Introducción

La violencia que las mujeres enfrentan en el contexto de su género es una problemática que se considera estructural y que tiene implicaciones en todas las esferas de la sociedad. A nivel global, se estima que una de cada tres mujeres ha padecido violencia física o sexual algún momento de su vida (^{Ramírez et al., 2023}). Este fenómeno aparte de ser considerado un crimen contra la humanidad, perpetúa desigualdades sociales, limita el desarrollo económico e impacta la salud general de las víctimas (^{Vázquez et al., 2023}). En el caso de Latinoamérica, se presentan dentro de la violencia de género factores como la desigualdad económica y la construcción del patriarcado cultural y la fractura del sistema justicia (^{Ávila, 2023}).

El discurso de odio misógino se define como cualquier forma de comunicación que incite odio, hostilidad o aversión hacia las mujeres simplemente por ser mujeres. Esto incluye expresiones, fotografías, películas y otros materiales que violan, denigran, cuestionan, menosprecian o provocan agresión contra las mujeres. Dicho discurso es una colección de estereotipos negativos que sirven para perpetuar la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres (^{Battista & Molano, 2023}).

En el Perú la situación tiende a ser preocupante de manera particular por las altas tasas de violencia hacia las mujeres en las regiones de selva, donde las condiciones sociales, culturales y geográficas dificultan la adopción y efectividad de las acciones de políticas públicas. Estas áreas se caracterizan por altos índices de pobreza, recelo por la lengua y dispersa población, los cuales en conjunto crean un panorama que se vuelve complicado para prevenir, atender y sancionar casos de violencia hacia las mujeres (^{Defensoría del Pueblo, 2019}). Las mujeres indígenas, que son un grupo considerable en estas regiones, son parte de una discriminación interseccional lo que aumenta el riesgo que tienen por la dificultad de acceso a la justicia y otros servicios básicos que se vuelve más complicado (^{Varea, 2020}).

La violencia de género no es un fenómeno aislado, sino que es el resultado de desigualdades estructurales que son constituidas por el poder patriarcal. Otros estudios han indicado que estos feminicidios y cualquier otra violencia sistemática son consecuencias de normas culturales y sociales que deshumanizan y subyugan a las mujeres (^{Durán et al., 2022}). En los casos de las regiones amazónicas, esas normas culturales siempre son empalmadas a las condiciones geográficas y económicas, lo que favorece a que la violencia se llegue a apreciar como normal (^{Burgueño & Sánchez, 2023}).

Se han tomado iniciativas destinadas a la violencia doméstica en su esfera, tales como las de información y prevención y, además, acciones de protección a las mujeres violentadas. Sin embargo, tales acciones muestran una visión reducida de la violencia al omitir la violencia estructural que emana de las relaciones de poder desiguales (^{Stanziola & Araúz, 2023}). A pesar de los intentos del Estado peruano y de organismos internacionales en combatir este flagelo, las estadísticas demuestran un progreso limitado. Durante 2023, se registraron 199.991 casos de violencia de género gestionados por las instalaciones del Ministerio de Salud, lo que representa un aumento del 11% en comparación con el año anterior (Ministerio de Salud, MINSA, 2023). Este aumento plantea interrogantes sobre el éxito de las políticas que se han implementado y la necesidad de evaluar sistemáticamente su formulación, implementación y los resultados alcanzados.

Desde una perspectiva global (^{García, 2023}) y (^{Chadambuka & Essue, 2024}) señalan en sus estudios recientes que las políticas orientadas a erradicar la violencia de género deben ser interseccionales e interculturales. Esto significa considerar las diferentes formas en que las mujeres están sujetas a la violencia dependiendo de su raza, etnia, estatus socioeconómico y áreas geográficas. En Brasil, por ejemplo, la Ley María da Penha ha marcado un punto de inflexión al trasladar el tema de la violencia doméstica de lo privado a lo público, aunque su implementación a nivel comunitario enfrenta algunos desafíos (^{Lacerda & De Moraes, 2022}). Igualmente, en Ecuador, las mujeres indígenas tienen restricciones específicas que requieren esferas de operación que se adapten a sus circunstancias socioculturales (^{Varea, 2020}).

Siendo la violencia de género un problema estructural que afecta a millones de mujeres en todo el mundo es relevante analizar en el contexto particular de las regiones selváticas, donde se presentan aspectos sociales, culturales y geográficas que complican aún más la efectividad de las políticas públicas. Este artículo aborda las lagunas en las políticas actuales, ya que no tienen en cuenta estos aspectos, lo que refuerza la necesidad de ser contextualizado al implementar la normativa.

La importancia radica en la perspectiva de la violencia de género en el área de la selva, ámbito geográfico que tiene peculiaridades que integran las características geo culturales y sociales que complican la aplicación de medidas apropiadas. Esta evaluación es especialmente importante ya que ofrece una visión crítica sobre cómo se han formulado y ajustado ciertas medidas, destinadas a prevenir la violencia de género, en un área donde el acceso a la justicia y a los servicios de apoyo es a menudo limitado. Al enfocarse el estudio en una región desfavorecida, ayuda a comprender las barreras y las condiciones que podrían estar obstaculizando el avance de las políticas actuales.

Además, aborda la cuestión de determinar la verdadera efectividad de tales políticas, con tasas de violencia que no disminuyen a los niveles esperados e incluso aumentan en algunos casos. De esta manera, el estudio proporciona información crítica que puede ser utilizada para refinar intervenciones con el fin de hacerlas culturalmente apropiadas y adaptativas a los entornos específicos, como el de la selva.

El impacto de esta investigación radica principalmente en su potencial para enriquecer la evaluación de situaciones en el contexto del diseño y ejecución de más políticas públicas correspondientes. Al visibilizar las áreas críticas y para proponer estrategias de mejora, este estudio no sólo beneficia a las víctimas de violencia de género, sino que también refuerza el marco de justicia social y hace más equitativa y segura a la sociedad en las regiones de selva del Perú.

La adopción de medidas gubernamentales para luchar y acabar con la violencia de género, es de suma importancia por razones que abarcan desde dimensiones sociales, económicas, de salud pública y de derechos humanos; al ser la violencia de género una representación grave en contra de los derechos humanos, implementar políticas públicas es crucial para garantizar que las agraviadas puedan vivir libres de violencia y discriminación; estas políticas aseguran el acatamiento de los compromisos internacionales de derechos humanos que muchos países han suscrito, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Por consiguiente, como propósito de este estudio, se planteó la interrogante: ¿cómo es que las políticas públicas contra la violencia de género resultan insuficientes al no considerar el contexto específico de regiones de selva? El objetivo de la revisión sistemática es verificar en la literatura, cómo afecta la implementación de políticas públicas para enfrentar a la violencia de género sin considerar el contexto cultural, social y estructural específico en regiones de selva, un entorno que posee características únicas que requieren enfoques específicos. Este análisis no solo intenta establecer las limitaciones y obstáculos existentes, sino también recomendar formas prácticas en las que la respuesta del estado puede mejorarse para que las políticas que se están implementando sean efectivas.

La seguridad ciudadana se ocupa de las actividades destinadas a preservar a los sujetos en los espacios públicos, al menos al nivel de la comunidad, de ciertos peligros a los que todos tienen derecho, como es la vida, bienestar físico y posesiones, que se presentan en forma de un crimen que interrumpe de manera abrupta y adversa las actividades diarias de la población en general (^{Marchand, 2024}). Es imposible evaluar de manera dicotómica una deficiencia en la política. Las políticas pueden fallar incluso si lo hacen bien en algunos aspectos importantes. Si no logran sus objetivos, si hay una gran resistencia y/o el apoyo es débil (Mc.Conell, 2016, citado por (^{Barros et al., 2023}).

^{Hortal (2023}) indica que la incapacidad de situar normativas legales dentro de contextos como la ausencia de enfoques que consideren las culturas y estructuras sociales de la región también resultan perjudiciales. Adoptar medidas en contra de la violencia es importante y, aunque estas suelen ser necesarias, con frecuencia no proporcionan una respuesta adecuada a las principales fuentes del problema, lo que enfatiza la necesidad de soluciones sensibles al contexto (^{Suxberger & Suxberger, 2023}). La importancia de investigar estos casos radica en el potencial de ayudar a la sociedad a desarticular los esquemas de violencia (^{Rubira de Santacruz et al., 2023}).

Las agresiones que sufren las mujeres por su situación, es un fenómeno que afecta a millones de mujeres en el mundo. Aunque muchos gobiernos y la sociedad civil han hecho esfuerzos para acabar con dicha cultura de violencia, ésta aún se ve predominada por patrones normativos, asimetrías en las relaciones de poder, y contextos de interacción que sustentan la opresión de uno de los géneros (^{Rocha et al., 2024}). En específico, las mujeres en las zonas de selva enfrentan particularidades que versan sobre la efectividad de políticas públicas que no siempre se enmarcan en las particularidades culturales, sociales y geográficas de los entornos en los que se desarrollan.

A nivel internacional, muchos hombres y mujeres que experimentan violencia de género no denuncian los delitos debido a su desconfianza en el sistema de justicia y falta de conocimiento sobre los recursos legales y protecciones que tienen disponibles (^{Rockowitz et al., 2024}). Este escenario socava la capacidad del sistema de justicia para penalizar a los perpetradores y abordar el problema de manera efectiva sin medidas fragmentarias. Además, la victimización secundaria que algunas de estas mujeres sufren durante el proceso judicial multiplica los efectos de la violencia, pero sirve para arraigar las relaciones de poder desequilibrados existentes y disminuir la confianza en las instituciones (^{Heward et al., 2024}).

Irradiando al impacto de los movimientos feministas a nivel social y la iniciación de acciones específicas destinadas a hacer frente a la violencia contra las mujeres, es necesario crear una asociación efectiva con fuertes interrelaciones entre la sociedad y el Estado para abogar por transformaciones positivas en la protección de los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia (^{Ventura et al., 2023}).

En este contexto, las políticas públicas son relevantes en la lucha contra la violencia basada en el género, no obstante, la efectividad de estas políticas está condicionada por su diseño, las técnicas de implementación y la evaluación que deben atender a las necesidades reales de las comunidades golpeadas (^{Ojwala et al., 2024}). Existen factores profundamente estructurales que provocan la violencia de género, tales como la poca o ninguna educación en la comprensión del dolor y su posible tratamiento, el odio o discriminación hacia las mujeres, la violación de normas o estándares legales y profesionales, la falta de ética de los funcionarios, la renuencia a buscar intervenciones médicas oportunas y adecuadas, y la ausencia o falta de consentimiento informado (^{Pérez et al., 2023}).

La violencia se presenta especialmente en entonos cuya seguridad es aparente y se evidencian con mayor frecuencia en el hogar, lo que retrata la violencia en su carácter omnipresente. Así, el hogar se construye como un espacio seguro en muchos aspectos, pero también puede ser donde se ve la realidad de la violencia de género (^{Nunbogu et al., 2023}). El análisis de la violencia sexual y de género desde una perspectiva política resalta la gravedad del problema, así como las experiencias de las personas afectadas. Esto puede permitir que muchas personas en la sociedad estén más sensibilizadas y que se tomen medidas para prevenir y responder a dicha violencia o a cualquier ocurrencia futura (^{Bromfield et al., 2024}).

La mujer sufre en el marco del matrimonio, así como en el ámbito de la sociedad, una situación de dominación y de subordinación (^{Estermann & Debia, 2023}). De acuerdo con la evidencia, tenemos mujeres viviendo en entornos patriarcales que son más propensas a ser explotadas, sometiéndose a un proceso de objetivación en su detrimento (^{Castán, 2023}). La restricción en el uso de derechos proviene de la violencia estructural que una persona enfrenta en diversas situaciones. Esta forma se abre paso a través de toda la matriz social por la postura indulgente hacia quienes la practican o cuando se alientan sus diversas manifestaciones y la impunidad absoluta cuando se reportan (^{Gómez & Mata, 2023}).

Recientes estudios muestran que la violencia de género no sólo causa daños al bienestar físico o psíquico a nivel individual, sino que también tiene consecuencias sociales en el entorno familiar y en la comunidad afectando los derechos humanos de las personas y el acceso a la justicia (^{Courtois et al., 2024}). Esta situación se hace aún peor en regiones muy alejadas como las zonas selváticas, donde las mujeres son más vulnerables a causa de las desigualdades estructurales y la escasez de recursos.

Metodología

La metodología PRISMA ha resultado ser una herramienta esencial en la realización de revisiones sistemáticas y metaanálisis, ya que asegura efectividad, replicabilidad, claridad y precisión. Primero y, ante todo, una revisión sistemática o un metaanálisis debe tener una pregunta de investigación específica, que luego definirá el desarrollo de una revisión particular. El primer paso para llevar a cabo la revisión es formular una definición exacta y clara de la pregunta de investigación. Luego, es necesario continuar con la búsqueda y selección de estudios relevantes.

Para efectuar una investigación exhaustiva, se debe identificar y seleccionar los estudios pertinentes; evaluar la calidad y realizar la extracción de datos. En el informe final, es fundamental explicar los resultados de manera clara y comprensible, detalladamente, de acuerdo con las pautas establecidas por PRISMA.

El método PRISMA mejora la calidad de la investigación al minimizar sesgos y mejorar el proceso de toma de decisiones basado en evidencia. Al adherirse a las pautas de PRISMA, los investigadores proporcionan garantías sobre la validez, confiabilidad y credibilidad de sus revisiones sistemáticas; PRISMA fue creado para ayudar a los investigadores a asegurarse de que sus revisiones sean exhaustivas y que los hallazgos sean replicables y dignos de confianza. Consiste en un diagrama de flujo de cuatro fases y una lista de verificación de 27 ítems para ayudar en la selección e inclusión de estudios.

Con relación al proceso realizado en la búsqueda y análisis de los artículos científicos, se definen los siguientes criterios de inclusión: en primer lugar, se incluirán los artículos científicos que mencionen el tema de políticas públicas relacionadas con la violencia de género. En segundo lugar, se procederá a considerar aquellos artículos que han sido publicados en inglés o en español. En tercer lugar, se determinarán artículos que traten específicamente el tema de violencia de género y se desarrollen en áreas de selva. En cuarto lugar, se utilizarán principalmente artículos disponibles en las bases de datos Scopus y SciELO. Finalmente, se tomarán en consideración los artículos publicados entre enero de 2021 y 2024.

En cuanto a las fuentes que deben ser desestimadas, se contemplaron las siguientes: a) artículos de investigación, ensayos, capítulos de libros o comunicaciones escritas, análisis documentales, exámenes exhaustivos, publicaciones y presentaciones; b) documentos que no son accesibles libremente; c) informes que tratan exclusivamente sobre el análisis de la violencia de género o política pública, pero no ambos. Investigación que se lleva a cabo en países diferentes al donde existen políticas públicas sobre la violencia de género, y también la publicación de artículos científicos en idiomas diferentes al inglés o español.

La selección de estudios se llevó a cabo en cuatro fases, siguiendo el diagrama de flujo PRISMA: Identificación: Hasta el 20 de noviembre de 2024 se realizó la búsqueda inicial en Scopus obteniendo 120 artículos y en SciELO 80 artículos; Cribado: se eliminaron duplicados y según los criterios de selección, verificando que estos sean útiles para el objetivo de la investigación, quedando 80 artículos únicos; Elegibilidad: se revisaron los resúmenes y títulos de los 80 artículos, utilizando los criterios de inclusión y exclusión. 50 artículos fueron seleccionados para revisarse completamente; Inclusión: finalmente, se revisaron en detalle los textos completos de los 50 artículos, seleccionando 35 estudios que cumplieron con las pautas para ser incluidos en el análisis.

En esta fase de selección se utilizaron textos específicos que figuraban en las bases de datos de investigación Scopus y SciELO a las cuales se les utilizó como las fuentes de información. Asimismo, con el propósito de asegurar una cobertura que complemente lo ya existente, se van a incorporar datos de otras fuentes que puedan contribuir al aumento de información.

Para mejorar la búsqueda, se utilizó una combinación de operadores booleanos OR, AND y NOT, junto con una combinación de descriptores y palabras clave. Los términos buscados incluyeron las categorías de políticas públicas que estaban en relación con temas de violencia de género. La estrategia de búsqueda de documentos en español fue así: ((“políticas públicas”) OR (“violencia de género”)) AND ((efectividad de las políticas”) OR (“violencia contra mujeres”)) NOT (violencia OR violencias). Además, el proceso de búsqueda en inglés se aplicó la siguiente fórmula: (((public policies”) OR (“gender-based violence”)) AND ((policy effectiveness”) OR (“violence against women”)) NOT (violence).

Durante el desarrollo de la investigación es de vital importancia llevar a cabo un registro metódico de los datos iniciales que se toman y las fuentes seleccionadas en un formulario donde se detalle la información recopilada. Se registró detalladamente aspectos tales como: el año de publicación, la nacionalidad, el título del documento, el nombre de la revista, los objetivos de la investigación y las técnicas utilizadas.

Para la selección de los artículos se establecieron como criterios de inclusión, estudios publicados entre 2020 a 2025, artículos revisados por pares, estudios que evaluaron la efectividad de políticas públicas contra la violencia de género, artículos disponibles en inglés y español; en cuanto a los criterios de exclusión, no se ha considerado artículos no revisados por pares, publicaciones anteriores a 2020, monografías.

Desarrollo y discusión

La distribución de los artículos en diferentes bases de datos se puede apreciar en la Tabla 1. Según Scopus aparecen un total de 120 artículos, mientras que SciELO cuenta con 80. Cabe destacar que, de los artículos inicialmente identificados, todos carecían de clasificación.

Posteriormente, se llevó a cabo una evaluación que definió los artículos científicos, conforme a los criterios de inclusión y exclusión. En la etapa de selección, cada artículo se examina para establecer si cumple con los estándares de calidad requeridos para la investigación particular. En la fase de integración, se eligen los documentos que serán sometidos a un examen completo de la literatura (Ver figura l).

A partir de la primera consulta, 70 artículos fueron eliminados a través de los filtros y criterios utilizados. De igual forma, se eliminaron 25 artículos que estaban en duplicado y 37 fueron eliminados al revisar los títulos y los resúmenes. Así mismo, 14 trabajos se excluyeron por no disponer de acceso libre; fueron eliminados 20 artículos de texto completo que fueron excluidos por no cumplir con los criterios de elegibilidad; se agregó 1 artículo recuperado de otra base de datos, quedándonos con 25 artículos completos para su revisión (Ver Tabla 2).

En lo que respecta a la procedencia de los artículos científicos seleccionados, de la parte del plan se originaron en Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, España, México, Venezuela, Chile, Perú, Suiza, Kenia, Canadá y Reino Unido. En cuanto a la data de los artículos, fueron publicados 2 en 2020, 6 en 2021, 5 en 2022, en 2023 fueron publicadas 8, y 2024 nos encontramos con 4.

Figura 1: Flujograma PRIMA 

Según el análisis realizado por ^{Fonseca & San Sebastián (2021)}, existen enormes discrepancias en la implementación de políticas públicas entre cantones de Ecuador, con una distribución geoespacial que es especialmente mala para la región amazónica. Esta situación exige que la asignación de recursos y medidas sea más justa. A su vez, ^{Vera (2020)} enfatiza que es crucial resaltar la necesidad de una difusión amplia y promoción general dentro de la sociedad ecuatoriana de las medidas gubernamentales destinadas a proteger a las mujeres, niños y ancianos víctimas de agresiones, con el fin de aumentar la efectividad.

Una mayor sensibilización sobre el problema puede haber producido un incremento en la cantidad de acciones e incluso ello tornaba más compleja la comprensión sobre las tasas de violencia que eran informadas (^{Schaaf & Khosla, 2021}). Michau y sus colaboradores, citados por ^{Muuo et al., (2020)} sostienen que esta ayuda es creíblemente necesaria en un contexto humanitario. En este último se ponen de relieve los programas que fomentan la equidad de género a través del fortalecimiento económico y social de las mujeres y la programación que utiliza métodos participativos.

En Brasil, la promulgación de la Ley María da Penha fue un paso importante no solo en la ampliación de la discusión sobre la violencia contra las mujeres desde el ámbito privado hasta el público, sino que también indicó unas alteraciones y transformación fundamental en la respuesta del estado a este problema (^{Lacerda & De Moraes, 2022}). La aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha favorecido la instauración de la legislación sobre el trato de la mujer en sus aspectos más extremos (^{González, 2024}). Sin embargo, queda como reto aún por acometer la inclusión de actores no gubernamentales.

La investigación realizada en Ecuador muestra realidades sorprendentes en ciertos sectores; tanto es así que ^{Varea (2020)} establece que las mujeres indígenas enfrentan varias formas de desigualdad, como la oportunidad limitada de acceder a la educación superior y una carga de trabajo excesiva; por lo tanto, es preciso articular e implementar políticas públicas que sean culturalmente más apropiadas e inclusivas para dar solución a esta problemática. En el contexto particular de África, la defensa de las mujeres víctimas de agresiones se ve obstaculizada por la falta de políticas bien delineadas y por la aplicación ineficaz. La garantía de la existencia de marcos legales sólidos y su aplicación es crucial para las regiones de selva (^{Rockowitz et al., 2021}).

Las mujeres que pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes tienden a tener múltiples desigualdades sociales por su condición de tal, acallando sus voces hasta tal punto que se les dificulta el acceso a la justicia; por alguna razón, independientemente de su situación social y cultural, especialmente en lo que respeta al matrimonio temprano, la maternidad, la educación y las oportunidades de empleo (^{Quiroz et al., 2023}).

Las agresiones contra la mujer en Nigeria, así como países con contextos sociales similares de selva, puede abordarse con mayor eficacia mediante campañas de prevención que, en su fase inicial, eviten su aparición en vez de utilizar posteriormente que impidan su reiteración. Entre las medidas primarias, se pueden mencionar: la elevación de la conciencia sobre los asuntos de género y ya existentes leyes y legislaciones, violencia de género; participación comunitaria sobre la perspectiva de género; introducción y sistematización de políticas de género transformadas en programas en desarrollo y en ejecución; y orden de las mujeres.

De este modo, cuando se actúa con planos de prevención primaria, se comprometen significativamente las posibilidades de que la violencia de género acciones llegue a ocurrir, y por lo tanto se evitan complementarias que sean de carácter penal o policial (^{Okonofua et al., 2024}).

De acuerdo a lo expresado por ^{Férez (2023)}, la inefectividad de los sistemas y leyes y estrategias en su aplicación favorece que se perpetúe las agresiones hacia las mujeres, niñas y adolescentes, todo esto contribuye a esa horrible realidad que afecta a las mujeres. Como si lo anterior no alcanzara a agravar la situación, no existen sanciones adecuadas y pertinentes, así como se necesita imperiosamente la enseñanza de valores desde la infancia. Esta situación es evidente en áreas con falta de recursos públicos para la protección de derechos, como los municipios con bajos índices de desarrollo en la región amazónica. Estas áreas suelen estar lejos de los centros urbanos y carecen de instalaciones y servicios destinados a apoyar a las mujeres, situación que faciliten el incremento de violencia contra las mujeres en tales áreas (^{DeSouza et al., 2023}).

Según ^{García (2023)}, en Argentina, la adopción de un feminismo intersectorial con una perspectiva intercultural es crucial para abordar problemas como las desigualdades sociales o la fragmentación intersectorial. En Canadá, (^{Chadambuka & Essue, 2024}) refuerza esta idea al resaltar la prevalencia de desigualdades intersectoriales en las políticas públicas, lo que exige un diseño que tenga en cuenta diferentes formas de opresión.

Hay otro aspecto que necesita clarificación: para que haya visión de género en la formulación de políticas gubernamentales, es necesario que se realice análisis que identifiquen y expliquen la situación y características de la población y la intervención objetivo, considere las 'diferencias de género' y, a un nivel más profundo, examine las causas de dichas diferencias y la posibilidad de abordarlas (^{Pizarro, 2021}).

En el caso en que se mantiene en un rol dominante, entonces la violencia y las estructuras que establecen y normalizan son siempre un problema. Promover programas de educación de género y concienciación para cambiar las percepciones negativas que se tienen sobre las mujeres y la masculinidad. En esta campaña, es crucial el concurso de políticos y medios, papás de muchos hogares, educadores (^{Muñoz et al., 2024}). Considerando que es un problema social, hay que abordarlo desde diversas aristas.

Las administraciones públicas y las empresas tienen la responsabilidad social de participar activamente en zonas menos pobladas del país. Esto implica la implementación de políticas para acortar la brecha de género al facilitar la integración laboral de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres (^{Pérez et al., 2023}). La interseccionalidad no solo permite ubicar el reconocimiento de la diversidad de raza y el género en el contexto de violencia hacia las mujeres de color, sino que posiblemente podría ser útil en un sentido más amplio para abordar principalmente la tensión entre las reclamaciones de múltiples identidades y la persistente. necesidad de la política grupal, ya que es vital porque permite analizar cómo ciertas políticas y prácticas afectan a varios grupos de manera diferente en relación con sus vulnerabilidades, marginaciones y exclusiones (^{Marchand, 2024}).

Un cambio en el clima social para promover la denuncia de la violencia solo es posible a través de intervenciones continuas, multifacéticas y basadas en la comunidad que tengan como objetivo a personas de todas las edades y entornos. Estos esfuerzos buscan desafiar el estigma que rodea al problema y hacerlo visible en el espacio público (^{Sivarajasingam et al., 2022}).

^{Ruiz (2021)} coincide en que, no obstante que las cifras estadísticas dan cuenta de un decremento en los medios anuales de accidentes, la agresividad misma se mantiene en elevadas y constantes por lo mediado de tiempo. Es necesario aplicar una visión de género en la gestión de la justicia para enfrentar desafíos como el narcotráfico, la privación de recursos y la exclusión social, que intensifican la violencia inherente.

Según ^{Galán et al., (2022)}, para combatir las oposiciones culturales y estructurales, es necesario aplicar políticas e instrumentos que promuevan la reciprocidad y la equidad entre sexos. La dimensión económica de las políticas públicas es enfatizada por ^{Stanziola & Araúz (2023)}, quienes afirman que las medidas sensibles al género no solo son inadecuadas, sino también tardías en su implementación, mientras que el desconocimiento de los agentes responsables sobre cómo llevarlas a cabo provoca retrasos en los intentos de avanzar.

^{Pérez et al., (2023)} de España amplían esta perspectiva, argumentando que tanto las empresas como las administraciones públicas deben involucrarse de manera más activa para mejorar las condiciones en las zonas rurales y reducir la brecha de género en el mercado laboral (^{Serra et al., 2022}).

A pesar del progreso en el reconocimiento del problema y la adopción de políticas públicas específicas, siguen existiendo importantes desafíos (^{Lacerda & De Moraes, 2022}). La ausencia de una coordinación intersectorial e interjurisdiccional efectiva, junto con la omisión de un enfoque interseccional, destacando como áreas clave a mejorar (^{García et al., 2021}). En esta perspectiva, la difusión de valores y la educación inicial son claves para construir cambios culturales de manera más eficaz.

La formación de actitudes hacia las políticas de violencia de género afecta los procesos de equidad. La falta de equidad en los procesos legales puede tener un impacto en las decisiones de intervención de los testigos, así como socavar la evaluación de los esfuerzos gubernamentales (^{Rabello, 2023}). La efectividad de las políticas dirigidas a desafiar la violencia de género se relaciona con las leyes que se encuentran y son aplicadas.

Respecto a la zona de África Oriental, la situación se complica más aún por la pobre formulación de políticas y ausencia de acciones concretas para facilitar a las mujeres que han padecido agresiones. Para no quedar expuestos a riesgos que pueden vulnerar sus derechos, es fundamental contar con marcos jurídicos que avalen su salvaguardia (^{Guaita et al., 2023}).

Conclusiones

A pesar de las mejoras normativas que se ha implementado en relación con el reconocimiento y la supresión de la violencia de género como un fenómeno sociológicamente manifiesto, dicho reconocimiento y mitigación ofrecen variadas fuentes de problemas, particularmente en regiones geográficas con características peculiares, como la exuberante amazonia peruana, donde las extremas desigualdades estructurales, las carencias arraigadas y los retrasos en las colaboraciones intersectoriales obstaculizan severamente el objetivo de adopción de políticas diseñadas para restringir y eliminar la violencia de género.

Las mujeres que residen en zonas rurales y aisladas, especialmente en regiones de selva, están en una situación desventajosa, ya que les resulta muy complicado ejercer derechos, por ejemplo, acceder a la justicia y a la salud y servicios que normalmente se atienden en el ámbito urbano. Todo esto, en cierto modo, lo que hace es profundizar la constante vulneración que sufren las víctimas y hace mucho más difícil que se logre el respeto por parte de las autoridades de los derechos humanos fundamentales de las mujeres.

Las políticas públicas actuales no toman adecuadamente en cuenta la variabilidad de la opresión sufrida por las mujeres, incluidas las mujeres indígenas o las mujeres que viven en extrema pobreza, lo que reduce la efectividad de esas políticas. La información proporcionada sobre la educación de las mujeres revela la ausencia de programas o iniciativas, tanto para mujeres jóvenes como para mujeres mayores, que aborden los inicios del sexismo, como los estereotipos de género violentos y las creencias sobre los roles de género.

Las deficiencias estructurales en el sistema de justicia, incluida la constante revictimización de las personas afectadas y la ausencia de medidas de sanción realmente efectivas, contribuyen a la consolidación de la violencia y representan una barrera seria que desanima a las víctimas a emprender acciones legales en su búsqueda de justicia; es necesario idear e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación en áreas más desfavorecidas, como las selvas de Perú, para garantizar un mejor cumplimiento de las normas existentes, asegurar una mayor equidad entre los géneros en todos los ámbitos y permitir que estas cumplan medidas con las tradiciones. de las poblaciones nativas y rurales que allí viven.

De igual forma, se deben ejecutar de manera adecuada, programas no solo educativos, sino integrales cuyo objetivo primordial sea la promoción activa de la equidad entre los géneros y contribuir a la eliminación gradual de los estereotipos de género que han estado arraigados en nuestra sociedad a lo largo de los tiempos, especialmente involucrando a niños, niñas y sus padres en el proceso educativo, de manera activa. Es necesario promover la cooperación y coordinación de las agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para fortalecer la respuesta integral al problema de las agresiones contra las mujeres, así como asegurar que el presupuesto asignado a las agencias de aplicación sea adecuado.