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INTRODUCCIÓN
En el estudio del derecho penal, se vislumbran acciones de gran relevancia con la intención de buscar un sistema que propicie la sustentación de procesos según los principios de celeridad y eficacia procesal, lo cual denota las capacidades asumidas por la administración de justicia a través de su diseño (García Sánchez, 2023).
Es por esto, que constantemente se asumen percepciones requeridas para garantizar los derechos fundamentales y su injerencia en el ordenamiento jurídico, ante una práctica jurídica donde se presentan tensiones que se reflejan desde lo normativo, sino también desde lo político, lo cual implica la aplicación de medios jurídicos que favorecen la regulación de los procesos penales, como es el caso del Principio de Oportunidad (Azofra, 2020; Luggren, 2019).
Este principio representa la facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado. Este, a la luz de la teoría general del derecho, tiene el carácter de principio, traducido en la discrecionalidad política y jurídica del fiscal para disponer en la etapa de investigación, y creemos aún en la de juzgamiento, sobre su pretensión punitiva, mediante los procedimientos procesales establecidos (González Guarda, 2022).
Ante tal apreciación, varios juristas han aportado diversas conceptualizaciones, los cuales destacan la importancia que el Principio de Oportunidad tiene en los procesos penales, por lo que han intentado consolidar o concretar de la manera más clara posible la noción y el fin de este principio. Sin embargo, al revisar la realidad dentro del contexto latinoamericano se presentan diversos conflictos teóricos y doctrinales basados en la contraposición que puede tener este principio con otros.
Al respecto, Salazar Contreras (2020), al estudiar la aplicación de este principio en Latinoamérica, evidenció que la relevancia de su configuración en los países de la región responde a razones políticas cuyo diseño se ha fundamentado en darle respuesta a la gran congestión que caracteriza el sistema de justicia.
No obstante, según diversos criterios, como el que asume Forero (2013) citado por Barona Vilar (2019), esta figura no debe percibirse como una medida puramente pragmática para aliviar la carga de trabajo en los tribunales. Más bien, el Principio de Oportunidad representa una auténtica manifestación de la idea de que el derecho penal debe ser concebido como un último recurso y que, además, puede llevar a la realización de la justicia sustantiva en casos particulares.
Frente a estas consideraciones, Ecuador no se ha apartado de la norma, introduciendo el Principio de Oportunidad con el propósito de simplificar, agilizar y eficientizar la administración de justicia. Esta meta se alcanza mediante la aplicación de herramientas alternativas de resolución de conflictos (Álvarez Suárez, 2021).
La actual Constitución de la República ecuatoriana, responde a una nueva concepción del Estado donde se consagran cambios profundos a su organización y funcionamiento, y donde resalta la categorización del Principio de Oportunidad como una figura jurídica que ha sido consagrada igualmente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como procedimiento alternativo para resolución de conflictos (Asamblea Nacional, 2014).
De esta manera, la temática planteada a través de este artículo de investigación, busca analizar la aplicación del Principio de Oportunidad en la legislación penal ecuatoriana, determinando su inclusión, los límites que se presentan en la aplicación de este principio y su impacto en el sistema de justicia penal del Ecuador.
MÉTODO
Esta investigación se caracteriza por su naturaleza básica y de carácter documental. Se centró en el análisis del Principio de Oportunidad a partir de diversas fuentes doctrinales y legales que permitieron una exploración más profunda de este tema y su relevancia en el contexto del derecho penal ecuatoriano.
En cuanto a su enfoque de investigación, adoptó un enfoque cualitativo, dado que el análisis de las variables de estudio se basó en categorías nominales. Esto implica que la evaluación propuesta no se basó en métodos matemáticos, sino que se realizó mediante una revisión minuciosa de la literatura, el contenido doctrinario y legislativo pertinente.
En términos de su alcance, se consideró una metodología descriptiva, ya que se procuró caracterizar las variables involucradas en el objeto de estudio. Esto se logró mediante la aplicación de métodos exegéticos y sistemáticos, que implicaron un análisis exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la temática, culminando con conclusiones y recomendaciones significativas.
Para la recopilación de datos, se utilizó la observación directa de documentos bibliográficos, doctrinales, legislativos y normativos, tanto a nivel nacional como internacional.
RESULTADOS
El desarrollo de esta investigación se basó en la incorporación de una serie de contribuciones provenientes de fuentes bibliográficas y doctrinales, las cuales sirvieron como base para analizar la aplicación del Principio de Oportunidad en el marco de la legislación penal de Ecuador, tomando en cuenta la revisión de diversos precedentes que han abordado este tema en el contexto ecuatoriano.
De esta manera, para respaldar la temática investigada, se emprendió un recorrido a través de los aspectos más sobresalientes que caracterizan este principio jurídico, considerando especialmente el respaldo normativo que posee dentro del proceso penal ecuatoriano.
Conceptos clave del principio de oportunidad en el Derecho Penal
El Principio de Oportunidad es un concepto fundamental en el ámbito del derecho penal y se refiere a la facultad de la fiscalía o el órgano encargado de la persecución penal para decidir si inicia, continúa, suspende o archiva un caso penal en situaciones específicas (Cifuentes y Ballesteros, 2018).
Al observar los aspectos que componen la conceptualización de este principio de, es claro que opera de manera diferente en cada país donde funciona el modelo acusatorio, donde las discusiones sobre alcances y limitaciones no han sido pacíficas. Por ello, a través de la teoría general del derecho se ha buscado especificar cómo se puede aplicar mejor y más justamente la justicia en esta materia.
Según Robert Alexi citado por Peláez Mejía (2019), los principios jurídicos establecen:
Mandatos de optimización se distinguen por la posibilidad de ser cumplidos en diversos niveles, y la determinación del grado de cumplimiento no se limita únicamente a consideraciones factuales, sino que también involucra aspectos jurídicos. La medida en que deben llevarse a cabo no solo está condicionada por factores prácticos, sino también por las consideraciones legales que inciden en la ejecución de dichos mandatos”. (p.182)
Según Ratti Mendaña (2015), los principios jurídicos establecen los mandatos de optimización se caracterizan por ser susceptibles de cumplimiento en varios niveles, y la evaluación del grado de cumplimiento no se restringe únicamente a consideraciones de índole fáctica, sino que también abarca aspectos jurídicos. La medida en que deben ser realizados no solo depende de factores prácticos, sino que también se ve condicionada por consideraciones legales que influyen en la ejecución de dichos mandatos.
En este sentido, León Padrón et al. (2022) señala que el Principio de Oportunidad consiste en “la facultad de decidir sobre la acción penal, se confía al criterio del ente estatal encargado de la persecución penal, considerando tanto el interés primordial de la justicia como la utilidad o conveniencia del ejercicio de la acción” (p.22).
Por su parte, el Cifuentes y Ballestero (2018), establece que el legislador reconoce la importancia de promulgar una legislación penal actualizada que tome en cuenta los avances en el campo de la ciencia jurídica, la tecnología y las nuevas problemáticas que surgen en la sociedad. En este contexto, una de las instituciones jurídicas significativas que se considera es el Principio de Oportunidad.
Así mismo, Álvarez Suárez (2021), indica que el Principio de Oportunidad se ha configurado como una institución en el sistema penal con el propósito de permitir cierta discrecionalidad en la actuación de la justicia. Ha sido incorporado en la legislación como un instrumento de cumplimiento imperativo, lo que significa que se han establecido lineamientos y directrices claras que deben seguirse al aplicarlo. Esto garantiza que su ejercicio esté sujeto a un marco normativo y a ciertos criterios que limitan la arbitrariedad y promueven una aplicación justa y equitativa del principio en casos concretos.
Lo que se describe aquí trasciende el ámbito de un simple análisis procesal del Principio de Oportunidad y profundiza en un enfoque más amplio que involucra la administración de justicia en su conjunto. En lugar de abordar únicamente cuestiones procedimentales, se está considerando un diseño integral del sistema de justicia penal en el que el Principio de Oportunidad desempeña un papel central. (Pardo Monsalve, 2023)
El Principio de Oportunidad se presenta como un principio que contrarresta el exceso disfuncional del Principio de Legalidad Procesal, buscando mejorar la calidad de la justicia al otorgar al Fiscal, titular de la acción penal, la facultad de decidir la conveniencia de no iniciar la actividad jurisdiccional penal. Esto se hace independientemente de la existencia de un acto delictuoso con un autor determinado, concluyendo la acción penal de una manera diferente a través de un acto distinto a una sentencia. Este criterio se basa en la falta de necesidad o merecimiento de la pena, con el propósito de abordar el problema significativo de la sobrecarga y congestión en el ámbito procesal y penitenciario. Además, busca promover, mediante enfoques novedosos y premisas propias del derecho conciliatorio, que el derecho penal no solo alcance a sus destinatarios, sino que también sea más justo para la víctima (González Ramírez y Fuentealba Martínez, 2018).
Desde estas perspectivas, Rodríguez Arias (2019) destaca que los objetivos de la oportunidad jurídica se enfocan en:
Eficiencia judicial: Uno de los objetivos principales del Principio de Oportunidad es promover la eficiencia en el sistema de justicia penal. Esto implica la capacidad de priorizar casos, evitar la congestión de los tribunales y permitir la asignación adecuada de recursos judiciales.
Descongestión del sistema penal: El Principio de Oportunidad busca reducir la carga de trabajo en los tribunales, lo que a su vez agiliza la resolución de casos y permite que los procedimientos judiciales se centren en asuntos más graves y relevantes.
Justicia restaurativa: Otro objetivo es promover una forma de justicia restaurativa, que se centra en la reparación del daño causado a la víctima. Esto puede incluir la compensación financiera, la mediación entre las partes o la realización de acciones para restaurar la relación entre víctima e infractor.
Reducción de la reincidencia: En algunos casos, el Principio de Oportunidad se utiliza para fomentar la rehabilitación y la resocialización de los infractores, con el objetivo de reducir la reincidencia y prevenir futuros delitos.
Flexibilidad en la aplicación de la ley: El Principio de Oportunidad permite una mayor flexibilidad en la aplicación de la ley, lo que puede adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso y evitar el castigo innecesario en situaciones donde no sería equitativo o proporcional.
Colaboración y desmantelamiento de organizaciones delictivas: A través de acuerdos de colaboración, el Principio de Oportunidad puede ayudar a desmantelar organizaciones criminales y obtener información valiosa para la persecución de otros delitos y la mejora de la seguridad pública.
Satisfacción de las víctimas: Buscar la satisfacción de las víctimas al permitir una resolución más rápida y efectiva de sus casos, y ofrecerles opciones para reparar el daño sufrido.
Ahorro de recursos: El Principio de Oportunidad puede reducir los costos asociados con el sistema de justicia penal al evitar juicios prolongados y encarcelamiento innecesario.
Adherencia a los principios del derecho penal: El Principio de Oportunidad busca garantizar que el derecho penal sea aplicado de manera justa y equitativa, en línea con los principios fundamentales de legalidad y proporcionalidad.
A partir de esta evaluación, es crucial destacar que este principio no se circunscribe únicamente a aspectos técnicos o procesales, sino que impacta en la filosofía subyacente del sistema de justicia penal. Aborda cuestiones fundamentales acerca de cómo se persigue la justicia y cuál es el propósito de las sanciones penales, así como cómo se logra un equilibrio entre los intereses de la sociedad, la víctima y el infractor (Borbón, 2021). Además, el Principio de Oportunidad se relaciona con la administración eficiente y equitativa de la justicia penal, influenciando el enfoque y los objetivos generales del sistema legal. Por lo tanto, su análisis no se limita a aspectos procedimentales, sino que se extiende a consideraciones filosóficas y éticas que subyacen en el sistema de justicia penal.
En este sentido, se fundamenta en razones que incluyen el interés social, la utilidad pública, la eficiencia en la administración de procesos judiciales, la reducción de la carga judicial en casos de menor gravedad, la reintegración social de los infractores, la pronta y adecuada reparación a las víctimas y la economía en el manejo de casos legales.
Inclusión del Principio de Oportunidad en el sistema penal ecuatoriano
La inclusión del Principio de Oportunidad en el sistema penal ecuatoriano ha sido un proceso evolutivo que ha buscado mejorar la eficiencia y la justicia en la administración de la justicia penal, siendo du base principal la Constitución nacional, donde se vislumbraron acciones que configuran su la justificación de su aplicación.
De esta manera, la Carta Magna reconoce en su Art. 190 la importancia de los procedimientos alternativos para resolución de conflictos y especifica en el Art. 195 que los procesos penales tendrán sujeción a los principios de oportunidad, señalando que:
La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 102)
El legislador ha reconocido la importancia de definir y destacar el papel del Principio de Oportunidad, con el propósito de fortalecer las funciones de la Fiscalía General del Estado. Esta redefinición busca restaurar el enfoque institucional de la Fiscalía, convirtiéndola en una entidad encargada de perseguir delitos y un elemento crucial en la administración de justicia, así como un apoyo fundamental para los órganos judiciales. La visión de la Fiscalía General del Estado como un componente esencial en la administración de justicia se traduce en la misión de contribuir a la aplicación de la justicia cuando es necesaria y, en consecuencia, aliviar la carga de trabajo de las unidades y cortes judiciales que se ocupan de casos penales. Para lograr estos objetivos, es necesario que el legislador establezca métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito penal, que se convierten en herramientas adicionales para la Fiscalía en la tramitación y ejercicio de la acción penal pública (León Padrón et al., 2022).
Igualmente, el Código Orgánico Integral Penal, tipifica esta figura en el Art. 412 destacando que: “La o el fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada” (p. 129).
Esta inclusión que se dio al margen de un estado social de derecho, constituyó al Principio de Oportunidad como una figura cuyo fin se centralizó en es establecer un método imperativo para descongestionar el sistema de justicia penal mediante la aplicación de un sistema simplificado una vez que se haya aplicado un criterio ético, intelectual y racional por parte de quien ejerza la acción penal pública. La implementación de este proceso simplificado resultaría en una mejora óptima del sistema de justicia penal, generando ahorros para el Estado, sin vulnerar los principios constitucionales de celeridad y economía procesal, y garantizando la seguridad jurídica según lo establecido en el Artículo 82 de la Constitución vigente. Además, este enfoque contribuiría a descongestionar las etapas investigativas tanto previas al proceso como durante el mismo, y reduciría la población carcelaria en los centros de rehabilitación del país (León Padrón et al., 2022)
Sin embargo, es importante enfatizar que, a pesar de los esfuerzos para incorporar el Principio de Oportunidad en el sistema de justicia penal, existen preocupaciones legítimas. Uno de los desafíos radica en la falta de comprensión y discrecionalidad por parte de algunos fiscales al gestionar el ejercicio de la acción penal pública. Esto puede generar resultados subóptimos y socavar la eficacia de esta herramienta legal.
Características del Principio de Oportunidad en la legislación ecuatoriana
A través de los cambios y reformas realizadas en la legislación del Ecuador, el Principio de Oportunidad según lo establece Pardo Monsalve (2023) y Capa Vera (2019) presenta las siguientes características:
Causales específicas: La legislación ecuatoriana establece causales específicas en las que puede aplicarse el Principio de Oportunidad. Estas causales incluyen, entre otras, el desistimiento del querellante, la reparación del daño, la colaboración eficaz y la conciliación.
Discrecionalidad limitada: Aunque se otorga cierta discrecionalidad a la Fiscalía para aplicar el Principio de Oportunidad, esta discrecionalidad está sujeta a regulaciones y controles. Los fiscales deben fundamentar sus decisiones de manera objetiva y justificada.
Justicia restaurativa: El Principio de Oportunidad en Ecuador busca promover la justicia restaurativa al permitir la reparación del daño causado a la víctima como una alternativa al enjuiciamiento penal. Esto puede incluir la compensación económica y otras medidas para restaurar la relación entre la víctima y el infractor.
Descongestión judicial: El Principio de Oportunidad contribuye a la descongestión de los tribunales al permitir la resolución más rápida de casos que no requieren un proceso completo, lo que ahorra tiempo y recursos judiciales.
Reducción de la reincidencia: Algunas de las causales de aplicación del Principio de Oportunidad pueden estar relacionadas con la rehabilitación y la prevención de la reincidencia. Esto se alinea con el objetivo de resocializar a los infractores.
Supervisión y regulación: Las decisiones tomadas por la Fiscalía al aplicar el Principio de Oportunidad deben estar sujetas a controles y regulaciones para garantizar que se tomen de manera justa y equitativa, evitando abusos y asegurando el respeto de los derechos fundamentales.
Eficiencia procesal: El Principio de Oportunidad contribuye a la eficiencia del sistema de justicia penal al permitir que los fiscales se enfoquen en casos de mayor relevancia y reduzcan la sobrecarga de trabajo en el sistema judicial.
Adaptabilidad: La legislación ecuatoriana permite que el Principio de Oportunidad se aplique en una variedad de situaciones, lo que lo hace adaptable a diferentes contextos y casos específicos.
Estas características reflejan su papel en la búsqueda de una justicia penal más eficiente y equitativa, así como su enfoque en la reparación del daño y la prevención de la reincidencia.
Para sustentar los aspectos mencionados, Rodríguez Arias (2020) señala que la comprensión del Principio de Oportunidad implica considerar de manera específica el papel del fiscal en el sistema de justicia penal. Cuando un fiscal toma conocimiento de un delito, tiene la obligación constitucional de iniciar una investigación penal. Durante este proceso de investigación, se debe determinar si el delito se ha cometido efectivamente y si se puede identificar a un presunto autor. En algunos casos, puede haber evidencia clara de la materialidad del delito, pero resulta ambiguo quién es el responsable, o viceversa. En este contexto, la decisión de avanzar o no con el proceso recae en el fiscal, con el propósito de evitar la utilización innecesaria de recursos y tiempo en investigaciones que no conduzcan a un resultado claro.
Esta alternativa al principio de legalidad está intrínsecamente relacionada con la necesidad de determinar los delitos para establecer la legalidad de las acciones o, en su defecto, para definir qué acciones se considerarán delitos. En este sentido, el Principio de Oportunidad debe estar en consonancia con las necesidades cambiantes de la sociedad y con la interpretación posterior de la ley. Esto implica que el fiscal debe ejercer su discreción de manera ética y responsable, considerando no solo la comisión del delito, sino también su impacto en la sociedad y la utilidad de continuar con el proceso penal.
Aplicación del Principio de Oportunidad en la legislación ecuatoriana
El procedimiento legal para la aplicación del Principio de Oportunidad en Ecuador es una parte fundamental del sistema de justicia penal y está diseñado para equilibrar la eficiencia con el respeto de los derechos de las partes involucradas. Según la investigación realizada por León Padrón et al., 2022 y Torres Vergara y Gabela Salvador (2018), los aspectos clave de este procedimiento se resumen de la siguiente manera:
Investigación y recopilación de pruebas: La Fiscalía General del Estado es la encargada de iniciar y llevar a cabo la investigación de los delitos. Para recopilar pruebas, la Fiscalía cuenta con la colaboración de otras instituciones y profesionales, como la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Aduana y peritos acreditados.
Etapa de juicio: Durante la etapa de juicio, se presentan las pruebas recopiladas, incluyendo los informes periciales. Las declaraciones realizadas siguiendo los principios de inmediación, contradicción, oralidad y contradicción se consideran pruebas válidas y son evaluadas por el juez aplicando las reglas de la sana crítica.
Solicitud de aplicación del Principio de Oportunidad: Cuando el fiscal decide aplicar el Principio de Oportunidad, solicita al juez competente que fije una fecha para llevar a cabo una audiencia pública y contradictoria. En esta audiencia, se discutirá la procedencia de aplicar el Principio de Oportunidad. El fiscal tiene la facultad de desistir de la acción o abstenerse de iniciarla, mientras que el juez realiza el control jurisdiccional y toma una decisión.
Control jurisdiccional: El control jurisdiccional realizado por el juez es esencial para garantizar que se cumpla el debido proceso. El juez determina si procede o no la aplicación del Principio de Oportunidad basándose en el marco jurídico correspondiente.
Intervención de víctima y sospechoso o procesado: En la audiencia de aplicación del Principio de Oportunidad, la víctima y el sospechoso o procesado pueden intervenir de manera opcional.
Resolución del juez: Una vez concluida la audiencia, si el juez determina que procede el Principio de Oportunidad, se ordena la extinción de la acción penal, lo que significa que el caso se cierra. De lo contrario, el caso continúa su trámite legal correspondiente.
Además, los autores mencionados destacan que es fundamental que en este proceso se respeten todas las garantías del debido proceso, que están respaldadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la normativa constitucional ecuatoriana. Estas normas buscan proteger los derechos humanos de todas las personas involucradas en el proceso judicial, y asegurar que la justicia sea acorde con la dignidad humana y proteja los derechos fundamentales. Sin embargo, es importante reconocer que, en la práctica, a veces, se requiere un desarrollo más detallado y específico del procedimiento para garantizar una aplicación efectiva del Principio de Oportunidad.
Causales del Principio de Oportunidad en la legislación ecuatoriana
Las causales de oportunidad en la legislación ecuatoriana se establecen a través del COIP y se aplican en casos específicos (Asamblea Nacional, 2014):
Cuando no comprometa gravemente el interés público: El Art. 412 del COIP en su numeral 1 expresa que el Principio de Oportunidad puede aplicarse cuando el caso no involucra un interés público de gran envergadura que justifique la persecución penal. En otras palabras, se considera que el caso no tiene un impacto significativo en la sociedad que requiera la acción penal.
Cuando no se vulnere a los intereses del estado: Dentro del mismo Art. 412 numeral 1 el COIP señala que su aplicación de este principio está permitida cuando la persecución penal no afecta gravemente los intereses del Estado. Esto significa que, en algunos casos, la prosecución del delito puede no ser en el mejor interés del Estado.
Cuando tenga una pena privativa de libertad hasta de cinco años: El Principio de Oportunidad es aplicable en casos en los que la pena máxima prevista por la ley no excede los cinco años de prisión. En situaciones de delitos con penas bajas, se considera que la aplicación del principio puede ser más adecuada (COIP, At. 412.)
Cuando el infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal: De la misma manera, el Art. 412 en su numeral 2 señala que en caso de que el acusado haya sufrido un daño físico grave que le impida llevar una vida normal, el Principio de Oportunidad puede ser aplicado. Esto puede tener en cuenta la situación personal del acusado y su capacidad para enfrentar un proceso penal.
En caso de delitos culposos: En el mismo numeral 2 del Art. 412 del COIP se expresa que este principio puede aplicarse en delitos culposos, es decir, aquellos en los que el acusado no tuvo la intención de cometer el delito, sino que fue el resultado de negligencia o falta de cuidado.
Estas causales del Principio de Oportunidad buscan garantizar que la justicia penal sea equitativa y proporcional a las circunstancias de cada caso. Se aplican con el objetivo de evitar la persecución penal en situaciones en las que no sería justa ni beneficiosa para la sociedad, al tiempo que se consideran los derechos y la situación personal del acusado.
Impacto de la aplicación del Principio de Oportunidad y en la Justicia Penal ecuatoriana
El impacto de las causales de aplicación del Principio de Oportunidad en la justicia penal ecuatoriana es variado, es decir, esto ha generado tanto ventajas como desafíos asociados con su aplicación:
Cuando se aplica correctamente, según señala Álvarez Suárez (2021) afirma que puede ofrecer varios beneficios tanto para el sistema de justicia como para las partes involucradas.:
Eficiencia judicial: Uno de los beneficios clave es la eficiencia en la administración de justicia. Al permitir la suspensión o el archivo de casos en situaciones adecuadas, se evita la sobrecarga de los tribunales y se agilizan los procesos judiciales. Esto es esencial para reducir la congestión judicial y garantizar que los recursos judiciales se utilicen de manera más efectiva.
Resolución de casos menores de manera expedita: El Principio de Oportunidad permite que los casos menores o delitos de menor gravedad se resuelvan de manera rápida y eficiente, sin la necesidad de un costoso y largo proceso judicial. Esto libera recursos para abordar casos más graves y complejos.
Fomento de la justicia restaurativa: El enfoque en la reparación del daño a la víctima promueve la justicia restaurativa. En lugar de centrarse únicamente en castigar al infractor, se busca enmendar el daño causado a la víctima, lo que puede ser más satisfactorio y sanador para las partes involucradas.
Incentivo para la cooperación: El Principio de Oportunidad crea un incentivo para que los imputados colaboren con la justicia al proporcionar información relevante sobre otros delitos o involucrados en actividades criminales más amplias. Esto puede ser valioso para desmantelar organizaciones delictivas y mejorar la seguridad pública.
Reducción de la reincidencia: La posibilidad de acuerdos y medidas alternativas al encarcelamiento puede contribuir a la rehabilitación de los infractores y reducir la reincidencia. Esto es beneficioso tanto para los infractores como para la sociedad en general.
Reducción de la carga financiera: La aplicación del Principio de Oportunidad puede reducir la carga financiera del sistema de justicia penal al minimizar la necesidad de mantener y operar instalaciones carcelarias y reducir la duración de los procesos judiciales.
Mayor satisfacción de las víctimas: Las víctimas pueden verse beneficiadas al obtener una reparación más rápida y efectiva, y a menudo, prefieren resolver el conflicto de manera pacífica en lugar de enfrentar un largo y costoso juicio.
Mayor flexibilidad en la aplicación de la ley: El Principio de Oportunidad permite que las autoridades judiciales se centren en casos de mayor relevancia y gravedad, lo que les brinda una mayor flexibilidad en la aplicación de la ley y les permite adaptarse a las circunstancias cambiantes.
A pesar de los beneficios que las causales de aplicación del Principio de Oportunidad pueden aportar al sistema de justicia penal ecuatoriano, también existen una serie de problemas y desafíos asociados con su uso. Estos problemas, a criterio de Jiménez (2020) pueden tener un impacto en la justicia penal y sus implicaciones son los siguientes:
Discrecionalidad: El uso de las causales de oportunidad a menudo implica una gran discrecionalidad por parte de la fiscalía y otros actores del sistema de justicia penal. Esto puede dar lugar a decisiones subjetivas y potencialmente injustas. La falta de criterios claros y objetivos para su aplicación puede generar críticas sobre la imparcialidad del sistema.
Vulneración a tutela judicial efectiva: En diversas oportunidades se presentan actos u omisiones que impiden o limitan el ejercicio adecuado de los derechos de una persona en el ámbito judicial
Falta de transparencia: En algunos casos, las decisiones sobre la aplicación del Principio de Oportunidad pueden no ser transparentes, lo que puede socavar la confianza en el sistema de justicia. La falta de información sobre por qué se suspende un caso puede llevar a la percepción de favoritismo o corrupción.
Potencial para el abuso: Existe la posibilidad de que el Principio de Oportunidad sea mal utilizado, ya sea por motivos políticos, nepotismo o corrupción. Esto puede dar lugar a la impunidad y a la falta de rendición de cuentas, lo que mina la credibilidad del sistema.
Falta de justicia restaurativa: Aunque la reparación del daño es una causal válida, su uso a veces puede llevar a una falta de justicia restaurativa para las víctimas. La compensación financiera no siempre es suficiente para abordar el daño sufrido por la víctima.
Potencial para la impunidad: En algunos casos, la aplicación del Principio de Oportunidad puede llevar a que los responsables de crímenes graves eviten el castigo adecuado. Esto puede minar la credibilidad del sistema de justicia y la confianza del público.
Desafíos para la victimización secundaria: En casos de violencia de género u otros delitos sensibles, la suspensión del proceso a través del Principio de Oportunidad puede generar preocupaciones sobre la victimización secundaria de las víctimas, ya que pueden sentir que no se les ha dado la oportunidad de buscar justicia.
Por otra parte, al profundizar sobre los criterios de aplicación de la oportunidad en la realidad procesal ecuatoriana se vislumbran ciertos vacíos legales, ya que, en primer lugar, es evidente que no se establece de manera obligatoria que el juez, en una audiencia pública y contradictoria, escuche a los sujetos procesales mencionados de manera inmediata y oportuna. Esto conlleva a que no puedan ejercer de manera adecuada su derecho de defensa técnica y material, lo que constituye una vulneración de la tutela judicial efectiva, del principio de igualdad y, en particular, del derecho a la reparación integral de la víctima (Jiménez, 2020).
Además, al no proporcionarse esta oportunidad de defensa en el momento adecuado, se está vulnerando el derecho a ser escuchado y a tener la posibilidad de contradecir los argumentos presentados. Como resultado, esta cuestión se convierte en un tema secundario que debe ser reclamado posteriormente a través de una demanda en sede civil. Esta situación resulta ilógica dentro del proceso oral, que se caracteriza por la concentración de actos y la cercanía del tribunal a las partes, con el propósito de tomar decisiones oportunas. La postergación del contradictorio genera desigualdad, ya que la víctima, que ha sufrido el perjuicio durante el proceso penal, se ve obligada a iniciar un nuevo proceso ante otro juez para buscar el reconocimiento de los daños materiales e inmateriales causados por la infracción cometida en su contra.
En consecuencia, se establece que la normativa actual del Principio de Oportunidad en la legislación procesal penal de Ecuador no salvaguarda de manera suficiente los derechos fundamentales de las partes implicadas. Es imperativo realizar modificaciones que garanticen la oportunidad de defensa y el respeto a los principios de igualdad y tutela judicial efectiva. Asimismo, se busca asegurar el derecho a la reparación integral de la víctima sin requerir la implementación de procedimientos adicionales en el ámbito civil (Suárez, 2021).
DISCUSIÓN
Los hallazgos de esta investigación muestran que el Principio de Oportunidad en el derecho penal ecuatoriano es una figura de rango constitucional y legal que otorga facultades al fiscal para extinguir la acción penal. Su principal objetivo es reducir la población carcelaria y descongestionar el sistema judicial. Las causales legales en las que se puede aplicar el Principio de Oportunidad son aquellas en las que no compromete gravemente el interés público, en las que no se vulneran los intereses del Estado, en delitos con penas de hasta cinco años de prisión, en casos de daño físico grave al infractor que le impida llevar una vida normal y en delitos culposos.
Sin embargo, al analizar el impacto que ha tenido la aplicación de este principio en la justicia penal ecuatoriano, ciertamente existen aspectos que favorecen su aplicación, pero se presentan circunstancias que demuestran la vulneración de los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los procesados. En particular, se observa que no se garantiza la oportunidad de defensa de la víctima y del sospechoso o procesado en el momento adecuado, lo que resulta en una violación de la tutela judicial efectiva, el principio de igualdad y el derecho a la reparación integral de la víctima. La postergación del contradictorio genera desigualdad y la necesidad de recurrir a procesos adicionales.
Bajo estas consideraciones, para abordar estos problemas y maximizar los beneficios del Principio de Oportunidad en la justicia penal ecuatoriana, es fundamental contar con un sistema de control y supervisión efectivo. Esto implica establecer criterios claros y objetivos para su aplicación, promover la transparencia en las decisiones, prevenir el abuso, garantizar la igualdad de acceso a la justicia y proteger los derechos de las víctimas. Además, es importante que existan mecanismos de rendición de cuentas para supervisar y evaluar el uso de las causales de oportunidad en el sistema de justicia penal.
CONCLUSIONES
Las consideraciones previas han demostrado que el Principio de Oportunidad se presenta como una alternativa legítima en marco legislativo ecuatoriano, diseñada para abordar las necesidades de los legisladores, quienes han empleado este principio como una herramienta dentro de los procedimientos penales. La aplicación de este principio recae en manos del Fiscal, quien, como titular de la acción penal, lleva a cabo un análisis exhaustivo y basado en la normativa legal vigente, lo que determina su aplicabilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con nuestra Constitución, el veredicto final de un caso penal es emitido por un juez a solicitud del fiscal general.
El principio de oportunidad surge en respuesta a la necesidad de aliviar la sobrecarga del sistema judicial, impulsando al sistema a concentrarse en los casos realmente relevantes y no en aquellos que no lo son. En este sentido, este principio busca ofrecer soluciones a un sistema judicial que se encuentra desgastado y sobrecargado, sin entrar en conflicto con el principio de legalidad, ya que su aplicación se ajusta a la legislación penal vigente.
A pesar de ello, al analizar el impacto de la aplicación de este principio en la justicia ecuatoriana, se evidencia que, ciertamente su utilización genera beneficios a través de sus causales de aplicación, pero también trae consigo una serie de desafíos asociados con su uso. Estos problemas pueden incluir cuestiones relacionadas con la discrecionalidad del fiscal al decidir si aplica el principio, lo que puede llevar a la percepción de arbitrariedad o favoritismo en la selección de casos. Además, la falta de claridad en las pautas para la aplicación del principio de oportunidad puede generar incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial.
En este sentido, es esencial mantener un equilibrio adecuado entre la descongestión del sistema judicial y la garantía de que se haga justicia en cada caso. La sobreutilización del Principio de Oportunidad podría dar lugar a la impunidad en ciertos delitos o a la percepción de que los delincuentes no enfrentan consecuencias adecuadas por sus acciones, lo que requiere una cuidadosa consideración y una revisión constante para garantizar que se cumplan los principios fundamentales de justicia, transparencia y equidad en el proceso penal.
