de transporte inclusivos al eliminar barreras que obstaculizan su participación plena en la vida cotidiana (^{Bolaños, 2022b}).

Respecto al empleo los resultados reflejan un marco legal para la inserción laboral de las personas con discapacidad. No obstante, el desempleo, la pobreza, desigualdad, escasas oportunidades y afectación de sus derechos (^{Paz-Maldonado y Silva-Peña, 2020}). Mientras que, ^{Ramos, Morales y Fierro (2021)}: argumentan que las políticas públicas emitidas por el Estado ecuatoriano no cumplen a cabalidad con estas normas internacionales.

Sin embargo, ^{Pico y Torres (2017)}: demostraron que la accesibilidad física, señalización y comunicación en ciertas compañías privadas manifiestan su preocupación para lograr incluir este grupo minoritario. Cabe resaltar, que el sector privado venezolano oferta un mayor número de plazas que las instituciones gubernamentales (^{Poma-Copa, Torres-Alta y Carrera-Oña, 2019}).

En este contexto, la implementación efectiva de leyes y políticas destinadas a proteger los derechos de las personas con discapacidad se convierte en un indicador clave de una gestión pública comprometida. Los marcos legales y políticos vigentes que abordan las necesidades particulares especialmente el empleo de este grupo poblacional reflejan la voluntad gubernamental de crear un entorno inclusivo y equitativo (^{Berruezo y Álvarez, 2018}).

La presencia de este colectivo es escasa en la función pública chilena, por lo tanto, se debe reflexionar sobre su responsabilidad en la promoción y el respeto a la diversidad funcional (^{Egaña, Fuenzalida, Soto, Doña, Vergara y Meneses, 2021}). ya que son insuficientes las respuestas que el Estado ha dado a la ciudadanía en relación con sus demandas, además los estándares son inferiores a los exigidos en bienes y servicios públicos.

Sobre este tema, ^{Samaniego, Moreno, Campuzano y Valenzuela (2024)}: plantean que desde la educación se debe trabajar para que las personas puedan prepararse para el ámbito profesional y superar aquellas barreras que aún están latentes sobre discapacidad en la sociedad. Además, el Estado en coordinación con entidades vinculadas a la regulación del ámbito laboral deben establecer mecanismos para que las personas sin importar su condición puedan tener acceso a un trabajo digno, que no vulnere sus derechos y que les permita costear sus gastos, que incluyen aspectos como la movilidad, salud, alimentación especializada, y otro acorde a su discapacidad.

En España, ^{García-Carbonell y Cerdan-Chiscano (2023)}: manifiestan que la gestión de la diversidad es un aspecto clave de éxito al reconocer e integrar las diferencias de los empleados, esto es muy relevante para que las organizaciones tomen consciencia de la necesidad de mejorar su capacidad en este ámbito.

El desarrollo de iniciativas gubernamentales de respaldo económico constituye un pilar fundamental para fortalecer la autonomía financiera de las personas con discapacidad. Estas medidas incluyen la implementación estratégica de subsidios específicos y exenciones tributarias que facilitan su incorporación al mercado laboral (^{Taruchaín-Pozo, Hidalgo-Vásconez, Silva-Jiménez, Márquez-Altamirano y Molina-Quinteros, 2021}). Un caso ejemplar se encuentra en Paraguay, donde se ha establecido un sistema de transferencias monetarias directas para familias que cuidan a miembros con discapacidades severas, demostrando el impacto positivo de políticas públicas focalizadas en el bienestar integral de este grupo poblacional (^{Rico y Robles, 2017}).

En salud, ^{García-Mogollón y Malagón-Sáenz (2021)}: indican que una asignación eficiente del gasto público es fundamental para reducir las inequidades, ademas se debe implementar un modelo de atención centrado en las personas y comunidades, esto requiere aumentar los recursos humanos, financieros y tecnologicos. Especificamente en colombia, ^{Henao-Lema y Arcos-Rodríguez (2020)}: en su trabajo sobre discapacidad y determinantes sociales de la salud, evidencian que existe relación entre el estrato socieconómico y el consumo de medicamentos, donde pertenecer a una clase social alta facilita adquirir medicinas para cumplir tratamientos.

Este analisis evidencia el interés de los diferentes paises estudiados por equiparar las oportunidades de las personas discapacitadas que historicamente han sido excluidos de la vida social, cultural, económica y política. Sin embargo queda mucho para generar una concepción más inclusiva para con este grupo minoritario.

4. Conclusiones

Los hallazgos de esta investigación revelan la compleja interacción entre la gestión pública y la inclusión de personas con discapacidad en Latinoamérica, destacando tanto avances significativos como desafíos persistentes. El análisis sistemático de 30 artículos científicos permitió identificar patrones y tendencias relevantes en la implementación de políticas públicas orientadas a este grupo poblacional.

La investigación destaca la evolución del marco normativo en los países estudiados, que ha transitado desde un enfoque asistencialista hacia uno basado en derechos humanos. Sin embargo, la brecha entre la legislación y su implementación efectiva continúa siendo un desafío importante, particularmente en áreas como el acceso al empleo, donde solo el 50% de las personas con discapacidad logran obtener trabajo formal.

Los resultados evidencian que las políticas públicas más efectivas son aquellas que adoptan un enfoque intersectorial, coordinando esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad. Este hallazgo tiene importantes implicaciones prácticas para el diseño de futuras intervenciones gubernamentales, sugiriendo la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Una limitación importante del estudio fue la heterogeneidad en la disponibilidad y calidad de datos sobre discapacidad entre los países analizados, lo que dificulta establecer comparaciones directas. Además, la mayoría de los estudios revisados se concentran en áreas urbanas, dejando un vacío de conocimiento sobre la situación en zonas rurales.

Para investigaciones futuras, se recomienda profundizar en el análisis de indicadores de impacto de las políticas públicas, así como en el estudio de experiencias exitosas de inclusión laboral y educativa que puedan ser replicadas. También se sugiere explorar el papel de las nuevas tecnologías en la promoción de la inclusión social de personas con discapacidad.

Finalmente, los resultados subrayan la urgente necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de discapacidad, así como de incrementar la participación directa de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones que les afectan. Solo a través de un compromiso sostenido con la inclusión y la equidad podremos construir sociedades verdaderamente accesibles para todos.