Referencial teórico

Se presentan a (^{Silva et al. 2022}), hicieron una propuesta interesante de adaptación de la gestión del turismo en función a los cambios climáticos en destinos urbanos en un municipio de Oporto (Portugal), haciendo una prospectiva al 2050 basándose en tres ejes: soluciones energéticas alternativas para el transporte, mejor aprovechamiento del territorio brindando mayores opciones de infraestructura verde y, énfasis en el ordenamiento y planificación urbana como herramienta clave para la sostenibilidad de la propuesta.

Esta propuesta hace sinergia con la de (^{Nel-lo Andreu et al., 2021}), que, al igual que los autores anteriores, hicieron énfasis en la necesidad de ordenar no solamente el territorio que se ocupa durante los procesos de visita y aprovechamiento turística de un área costera mediterránea de Portugal, sino que indicaron la necesidad de contar con herramientas de gestión ambiental insertas como política obligatoria de desarrollo en la búsqueda de la preservación de los recursos de esas zonas, además de conservación de los paisajes y las rutas de acceso.

Al respecto, (^{Buffa et al. 2018}), realizó un estudio en una localidad alpina, en donde se partió de una caracterización de locaciones con potencial turístico dentro de la ciudad, a partir de la cual, el municipio realizó un manejo ambiental para fortalecer la actividad y darle un cariz sostenible con cadena de valor agregado a una extensión considerable de ciudadanos, determinando que cuando se articulan los esfuerzos de las necesidades sociales con el desarrollo de las políticas ambientales con visión sustentable se logran resultados interesantes.

En un visión más proactiva, (^{Rodrigues et al., 2021}), analizó la factibilidad de intervención del sistema de gestión ambiental en pequeños negocios impulsados por los gobiernos locales, como una estrategia de desarrollo que apuntó hacia la generación de actividades económicas sostenibles en Brasil. Dentro de los resultados se denota el cambio de actitudes en aspectos puntuales como disposición de los residuos urbanos y mejor aprovechamiento de los espacios como parte del ordenamiento territorial para la generación de mayores oportunidades a los ciudadanos de las áreas urbano-marginales.

En esa misma línea, (^{Garbaccio et al., 2021}), hicieron un análisis de los resultados de los procesos de ordenamiento territorial como principal eje de desarrollo local en el municipio brasileño de Montenegro en Río Grande do Sul. Pusieron en tapete las condiciones legales impuestas desde el gobierno central y la legitimidad del empoderamiento de la gestión ambiental local concluyendo que, si bien el ordenamiento territorial ha dado buenos resultados en la ocupación de los espacios, es necesario que las autoridades actúen estratégicamente para empoderar a las personas en un modelo de autogestión del territorio con una visión sustentable, sobre todo en los recursos en los cuales depende la producción sostenible alimentaria, como también lo propusieron (^{Nicollier et al., 2022}) y (^{Neumann & Hack, 2019}), al evaluar profundamente las fallas de la gobernanza municipal respecto a la gestión de los recursos hídricos en el territorio como elemento básico que fundamenta la riqueza y desarrollo de ese territorio.

Desde una perspectiva amplia latinoamericana, (^{Perpétuo et al., 2022}), hicieron un importante análisis del empleo de la diplomacia para el desarrollo sostenible en ciudades desde un proceso de gestión municipal. Si bien dentro de los resultados se ilustraron casos, el de la municipalidad de Campiñas, Brasil fue un modelo interesante en la cual convergieron las perspectivas de gobernanza y capacidad institucional para la generación de decisiones que contrarrestarían o mitigarían el cambio climático, como un sistema de resiliencia con un importante soporte social que garantiza la sostenibilidad del modelo local. Sin embargo, hubo muchos otros municipios analizados que se encuentran muy lejanos a un modelo similar a este ayuntamiento.

En Ecuador, (^{Barona et al., 2022}), destacaron la pobre planificación territorial de las ciudades y el agresivo incremento de la población que toma por asalto los espacios y los habita sin considerar ningún criterio técnico ni normativo. En ese sentido, estos autores destacan el ordenamiento en función a la visión urbana que se proyecta al futuro, en el marco de la contribución a la mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de riesgos de desastres naturales por los efectos del clima. Para ello consideraron que los gobiernos locales deberían elaborar agendas consensuadas y articuladas para una visión de desarrollo en conjunto en la visión integral del manejo territorial, la cual podría significar también un indicador interesante de medición de la calidad de vida ciudadana, como lo propusieron (^{Ochoa et al., 2022}) en ese mismo país.

Por su parte, (^{Silva & Mena, 2020}), hicieron una evaluación cuantitativa de factores riesgosos en gobiernos locales de Chile logrando diseñar un instrumento que favorece la gestión pública con enfoque ambiental en estos funcionarios, enfatizando en la planificación territorial, la gobernanza, cambio climático, condiciones de crecimiento económico y demográfica. Condiciones importantes pues, acorde con el planteamiento de (^{Poza-Vilches et al., 2020}), el problema de la poca gestión ambiental inserta en el planeamiento público, es que no se realiza los monitoreos ni la evaluación en función a los planes macro de los países y lo señalado por la ONU para el medioambiente. En este sentido, (^{Verdugo & Balseca, 2019}), identificaron indicadores ambientales vinculados para determinar sostenibilidad de una actividad económica en ciudades, además de la relevancia de la distribución de las áreas productivas en un enfoque de seguridad alimentaria que debería formar parte fundamental de las ciudades, como lo propusieron (^{Blay-Palmer et al., 2018}).

De este modo, en Ecuador, (^{Barrionuevo, 2016}), analizó la estrategia de promoción de toma de decisiones políticas en pro de la naturaleza en un entorno público como parte de las agendas ambientales en las ciudades, revelando las actividades que una municipalidad capitalina ha impuesto como medida estratégica para la generación de sostenibilidad, llegando a la conclusión que lamentablemente los políticos no incluyen esta temática de modo espontáneo sino que fluyen por dinámicas sociales externas e internas.

En esa misma perspectiva, (^{Estrada, 2016}), hizo un interesante análisis de los niveles de avance gerencial de los proyectos rescatando que si bien la mayoría de proyectos se sustentan en factores económicos, la planificación de la estrategia no solo debe abordar estos aspectos sino debería analizar claramente la gestión del valor integral, en donde debería situarse al aspecto ambiental como un aspecto básico en el logro del éxito de la gestión pública y el gerenciamiento de proyectos. Este enfoque también coincidió con (^{Mosquera, 2016}), cuando propuso la inserción del análisis ambiental como parte del aseguramiento de la calidad de los proyectos en las ciudades. Finalmente, una herramienta eficaz en este tipo de procesos de ordenamiento territorial consiste en la elaboración de mapas participativos, tal como hicieron (^{Sapkota, 2018}), en una municipalidad de Nepal, logrando identificar claramente las prioridades desde la perspectiva ciudadana, situación que es sumamente importante si se pretende implementar políticas ambientales dentro de las ciudades.

A partir de lo referido en los párrafos anteriores, se destaca los conceptos establecidos por (^{Born & Sonzogni, 1995}), quienes refieren que la gestión ambiental se define como un tipo especial de gerenciamiento y planeamiento del ecosistema enfocado hacia un proceso de regulación que garantice la sostenibilidad del proceso en el tiempo. Este concepto surge desde una connotación fuertemente conservacionista, que surgió en los 90’s como parte del movimiento “verde” en todo el planeta. En el discurrir del tiempo esta definición fue evolucionando, enriqueciéndose de elementos de gerenciamiento con visión moderna. Para inicio de este siglo, tanto (^{Steingard et al., 2004}) como (^{Zorpas, 2010}), exploraron nuevas acepciones basadas en tendencias naturales y económicas - sociales.

Con ello, la gestión ambiental se transformó en un concepto que tenía un componente desarrollista, con matices conservacionistas. De ese modo, la gestión ambiental se entendió como un sistema que consta de procesos definidos para desarrollar, informar, evaluar, monitorear, ejecutar e informar las políticas ambientales, teniendo como suprema finalidad brindar la garantía de un entorno saludable en los territorios (^{Martínez & Figueroa, 2013}). Por otra parte, desde una visión técnico-normativo, el ^{Ministerio del ambiente (2022)} comprende a la gestión ambiental como un sistema, el mismo que reúne normas, principios, políticas, procedimientos, instrumentos y técnicas a través de los cuales organiza competencias y funciones ambientales, puntualizadas en la respuesta al cambio climático, manejo de componentes abióticos y gestión de la biodiversidad en un territorio.

Acorde con (^{Born & Sonzogni, 1995}), se subdivide en cuatro dimensiones o componentes, los mismos que en términos declarativos son los siguientes: Dimensión 1: Planificación, que se deriva de la concepción de ‘Comprehensión” (derivado del inglés original: “Comprehensive”) y que se define en la capacidad de planeamiento y aplicación de políticas públicas que involucran a su vez, la adquisición del juicio valorativo para la toma de decisiones, con un gran contenido de ’inclusividad’. Dentro de los elementos constitutivos de la planificación es imprescindible considerar los elementos ecosistémicos de los ambientes naturales sin perder de vista a los grupos de interés y a las entidades involucradas en los procesos de rectoría normativa y regulatoria directa para articularlos en el proceso de gestión.

Por otra parte, la Dimensión 2: Interconexiones: que hace referencia a las nexos o asociaciones entre procesos químicos, biológicos y físicos de los recursos involucrados, así como también las relaciones entre las entidades que tienen la misma meta. En el proceso, esta dimensión hace uso de herramientas geográficas, sistemas informativos y bases de datos con miras hacia un enfoque evaluativo integrado.

La dimensión 3: Estrategia: que para el caso de esta variable se configura desde la visión de (^{Mitchell, 1983}), que estos autores toman como base para señalar a la estrategia como una actividad como un conjunto extremadamente complicado de interacciones y decisiones compensadas entre los grupos de interés y los representantes de las entidades públicas. En ese actuar, el enfoque estratégico reducido es el elegido como parte de la necesidad de enfocar específicamente los aspectos del planeamiento vinculados con la gestión ambiental adaptativa que busca anticipar las acciones políticas que conducen a decisiones institucionales que contribuyan a buenos resultados hacia la sociedad. Finalmente, para la Dimensión 4: Interacción y coordinación, sugiere que de qué manera las acciones deberían ser comprendidas para su ejecución.

Usualmente las entidades toman decisiones unilaterales y descoordinadas respecto a una misma situación, lo que conlleva a que las acciones no converjan en eventos que solucionen el problema que originaron estas dinámicas. En ese sentido, las interacciones se entienden como aquellas que se dan dentro de las organizaciones como una etapa previa a la implementación de medidas en función a políticas definidas y, la coordinación involucra aspectos de interacciones, negociaciones e intercambio de recursos entre entidades que coadyuvan sinérgicamente en el logro de las metas en favor de generar bienestar en una comunidad.

Además, para la variable Buen vivir se define como un triunvirato armónico entre la identidad, naturaleza y sociedad. El primer componente refleja un equilibrio consigo mismo, el segundo apunta hacia la sostenibilidad y el tercero con la equidad respectivamente (^{Hidalgo-Capitán & Cubillo-Guevara, 2017}). No obstante, el consenso académico acerca del concepto, en términos empíricos, cada ser humano tiene un modo peculiar de ‘vivir bien’, dependiendo de los patrones ideológicos de la persona y el contexto en el cual se desarrolla. En ese contexto, para definir esta variable es necesario repensar las prácticas y reglas sociales de arrastre colonialista que se tiene en Latinoamérica, cuestionando incluso las visiones eurocéntricas traídas por los conquistadores y arraigadas en las sociedades hispanohablantes y, aunque estas visiones tienen rasgos interesantes del buen vivir, se hace imprescindible combinarla con otros más como la cosmovisión andina e indígena, como un modo autóctono de ver este aspecto de vida, en donde la amalgamación de las filosofías y principios aristotélicos, ecológicos, humanistas, marxistas, feministas converjan en un modo propio del buen vivir para los ciudadanos de esta parte del mundo (^{Acosta, 2012}; 2015).

Generalmente en la cosmovisión actual, el buen vivir se asocia mucho con la economía o el ingreso económico de la persona, vinculándola con la dinámica del mercado y con objetos “indispensables” con el mejoramiento de la condición de vida y dejando de lado los problemas ambientales globales y las condiciones del entorno que determinan de modo directo la supervivencia del ser humano en el planeta. Ante esto, se debe señalar que las leyes de enfoque economicista capitalista no han mostrado suficiencia para resolver el sentir del buen vivir, en contraste de las normas y regulaciones respecto a temáticas de seguridad ciudadana, gestión ambiental e interacción ciudadana, que, aunque de modo deficiente aún, han logrado, parcialmente, proporcionar una percepción de bienestar a las personas (^{Díaz-Llanes, 2001}), aunque se hace necesario impulsar a la armonía del ser humano y la naturaleza, centrando la autogestión y la autosuficiencia como pilares del buen vivir en el marco de la capacidad humana para satisfacer las necesidades más apremiantes o sustanciales en lugar de las formas (^{Acosta, 2012}).

Como filosofía de vida, el buen vivir constituye per se un interesante proyecto que emanciparía el desarrollo humano del modelo económico capitalista imperante, posicionándose en la arista sobre la cual se construiría sociedades democráticamente sustentables desde todos los puntos de vista, fusionando los enfoques naturales, desde la concepción indigenista o ancestral hasta el escudriñamiento de las complejas relaciones entre las políticas sociales y la estructura social construida en base a un modelo occidental dominante, sobre la cual, se erigiría la cobertura estatista que concibe un constructo idealizado que adopta posiciones estructurales y/o funcionales des-mercantilizados con una clara tendencia hacia la subsistencia de los estados del bienestar ciudadano instaurado como un derecho social inviolable (^{Adelantado et al., 2000}).

En ese sentido, acorde con (^{Hidalgo-Capitán & Cubillo-Guevara, 2017}), se conocen tres modos de esta variable, las mismas que serán adoptadas como dimensiones para desarrollo temático de la tesis. La primera (D1) refiere al modo indigenista que tiene en su cenit a la Pachamama como símbolo de identidad. La segunda (D2) refiere al modo estatista que se deriva de un pensamiento socialista en el cual se da una priorización de la equidad y justicia. El tercer modelo (D3) es el pos-desarrollista o ecologista que se fundamenta en la imperiosidad del manejo del ambiente como único modo de desarrollo.

Es obvio pensar que estas tres corrientes han surgido como consecuencia del proceso evolutivo de un pensamiento, el mismo que, para el caso del primer modo de buen vivir (D1: indigenista), se desprendió desde el desarrollo de la cosmovisión andina, desde el cual se elaboró un sentido de pertenencia e identidad que marcó distancia de los rezagos colonialistas en los pobladores explicada desde la teoría de la reciprocidad (^{Viteri, 2002}).

Por su parte, para el segundo modo (D2: estatista), se deriva desde el pensamiento de justicia social, la eudaimonía y la economía social y solidaria, de los cuales se traslada el enfoque de equidad y justicia, reforzándose ahora con el feminismo y el desarrollo endógeno social que cobró mayor fuerza en la segunda década de este siglo (^{Quijano, 2012}). Por último, el modo ecologista (D3: post desarrollista) se desprendió de la fusión de algunas teorías y/o adecuación de otras como la teoría de la convivialidad, la teoría de la economía auto eficiente y la ecología profunda que brindaron las herramientas para crear una economía ecológica que, de manera académica, brinda un soporte ideal en el cual el ser humano hace un manejo racional y sustentable de los recursos que la naturaleza le provee (^{Acosta, 2015}), (^{Gudynas, 2011}).

En relación a las definiciones acerca de la ocupación territorial, en primer lugar se define territorio como un espacio natural donde el ser humano realiza actividades, interactuando con el ambiente acorde con sus interés poblacionales de subsistencia y producción económica generando constructos sociales que definen la identidad y la cultura (^{Medeiros, 2019}). Así, para (^{Gross, 1998}), el territorio es más que un espacio natural que sustenta la vida de los seres que interactúan sobre este. Es una concepción social, normativo-legal, emocional y fundamentalmente cultural concomitantemente. De esa manera, el espacio territorial proyecta un constructo humano a partir de una estructura física, involucrando aspectos de gestión, orden y división de este.

Precisado esto, debe señalarse que la teoría que documenta esta variable se centrará en un contexto citadino, pues es este escenario donde se realizará este estudio. De esa manera, (^{Santos, 2008}), señaló a la ciudad como un espacio dentro de un territorio con características heterogéneas y con una dispersión relacionada a los contenidos sociales y los usos del territorio fundamentadas, mayormente, en sus interconexiones económicas. En ese sentido, dichas redes configuran la economía urbana, la misma que tiene a la tecnología como pilar sobre el cual se realizan las comunicaciones y el flujo informativo. De hecho, las ciudades se visualizan como mosaicos socioeconómicos y ambientales, que tienen diferencias en sus realidades que se visualizan en la ocupación del espacio y que determinan las condiciones para las actividades productivas y manifestación de la cultura.

La ocupación del territorial ha sido ampliamente explicada desde una perspectiva econométrica, teniéndose tres exploraciones que se complementan entre sí. De ese modo, la primera establece los factores económicos que permiten explicar de qué manera la aglomeración económica determina el tamaño poblacional en un espacio territorial citadino, teniendo como base al PBI (^{Alonso, 1971}). El segundo enfoque se centra en las relaciones entre las concentraciones poblacionales urbanas y el crecimiento económico basada en mediciones econométricas acorde con la dispersión espacial de la población en el territorio (^{Wheaton & Shishido, 1981}).

Finalmente, se analizaron las relaciones inversas del segundo enfoque, indicándose la explicación de las concentraciones urbanas como variable predictora del crecimiento económico de esas áreas (^{Henderson, 2000}). Debe precisarse que, en todos los casos, la desigualdad territorial ha sido explicada por muchas teorías del crecimiento, visualizadas como las diferencias o brechas económicas entre los territorios pobres y los ricos, a raíz de los cuales, las autoridades toman acciones plasmadas en normatividades que regulan o impulsan programas con la finalidad de acortar o estrechan estas diferencias (^{Cuervo, 2017})

Desde el aporte de (^{Cuervo, 2017}), el territorio se ve profundamente marcado por las ciudades debido a la concentración de seres humanos dedicados a labores diferentes a la agricultura, pero que, sin embargo, determinan la ocupación de otros fragmentos de territorio, configurándose los estratos que marcan las brechas o desigualdades. No obstante, muchos de estos espacios tienen capacidades productivas de excedentes de agua y energía que permitirían la instalación de mayor cantidad de pobladores en sus periferias, formándose anillos de crecimiento horizontal del territorio, aunque no necesariamente de modo concéntrico, sino acorde con la dinámica de ejes de carreteras, de zonas industriales o de algún factor vinculado con los procesos económicos. Justamente, a partir de esa asociación entre el territorio y la economía se hace posible entender otra importante relación: el poder y el control como concepciones dobles de pasivo y activo. En lo pasivo, las ciudades son refugios del humano frente a la naturaleza y sus fenómenos y, en lo activo porque desde estas urbes se sostiene el control territorial hacia el entorno de la misma, asegurando su abastecimiento y provisión de energía.

En esa perspectiva, (^{Mayorga, 2011}), dimensionó a esta variable en tres. La primera dimensión la denominó Ordenamiento territorial, la misma que la conceptualiza como un proceso de ordenación usando herramientas políticas, ecológicas, culturales y sociales con la finalidad de mitigar los impactos de las actividades del ser humano y maximizar el uso de los recursos potencializando las aptitudes naturales del territorio basados en los usos históricos ancestrales y las tendencias modernas. En otras palabras, consiste en establecer lineamientos y estrategias con incursión de múltiples disciplinas para el fomento y fortalecimiento del desarrollo humano sobre la base del empleo sustentable del recurso suelo y el agua.

Por otra parte, la segunda dimensión es llamada dinámica territorial se fundamenta en las actividades humanas, la misma que se fundamenta sobre la economía social, mostrando los niveles de influencia de estas sobre el territorio y sobre otras sociedades colindantes generándose una multiplicidad de relaciones políticas, socioeconómicas, socioculturales y ambientales proyectándolos a todos los niveles de gobierno. En ese orden de ideas, (^{Berdegué et al. 2011}), contribuyeron a la conceptualización de (^{Mayorga, 2011}), señalando que son procesos de cambio que se suscitan en las estructuras socioeconómicas y ambientales dentro de los espacios territoriales, los mismos que se encuentran vinculados estrechamente con la variación de indicadores de desarrollo que concibe la sociedad en un determinado tiempo-espacio, como son: inclusión social, crecimiento económico y sustentabilidad ambiental.

La tercera es la planificación estratégica que, tal como se la conceptualiza actualmente, viene desde los 80’s con la propuesta de la Business College de Harvard, orientada especialmente hacia la economía y los negocios (^{Elizalde, 2003}). Si bien (^{Mayorga, 2011}), la conceptualiza desde la mirada ambiental, (^{Elizalde, 2003}), contribuyó en la idea definiéndola como una herramienta que permite a las entidades o empresas alcanzar niveles de competitividad dentro de un mercado definido. Se apoya mucho en técnicas de participación en las que se enfatiza en las fortalezas y debilidades de un territorio permitiendo visualizar caminos probables en la ruta de desarrollo que la comunidad o población haya orientado en base a las potencialidades que el territorio les provea. Sirve para la elaboración de planes de desarrollo enmarcados dentro de las políticas de planificación urbana local y regional. En la realidad peruana, lamentablemente aún no se ha logrado articular e integrar una planificación estratégica rectora que defina claramente los procesos y prioridades que deban considerar acorde con la heterogeneidad del territorio nacional.

Descripción de los instrumentos

Para medir la gestión ambiental: Cuestionario adaptado, validado y aplicado por (^{Castro, 2017}), el cuestionario referido cuenta con 16 ítems y se encuentra dividido en 4 dimensiones: planificación; interconexiones; estrategia e interacción y coordinación. Para medir el buen vivir, compuesto por 15 ítems y sus dimensiones son: modo indigenista, modo estatista, modo pos-desarrollista o ecologista. El primer componente refleja un equilibrio consigo mismo, el segundo apunta hacia la sostenibilidad y el tercero con la equidad respectivamente, el instrumento descrito fue adaptado y validado por (^{García, 2014}). En el caso ocupación territorial, cuestionario conformado por 16 ítems, cuyas dimensiones son: ordenamiento territorial; dinámica territorial y planificación estratégica. El instrumento aplicado fue realizado considerando la escala de Likert 1-5 donde 1 representa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Población, muestra y muestreo

La población está compuesta por el total de ciudadanos que conforman la jurisdicción de Huamanga, siendo un total de 282194 habitantes, de los cuales el 76.3% (223780) corresponden a mayores de edad y, consecuentemente constituyen la población objetivo. Debido a la elevada cantidad de habitantes, se optó por hacer el cálculo del tamaño a conveniencia del investigador, teniendo así 208 participantes para el estudio, utilizando como criterio todos los mayores de edad con una antigüedad no mayor a 3 años viviendo en la localidad de estudio.

Técnicas y procedimiento para toma de datos

Se empleó la técnica de la encuesta que, en términos de (^{Bernal, 2010}), es la más empleada en este tipo de investigación por su versatilidad y rapidez de aplicación a pesar del creciente sesgo que se le atribuye. Como parte de los procedimientos, se gestionó el permiso de la municipalidad de Huamanga para luego proceder con la toma de datos. Durante el proceso de toma de datos a las unidades de análisis, se consideró a los adultos como informantes por cada unidad habitacional identificada en las zonas elegidas para encuestar. Con la información recopilada se elaboró una base de datos en un formato de MS Excel® teniendo en cuenta el ordenamiento de los ítems y de las variables, para luego realizar el tratamiento estadístico mediante el software estadístico IBM-SPSS® versión 27.

Estadística inferencial

Para poder proceder con los objetivos de investigación y contrastar las hipótesis de estudio se realizó, en primera instancia, la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, esto debido a que los datos son mayores a 50, el cuadro 6 deja evidencia que el comportamiento de los datos son no paramétricos (p valor=0,05).

El cuadro 7, muestra que las variables de estudio están altamente correlacionadas con una alta significancia de 0,000; así también, considerando que los datos son no paramétricos, se dio uso al estadístico Rho de Spearman, cuyo coeficiente indica una relación de 0,793 entre buen vivir y ocupación territorial; coeficiente de 0,873 entre gestión ambiental y buen vivir; y coeficiente de ,561 entre gestión ambiental y ocupación territorial, con estos resultados se rechaza la hipótesis nula.

Para ponernos en un contexto más claro y considerando que la población depende, en cierta medida, de la gestión ambiental, se ha establecido como objetivo de estudio determinar si las dimensiones de estas podrían estar relacionadas con el buen vivir y la ocupación territorial; en este sentido, los hallazgos refieren que las dimensiones de la gestión ambiental: Planificación, interconexiones y estrategia se relacionan con de manera directa, positiva y significativa con la ocupación territorial con un coeficiente de correlación de 0,353 y con buen vivir con un coeficiente de correlación de 0,616 y en ambos casos con un p valor de 0,000.