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INTRODUCCIÓN
La corrupción es un problema que afecta a nuestro país y al mundo, se observa que poco se han esforzado los gobiernos de América Latina en su lucha anticorrupción. En el Perú se ha demostrado una gran desconfianza ciudadana hacia sus instituciones públicas, como el Poder Judicial ya que se dan cuenta que la justicia existe solo para los ricos y no para los pobres. La corrupción tiene un impacto económico negativo a modo de círculo vicioso. Es decir, a más corrupción, menor crecimiento económico lo que, a su vez, lleva a más corrupción. (Chaparro et al., 2021, p.780). La prensa peruana en los últimos años, ha revelado que algunos operadores judiciales se han dedicado a cometer acciones corruptas, por ejemplo: delitos de prevaricato, para provecho propio, de familiares y amigos más cercanos, etc. esto socava los pilares de la justicia y el crecimiento económico.
Al respecto el autor Martínez Huamán (2023) describe lo siguiente:
Hoy en día se observan-en los medios comunicación-titulares sobre el aumento de los actos de corrupción, escasos resultados satisfactorios en el combate contra la corrupción, penas benignas contra esta; sin embargo, no se presenta información real que respalde las citadas noticias. (p.168)
En este orden de ideas, DeHart (2018) declara que la corrupción daña la seguridad jurídica, economía y crecimiento de un país. En consecuencia, la corrupción origina que las inversiones internacionales se reduzcan dando lugar a menores oportunidades de trabajo, poco desarrollo en infraestructura y tecnología. Por otro lado, Schutte (2017) la corrupción es mala en una sociedad, donde existe desigualdad económica, política, social y laboral. La repercusión es más negativa para la inversión extranjera y nacional. También, es preciso señalar que una sociedad que coexiste con la corrupción llega a ser negativo en su aspecto global. Abundando al respecto, la corrupción ha marcado presencia en nuestra historia sin encontrar solución por la ausencia de voluntad política de nuestras autoridades de turno. Así mismo, Reátegui (2018) indica es preciso repetir que la corrupción es un problema social realizado de manera cotidiana, a través de un acuerdo secreto entre sus integrantes y obtienen impunidad, debido a que su identificación no es fácil. A propósito de lo anterior, hay ciertas personas que han logrado normalizar la corrupción ya que conviven y se han acostumbrado con ello.
De acuerdo a Gutiérrez Zea. (2020) indica que:
Los índices más elevados en las prácticas de corrupción se presentan en países en vías de desarrollo, toda vez que estas acciones poseen un gran impacto en la economía de los países tercermundistas, por cuanto las inversiones, desarrollo e investigación, políticas públicas nacionales e internacionales dependen de la participación ejecutiva del Estado. (p.11)
En el país, la corrupción es un problema social grave que afecta directamente la legitimidad de entidades públicas como el Poder Judicial, cuya imagen viene a ser negativa, porque no tiene la aprobación de la ciudadanía debido por ejemplo el caso emblemático de corrupción los Cuellos Blancos del Puerto, donde una mafia operaba dentro del poder judicial conformado por jueces y demás servidores judiciales, originando un descontento social legítimo en la población. Al respecto, el autor Montoya (2020) describe lo siguiente:
Es de conocimiento público el flagelo que sufre nuestra sociedad peruana y las instituciones tutelares del Estado como el Poder Judicial, debido a hechos de corrupción y criminalidad organizada, protagonizados por jueces en todos los niveles de rango jerárquico: desde jueces especializados, hasta jueces supremos. En la actualidad, hay algunos encarcelados y otros que han huido del país. (p.2)
A nivel local, es necesario investigar si existe corrupción en los operadores judiciales y si los ciudadanos piensan que la justicia que se imparte en la ciudad de Chimbote es eficaz. Por consiguiente, conforme a estos antecedentes y realidades se plantea como objetivo general de la investigación el análisis jurídico de la corrupción en los operadores judiciales y justicia eficaz en el distrito de Chimbote, Perú.
MÉTODO
El método que se desarrolla en la presente investigación, se apoya en el enfoque cuantitativo, recurriendo a la tipología documental-bibliográfica, lo que permite establecer el análisis del objeto de estudio, con el propósito de describir el tema abordado (Hernández Sampieri et al., 2014). El material abordado se conformó por tesis de grado, investigaciones científicas, trabajos arbitrados y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos, que conforman el problema abordado (Rodríguez y Pérez, 2017). En cuanto a la población fue conformado por 42,169 habitantes y una muestra de 381 personas, el muestreo fue probabilístico y se utilizó la técnica aleatoria simple, siendo la unidad de análisis que cada ciudadano sea mayor de 18 años y menor de 70 años. Para recolectar los datos se usó la técnica de la encuesta.
RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos luego del desarrollo del método.
Tabla 1 Niveles de percepción de los ciudadanos sobre la corrupción de los operadores judiciales y una justicia eficaz en el distrito de Chimbote -2022.
| Nivel | Corrupción de los operadores judiciales | Justicia eficaz | ||
|---|---|---|---|---|
| N° | % | N° | % | |
| Muy mala | 0 | 0,0% | 2 | 0,5% |
| Mala | 106 | 27,8% | 90 | 23,6% |
| Regular | 111 | 29,1% | 131 | 34,4% |
| Buena | 164 | 43,0% | 158 | 41,5% |
| Muy buena | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Total | 381 | 100,0% | 381 | 100,0% |
Elaboración: Los autores.
Con respecto a lo hallado en esta investigación se tiene que en la tabla 1 de un total de 381 encuestados (100%), en la variable corrupción de los operadores judiciales se encontró que el 43% representan una percepción buena, el 29.1% tuvieron una percepción regular y un 27.8% una mala percepción. Con respecto a la variable justicia eficaz, se detectó que el 41.5% representa una percepción muy buena, el 34.4% regular, el 23.6% tiene una mala percepción y el 0.5% representa una percepción muy mala. Esto significa que en ambas variables los porcentajes mala y regular percepción, representan a la mayoría de los encuestados. En este sentido, Carvajal et al. (2019) asocia el problema de la corrupción y el derecho a una justicia eficaz, en la que exponen que la institución judicial no es ajena a la corrupción.
Tabla 2 Modelo de regresión para comprobación de hipótesis general y la influencia de la corrupción de los operadores judiciales en una justicia eficaz en el distrito de Chimbote-2022.
| Regresión logística ordinal | Pseudo R cuadrado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Logaritmo de la verosimilitud -2 | Chi Cuadrado | gl | Sig. | Nagelkerke |
| Sólo intersección | 163.653 | 119,152 | 2 | 0.000 | 0.302 |
| Final | 44.502 | ||||
Elaboración: Los autores.
Según la tabla 2, dado que el valor de significancia es p = 0,000 siendo menor al 5% (p < 0.05), demostrando que, la corrupción de los operadores judiciales, influyen en una justicia eficaz por lo que se acepta la hipótesis alterna, con un valor de Nagelkerke de 0.302, es decir, que el nivel de corrupción de los operadores judiciales influyen en el 30.2% de una justicia eficaz.
En ese tenor, Cruz y Torres (2019) manifestaron que la corrupción judicial en Colombia interviene, pero no sanciona disciplinariamente a los magistrados de superior jerarquía, ya que los más sancionados son los jueces de categoría intermedia y de rango inferior siendo ello preocupante. Además, Vílchez (2019) arguye que la razón fundamental de que la ciudadanía le haya dado un valor negativo al Consejo Nacional de la Magistratura, es por los escándalos de corrupción en que se ha visto envuelto este organismo y que al final en sus entrevistas a los aspirantes a magistrados y fiscales hayan primado criterios subjetivos y no profesionales.
DISCUSIÓN
Es de conocimiento público que la corrupción de los miembros de nuestro poder judicial es y seguirá siendo un problema. Esto no solo se debe a la mala práctica de los funcionarios o servidores, sino también a algunos magistrados que suelen justificarse o ampararse en la provisionalidad de sus funciones como si fueran una especie de "cortina de humo" que de manera errónea tiende a una falsa expectativa de mejoras en las funciones o responsabilidades (Palma Cueva, 2021).
Por otro lado, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (2020). en uno de sus boletines destaca lo siguiente:
El estudio realizado refiere que, al 4 de junio, existen más de 700 investigaciones fiscales por presuntos delitos contra la administración pública desde que se decretó el estado de emergencia, y en los que la Procuraduría se encuentra participando activamente a través de sus 37 sedes a nivel nacional.
Del total de casos de presunta corrupción, de acuerdo al boletín informativo, el 51% se concentra en siete regiones del país: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.
En este sentido, Caza Zapana (2022) menciona que:
La eficacia del proceso penal, de los actos que dentro de este se desarrollen, y el consecuente logro de sus fines, estará sujeto a que la actividad o actuación procesal desarrollada por las partes se ajuste al irrestricto cumplimiento de las normas y/o garantías procesales y constitucionales en vigor. (p.2)
Se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de educar en valores y ética, en la cual debe colaborar la familia, escuela y gobierno para conseguir una sociedad justa y equitativa. Por ello, el autor Larrea Moscoso. (2022) explica lo siguiente:
El constituyente se encuentra sometido al Derecho, debiendo someterse a los valores; si bien el constituyente es el único creador de Derecho se sujeta al sistema de valores sobre el que se creó nuestra Constitución, en base a principios ancestrales, originarios y principios del Derecho universal. (p.115).
CONCLUSIONES
De la encuesta a 381 ciudadanos (100%), el factor corrupción de los operadores judiciales se tuvo que el 43% su percepción es buena, el 29.1% la percepción regular y un 27.8% una mala percepción. En cuanto a la justicia eficaz, el 41.5% la percepción muy buena, el 34.4% regular, el 23.6% una mala percepción y el 0.5% representó una percepción muy mala. Concluyendo que en ambos factores de la investigación los porcentajes de mala y regular percepción representaron a la mayoría de los encuestados.
