Antecedentes de la educación universitaria en el Perú y Latinoamérica.

Definitivamente, el siglo XX marcó cambios en las condiciones educativas de la República del Perú. Las primeras cuatro décadas de este siglo son el inicio del proceso de desarrollo social en todos los ámbitos de su espacio sociocultural. Surgieron importantes instituciones públicas y privadas, así como organizaciones públicas, incluidas sociedades culturales y organizaciones estudiantiles. A partir de la necesidad del Perú de competir con otros países de la región que han avanzado en ciencia, tecnología y especialmente en política educativa, nació un nuevo concepto de Estado.

La influencia del movimiento universitario de Córdoba, de acuerdo con Guadalupe en (^{Marsiske & Vera de Flachs, 2018}), permitió dos décadas después, a partir de la década del 40 y 50, que existiera un cambio significativo en la cultura y educación peruana. Esto ocurrió, no por voluntad de los gobernantes sino porque las condiciones internacionales exigían otros compromisos, estructuras productivas y sociales para consolidar al Perú como país. Por ello, es importante combinar ciencia, tecnología y estándares educativos, comprensión lectora, matemáticas y otras fortalezas peruanas para crear una gran organización con un alto grado de aceptación para la convivencia con organismos nacionales e internacionales.

Por otro lado; ^{Velásquez (2016)}, en su obra Supervivencia y Creatividad de la Universidad Peruana resume lo siguiente:

El nacimiento universitario, desde luego, no respondió a la aspiración de sus pueblos. Tampoco al esfuerzo de quienes creyeron que fundaban un centro de estudios capaz de liderar el destino de sus regiones, por el aporte y el conocimiento generador de cambios; sin embargo, a medida que avanza, tiene frutos en sus egresados. Se van creando condiciones internas que posteriormente cuestionan su esencia. (p. 85)

El involucramiento de las universidades públicas, encabezadas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y otros importantes centros de investigación provinciales en el sector popular, ha convertido a estas instituciones en un importante caldo de cultivo para la nueva democracia del país. A pesar de los limitados recursos del país, se han creado alianzas, convenios e incluido la cooperación internacional, que complementan las ventajas creadas por las instituciones de educación superior y aseguran a las universidades progresistas un lugar en la vida del país.

La brecha social y educativa en el Perú

La evidencia muestra que la probabilidad de pobreza económica está inversamente relacionada con el nivel de educación de una persona (^{Yamada & Castro, 2006}), estiman que en 1985 las personas con educación universitaria tenían un 15% de posibilidades de experimentar pobreza económica, en comparación con el 28% de quienes solo tenían educación secundaria, y el 63% de quienes no tenían educación secundaria. Al respecto, las estimaciones de probabilidad de pobreza monetaria basadas en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2005 y 2012 revelaron que, de manera similar a los resultados de 1985, la educación superior redujo significativamente las dificultades económicas.

Elaboración: Información tomada del Ministerio de Educación

Figura 1 Probabilidad de ser pobre según el ingreso monetario. 

En particular, los graduados universitarios tenían un 14 por ciento de posibilidades de volverse pobres en 2005; en 2012, la probabilidad era del 3 por ciento. Con base en esta evidencia, se puede concluir que la educación en general, y la educación superior en particular, garantizan la movilidad social vertical, la cual está directamente relacionada con los ingresos y la riqueza de una persona acumulada en el tiempo (^{Villa, 2016}).

Además, como argumenta (^{Mungaray, 2001}), formarse no solo es bueno para la persona, sino también para su entorno. La finalización de la educación superior también puede llevar a una persona a buscar un empleo formal. Por lo tanto, como señaló (^{Beltrán et al., 2020}), permiten el uso de mecanismos de seguros y crédito bancario. Además, la principal forma en que las personas pueden escapar de la pobreza es directamente a través del trabajo: la reducción de la pobreza no es posible sin crear oportunidades de inversión, creación de empleo y medios de vida sostenibles en la economía (^{OIT, 2005}).

La evidencia muestra que la probabilidad de pobreza económica está directamente relacionada con el nivel de educación de una persona (^{Yamada & Castro, 2006}), estiman que en 1985 las personas con educación universitaria tenían un 15% de posibilidades de experimentar pobreza económica, en comparación con el 28% de quienes solo tenían educación secundaria y el 63% de quienes no tenían educación secundaria. Al respecto, las estimaciones de probabilidad de pobreza monetaria basadas en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2005 y 2012 revelaron que, de manera similar a los resultados de 1985, la educación superior redujo significativamente el número de personas económicamente pobres.

Aspectos económicos en la educación superior universitaria

El costo de la educación superior para las familias incluye no solo los costos directos de matrícula, libros, viajes y comidas personales, sino también los costos indirectos, correspondientes al costo de oportunidad del tiempo de estudio. Con esta estructura de costos, la educación superior se ve como una forma eficiente de inversión pública porque los individuos no pueden cubrir la inversión privada en la prestación de servicios educativos a la sociedad debido a la asignación de fondos públicos entre costos e ingresos (^{Beltrán et al. 2020}).

En este sentido, la educación superior es una actividad bien competitiva en un mercado eficiente con exclusividad y divisibilidad, y como bien público es un bien no competitivo, el consumo no reduce el consumo de otro bien; es un bien no exclusivo e indivisible porque no se puede vender individualmente. Por lo tanto, la educación superior puede verse como una forma eficaz de inversión pública, ya que aumenta los beneficios privados para quienes invierten en la generación de capital humano, creando un efecto indirecto positivo para las empresas y las personas, al tiempo que reduce los retrasos y la incertidumbre. Capacidad para proporcionar oportunidades de formación personalizadas.

Elaboración: Información tomada de ^{SUNEDU (2018)}.

Figura 2 Gasto educativo y demanda de educación superior. 

La Figura 2, muestra que, si la educación superior es eficiente en el sentido de Pareto, no afecta la distribución de otros agentes y sectores debido a su distribución; si el costo es nulo o muy bajo, se estimula un nuevo aumento de atracción de Qo a Q*. El retorno de la inversión y obra pública será de Qo a bQ* porque es el área bajo la curva de demanda. En este caso, el beneficio será mayor que el costo, que es Qo cb Q* porque es el área bajo la curva de oferta, el beneficio neto será: a+b+c.

Este enfoque muestra que los índices de eficiencia óptimos de Pareto, como los observados en Qo, pueden modificarse mediante la asignación de recursos adicionales que aumentan la captación. Sin embargo, para que el nuevo nivel de Q* sea neopareto-óptimo, se debe establecer la necesidad de una prueba de compensación, que determina si una política tiene el potencial de mejorar el bienestar de alguien sin mejorar el de otros. considerado por bienestar social. Esto se puede gestionar si, a través de nuevas inversiones y asignaciones, los ganadores de la educación superior pueden compensar a los perdedores y seguir disfrutando de los beneficios privados de la educación.

Además, suponiendo que las personas tomen la decisión de continuar su educación en función de los beneficios económicos que ven hoy, sus expectativas de beneficios disminuirán con el tiempo a medida que aumente la satisfacción laboral, lo que los empujará a tomar las mismas decisiones que los demás. Se reducirán los salarios. La investigación empírica relacionada muestra que, en primer lugar, el crecimiento de la educación gratuita reduce la necesidad de educación superior y facilita la toma de decisiones educativas. Sin embargo, con el desarrollo limitado de oportunidades educativas y las señales del mercado de beneficios futuros negativos, las decisiones educativas estarán más estrechamente relacionadas con el nivel educativo y la situación económica de los padres, lo que enfatiza la necesidad de un tipo diferente de educación. Candidatos a la educación superior según su rendimiento académico, origen social y expectativas (^{San Segundo y Petrongolo, 2000}).

Inversión en la educación superior en el Perú

Después de la aprobación de la Ley de Presupuesto, si bien la participación en el sector educación ha caído de 18,4% a 17,5%, el monto actualmente destinado a soles ha aumentado 4,8% desde 2018; es decir, ha pasado de S/ 26 178 millones a S/27 430 millones. En otro escenario, este aumento significa más financiamiento para el sector, pero dado el compromiso actual de aumentar los salarios de los maestros de educación primaria, nos preguntamos si el monto del proyecto de ley será suficiente.

Por un lado, el presupuesto de educación aumentará en 1251 millones de soles, por otro lado, se necesitarán 1360 millones de soles para aumentar los salarios de los maestros. Una simple resta muestra que el sector educativo en realidad ganará S/ 108 millones menos el próximo año que este año. Este recorte presupuestario significa que se recortarán algunas especificaciones o programas, lo cual es preocupante si se considera la demanda adicional de educación superior en el año fiscal 2018. Este análisis del sistema supone que no se deben hacer otros recortes presupuestarios para llenar los vacíos existentes, ya que la mala gestión puede causar molestias a otros departamentos.

Por otra parte, cabe recordar que los profesores universitarios exigen que los salarios de los profesores se coordinen con los secretarios judiciales. La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú - FENDUP organizó un paro de 72 horas los días 5, 6 y 7 de septiembre que fue suspendido luego de que la ministra Martens acordara conformar una mesa de trabajo para investigar sus reclamos. Una de las solicitudes fue un aumento de salarios, lo que generó circunstancias no previstas en la propuesta de presupuesto de 2018 del MEF. El exviceministro de Educación, Flavio Figallo, señaló que se necesitan unos 600 millones de soles para equilibrar los salarios y proporcionar salarios de alta calidad para profesores de universidades estatales y salarios de alta calidad para universidades privadas, así como personal docente en derecho económico (^{Figallo, 2019}).

La educación como inversión para el cierre de las brechas sociales

Este punto de vista se generalizó a partir de la década del 60 del siglo pasado, como consecuencia de la formulación de la Teoría del Capital Humano por Teodoro Schultz, posteriormente desarrollado por Gary Becker, quien obtuvo el Premio Nobel por sus aportes en este campo (^{Cardona et al., 2007}). Aunque han sido duramente criticados por destacados escritores, incluso dentro de las ideologías neoclásicas, la teoría sigue disfrutando de la vida, particularmente en términos de sus implicaciones para la política educativa, y los debates resultantes ofrecen poco más. Los puntos originales eran más fuertes que los que presentó. Entre las principales consecuencias que la teoría prevé para la política educativa, caben mencionar las siguientes:

No debe obstaculizarse la libre elección de la profesión. Este aspecto se refiere a las limitaciones que existen en algunos países para que las personas escojan el tipo de educación y profesión, de acuerdo con su voluntad. Estas trabas se considerarían, entonces, una limitación de la libertad económica del individuo, de su posibilidad de tomar las decisiones que considere racionales acerca de la inversión de su capital y, por tanto, de la construcción de su visión de futuro. Este punto de vista supone un considerable impulso a la demanda. Por tanto, de la oferta educativa, que se traduciría en la promoción de la inversión en instituciones formadoras, sobre todo de capital privado. Al mismo tiempo, supone un desarrollo educativo en función de las necesidades individuales, y no de la estructura de la producción y los servicios (demanda económica), todo lo contario de lo planteado en las normas ya analizadas.

El planteamiento de ^{Schultz (1961)} es claro al respecto.

Existen numerosos obstáculos a la libre elección de la profesión. Las discriminaciones racial y religiosa están aún hoy muy extendidas. Las asociaciones profesionales y los cuerpos de gobierno impiden también un fácil acceso, por ejemplo, a la medicina. Esta interferencia intencionada mantiene a la inversión en esta forma de capital humano por debajo de su nivel óptimo (p. 15).

Deben mejorarse las condiciones de financiamiento de la educación, sobre todo en lo que acceso al crédito se refiere (garantías, intereses). No todas las personas disponen de los recursos para financiar una educación costosa, y si se presupone que existe una relación directa entre costo y calidad, para garantizar a todos los derechos a una educación excelente o buena, deben asegurarse las posibilidades de su financiamiento. Sobre la base de esa premisa, se han generado, en América Latina, importantes experiencias de crédito educativo, algunas privadas, otras estatales y otras privadas con subvención estatal. En casi todos los casos, los principales cuestionamientos al modelo han venido por el lado de las posibilidades de cancelación de la deuda, pues, en la práctica, no todos los egresados han logrado una ocupación que les permita el retorno de lo invertido.

Necesidades sociales de formación y derecho a la educación

Si bien los aspectos cuantitativos son importantes, existen elementos de fondo sobre los que es necesario reflexionar. El principal se refiere al derecho a la educación, que es uno de los principales derechos humanos. La visión tecnocrática de que la universidad es una proveedora de profesionales para las empresas o instituciones que los necesitan en determinada magnitud, no toma en consideración que la educación es un fin en sí mismo para el individuo, y que nadie tiene derecho a limitarle qué y cuánto estudiar, mucho menos cuando tiene recursos para solventarla y existen instituciones que están dispuestas a ofertárselas.

En una economía de mercado, el ejercicio pleno del derecho a la educación requiere como condiciones, un Estado que priorice a la educación en todos sus niveles y que cuente con los recursos reales para afrontar el reto, pero que, si no dispone de esos medios, tenga la sabiduría de encontrar, en la inversión privada, a un aliado estratégico, y no a un mal menor que debe padecerse, como lo consideran algunos.

La calidad debe estar en el centro de la atención de la política universitaria, pero ello no se logra prohibiendo que surjan nuevas instituciones, sino instituyendo y mejorando los mecanismos de evaluación y acreditación de los programas de formación. Debe considerarse que el mercado educativo es un mercado en el que, teniendo en cuenta algunas características particulares, deben cumplirse todas las reglas que lo promueven y regulan. En este sentido, los mecanismos de evaluación y acreditación que se implementen deben promover, tanto el derecho del consumidor a la calidad del servicio educativo, como la libre competencia.

No obstante, lo expuesto en los párrafos anteriores, debe tenerse en cuenta que, como se hace en varios aspectos de la Ley Universitaria, es lícito diferenciar entre instituciones públicas y privadas. En el caso de las primeras, dada la escasez de los recursos del Estado sí puede ser conveniente establecer determinadas prioridades para la formación, en concordancia con los planes de desarrollo económico y social. Sin embargo, en la esfera privada son los promotores de las universidades los que deben decidir cuáles son sus prioridades en el marco de las leyes, y su visión estratégica del desarrollo institucional.