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INTRODUCCIÓN
Las corrientes doctrinales vinculadas con la determinación sancionadora en el extremo de culminar el procedimiento penal, han sido rezagadas, siendo que actualmente se busca con gran insistencia salvaguardar las garantías en el respaldo fundamental de las personas, pues resulta incoherente sostener la posición de que un caso penal se apertura con el propósito de generar pensar que un proceso se inicia con la finalidad de otorgar una sanción. En el ámbito internacional, Missiego del Solar (2020) señaló: A través de los años se ha evidenciado que, a nivel mundial, estas medidas, en especial la prisión preventiva es un tema de especial relevancia jurídica y social dentro de las legislaciones, la cual presenta presupuestos y directrices en su atención. De tal forma, que el tema en mención se presenta como elemento jurídico la defensa del aspecto en la presunción de índole inocente, cuyo fundamento precisa que, ningún individuo debe considerarse con culpa en la medida que se demuestre lo contrario.
En el escenario nacional, el aspecto regulador de prisión preventiva, se ampara en el código procesal penal, establecido en el artículo 268, el cual consigna a nivel de prisión preventiva los contenidos en limitación de lo relacionado en libertad dispuesta con anticipación de una firme determinación mediante sentencia, contra el investigado por el órgano jurisdiccional que corresponda, lo cual se considera como el riesgo puntual que no se presente para la oralización en el juicio o participación en la sentencia de condena según sea el caso (Villegas, 2020).
Por otro lado, la corrupción se puede definir como el mal uso de recursos públicos y/o el aprovechamiento de algunas normas para beneficio propio o de allegados, esto incluye el pago ilegal e informal dirigido a funcionarios o instituciones públicas. (Palacios Garay et al., 2022, p.270). En este orden, las diferencias en la exposición a los niveles de corrupción entre los grupos sociales y las diversas expectativas sobre el comportamiento apropiado entre los referentes sociales podrían explicar las variaciones en las actitudes y los comportamientos dentro de la sociedad. (Baraybar Hidalgo et al., 2022). Así mismo, lamentablemente, las extendidas incriminaciones de corrupción en los ámbitos políticos y gubernamentales generan una alterada e incierta realidad contemporánea conllevando a una crisis de credibilidad pública. (Alfaro-Mendives, 2021, p.16).
En tal sentido, de acuerdo con Cohaila (2020) quien destaca lo siguiente:
El modelo de la descomposición alude a que, si se elimina la corrupción encarcelando a los corruptos, se logrará mayor confianza, con lo que habrá ventajas como crecimiento económico o una redistribución más equitativa. Sin embargo, para que esto suceda se necesita de instituciones democráticas que eliminen la corrupción, cuyo correlato será generar más confianza. (p.157).
A pesar de innumerables intervenciones anticorrupción, incluidas iniciativas basadas en la digitalización, la pequeña corrupción en las administraciones públicas de los países en desarrollo persiste, lo que socava el desarrollo socioeconómico. (Atta,2021). Ocasionando un desequilibrio en la gestión de publica y, por ende, afecta el desarrollo social y económico de las diferentes comunidades que la conforman.
Se plantea como objetivo general de la investigación el análisis jurídico sobre la ccorrupción de funcionarios y abuso de prisión preventiva del sistema de justicia, Trujillo.
MÉTODO
Este estudio se fundamenta en el enfoque cuantitativo, a través de la búsqueda, recolección y análisis crítico documental, referencial bibliográfico, estudios o proyectos de investigación, desde la interpretación del derecho. Las técnicas de investigación documental, según Riso (2015), son aquellas que se centran, en todos aquellos procedimientos, que conllevan el uso práctico y racional de los recursos documentales, disponibles en las fuentes de información. En este caso, se pretende aplicar como técnica de investigación, la revisión documental de textos, doctrinas y normas y tesis, los cuales contribuyen a fortalecer la investigación relacionada con la corrupción de funcionarios y el abuso de prisión preventiva del sistema de justicia, aspectos relevantes en la variada y pertinente información encontrada mediante los accesos disponibles.
RESULTADOS
Se muestran a continuación los resultados obtenidos producto del proceso investigativo desarrollado por los investigadores.
Cuadro 1 Fenómeno de la corrupción.
| Autor(es) | Investigación | Corrupción |
|---|---|---|
| Albán, y Paredes Aulestia. (2020). | La corrupción en 3D: una radiografía de sus componentes. | Resultaría miope pensar que la corrupción es un fenómeno atado a una corriente política, a un momento específico de la historia o que se limita a los episodios que se han revelado en el curso de los últimos tres años, referidos ut supra. Los antecedentes de este fenómeno surgen con el diseño institucional que, amplio sensu, rige el sistema jurídico y político que hoy vivimos en Latinoamérica. (p.38). En primer lugar, la corrupción directa es toda manifestación visible o perceptible de los actos corruptos tipificados por el derecho positivo. El soborno, el fraude, el aprovechamiento ilegítimo del patrimonio público, el tráfico de influencias, la generación de privilegios, etc. Esta dimensión integra todas las expresiones visibles de corrupción: el político que acepta una coima para tramitar un contrato, el policía que solicita un soborno para no imponer una multa, el ciudadano que paga por tener un tratamiento diferente en una oficina pública, etc. (p.45). |
| Cavero González. (2020). | Propuesta de un plan ético para reducir los actos de corrupción en la municipalidad provincial de Chiclayo. | La corrupción ha sido desde siempre uno de los retos más grandes que enfrenta la sociedad, donde se han visto involucrados políticos, funcionarios. (p.7) En consecuencia, se podría afirmar que la corrupción está enraizada en la política de muchos países expresando una desviación generalizada de los fines públicos. (p.7) Este fenómeno se vuelve un problema de alto riesgo debido a que, una vez instalado, es casi imposible eliminarlo ya que las prácticas corruptas se convierten en la “normalidad” de las formas de relación en cualquier ámbito. (p.7) Todo servidor público debe ser constantemente capacitado en cuestiones éticas que le permitan contar con principios sólidos y con una personalidad firme para que sean capaces de identificar y abordar problemas éticos. (p.11). Un requisito indispensable que permite prestar una ética administración pública es la transparencia cuyos roles son: evitar que el gobernante cometa actos delictivos por miedo a ser descubierto y permitir a los ciudadanos detectarlos, atacarlos y corregirlos. (p.11). |
Elaboración: Los autores
En este mismo orden, la legislación sobre detención preventiva permite la detención continua de la sentencia de un delincuente; al respecto, los efectos de prisión preventiva mediante resultados jurídicos en Bogotá, Colombia, entre 2005 y 2017. Aplicando la clemencia del juez de instrucción como instrumento, encontramos que la prisión preventiva conduce a un incremento en 48 puntos porcentuales respecto a la probabilidad en ser condenado. Dicho aumento en la probabilidad de llegar a acuerdos entre los acusados que de otro modo habrían sido absueltos o se les habrían retirado los cargos explica nuestros hallazgos. Se sostiene un aumento en la probabilidad de declararse culpable para aquellos detenidos antes del juicio y que experimentan una sentencia de encarcelamiento más significativa. Las cárceles colombianas están superpobladas. Las detenciones preventivas se suman al costo de manutención de los presos (Díaz, 2022).
El análisis de los actos a cargo de los órganos jurisdiccionales responsables del cumplimiento normativo con relación a combatir la delincuencia y los delitos en índole de corrupción, permite mecanismos obvios para reducir el nivel de corrupción y crimen organizado en Ucrania, los cuales pueden ser: implementación de medidas para garantizar la libertad comercial; la formación de estrategias comerciales anticorrupción; introducción de métodos especiales de educación anticorrupción; aprobación en Ucrania de actos jurídicos normativos positivos y prácticas de aplicación de la ley de carácter preventivo de la Unión Europea para la actividad conjunta de los entes responsables del cumplimiento normativo en el sistema de justicia (Omelchuk, 2022).
En este orden de ideas el autor Zavaleta Cabrera (2023) plantea lo siguiente:
Quienes ingresan a laborar al Estado deben tener vocación de servicio, que el único interés sea el bien común, la satisfacción de los intereses de los más necesitados. Funcionarios públicos han visto al Estado como un botín, anteponiendo intereses personales, familiares, amicales, a los intereses públicos. (p.73)
Así mismo, el Código Procesal Penal. (2004) establece:
Artículo. 268.- En relación a prisión preventiva a nivel de sus presupuestos materiales, se consideran en el siguiente orden: El magistrado, a requerimiento del fiscal, podrá generar disposición de la mencionada pena, si viabilizando en los primeros incidentes que sea factible precisar la determinación de los presupuestos:
Aquellos que son fundados y elementos graves de convicción que estiman razonablemente la comisión de un delito vinculante al investigado como autor o partícipe del caso.
La pena propuesta tenga período mayor a cuatro años de pena privativa de libertad.
En razón de sus antecedentes, el imputado, permita impedir el proceso que está sometido jurisdiccionalmente.
La corrupción es un fenómeno que existe en diversos grados en la mayoría de los países del mundo, combatir este problema es uno de los principales desafíos no solo para los países involucrados, sino también para la sociedad y los diversos organismos internacionales que velan por la transparencia en el país. (Carvajal Martínez et al., 2019).
CONCLUSIONES
Se concluye que, existe una relación moderada entre el abuso de la prisión preventiva en delitos de corrupción de funcionarios con la valoración fundamentada en la doctrina penal, en los operadores jurisdiccionales del sistema de justicia de Trujillo, 2022; según la revisión sistemática de literatura.
Es necesario elevar una propuesta normativa basada en la ley penal, la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado para evitar el abuso de la prisión preventiva en delitos de corrupción de funcionarios que permita mejorar los criterios de ponderación de los operadores jurisdiccionales del sistema de justicia de Trujillo, en el año 2022.
