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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se han experimentado avances en el reto de asegurar a niños, niñas y adolescentes (NNA) en el Perú que puedan acceder a sus derechos y desarrollar plenamente su potencial (UNICEF, 2020). Periódicamente, UNICEF presenta un análisis de la situación actual de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de alinear sus esfuerzos con las circunstancias y necesidades reales de ellas y ellos, exponiendo los progresos, desafíos y oportunidades referidos a la garantía.
A nivel local, la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes en presunta situación de riesgo o desprotección enfrenta múltiples limitaciones que se agravan en las comunidades nativas. Una de las dificultades radica en la evaluación de los padres, ya que algunos no hablan español, mientras que el equipo multidisciplinario no domina el idioma Awajún. Esta barrera impide una comunicación adecuada, sumado a las dificultades de movilización hacia estas comunidades, entre otros factores, complica aún más la intervención. La familia, a lo largo de su historia, atraviesa diversas situaciones o etapas críticas que pueden representar una oportunidad de crecimiento o, por el contrario, generar un desequilibrio. (Vera Sánchez y Alay Giler, 2021).
En este sentido, los autores Katz et al. (2021) determinaron que los servicios de protección infantil (CPS), en la mayoría de los países, encontraron algún grado de interrupción o cambio en el servicio, aumentando los factores de riesgos para los niños con déficit sustanciales en las respuestas de los CPS, y con una disminución temporal en los informes, a pesar del aumento de riesgo para los niños. Concluyeron que el Covid-19 ha obstaculizado las respuestas de CPS y la protección de los niños en general en la mayoría de las jurisdicciones, destacando que los niños parecen estar en mayor riesgo de maltrato durante el confinamiento.
En este sentido, los principios fundamentales de la protección de la infancia incluyen la supervivencia y el desarrollo del niño, el interés superior del niño, la no discriminación y la participación infantil. Independientemente de las circunstancias, todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra la violencia, la explotación y el abuso. Esto también implica salvaguardar sus necesidades físicas, mentales y psicosociales para garantizar su bienestar y futuro (Balsells et al., 2022).
Por otro lado, Gaviria et al. (2022) define la protección infantil como el conjunto de medidas y estructuras destinadas a prevenir y responder al abuso, la negligencia, la explotación y la violencia que afectan a los niños. Esto significa resguardar a la niñez de daño, incluidos la violencia, el abuso, la explotación y el abandono.
En consecuencia, la protección infantil desempeña un papel clave al proporcionar información sobre los procesos de resguardo de la niñez y sobre cómo garantizar mejor el derecho de los niños a la seguridad personal (Priolo et al., 2023). Este marco está regulado por el Decreto Legislativo N° 1297, que protege los derechos fundamentales de los niños, incluyendo el derecho a la vida, el respeto a su integridad física y material, y el derecho a una vida digna. Su objetivo es brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes (NNA) sin cuidado parental o en riesgo de perderlo, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos y priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en un entorno familiar (Actualidad Civil, 2023).
Asimismo, la intervención estatal frente a situaciones de riesgo o desprotección familiar se rige por principios como: la diligencia excepcional, la especialidad y profesionalización, la excepcionalidad y temporalidad, la igualdad, el informalismo, la integración familiar, el interés superior del niño, la flexibilidad y gradualidad, y la subsidiariedad progresiva de la acción estatal (El Peruano, 2018).
Según Fernández (2019), la falta de protección puede ser causada por factores tanto externos como internos, los cuales se ven acentuados por la percepción que el individuo tiene de sí mismo como una persona vulnerable. En este sentido, dicha vulnerabilidad incrementa el riesgo de que sus derechos sean vulnerados debido a la existencia de barreras que impiden su protección y ejercicio.
En cuanto a la situación de riesgo, esta se refiere al estado en el que se encuentra un niño, niña o adolescente cuando el ejercicio de sus derechos se ve amenazado o afectado por circunstancias personales, familiares o sociales. Estas circunstancias pueden comprometer su desarrollo integral sin llegar a revestir gravedad y, en muchos casos, no pueden ser atendidas por su familia (El Peruano, 2022).
Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1297 define la situación de desamparo como aquella que ocurre cuando se incumplen los deberes de protección establecidos por la ley para los menores. Esta situación también se presenta cuando los niños, niñas o adolescentes carecen de los elementos básicos para su desarrollo integral, haciendo necesaria la aplicación de medidas que impliquen su separación del núcleo familiar para garantizar su protección efectiva (Actualidad Civil, 2023).
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño y del Adolescente (1989), en el marco de su aplicación y compromiso con los derechos humanos a nivel internacional, establece que los infantes, debido a su edad, se encuentran en pleno desarrollo social, mental y físico (Bayona-López et al., 2023). En este contexto, el entorno familiar juega un papel fundamental en el proceso de atención a la niñez, ya que la calidad de las relaciones dentro del núcleo familiar influye directamente en su bienestar (Reyes Narváez y Oyola Canto, 2022).
A partir de estos planteamientos, el objetivo general de la presente investigación es analizar la desprotección familiar en comunidades nativas y su impacto en los derechos de la niñez y adolescencia en Perú.
MÉTODO
El método de investigación se basa en un enfoque cualitativo, utilizando la recolección y el análisis de una tipología documental-bibliográfica (Hernández Sampieri et al., 2014). Este enfoque permite estructurar un análisis del objeto de estudio con el propósito de descubrir y comprender las intenciones planteadas por los investigadores. La técnica de investigación aplicada es la entrevista, y el instrumento utilizado es la guía de entrevista. Esta se implementa con dos miembros del equipo multidisciplinario, cuatro fiscales y cuatro abogados defensores. A partir de ello, se genera un proceso analítico-reflexivo que contribuye a la ampliación del estado del arte en relación con el marco jurídico-científico vigente (Behar Rivero, 2008).
RESULTADOS
Del proceso de estudio se obtuvieron los siguientes testimonios como resultado de las entrevistas:
Tabla 1. Entrevistas.
| Interrogante | Respuesta | Convergencia | Divergncia |
|---|---|---|---|
| 1)Podría describir brevemente el panorama general de la desprotección familiar en el Alto Mayo durante el periodo 2019-2023. | E1: Los procesos de desprotección familiar en Alto Mayo durante el periodo de estudio han incrementado, esto se evidencia con las frecuentes denuncias y procesos judiciales que se han desarrollado en los distintos juzgados de familia. E2: Desde mi experiencia como defensor público, la desprotección familiar es un tema recurrente en los Juzgado de Familia, donde lamentablemente los trámites burocráticos y falta de profesionales idóneos retrasa innecesaria e injustificadamente la solución a las controversias jurídicas surgidas sobre este tema; haciendo que los menores muchas veces pasen días sin un hogar familiar o residencias que les acoja y brinde lo más elemental para su desarrollo integral. E3: Tristemente los casos de Desprotección familiar han ido en aumento, los problemas económicos, emocionales, sociales entre otros, ha llevado a que muchas familias no cumplan con su función protectora de los niños, niñas y adolescente. Situación que aun el Estado, no logra atender de manera eficiente, debido a una serie de carencias en la ejecución de las leyes vigentes. E4: Es una situación caótica y preocupante debido a que no se cuenta con los equipos multidisciplinarios que puedan asumir la labor de ejecutar planes de trabajo para revertir circunstancias de desprotección. E5: La desprotección familiar en estos últimos años se ha visto incrementada. Niños, niñas y adolescentes a la fecha pasan por situaciones que los exponen a peligro y lo más alarmante es que éstos cuentan con progenitores y/o familiares cercanos llamados a su cuidado y protección; sin embargo, estos no vienen cumpliendo con sus roles parentales. E6: Lamentablemente en éstos últimos años tenemos que existen bastantes casos de ausencia de protección familiar, generalmente vinculados a hechos de violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes por parte del entorno familiar. E7: A la actualidad se percibe incremento de ausencia de protección familiar y conjuntamente el proceso de desconocimiento, temor a la consecuencia, falta de acceso a la justicia por medidas fuera del contexto. E8: El tema de la desprotección familiar se ha visto incrementada en éstos últimos años, primero inició de una forma mínima pero poco a poco se ha ido formando un número significado de casos, siendo que a mi percepción el incremento se dio desde la pandemia. E9: Si bien los casos de desprotección no son abundantes, si lo son los de riesgo de desprotección, ello por los hábitos o costumbres de las familias de hacerse cargo del cuidado de nietos o sobrinos y dejar a menores de edad viviendo solos en pueblos o ciudades alquilando cuarto para que estudien, mientras los padres viven o trabajan en la chacra. E10: La desprotección familiar en el alto mayo durante los años 2019 a 2023, se viene incrementando a medida que los operadores del derecho y la población conocen de la existencia de esta norma, dado que antes del decreto legislativo N°-1297, se conocía sólo la figura del abandono, la misma que contenía causales muy específicas y muy reducidas, lo que con la norma en mención se fue ampliada con un concepto más amplio de acuerdo a la gravedad del incumplimiento del rol parental, estableciendo las causales para el inicio del Riesgo por Desprotección Familiar y la propia Desprotección Familiar. | El panorama general de la desprotección familiar en el Alto Mayo, durante el período 2019-2023, se caracteriza por un preocupante aumento en los casos de desprotección, evidenciado por un incremento en las denuncias y procesos judiciales en los juzgados de familia. Este incremento ha llevado a situaciones en las que los menores pasan días sin un hogar familiar o residencias que les brinden lo necesario para su desarrollo integral. La falta de profesionales idóneos y los trámites burocráticos en los juzgados de familia han contribuido a retrasar la solución a las controversias jurídicas, exacerbando la situación de desprotección. | Los problemas económicos, emocionales y sociales han llevado a muchas familias a no cumplir con su función protectora de los niños, niñas y adolescentes, lo que ha contribuido al aumento de la desprotección familiar. A pesar de la existencia de leyes vigentes, el Estado no ha logrado atender eficientemente esta situación debido a la carencia de equipos multidisciplinarios que puedan ejecutar planes de trabajo para revertir las circunstancias de desprotección. Esta falta de atención eficiente ha llevado a que los menores se vean expuestos a peligros, a pesar de contar con progenitores y/o familiares cercanos llamados a su cuidado y protección, quienes no están cumpliendo con sus roles parentales. |
| 2)¿Cuál es su apreciación respecto a la eficacia de las políticas vigentes sobre la protección de los derechos de los niños y adolescente frente a la desprotección familiar en el Alto Mayo?. | E1: Si son eficaz las políticas actuales sobre protección de los derechos de los niños y adolescente frente a la desprotección familiar en el Alto Mayo ya que los juzgados de familia, junto su el equipo multidisciplinario realizan las evaluaciones al núcleo familiar para verificar si los progenitores o tutores cumplen adecuadamente con sus roles parentales de protección, educación, alimentación, entre otros, con los menores tutelados y con ello se determina las medidas de protección a implementar en cada caso. Sin embargo, es importante que el estado contrate más expertos que integren el equipo multidisciplinario del Alto Mayo ya que el aumento de casos ha hecho que muchas veces no se realice el seguimiento adecuado. E2: Las políticas dictadas por el estado considero que si fueran aplicadas de manera correcta serian eficientes, pero lamentablemente debido a temas presupuestales y burocráticos de los juzgados y DEMUNAS no están cumpliendo su fin. E3: Considero que la ley apunta a grandes logros de solución de estas situaciones de desprotección familiar, sin embargo, si las leyes vigentes no se implementa con logística y personal calificado y suficiente para que la ejecute, no se podrán ver resultados; más aún en el Alto Mayo, en especial en la Región de San Martin donde hasta la fecha no cuenta con una UPE (unidad de protección especial), y tampoco se cuenta con CAR (Centro de Acogida Residencial), y en la Corte Superior de Justicia, no hay personal suficiente en el equipo multidisciplinario para atender estos casos. E4: Resulta ineficaces pues se ha cargado al sistema judicial una labor que debe exige dedicación exclusiva y especializada. E5: Resultan ineficaces debido a la carga laboral que se presentan los Juzgados de Familia/Civil/Mixto del Alto Mayo, y vemos que con respecto a la DEMUNAS éstas muchas veces no cumplen con su fin en materia de riesgo por desprotección debido a la falta de personal y capacitación del mismo en el tema. E6: Las políticas vigentes sobre la protección de los derechos de los niños y adolescente frente a la desprotección familiar no son objetivas, ya que tenemos, por ejemplo, que en nuestra región no se cuenta con los recursos logísticos como una UPE (Unidad de Protección Especial), albergue de menores, DEMUNAs con profesionales capacitados en la materia, entre otros; lo que dificultan que realmente se brinde una protección adecuada. E7: Respecto a la eficacia de las políticas vigentes de las medidas de protección en algunos casos E8: Considero que no son objetivas, pero ello parte desde el trabajo que realiza el Ministerio Público, ya que a veces catalogan y ponen a disposición casos por desprotección familiar; sin embargo, luego de la investigación pertinente se determina que no lo son. Pero ello también es producto de una interpretación de la norma como en el caso de la corrección que ejercen los padres sobre los hijos. E9: Va mejorando en la medida que las municipalidades distritales van implementando y acreditando a sus demunas, respecto de los casos viciados por desprotección ante el poder judicial suelen demorar su tramitación a causa del equipo multidisciplinario, que no siempre ubica a los usuarios en sus domicilios, ello por la difícil que es contar con direcciones ciertas. E10: La política vigente de protección tiene una buena intención, pero ésta necesita ser implementada con hogares que no sólo se limite a la protección de niños, niñas y adolescentes en abandono, sino ésta tiene que proyectarse a los demás problemas que genera el incumplimiento de los roles parentales, que va generar la existencia de niños y adolescente con problemas de comportamiento, que incluso terminan siendo captados por la delincuencia. | Se destaca que los juzgados de familia, junto con un equipo multidisciplinario, llevan a cabo evaluaciones del núcleo familiar para verificar si los progenitores o tutores cumplen adecuadamente con sus roles parentales. Sin embargo, se señala que la falta de personal calificado y la carga laboral en los juzgados y en las DEMUNAS (Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente) afectan la implementación efectiva de las medidas de protección. Se menciona la necesidad de contratar más profesionales para el equipo multidisciplinario, así como ausencia de la UPE y un Centro de Acogida Residencial en la Región de San Martín. | En el contexto del Alto Mayo, se plantea que las políticas actuales, si se implementaran correctamente, podrían ser eficaces, pero se ven obstaculizadas por problemas presupuestales, burocráticos y de carga laboral en los juzgados y DEMUNAS. Además, se ha llamado la atención sobre la falta de unidades de protección especial, centros fijos de acogida y la falta de personal cualificado en el equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia, contribuyen a la ineficacia de las políticas. |
Elaboración: Los autores.
Los problemas económicos, emocionales y sociales han impedido que muchas familias cumplan con su función protectora hacia los niños, niñas y adolescentes, lo que ha generado un incremento en la desprotección familiar. A pesar de la existencia de un marco legal vigente, el Estado no ha logrado abordar esta problemática de manera eficiente debido a la falta de equipos multidisciplinarios capaces de ejecutar planes de acción para revertir estas situaciones.
Esta deficiencia en la atención ha expuesto a los menores a diversos riesgos, aun cuando cuentan con progenitores o familiares cercanos responsables de su cuidado, quienes no están cumpliendo adecuadamente con sus roles parentales. Si bien las políticas actuales podrían ser eficaces si se implementaran correctamente, su aplicación se ve obstaculizada por limitaciones presupuestarias, trabas burocráticas y la sobrecarga laboral en los juzgados y DEMUNAS.
Asimismo, la ausencia de una unidad protectora especializada y de un centro residencial de acogida, junto con la escasez de personal calificado en el equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia, agravan la ineficacia de las políticas de protección infantil.
CONCLUSIONES
La desprotección familiar se origina cuando la familia incumple o desempeña inadecuadamente sus deberes de cuidado y protección hacia los niños, niñas y adolescentes. En este contexto, la intervención del Estado se rige por los principios de cuidado excepcional y profesionalismo en la gestión gubernamental.
Las medidas de protección se enfocan en la participación de diversos actores, tanto formales como informales, con el objetivo de prevenir, mitigar y responder a las amenazas que enfrentan los menores. Asimismo, es responsabilidad del equipo multidisciplinario implementar estrategias de protección en coordinación con los diferentes actores jurídicos, garantizando así una respuesta efectiva ante situaciones de riesgo
