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Introducción
A partir del siglo XX, especialistas, inician un análisis y estudios sobre políticas e instituciones para establecer un Estado y gobierno con capacidad para enfrentar los retos actuales. La expansión democratizadora en las décadas últimas, despertó el interés para diseñar modelos de gobierno que fortalezca las incipientes democracias que generé bienestar a los ciudadanos y estos logren participar libremente. Así el binomio democracia y gobernabilidad cohesionado, pero con tensiones y contradicciones profundas; este binomio es viable y legítimo si logran responder y adecuarse a las demandas sociales. En el contexto actual, tenemos conflicto porque existe democracias sin gobernabilidad o a la inversa y esto lleva a un desencanto de los ciudadanos porque no responden a sus requerimientos e incluso reviven modelos autoritarios (Instituto Nacional Electoral, 2022).
En pleno siglo XXI, en América Latina, las democracias son relativamente jóvenes y se enfrentan a delicados problemas, como pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia, y una enquistada corrupción; también tratando de fortalecer la convergencia entre gobernabilidad y participación en condiciones de democracia, lamentablemente existen situaciones adversas que condicionan las decisiones públicas que benefician a la mayoría, incluso decisiones que afectan la conquista de institucionalidad democrática o afectan los mecanismos de participación ciudadana, dejando libre para que sean caminos que impulsen expresiones democráticas (Suiter y Fletcher, 2020).
La tendencia democrática actual está caracterizada por el pesimismo, populismo y polarización (Taylor, 2019) en este escenario, la gobernabilidad y la participación desde la democracia genera mucha preocupación. En la actualidad con cambios complejos, las estructuras de la participación ciudadana y gobernabilidad, basada en la democracia no están cumpliendo sus objetivos e incluso en algunos escenarios existe una alta crisis de democracia que tiende a propiciar una percepción del fin de esta forma de gobierno (Carson y Elstub, 2019).
La gobernabilidad, de acuerdo a López et al., (2017) es una cualidad inherente a una comunidad u organización política, en donde la autoridad para ejercer sus funciones tiene diversos procesos y mecanismos que genera bienestar a sus integrantes; en ese sentido, la gobernabilidad, privilegia el rol de las entidades del Estado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para lograr un beneficio general; por eso las políticas públicas se generan a partir de la relación con los actores democráticos y sociedad civil. Bayón (2018), considera que las decisiones que asumen en la participación ciudadana, resulta de las relaciones colectivas como resultado del ejercicio del derecho democrático y así garantizar su rol en las políticas públicas.
El ejercicio de la gobernabilidad está vinculado a la participación ciudadana a través de la gestión de las instancias y niveles de gobierno con el propósito de tomar decisiones que permita tener resultados eficientes (Ansell y Gash, 2018). Couto y Carmona (2019), afirma que el proceso de la gobernabilidad, está vinculado con la gestión gubernamental, llamadas políticas públicas y estas están dirigidas a proporcionar soluciones viables a los problemas de la ciudadanía, quienes las valorizan, expresando con el nivel de satisfacción; para lograr esto, es necesario que dichas decisiones son estructuradas y organizadas sobre la base de la participación, concertación y consenso con la sociedad civil.
Por tal motivo, Cernadas et al., (2018) indica que la participación ciudadana en la actualidad constituye un componente muy importante de acceso a las decisiones políticas de un gobierno; por ello, la población participa en consenso, compartiendo el poder político con las autoridades elegidas por ellos mismos, el propósito en dichas acciones es atender y solucionar sus necesidades o demandas como pueblo; todo ello involucra la participación ciudadana.
Para González (2019), debe ser entendido como el desarrollo natural producido en la sociedad cuando los ciudadanos organizados buscan mecanismos y estrategias de actuación para lograr ser escuchados y participar de la administración de recursos y la forma de ejercer la política en la sociedad. Por lo tanto, la participación ciudadana, se entiende como el acto inherente e importante del ciudadano y cuyo fin es alcanzar el o los objetivos que beneficien a la comunidad.
De igual forma, Gossmann (2020) indica que la participación ciudadana adquiere trascendencia y viabilidad en sociedades en donde sus ciudadanos han obtenido una ciudadanía plena y en las que su nación se fundamenta en un gobierno democrático y representativo. Ganoza y Augusto (2021), refieren que las personas proceden de acuerdo a los derechos garantizados en la constitución y por las leyes; pudiendo participar libremente en todos los procesos democráticos como las elecciones, las cuales deben ser transparentes e incluyentes. En ese sentido, Taguenca y Lugo (2021), indica que las elecciones deben ofrecer la igualdad de oportunidades tanto para elegir y ser elegidos; donde actores como son los partidos políticos deben asegurar la vigencia y defensa de la democracia y el voto universal.
Las condiciones actuales para la gobernabilidad y participación ciudadana tienen grandes retos que enfrentar. De acuerdo al Barómetro para América Latina, el nivel de percepción sobre la corrupción, ubica al Perú en primer lugar del ranking con 88%, seguido de Brasil (79%), Colombia (78%), Paraguay (75%), Chile (74%), los demás países oscilan entre el 60% al 69%, siendo Paraguay (34%) con la más baja percepción de corrupción (Lupu et al., 2021). De acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos (2023), en Perú, la ciudadanía opina: el 90% rechaza la gestión del Congreso, el 79% desaprueba la gestión presidencial, el 82% desean adelanto de elecciones, el 81% consideran que se violan los derechos humanos.
En el Perú, la gobernabilidad dentro de una democracia, debe avalar y asegurar el normal ejercicio de los derechos civiles, como la participación ciudadana; pero a pesar de lograr un alto crecimiento económico, el bienestar y capacidad ciudadana no se ha incrementado en la misma proporción. Además, los ciudadanos no se sienten representados o identificados con la forma de funcionar de las entidades estatales o niveles de gobierno, porque perciben que estas instancias de gobierno excluyen los intereses y requerimientos ciudadanos (Condor, 2023).
El contexto actual, por las condiciones sociales y política, ha afectado la gobernabilidad y por lo cual es catalogado como un sistema hibrido, ubicándose dentro de ranking en América Latina en el puesto 75 con un puntaje 5,92 de 10 máximo; además, se considera que existe una fuerte polarización y una elevada tolerancia y tendencia al autoritarismo (Yun, 2023). Igualmente, Lanegra (2023) considera que la gestión gubernamental del Congreso y Ejecutivo tienen muy baja aprobación por parte de la ciudadanía y esto muestra que existe una gobernabilidad sin legitimidad o una gobernabilidad casi sin democracia, en tanto que no se considera la participación ciudadana.
La finalidad es analizar la participación ciudadana y la gobernabilidad en un sistema democrático y de esa manera contribuir a mejorar la gobernabilidad dentro de mecanismos democráticos para generar bienestar y garantizar calidad de vida para los ciudadanos. La participación ciudadana implica organización, relaciones y concertación para lograr una gestión eficiente en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas. Significa una negociación entre actores válidos y reconocidos, conformados por personas diversas, con historia de vida diferentes, formación y conocimientos variados, creencias culturales heterogéneas entre otras características que desean participar en procesos de gobernabilidad y democracia.
Metodología
En el actual estudio se utilizó una investigación básica - teórica, el diseño es revisión sistémica de la literatura académica y las actualizaciones a nivel teórico de estudios primarios de tipo descriptiva (Sánchez et al., 2018). Para el desarrollo de este proceso se usó como referencia las pautas metodológicas de Corona-Sobrino (2021), indica que este tipo de investigación plantea un análisis explicativo conceptual que aporta elementos para el aprendizaje, información adquisición de conocimientos, integración y cognitiva.
También se considera los aportes de Estrada-Villa (2022) que reflexiona que las investigaciones sistemáticas o bibliográficas, usan elementos metodológicos que facilitan la investigación académica, como: estructurar búsqueda y ordenar información de acuerdo a las necesidades de la investigación. Se utilizó la técnica de análisis documentos con el cual se recopiló y registró bibliografía útil para la presente investigación (Hernández et al., 2018).
En ese sentido, a través de una revisión sistemática; se desarrolló una identificación de literatura a nivel académico y de carácter científico que contuviera propuesta a nivel teórico y académico, metodologías, marco conceptual sobre el tema de interés. Los criterios para seleccionar la literatura académica fueron temas vinculados a la participación ciudadana y gobernabilidad en los niveles subnacionales y fueron publicados entre el 2018 al 2023, de preferencia en idioma español o en inglés.
La fuente en donde se han identificado la literatura o revisión sistémica, relacionado con la investigación fueron bases de datos académicas como: Scopus, Ebsco, Scielo y repositorio de la universidad. Se han revisado resúmenes de 148 artículos científicos, comprendidos entre los años del 2018 al 2023 o que fueron citados por autores, de este total fueron seleccionados 58 documentos, de la tercera selección, quedaron 10 artículos relacionados con las variables de estudio.
Resultados y discusión
En la actualidad, el reconocimiento por parte de las administraciones públicas de la importancia de la creación de espacios y foros que propicien la participación ciudadana, así como el tono retórico que en ocasiones ha caracterizado su discurso, han dado paso a un interés creciente por explorar las consecuencias últimas de la participación ciudadana.
Son de todo punto obvias las ventajas que de la participación ciudadana puede derivar tanto para la propia sociedad (en la medida en que desde un esquema participativo se facilite el acceso a la definición de las políticas públicas que orientarán su producción) como para la Administración (pues al canalizar las demandas ciudadanas permitiría su conocimiento directo, evitaría costes de transacción derivados de los mecanismos de imposición autoritaria, serviría de colchón amortiguador de tensiones sociales y se justificaría como ejecutora de la voluntad popular).
Es más, la simplicidad de muchos de los trámites que requieren el acuerdo previo ha hecho de la participación la alternativa más racional en muchos casos (García et al., 2024).
Al reflexionar sobre el papel de la participación ciudadana como un instrumento esencial de la gobernanza, se debe asumir que éste abarca desde la implementación de la democracia directa hasta la democratización de la democracia representativa. Frente a la concepción clásica de participación como consulta o petición de informes fundada en una concepción nucleacionista, podría sostenerse que su esencia debería establecerse a partir de la necesidad de influir en la definición de las políticas públicas y de su implementación.
Pese a la amplia variedad conceptual que puede apreciarse en la bibliografía consultada, ciertos rasgos comunes pueden establecerse para definir la participación. Los distintos enfoques coinciden en que es en democracia el lugar privilegiado para el fortalecimiento de la participación, reconociendo el principio de gobierno del pueblo.
Desde la administración y gestión pública, la concepción de la participación se inscribe en un enfoque más global de cercanía entre administración y ciudadanía en el que confluyen diversos aspectos como la nueva gestión o Nueva Administración Pública, vuelta en el diseño y ejecución de las políticas, refuerzo de los cauces de interacción ciudadana o fomento de la transparencia informativa (Benavides, 2021).
Para llevar a cabo esta investigación, se analizaron 10 artículos científicos que incluyeron las variables sobre participación ciudadana y gobernabilidad. En este análisis se consideran 6 ejes temáticos en donde se evidencia la relación entre participación ciudadana y gobernabilidad.
Modelo de gestión para la participación ciudadana y gobernabilidad
La participación ciudadana en el Perú está enmarcada en las normas legales como sobre participación, control ciudadano, vigilancia, organización y función de gobiernos locales y regionales, presupuesto participativo, transparencia sobre información pública, modernización del Estado, entre otros. Este marco legal son mecanismos para establecer la participación ciudadana y establecer acciones de desarrollo en los gobiernos subnacionales, gestionar requerimientos prioritarios de los ciudadanos y canalizados por las instancias del Estado; pero no es suficiente para garantizar una efectiva participación (Remy, 2017).
La participación ciudadana es un derecho, como lo indican Cruz y Valentín (2017), es un soporte a las acciones y procesos que se ejecutan en la gobernabilidad a través de la gestión de las entidades del Estado para generar bienestar. La manera que se ejerce el derecho a la participación ciudadana, no guarda relación con la forma de gobernabilidad y democracia, los ciudadanos tienen limitaciones en la participación, solo son personas que para avalar temas de gobierno y de carácter público. Ordoñez y Trelles (2019) indican que la gobernabilidad en un Estado democrático y con participación ciudadana, permite un diálogo entre ciudadanos y entidades para contribuir a la toma de decisiones gubernamentales
Cuando la gobernabilidad se vulnera en un proceso democrático y participativo, es que se está configurando un gobierno dictatorial y represivo, la participación constituiría una afrenta social frente a un estado insostenible e ingobernable (Guanipa y Ángulo, 2020).
Así mismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2020) señala que la gobernabilidad para garantizar la democracia y por ende la participación ciudadana debe considerar tres dimensiones: primera, lograr que el Estado sea competente, autónomo para diseñar políticas que generen un alto nivel de bienestar; segunda, lograr una economía predecible, estable, capaz de aplicar políticas económicas efectivas a nivel interno y externo, facilite el desarrollo de capacidades y más bienestar; y, la tercera dimensión es lograr la incorporación del sector privado desde una perspectiva competitiva e innovadora, así la participación de varios actores garantizará mayor productividad e innovación.
Además, Chwalisz (2019) señala que en esta época con sociedades democráticas y gobernabilidad que no cumplen sus fines, además de cambios frecuentes y complejos, plantea que debe considerar seis motores que garanticen la gobernabilidad y democracia: factores económicos, aspectos culturales, tendencias tecnológicas y condiciones ambientales; todas ellas articuladas.
Identidad social, participación ciudadana y gobernabilidad
El segundo eje analiza la participación ciudadana como un factor para afirmar la identidad social y fortalecer la igual, equidad e inclusión de los ciudadanos (as), de esa manera se acorta las brechas sociales en el proceso participación. La participación es un espacio y proceso que permite afirmar la igual, equidad e inclusión de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales, poderes del Estado y en el fortalecimiento del sistema democrático que viene debilitándose por el ejercicio perjudicial de la democracia representativa. Además, que la identidad social cohesiona la participación ciudadana para equilibrar los poderes e intereses de los colectivos de la sociedad (Guanipa y Ángulo, 2020).
La identidad está relacionada a un estatus sociocultural que de diversas formas impulsa, condiciona o limita la tomad de decisiones en los espacios de participación y el modelo de gestionar la gobernabilidad. Las crisis políticas están relacionados a los conceptos de identidad, social y cultural (Norris y Inglehart, 2019). Estos elementos relacionados con la identidad sociocultural, generan dimensiones nuevas que tienden a fortalecer la desigualdad, intolerancia, tendencias autoritarias y establecen gérmenes para un cambio y libertad (Piketty, 2018).
Diversos estudios sobre movimientos sociales, identidad y teoría de la acción colectiva han tocado la relevancia de la toma de conciencia en la formación de actitudes, creencias, emociones y conductas intergrupales. La promoción de un sentimiento de pertenencia de los individuos a su comunidad parece ser la clave de la participación, especialmente aquella basada en la solidaridad concreta y, por tanto, proclive a favorecer el cambio político. Los resultados de este estudio promueven una comprensión múltiple de los fenómenos vinculados con la participación ciudadana, en tanto se promueve una visión donde se evidencia la coexistencia de diversas dimensiones, procesos y vehículos de participación.
De tal manera, un marco interpretativo que permite considerar los múltiples factores asociados con el comportamiento de participación, la capacidad de los individuos para comprometerse en elevar información y sus percepciones e itinerarios, y la relación bidireccional entre la participación y ciertas condiciones que posibilitan o limitan el accionar de los individuos en las instituciones de una comunidad (Chango Moreta y Cordonez Mantilla, 2024).
Finalmente, la identidad social facilita la participación política, la cual impacta en la noción de gobernabilidad. Como se ha argumentado en el documento, el accionar colectivo se afilia tanto a la adscripción a una identidad social compartida y, por tanto, a las creencias y prácticas propias de esa identificación, como a la expresión y acción en el marco de diversas instituciones a nivel local, regional o estatal. De esta manera, se debe considerar en la comprensión de los fenómenos de gobernabilidad y participación política la complejidad del actuar de individuos con múltiples identidades, en contraposición a conductas unidimensionales sostenidas por teorías que han reducido la noción de identidad a una variable particular.
Participación ciudadana y decisiones para la gobernabilidad
El tercer eje fue la participación ciudadana como un espacio para las decisiones gubernamentales, es considerado un proceso inherente al ser humano y en ese mismo nivel debe ser considerada la participación ciudadana, inherente a la gestión de las entidades públicas y los ciudadanos. Es un mecanismo para mejorar los servicios públicos, para lo cual es necesario analizar y articular tendencias y teorías sobre gobernabilidad y democracia con el contexto y requerimientos de los ciudadanos con el fin de generar cambios en una sociedad democrática (Escalante y Alza, 2020).
La gobernabilidad requiere de los ciudadanos para construir el Estado que requiere la sociedad y en una democracia, las decisiones tienen un proceso colectivo y eficiente, de esta forma la gobernabilidad establece nuevas formas para relacionarse con los ciudadanos a través de diferentes jerarquías de gobierno, pero sosteniendo que las decisiones se generan en el proceso participativo (Bayón, 2018).
En este sentido, la participación ciudadana contribuye directamente a la gobernabilidad, la gobernanza y el fortalecimiento de los procesos democráticos. Se ha convertido en un elemento central de las investigaciones políticas de los últimos años. En el primer aspecto, la participación ciudadana representa el ejercicio diario de la democracia, la gobernanza y la relación con el poder. La participación activa de la ciudadanía en temas de interés público otorga relevancia a la deliberación pública, actividades que en conjunto son fundamentales para fortalecer el principio de la democracia y sobre las instancias o espacios institucionalizados de toma de decisión. Los gobiernos municipales que cuentan con un alto grado de participación enfrentan de manera más efectiva los retos que desafían la política municipal actual (Murrugarra, 2022).
Por ello, el principio del fortalecimiento ciudadano busca lograr la democratización social de las decisiones que más afectan por distintas vías: organización social, promoción de las capacidades de los actores mediante propuestas de formación, información pública, democratización de la cultura y el fomento a los procesos asociativos. En segundo lugar, la participación ciudadana constituye un factor intrínseco que, sumado a las dimensiones económica, política y administrativa, construyen un criterio pleno de gobernanza que se define como el ejercicio de los procesos de participación, deliberación y decisión, que se expresan en decisiones concertadas y ejecutadas coordinadamente por los actores que integran los distintos espacios de gobierno y acuerdo, tanto interno como externo a la administración pública (Zúñiga, 2024).
Participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas en niveles de gobierno
El cuarto eje fue la participación ciudadana en la gestión políticas públicas en niveles de gobierno. Analiza la participación en las decisiones gubernamentales (gobierno central, regional y municipal), en la determinación de las normas legales, como un mecanismo para validar decisiones y afirmar la democracia. La participación ciudadana es un derecho que facilita la participación en las políticas públicas, decisiones gubernamentales, proceso de construcción de normas legales, brindar servicios públicos de calidad, satisfacer necesidades e intereses de la sociedad y garantiza la gobernabilidad a nivel central, regional y local. Ordoñez y Trelles (2019) consideran que la participación es un mecanismo de control social para mejorar los servicios públicos y atiendan los intereses de la ciudadanía desde los gobiernos subnacionales.
En este sentido, según Dolorier (2019), la participación ciudadana ejerce influencia en el proceso de elaboración y aplicación de políticas públicas en los gobiernos regionales. Castellanos (2019), por otro lado, examina la participación ciudadana como un instrumento que puede revalidar y legitimar la democracia representativa, pero también puede ser manipulada y deslegitimada. Además, Damsky (2019) sostiene que la participación ciudadana es un derecho público fundamental. Asimismo, Vílchez (2019) determina que la participación ciudadana contribuye a mejorar la gobernabilidad de los gobiernos regionales y locales.
Para Pimienta et al., (2021) la participación ciudadana es definida como la intervención de los individuos en la vida política de un país o ciudad con la finalidad de supervisar y construir bienestar en temas tangibles o intangibles de interés general. Acciones como votar, opinar, criticar actuaciones gubernamentales, organizar movimientos sociales, participar en consejos, son algunas de las acciones realizadas por los ciudadanos para influir en las decisiones políticas.
La participación ciudadana dentro de la Gestión de Políticas Públicas es parte tanto del ejercicio de la participación ciudadana cuando esta es exigida en la confección de ciertas políticas definitivas y como parte de la puesta en marcha de programas, proyectos o modificaciones a las mismas. Se requiere de ambas, si bien una será más intensa en participación ciudadana, pero la otra tampoco la podemos dejar de lado. La participación ciudadana en el contexto del neo-constitucionalismo.
Canales de participación para la gobernabilidad democrática
El quinto eje de análisis se centra en los canales de participación ciudadana y examina dos factores que influyen en esta participación. En primer lugar, se consideran los mecanismos establecidos por ley para organizar la participación ciudadana. En segundo lugar, se analiza el papel de las redes sociales como herramienta para influir en los procesos y decisiones del sistema democrático, especialmente en lo que respecta a la participación de los jóvenes.
Los mecanismos para construir y ejercer el derecho de participación ciudadana se fundamentan en las normas legales que vinculan la gobernabilidad con los ciudadanos, y buscan incluir a los jóvenes a través del uso de las redes sociales, permitiéndoles aportar e influir en los procesos y decisiones del sistema democrático (Moreno y Ziritt, 2019).
En este contexto, se examina el progreso tecnológico de las redes sociales como canales para la participación ciudadana. Se ha observado una influencia positiva en el uso de las redes sociales para participar de manera productiva en la vida política, social, cultural y comunitaria. Además, se destaca su capacidad para contribuir en la reconstrucción de situaciones antidemocráticas.
Teorías sobre participación y gobernabilidad
Y, el sexto eje, teorías sobre la participación, analiza a nivel epistemológico sobre diversas categorías sobre la participación ciudadana, como el rol del Estado, marco legal, la participación en política públicas a través de las entidades del Estado y la construcción de la gestión participativa a través de mecanismos democráticos, como un factor social de derecho y un proceso de empoderamiento ciudadano que afirma la conciencia colectiva.
Desde una visión epistemológica, analizan la participación ciudadana como un derecho, describen el rol del estado, normas legales, función de los ciudadanos en las entidades públicas y el uso de los mecanismos para fortalecer el sistema democrático y fortalecer la conciencia colectiva. La participación ciudadana se construye usando mecanismos del sistema democrático para empodera al ciudadano (De Velazco y Hernández, 2018).
La gobernabilidad y participación ciudadana está en relación al ejercicio democrático y el modelo de gestión pública, así como está relacionado con la solidaridad, cooperación y transparencia. La forma de gobernabilidad, no va tener respuesta a todos los requerimientos públicos, por eso requiere de la participación de los ciudadanos para diseñar las políticas públicas, desarrollar decisiones efectivas y de calidad, así se incorpora el saber comunitario y la colaboración de diversos actores.
La gobernabilidad participativa, rompe modelos o esquemas clásicos de democracia, incorpora la democracia participativa público y su relación con el sector privado. Así la gobernabilidad democrática solo es posible con la participación de los ciudadanos, siendo diverso y plural, conforman una red que influye en las decisiones; complementa y sustituye a la democracia representativa y genera mejor información e incrementa la calidad y eficiencia de las políticas y servicios públicos (Federación Española de Municipios y Provincias, 2018).
Conclusiones
La participación ciudadana es un derecho público que garantiza la gobernabilidad, pero requiere reformular los modelos de gestión de la participación a nivel subnacional para optimizar el sistema democrático y desempeñar su papel como contrapeso frente a una democracia representativa desgastada.
Fortalecer la participación ciudadana en aras de fortalecer la gobernabilidad implica consolidar la identidad social, prevenir desigualdades y exclusiones en las políticas públicas y decisiones gubernamentales, y equilibrar los poderes e intereses del gobierno y los colectivos de la sociedad. Además, se reconoce que la educación desempeña un papel fundamental para mejorar y multiplicar la participación ciudadana, ya que está intrínsecamente ligada a los individuos.
La participación ciudadana en las políticas públicas, tanto a nivel central como subnacional, es crucial para garantizar y ejercer la gobernabilidad, satisfacer los intereses y necesidades de las personas, y constituye un mecanismo de control, fiscalización y toma de decisiones.
Los mecanismos y canales para construir y ejercer el derecho de participación ciudadana están establecidos en las normas legales del país, tanto en los gobiernos locales como en el gobierno central. Sin embargo, uno de los canales de mayor influencia en la actualidad son las redes sociales, las cuales han fortalecido la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes, en los procesos y decisiones gubernamentales, consolidando así un sistema democrático participativo.
Las teorías de la participación ciudadana y gobernabilidad conforman un binomio que permite ejercer el derecho a participar, comprender el papel del Estado, las entidades públicas y la función de los ciudadanos, así como utilizar los mecanismos disponibles para fortalecer la conciencia colectiva, la gobernabilidad y el sistema democrático, empoderando así a los ciudadanos.
