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Introducción
A lo largo de la historia, la relación entre los seres humanos y los animales ha evolucionado, pasando de una visión utilitarista a un reconocimiento gradual de derechos (Morales et al., 2023). La creciente conciencia sobre la capacidad de los animales de sentir dolor y emociones ha impulsado un avance significativo en la protección animal (Álvarez, 2024). Sin embargo, persiste una paradoja fundamental en el ámbito jurídico: la coexistencia de los conceptos de propiedad y bienestar animal.
El creciente reconocimiento de los animales como seres sintientes ha impulsado la promulgación de leyes para protegerlos (Charette, 2022). Sin embargo, la violencia hacia los animales sigue siendo un problema persistente (Donderis, 2019), porque cuando un individuo adquiere un animal, lo considera su propiedad (Menezes et al., 2022; Simisterra y Gorozabel, 2022). Sin embargo, esta concepción choca frontalmente con el reconocimiento de que los animales son seres sintientes, capaces de sufrir (Santos et al., 2024).
Esta contradicción se agudiza en los casos de maltrato animal perpetrado por sus propios dueños, donde el sujeto activo del delito (el dueño o propietario) es a la vez el sujeto pasivo. Al considerar al animal como propiedad, se tiende a minimizar el daño causado por el maltrato, ya que se le otorga más importancia al valor económico y no se reconoce su valor intrínseco como ser sintiente (Prats, 2020). Esta visión reduccionista dificulta la persecución penal efectiva de estos casos.
En el ámbito internacional han surgidos múltiples legislaciones para proteger a los animales, dentro de las que se podría señalar la Declaración Universal de los Derechos de los Animales (1978), y el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía (2017). Así como diversas normas legislativas y jurisprudenciales de países europeos y de Asia que reconocen a los animales como seres sintientes.
Latinoamérica ha experimentado avances significativos en el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Colombia, con su Ley 1774 de 2016, estableció legalmente esta consideración. Argentina, Brasil y Ecuador, a través de jurisprudencia han seguido esta tendencia, sin embargo, a pesar de estos avances, la problemática del maltrato animal persiste (Charette, 2022; Simisterra y Gorozabel, 2022; Menezes et al., 2022).
Incluso en países como Perú, que cuenta con la Ley 30407 y ha tipificado el maltrato animal como delito en el artículo 206-A del Código Penal, pero ubicándolo dentro de los delitos patrimoniales generando una realidad compleja. La coexistencia de marcos legales protectores y la persistencia de prácticas crueles evidencian la necesidad de fortalecer la aplicación de las leyes y fomentar una cultura de respeto hacia los animales (Morales et al., 2023).
La importancia del estudio de la unificación de sujetos en el delito de maltrato animal reviste una importancia crucial en el ámbito jurídico y social. Por un lado, permite identificar las lagunas legales y las dificultades interpretativas que surgen cuando el agresor es a la vez propietario del animal. Por otro lado, contribuye a visibilizar una problemática socialmente relevante, generando conciencia sobre la necesidad de proteger a los animales de la violencia, incluso cuando esta proviene de quienes deberían cuidarlos.
Además, esta investigación busca llenar este vacío de literatura al analizar en profundidad las particularidades de estos casos, las dificultades en su tipificación penal y las respuestas institucionales ante ellos. Al identificar las lagunas legales y las barreras que impiden una adecuada protección de los animales en estas situaciones, contribuirá a generar conocimiento científico que pueda servir de base para futuras reformas legislativas y crear nuevas políticas públicas.
Aunado a su relevancia teórica, este estudio tiene importantes implicaciones prácticas para la protección animal. Asimismo, los resultados de esta investigación permitirán comprender mejor las dinámicas que subyacen al maltrato animal perpetrado por los dueños, aportando posibles soluciones que posibiliten mejorar la protección animal desde el ámbito del derecho penal. Razones que motivan la realización del estudio con el objetivo de analizar los obstáculos legales que impiden la persecución penal efectiva de los casos de maltrato animal cuando el agresor es el propietario del animal, para determinar si la coexistencia de los conceptos de propiedad y bienestar animal genera tensiones jurídicas que obstaculizan la protección efectiva de los animales y si es necesaria una reforma legislativa que reconozca al maltrato animal como un delito autónomo, desvinculado del concepto de propiedad.
Metodología
Fue realizado un estudio de enfoque cualitativo, a través de la realización de una revisión bibliografía inherente al tema. Fue seleccionada la información cumpliendo con los más rigurosos criterios que estudiosos del derecho han establecido con anterioridad, que comprendiendo tanto el aspecto dogmático como científico. Tiene un diseño hermenéutico que posibilitó realizar un análisis e interpretación profunda de las fuentes revisadas, para construir un aporte significativo al conocimiento científico existente.
Además, la investigación fue efectuada dentro del paradigma fenomenológico e interpretativo, para realizar una comprensión amplia de la temática en su contexto actual. De la misma manera, se parte realizando la descomposición de cada elemento del estudio, para analizar en profundidad y de forma sistemática el resultado obtenido.
En ese contexto, abordar integralmente la unificación de sujetos en el delito de maltrato animal, fue ejecutada una estrategia que garantizará la precisión y obtener unos resultados relevantes, se combinó la búsqueda de términos en español “Maltrato animal”, “Crueldad animal”, “Bienestar animal”, “Derecho animal”, “Propiedad animal”, “sujetos en el maltrato animal”, así como en inglés “Animal abuse”, “Animal cruelty”, “Animal welfare”, “Animal rights”, “Animal ownership”, “Subjects of animal abuse”.
Así mismo, se utiliza el booleanos (AND), construyendo con ello una multiplicidad de cadena de búsqueda, como “Maltrato” AND “animal”. Y a los fines de tener la certeza que fuera posible lograr la reproducibilidad de la revisión, fue realizado en diversas ocasiones a través de distintas redes que tuvieran acceso al ciberespacio, ejecutando el protocolo de búsqueda dentro de las bases de datos Science Direct, Scielo y Redalyc, realizando la selección de aquellos estudios que fueron publicados en el periodo 2020-2024.
Emplear en detalle una búsqueda posibilitó su exhaustividad, y que se seleccionara con el debido rigor la fuente de la base de datos, generando la seguridad de tomar en consideración el mayor número de investigaciones con relevancia sobre el tema dentro del periodo establecido. La selección de artículos fue realizada cumpliendo con criterios rigurosos que permitirán obtener unos resultados de elevada calidad, por ello, se consideraron los estudios empíricos arbitrados, realizando la exclusión de libros y tesis, para centrar los esfuerzos en estudios de originalidad certificada al haber sido revisada por pares.
Se filtró la búsqueda ciberespacial en la base de datos, para disminuir el resultado generado en la web al limitar la búsqueda de artículos dentro del periodo 2020-2024; de la misma manera, solo fue considerado incluir aquellos artículos que permitieran acceder a la totalidad del texto para poder realizar su análisis completo; igualmente, el idioma se consideró, al escoger solo aquellos artículos en inglés y español para tener una búsqueda amplia de investigaciones.
De la misma manera, fue enriquecida y complementada la investigación, al incorporarse jurisprudencias referidas al delito de maltrato animal para analizarlas. Fueron aplicados criterios para incluir las jurisprudencias de manera similar a la manera en la que se seleccionaron los artículos, por lo que para incluirlas se aseguró que éstas traten el tema estudiado, a fin de lograr asegurar su pertinencia para el presente estudio. Razón por la que fueron mantenidos los criterios de inclusión y exclusión.
En consecuencia, tanto los artículos como las jurisprudencias que se seleccionaron tienen como eje central el delito de maltrato animal y sus factores asociados, suministrando una información nutritiva e importante del tema que notablemente es de interés social. El empleo del algoritmo automático de las bases de datos Science Direct, Scielo y Redalyc, obtuvo inicialmente múltiples resultados tanto en español como en inglés, por lo que se optó por reducir la cantidad inicial a 235. Luego se aplicaron todos los criterios que posibilitarán seleccionar los artículos como se observa en la Figura 1, generando la exclusión de 210 artículos. Tal exclusión se produjo tras haber realizado el análisis minucioso de todos los artículos, debido al tipo investigación, el idioma, pertenencia temática y acceso completo del texto. Aplicado cada criterio establecido, se logró obtener un total de 25 artículos.
Se tomó en consideración para revisar las revistas seleccionadas aspectos como año de publicación, metodología, técnicas empleadas, resultados, limitaciones a su acceso, conclusiones y la calidad de aporte que generan a la investigación. Se implementó el procedimiento más adecuado para realizar la búsqueda, identificación y selección de las revistas, de la siguiente manera:
Se realizó el recojo inicial de las 25 revistas seleccionadas cumpliendo rigurosamente los criterios establecidos. La información que se recabó de ellos comprende el autor, título, año de publicación, base de datos donde fue localizada, país que publicó. Del mismo modo, se procedió a realizar la identificación de todas las revistas que aparecían repetidas, así como las que tenían un acceso restringido y no se podía acceder al texto completo.
Fueron identificadas las revistas que posibilitaban acceso a su texto completo, bien sea a través de la base de datos o que se recurriera a una fuente externa.
Se procedió a eliminar 145 revistas científicas por no satisfacer los criterios para realizar su inclusión. Asimismo, se realizó una revisión más profunda en todas las revistas que quedaban, dándole prioridad a las que poseen una muestra vinculada al estudio.
De las 56 revistas obtenidas, el investigador escogió 25 en total para estudiarlas completamente, teniendo con eje central que el estudio este íntimamente relacionado con el propósito que persigue la realización de esta investigación.
Resultados
En lo sucesivo, son exhibidos los distintos resultados que fueron obtenidos tras la realización de la revisión de las revistas seleccionadas en el periodo 2020-2024, notándose que, aunque el maltrato animal ha sido estudiado por décadas, el aspecto particular que engloba el hecho que el dueño o propietario daña a su propiedad (animal) podría ser considerado un subcampo más reciente, por lo que no existe aporte científico amplio dentro de ese periodo.
Revistas identificadas
La Tabla 1 presenta 13 artículos científicos de los 25 seleccionados, tras la aplicación del método PRISMA, a los fines de realizar su análisis pormenorizado.
Tabla 1 Revistas identificadas
| N.º | Citación | Título | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Morales et al. (2023) | Criterios para la protección jurídica de los animales en la legislación y la jurisprudencia comparada | 2023 |
| 2 | Espina (2021) | El bien jurídico en el delito de maltrato animal: Un análisis desde la legislación argentina | 2021 |
| 3 | Pezzeta, (2023) | ¿Pueden los animales tener derechos si no pueden contraer obligaciones? Animales sujetos y ciudadanos | 2023 |
| 4 | Álvarez (2023) | Animal no humano como víctima de delito en Chile | 2023 |
| 5 | Pezzetta (2024) | Bienestar animal y derechos de los animales. Regulación y jurisprudencia argentinas. | 2024 |
| 6 | Henríquez (2023) | La constitucionalización de los animales no humanos: análisis, reflexiones y propuestas en torno al proceso constituyente chileno | 2023 |
| 7 | Cifuentes et al. (2022) | El mandato constitucional de protección animal en la jurisprudencia constitucional colombiana: análisis dinámico de líneas | 2022 |
| 8 | Armand y Montero (2023) | La protección de los animales a la luz del derecho: ¿tienen derechos los animales? | 2023 |
| 9 | Moraes (2020) | Cazadores y pastores: agentes, mercados y derechos de propiedad en la ganadería colonial rioplatense | 2020 |
| 10 | Alvarado (2023) | Protección de los animales como sujetos de derechos. Un análisis constitucional del caso “Mona Estrellita” en Ecuador | 2023 |
| 11 | Moreno (2023) | Aspectos éticos y jurídicos de la condición animal en la producción pecuaria | 2023 |
| 12 | El Beheiri (2021) | Actio de pauperie: el caso del oso escapado. Un análisis en clave fenomenológica. | 2021 |
| 13 | Esborraz (2023) | El nuevo régimen jurídico de los animales en las codificaciones civiles de Europa y América | 2023 |
País de publicación de las fuentes científicas
La Tabla 2 permite observar el país donde fueron publicadas las revistas analizadas, notándose que Argentina tiene más publicaciones representadas por el 20%, le sigue España con 16%, luego Chile y Colombia con 12% cada uno, posteriormente, Brasil, Ecuador y Reino Unido con 8%, por último, Hungría, Países bajos, Perú y Uruguay con 4% cada uno.
Tabla 2 País de publicación de las fuentes científicas
| País | Cantidad | Cant. /Total | % |
|---|---|---|---|
| Argentina | 5 | 0,2 | 20% |
| Brasil | 2 | 0,08 | 8% |
| Chile | 3 | 0,12 | 12% |
| Colombia | 3 | 0,12 | 12% |
| Ecuador | 2 | 0,08 | 8% |
| España | 4 | 0,16 | 16% |
| Hungría | 1 | 0,04 | 4% |
| Países Bajos | 1 | 0,04 | 4% |
| Perú | 1 | 0,04 | 4% |
| Reino Unido | 2 | 0,08 | 8% |
| Uruguay | 1 | 0,04 | 4% |
| Total | 25 | 1 | 100% |
Principales leyes/normas de protección animal empleados en los países
La Tabla 3 permite identificar algunos patrones y diferencias clave en la legislación de protección animal a nivel internacional. Dentro de los aspectos comunes, puede observarse que la mayoría de las legislaciones reconocen la importancia del bienestar animal y establecen normas mínimas para su cuidado; también todos los países penalizan el maltrato animal de diversas formas. Se estimula la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, estableciendo obligaciones para los dueños. Pese a que la legislación abarca diversas especies, se presta especial atención a los animales de compañía y aquellos utilizados en actividades humanas como la agricultura o la investigación.
Aunado a ello, las leyes contienen diferencias que son clave, porque en una se otorgan derechos a los animales y en otras no (considerándolos mera propiedad). Del mismo modo, debe indicarse que se observó la existencia de una creciente evolución en materia de protección animal, debido al incremento de la conciencia sobre el bienestar animal. Además, en las exposiciones de motivos de las Leyes han señalado la influencia que han tenido de las normas internacionales y de los tratados con altos estándares que han promovido la creación de leyes nacionales para dar una adecuada protección a los animales.
Tabla 3 Principales leyes/normas de protección animal empleados en los países
| País | Leyes/normas |
|---|---|
| Argentina | Ley 14346 (artículo 337 bis), Ley N.º 18.859 (refleja Status Jurídico del animal), artículos 582, 700 y 714 del CC argentino le da al animal no humano estatus de bienes, pueden tenerse posesión, mera tenencia o dominio sobre él. Del mismo modo, la Ley 20.380 (2009) es donde se establece la protección a animales, y en la Ley N.º 21.020 se regula la tenencia de Mascotas y Animales de Compañía. Adicionalmente el CP Chileno (artículo 291 bis, se penaliza el Maltrato animal). |
| España | La LO 3/2023 (28 de marzo) junto al código civil español contienen una amplia regulación que involucra a los animales; igualmente los arts. 337 y 337 bis del Código penal español se establece pena por el maltrato a los animales. |
| Chile | Ley 20.380 busca fortalecer la Protección de los animales, la Ley N.º 21.020 sobre “Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía” de 2017. |
| Colombia | Ley 1753 (2015) en el art. 248 se instaura la política pública para defender los derechos de los animales. La ley 173 (2017) y 214 (2018) del Senado, se realiza la Regulación a las peleas de gallos. Ley 769 de 2002 |
| Brasil | La Constitución brasileña implícitamente prohíbe todas las prácticas que representen un riesgo para la ecología. Y la Ley N° 9.605 de 1998 (Brasil). |
| Ecuador | Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA), que aún está en proceso de aprobación, busca establecer un marco legal integral para la protección y el bienestar animal, definiendo derechos, obligaciones y sanciones. Código Orgánico Integral Penal (COIP), penaliza actos de crueldad animal y establece sanciones para quienes infrinjan las normas de protección animal. Además, existe diversidad de Reglamentos municipales, creándose ordenanzas para regular la tenencia de mascotas y proteger a los animales callejeros. |
| Reino Unido | Animal Welfare (2006), consolidó y actualizó la legislación sobre bienestar animal, estableciendo un deber general de cuidado para todos los animales y proporcionando un marco legal más sólido para su protección. Del mismo modo, la Sentience Bill, aprobada en 2022, refuerza el reconocimiento de los animales como seres sintientes y amplía las protecciones legales para diversas especies. |
| Hungría | La ley de protección animal, prohíbe los actos de crueldad (maltrato físico, abandono y negligencia) hacia los animales; Los dueños de las mascotas deben proporcionarles a sus animales una vida saludable y feliz, lo que incluye alimentación, atención veterinaria y un ambiente seguro. |
| Países Bajos | La ley de protección animal (2011) realiza el reconocimiento de la sensibilidad que poseen los animales y su valor. |
| Perú | Ley 30407 (2016), contiene las normas referidas a la protección animal; y junto al Código Penal se procura dar una mayor protección a los animales estableciéndose el maltrato animal como delito. |
| Uruguay | Ley de Bienestar Animal de 2004 y la Constitución austriaca (modificación-preámbulo §2) se reforzo protección a los animales. |
Panorama General (estatus Legal) de los Animales en los distintos países
La Tabla 4, refleja que los animales históricamente eran considerados como simple objetos o propiedades. Sin embargo, esta visión ha venido cambiando gradualmente. La tendencia actual, es que muchos países reconocen que los animales como seres sintientes establecido leyes para proteger su bienestar. Además, debe indicarse que su estatus legal tiene una variación significativa entre los países y continúa evolucionando a medida que las diversas sociedades reevalúan su relación con el mundo animal.
Por ello, se puede indicar que el nivel de reconocimiento de los animales se encuentra dividido, por un lado, en los países donde los animales siguen siendo considerados como propiedad, generando limitaciones sobre los derechos que se les pueden otorgar, mientras que, aquellos países donde han reconocido explícitamente que los animales son seres sintientes, les suelen dar un mayor nivel de protección y de consideración. En conclusión, aunque existe una tendencia global hacia una mayor protección de los animales, las diferencias en los sistemas legales reflejan las diversas culturas, valores y prioridades de cada país.
Tabla 4 Panorama General (estatus Legal) de los Animales en los distintos países
| Aspecto General | Tendencias Generales | Diferencias Clave |
|---|---|---|
| Como propiedad | Históricamente, los animales han sido considerados propiedad en la mayoría de los sistemas jurídicos. | Esta perspectiva está cambiando gradualmente, y algunos países reconocen ciertos derechos básicos para los animales, especialmente para aquellos utilizados de compañía, investigación o producción de alimentos. |
| Bienestar animal | La mayoría de los países han establecido normas mínimas de bienestar animal, incluidos aquellos destinados a la cría, transporte y sacrificio. Estas normas suelen cubrir aspectos como alimentación, espacio, y atención veterinaria. | No es significativa |
| Penalizaciones | Se establecen penas de cárcel y multas para el maltrato, abandono o la negligencia. | Otros países solo establecen solo multas. |
| Derechos de los animales | Países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay) han experimentado un progreso significativo en la protección animal en las últimas décadas. Muchas de estas naciones han adoptado leyes que prohíben el maltrato animal, establecen normas para la tenencia responsable de mascotas, y regulan la producción de alimentos de origen animal. Sin embargo, la aplicación las leyes suele variar considerablemente entre las diferentes regiones. | Europa (Reino Unido, Hungría, Países Bajos), ha sido pionera en la protección animal, y muchos países europeos tienen leyes muy detalladas sobre el bienestar animal. Por ejemplo, el Reino Unido ha prohibido la caza del zorro y ha implementado leyes estrictas sobre la experimentación animal. Los Países Bajos son conocidos por sus granjas sostenibles y sus leyes que promueven el bienestar de los animales de granja. |
Jurisprudencias que vinculan el derecho de propiedad y el maltrato animal
La Tabla 5, permite visualizar la evolución hacia un reconocimiento más amplio de los derechos de los animales, pasando de una visión instrumental a una visión que los considera como sujetos de protección legal y parte integral del medio ambiente. La protección de los animales se vincula estrechamente con otros derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad y el derecho a un medio ambiente sano. Tanto el Estado como los particulares tienen responsabilidades en la protección de los animales. Resumidamente de indicarse que, la jurisprudencia refleja la creciente conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y de reconocer sus derechos. Sin embargo, aún existen desafíos en la implementación efectiva de estas normas y en la consolidación de una visión integral de los animales como seres sintientes y sujetos de derechos.
Tabla 5 Jurisprudencias que vinculan el derecho de propiedad y el maltrato animal
| Sentencia | Resumen |
|---|---|
| Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Serie C N.º 252, párr. 202. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. | La Corte IDH ha considerado a los animales como parte de la propiedad privada. En el caso de El Mozote, la matanza de animales se interpretó como una violación del derecho a la propiedad de las víctimas, ya que estos animales formaban parte de sus bienes. Al considerarse la pérdida de animales como una violación del derecho a la propiedad, ha reforzado una visión instrumental de los animales. Esta decisión, aunque protege ciertos intereses de las víctimas, perpetúa una concepción de los animales como simples objetos a disposición del ser humano. |
| Tribunal Constitucional del Perú. Expediente 03258-2010-PA/TC, FJ 2 | La propiedad y la libertad económica van de la mano. El derecho a la propiedad es esencial para que las personas puedan ejercer su libertad económica dentro de un Estado democrático. Además, ambos derechos tienen una vinculación estrecha y al garantizarse el derecho a la propiedad, se reconoce la libertad económica de sus ciudadanos, como pilar fundamental, que, al estar protegida por el Estado, se asegura el desarrollo individual y colectivo, comprendiendo estas la realización de actividades ganaderas y crías de animales para consumo. |
| Tribunal Constitucional del Perú. Expediente 03258-2010- PA/TC, FJ 2 | El derecho a la propiedad es más que solo tener cosas. Es un derecho fundamental que te permite participar en la vida económica y social del país, según lo dispuesto en el artículo 70° de la Constitución. |
| Tribunal Constitucional del Perú. Sala 2. Expediente 07392-2013-PHC/TC | La legislación peruana reconoce a los animales como parte integral del medio ambiente y establece un marco normativo para su protección y bienestar. El principio de protección del medio ambiente, consagrado en la Constitución, se extiende a los animales, lo que implica la prohibición de actos que puedan causarles daño. La Ley 30407 desarrolla estos principios, estableciendo deberes para las personas y el Estado, así como prohibiciones y sanciones para garantizar el cumplimiento de la normativa. La ley obliga a no hacerle daño a los animales y a cuidarlos, generando el deber de protegerlos y tomar medidas para evitar que padezcan sufrimiento. Además, objetivamente tal derecho se desprende del valor constitucional de la protección del medioambiente, en concreto, de la diversidad biológica (art. 68 Constitucional) que engloba a todos los animales. |
| Tribunal Constitucional del Perú. Pleno. Expediente 00011-2015-PI/TC. | El Tribunal determinó que se está protegiendo el derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado, que lo componen dos elementos, 1) derecho a disfrutar del medio ambiente y 2) el derecho a su preservación. Al referirse al segundo elemento, indicó que este genera obligaciones tanto para el Estado como para los particulares, que con mucha mayor razón genera obligaciones para quienes realizan actividades que pueden ocasionar de manera directa o indirecta impactan el medio ambiente. |
Discusión
Partiendo del análisis la revisión literaria realizada fueron identificados los siguientes obstáculos legales que dificultan la persecución penal efectiva de casos de maltrato animal cuando el agresor es el propietario.
Existe un debate sobre el grado de sufrimiento que debe causar una acción para ser considerada como maltrato (Bracke et al., 2023), además, realizar la demostración del sufrimiento o el daño causado al animal puede ser complicado cuando ocurren en la privacidad del hogar, especialmente si no hay testigos o si las lesiones no son evidentes (Arcari, 2023), porque no existen estándares especializados que permitan evaluar el sufrimiento animal, adicionalmente se da mucha subjetividad para evaluar las lesiones (González, 2020). Además, que el propietario puede intentar ocultar o destruir las pruebas del maltrato (El Beheiri, 2021).
Adicionalmente las investigaciones sobre maltrato animal suelen ser complejas y requieren recursos especializados que no siempre están disponibles, como es el caso de veterinarios, etólogos y otros expertos para realizar la evaluación de casos de maltrato animal (Alvarado, 2023). La ausencia de protocolos claros para la actuación de las fuerzas de seguridad, los jueces y los fiscales en casos de maltrato animal puede generar retrasos y errores en el proceso penal (Santos et al., 2024).
Aunado a ello, en cuanto al vínculo propietario-animal las leyes podrían otorgan al propietario una amplia discrecionalidad en el manejo de sus animales, lo que puede dificultar la intervención de las autoridades (Simisterra y Gorozabel, 2022). Además, se presume que el propietario actúa en el mejor interés de su animal, lo que puede beneficiar al acusado (Suárez, León y Lam, 2023; Pezzeta, 2023). Igualmente, ubicar al bien jurídico protegido del maltrato animal dentro de los delitos patrimoniales, genera la unificación del sujeto pasivo y activo del delito, y al ser el propietario el único que resulta afectado patrimonialmente carece de sentido la persecución penal (Petterson et al., 2022; Espina, 2021).
Por lo que desde una óptica estricta no cabría reclamación del Estado por los daños que ocasiona una persona sobre su propio patrimonio (Esborraz, 2023), a no ser que sea interpretado de manera muy extensiva que limita con exceso el derecho a la propiedad, específicamente dentro del ámbito de la libertad que todo propietario tiene para disponer sobre el bien [aunque sea destruyéndolo] (Menezes et al., 2022; Santos et al., 2024).
Otro aspecto es la priorización de otros delitos, los casos de maltrato animal suelen tener una menor prioridad en comparación con otros delitos considerados más graves (González, 2020). Adicionalmente los sistemas judiciales pueden estar sobrecargados, lo que dificulta la atención adecuada a los casos de maltrato animal (Simisterra y Gorozabel, 2022). Del mismo modo, la visión del animal como propiedad u objeto genera dificultades para percibir el maltrato animal como un delito grave, más aún en los casos la ley otorga la libertad de que el propietario disponga libremente de su propiedad (Bracke et al., 2023).
En ese sentido, si bien es cierto que los animales pueden ser objetos de posesión, tenencia o propiedad, ellos deben ser diferenciados de las cosas, porque cuando el propietario decide destruir una cosa u objeto (teléfono) por su mal funcionamiento o porque simplemente no quiso conservar la cosa (sin afectar a terceros), es claro que hace uso de su facultad de disponer y tal hecho no es punible (Esborraz, 2023; El Beheiri, 2021).
Sin embargo, cuando existe un trato cruel hacia los animales (bien sea por abandono, negligencia o maltrato), este tiende a padecer un sufrimiento y que podría llegar afectar su vida (Moreno, 2023). De manera que al ubicar al delito de maltrato animal como parte de los delitos que afectan el patrimonio, se da un contrasentido por estarse unificando al sujeto activo y pasivo del delito (Moraes, 2020; Morales et al., 2023). Hay que reconocer que el delito de maltrato animal va más allá de una mera afectación al patrimonio, ya que implica un daño al bienestar del animal y a la sociedad en general (Henríquez, 2023; Donderis, 2019).
La unificación del sujeto activo y pasivo del delito de maltrato animal genera tensiones para que coexistan conjuntamente el concepto de propiedad y el bienestar animal. Por una parte, cuando la legislación les otorga el estatus legal a los animales de propiedad (cosas) son objetos inanimados, ello genera limitaciones sobre los derechos que se les pueden otorgar o reconocer a los animales (Cifuentes et al., 2022).
No se trata de que el animal no pueda ser susceptible de posesión, tenencia o de propiedad, sino que, en sentido estricto no es una cosa, y, por ende, debe ser diferenciado otorgándole una categoría específica dentro de la propiedad que permita una mejor adecuación del sistema jurídico a la realidad y conciencia social que posibiliten la adecuada relación de los humanos con los animales, dándole mayor coherencia a la persecución penal (Armand y Montero, 2023; Álvarez, 2023).
Por ello, algunas legislaciones lo han reconocido como seres no humanos sintientes o animales sintientes, que tiene más coherencia el concepto de propiedad, pues se tendría que dentro de la propiedad se encuentran estos como un aspecto específico diferenciado del resto de propiedades, reconociéndoles su capacidad relacionarse con los humanos, de sufrir y de expresar determinados sentimientos (Álvarez, 2024).
De ser ese el caso, todo propietario podría disponer (comercializando los animales para consumo humano) de los animales sintientes, pero ejercería el derecho de propiedad con determinadas limitaciones como lo es la prohibición de ocasionarle daños, sufrimientos e incluso la muerte de forma innecesaria (Charette, 2022; Pezzetta, 2024). Además, tendría la obligación de cumplir con los distintos estándares de bienestar animal que el Estado impone (Prats, 2020).
Ahora bien, se insiste en que para proteger adecuadamente a los animales (perros, gatos, aves y cualquiera especie) de cualquier forma de maltrato animal por parte de su tenedor o propietario debe ser excluido de los delitos patrimoniales por las limitaciones que han sido expuestas (Esborraz, 2023). La mayoría de las Constituciones, y particularmente la Constitución Política del Perú reconoce a los animales como parte integral del medio ambiente y establece un marco normativo para su protección y bienestar (Morales et al., 2023), lo que, genera que dentro del ámbito penal sea más armónico ubicarlo dentro de los delitos contra medio ambiente, o en su defecto contra los animales creándose una categoría específica, para garantizar la efectividad del cumplimiento de los deberes para las personas y el Estado (Donderis, 2019), y el acatamiento de las prohibiciones, ocasionado con ello que el sujeto pasivo y la afectación al bien jurídico (vida del animal o bienestar animal) no sea vista como una afectación al patrimonio privado de una persona, sino que la afectación sería a la sociedad, considerando a los animales como un derecho de índole social (Armand y Montero, 2023).
Considerar como delito autónomo el maltrato animal, desvinculado del concepto de propiedad, es un debate que ha cobrado relevancia en los últimos años (Álvarez, 2024). La creciente conciencia sobre el bienestar animal y su relación con el bienestar humano ha impulsado la discusión sobre la necesidad de una reforma legislativa en este sentido (Álvarez, 2023). La revisión de la literatura revela una variedad de posiciones al respecto.
Dentro de los argumentos a favor, se expone la naturaleza intrínseca del maltrato al ser un acto inherentemente malo que causa sufrimiento a un ser sintiente, independientemente de su valor económico como propiedad (Charette, 2022).
Además, posibilita prevenir la violencia porque contribuye en que se eviten otros tipos de violencia, como lo es la violencia domestica o la infantil (Alvarado, 2023). Del mismo modo, el bienestar animal se conecta con el bienestar humano, ya que, al protegerse a los animales resulta beneficiada toda la sociedad (El Beheiri, 2021). Por último, debe indicarse que existen estudios que demuestran la existencia de correlación entre el maltrato animal con otro tipo de comportamientos antisociales, reforzando la idea que el maltrato hacia los animales es una problemática social que amerita tener una respuesta jurídica contundente (Moraes, 2020; Suárez, León y Lam, 2023; Santos et al., 2024).
Por otra parte, los que vinculan el maltrato animal al concepto de propiedad, argumentan que la propiedad posee una legislación vigente, donde están considerados los animales y existe una protección (Petterson et al., 2022; González, 2020). Aunado a ello, indican que realizar una reforma legislativa para abordar el maltrato animal como delito autónomo podría generar dificultades por razón de la cultura, visión antropocéntrica, entre otras (Bracke et al., 2023). Esta posición ha sido ampliamente cuestionada porque reduce a los animales a meros objetos, desconociendo la capacidad inherente que tienen de sentir dolor y sufrimiento (Armand y Montero, 2023).
Por último, existen posiciones intermedias que alegan que pueden combinarse ambos enfoques, ya que reconocen la necesidad de brindar protección a los animales como seres sintientes, pero manteniendo algunas aristas de la legislación que los relacione a la propiedad (Charette, 2022). Por lo que, han considerado que lo más prudente seria realizar una reforma legal gradual, realizando cambios progresivos a la legislación vigente que permitan la protección de los animales (Henríquez, 2023).
Conclusiones
A partir del análisis realizado, se evidencia que la coexistencia de los conceptos de propiedad y bienestar animal en el marco legal actual genera tensiones significativas que obstaculizan la persecución penal efectiva de los casos de maltrato animal, especialmente cuando el agresor es el propietario del animal.
Los obstáculos legales identificados versan sobre dificultad de demostrar el maltrato animal en entornos privados y se complica con la ausencia de estándares objetivos para evaluar el sufrimiento animal. Además, la ley otorga una amplia discrecionalidad al propietario en el manejo de sus animales, lo que limita la intervención de las autoridades y favorece la impunidad. Igualmente, ubicar el maltrato animal dentro de los delitos patrimoniales, desvirtúa la naturaleza del daño causado al animal y se dificulta la persecución penal (cuando el agresor es el propietario del animal).
En consecuencia, los casos de maltrato animal suelen tener una menor prioridad en comparación con otros delitos considerados más graves, lo que genera una respuesta judicial inadecuada. Y, por último, la persistente visión del animal como objeto o propiedad dificulta reconocer el maltrato animal como un delito grave y limita la protección legal que se les otorga.
En ese sentido, los resultados del análisis realizado apuntan a la necesidad urgente de una reforma legislativa que reconozca al maltrato animal como un delito autónomo, desvinculado del concepto de propiedad. Esta reforma permitiría fortalecer la protección legal de los animales, al reconocer a los animales como seres sintientes y no como objetos, se les otorgaría una mayor protección legal facilitando la persecución penal de los casos de maltrato.
Además, se pueden establecer estándares objetivos para evaluar el sufrimiento animal y facilitar la recopilación de pruebas. Igualmente, los casos de maltrato animal tendrían una mayor prioridad en el sistema judicial, garantizando una respuesta más efectiva. Con ello se contribuiría a construir una cultura social respetuosa de los animales, porque se reconocería el valor intrínseco de los animales, contribuyendo su adecuado cuidado.
Por todo ello, la persistencia del maltrato animal como problema social exige una revisión profunda del marco legal actual. La coexistencia de los conceptos de propiedad y bienestar animal genera contradicciones y lagunas legales que obstaculizan la protección efectiva de los animales. Es necesario avanzar hacia un modelo legal que reconozca a los animales como seres sintientes y que tipifique el maltrato animal como un delito autónomo, con el fin de garantizar su bienestar y prevenir el sufrimiento animal.
