Introducción

La equidad en el trato a las personas, en el ámbito político, es fundamental para una gobernanza democrática, garantizando variedad de opiniones y políticas que consideren a todos. A pesar de algunos avances, persiste la subrepresentación de mujeres en posiciones políticas a nivel global, debilitando la equidad en la participación y la creación de políticas efectivas sobre temas de género (^{Harry, 2024}).

No obstante, las leyes y políticas para fomentar la igualdad de género por parte del gobierno, aún persiste una considerable brecha en la gobernanza. Aunque se han logrado progresos en iniciativas de equidad, dichos esfuerzos no son suficientes para transformar de manera fundamental la cultura e integrar a las mujeres en todos los niveles de gobernanza (^{Del Carmen et al., 2024}).

La adopción de estrategias de responsabilidad social empresarial es crucial para conseguir un desarrollo sostenible en la comunidad, logrando una armonía entre los aspectos ambientales, financieros y sociales (^{Qiao et al., 2024}). Un vínculo más sólido con la sociedad civil global podría facilitar la justicia de género para mujeres que enfrentan múltiples formas de marginalización (^{Weldon et al., 2023}).

Se ha evidenciado que, en el entorno empresarial, las empresas no han adoptado la responsabilidad social para abatir la violencia de género entre sus colaboradores, pese a la existencia de negociaciones colectivas al respecto, evidenciándose que el estado no ha ejercido una adecuada gobernanza sobre este entorno, lo que ha conllevado a su normalización (^{Fudge & Lebaron, 2024}).

La gobernanza en la violencia de género se ve afectada ante poca participación de la mujer, pues es necesario que todos los involucrados en los servicios públicos adopten un enfoque igualitario (^{Ototo et al., 2024}). Las cuestiones de género abarcan cómo los sistemas digitales de gobernanza global influyen en la inclusión social, así como la variedad racial y de género en las prácticas laborales y de propiedad (^{Pearce et al., 2022}).

A lo largo de la trayectoria de las mujeres, la paridad en cargos de liderazgo en las instituciones aún no se manifiesta claramente. Aunque se está viviendo una transformación creciente en la gobernanza que comienza a desafiar las limitaciones históricas impuestas a las mujeres, es un hecho que este nivel todavía es, en gran medida, inalcanzable para ellas (^{Del Carmen et al., 2024}). Aunque algunos gobiernos se comprometen a la integración de género como parte de su estrategia de desarrollo, aún se observan desigualdades notables, sobre todo en las áreas rurales (^{Damilola et al., 2024}).

La Comisión Europea presentó la Hoja de Ruta destinada a promover la equidad, como las prioridades de la agenda, los objetivos y las herramientas necesarias estableció seis áreas clave, cada una vinculada a un grupo de objetivos y acciones que facilitan su logro. Las áreas prioritarias abarcan la igualdad en la autonomía económica, la laboralidad, la paridad en la representación en las decisiones importantes, y el impulso de la igualdad de género en las políticas de relaciones exteriores y desarrollo (^{Preti & di Bella, 2023a}).

La igualdad en el acceso a servicios públicos debe ser promovida como un derecho humano esencial que respalde el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se debe priorizar la paridad en la gobernanza en sus respectivas comunidades, incrementar la disponibilidad de datos desglosados por género, cuestionar las normas sociales que afectan el liderazgo femenino y combatir la violencia de género (^{Mgwele et al., 2024}).

La problemática de la violencia de género es abrumadora y los esfuerzos para mitigarlo o evitarlo no han tenido éxito, existiendo tres motivos principales que explican la intensidad de la violencia de género: desigualdades y normas de género (el hombre dominante y la mujer sumisa), conductas y tradiciones culturales (dote y poligamia), y cambios en la sociedad (debilitamiento de los sistemas de gobernanza tradicionales y avances tecnológicos) (^{O’reilly et al., 2023}).

Las mujeres están involucradas en múltiples esfuerzos para fomentar la paz, el desarrollo y una gestión medioambiental más justa, por ello es necesario implementar un enfoque interseccional y de género transformador en la paz, la ayuda humanitaria y las iniciativas de desarrollo (^{Ensor, 2022}).

En todo el mundo, se ha investigado de manera extensa la violencia en el trabajo, no obstante, se carece de suficiente información sobre la violencia laboral asociada al género, por lo cual urge implementar estrategias que consideren el género para abordar la violencia dentro de la plantilla laboral y para ello, el liderazgo es fundamental (^{Ayaz et al., 2024a}).

Ante la generalización de la violencia de genero a lo largo de los continentes, es necesario comprender como el Estado ha asumido esta como una carga de responsabilidad social y como se manifiesta su gobernanza (^{Kulikowski et al., 2025}) Asimismo, es crucial establecer una cultura de inclusión, apoyo y respeto, guiada por altos directivos, que reconozca la violencia de género como un problema estructural y favorezca la comunicación abierta en todos los niveles para enfrentar esta problemática generalizada (^{Ayaz et al., 2024}).

Este estudio se justifica en la trascendencia de la gobernanza y la responsabilidad social en la prevención de la violencia de género, considerando que la gobernanza se relaciona con los ciudadanos pues son las decisiones del gobierno las que repercuten en sus derechos, considerando las reglas que el estado determina para su ejercicio, así como la responsabilidad social que asume para prevenir la violencia de género, lo cual, en el contexto peruano, se ha visto manifestado con la política pública contra la violencia establecida en la Ley N.º 30364.

El propósito fue comprender el impacto de la gobernanza y la responsabilidad social en la prevención de la violencia de género a partir de la literatura científica. Así también, la importancia de la investigación ha radicado en el conocimiento de cómo se viene abordando esta problemática en diversos países, a fin de conocer las alternativas que han utilizado para afrontar la violencia de género.

En el desarrollo de este artículo se utilizó la estrategia PICO. Contar con información sobre un tema específico es fundamental para llevar a cabo una investigación de calidad, es crucial saber qué información elegir de esta vasta fuente y cómo hacerlo efectivamente. La técnica PICO contribuyó, en la formulación de la pregunta de investigación y la búsqueda de literatura, permitiendo encontrar de manera rápida y precisa la información científica más relevante (^{Mamédio et al., 2007}).

Por esta razón la pregunta de investigación fue ¿Cuál es el impacto de la gobernanza y la responsabilidad social en la prevención de la violencia de género? Es así que, el objetivo de esta revisión sistemática fue evaluar críticamente la literatura existente para determinar el impacto de la gobernanza y la responsabilidad social en la prevención de la violencia de género.

Respecto a la gobernanza, se refiere a la manera en que se toman decisiones, se ejercen poderes, y se gestionan recursos dentro de una organización, un país o una empresa; es la interacción de diferentes actores como el Estado, el sector privado, la sociedad civil y ciudadanos para influir en decisiones y políticas (^{Arriola, 2021}).

Las mujeres siguen siendo minoría en cargos de decisión, esto limita su legitimidad percibida como líderes. En muchos procesos de gobernanza, especialmente comunitarios o tradicionales, las mujeres son excluidas de la toma de decisiones (^{Sindhuja, 2023}). La agresión y el acoso sexual se presentan en diversos entornos tales como empresariales, familiares y en diversos sectores, como salud, transporte y educación, y provocan un impacto considerable en la salud mental y física de quienes sufren estas situaciones. Es urgente una inversión gubernamental de largo plazo en iniciativas de prevención primaria contra la violencia y el acoso sexual en el transporte público (^{Hooker et al., 2024}).

No obstante, la existencia de gestiones que vienen cumpliendo con normativas internacionales y regionales como la Declaración de Beijing, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, continúan los obstáculos como la implementación irregular, la falta de integración, las normas culturales profundamente arraigadas, la escasez de recursos y la resistencia por parte de las instituciones, en particular en lo que respecta a la presupuestación con enfoque de género y la participación femenina en procesos decisionales (^{Damilola et al., 2024}).

Existen diversas legislaciones y políticas tanto internacionales como nacionales que han promovido la igualdad de género, pero el progreso sigue siendo un trabajo en curso. A pesar de tener las calificaciones y el talento adecuados, las mujeres se enfrentan a múltiples barreras para acceder a las posiciones más relevantes en el liderazgo (^{Del Carmen et al., 2024}).

A pesar de estos retos, el avance en la eliminación de estereotipos de género, junto con el efecto positivo de las políticas de equidad de género, resalta el potencial de las estrategias de integración de género. Se sugiere promover la responsabilidad individual desde la niñez, fomentar la inclusión de personas LGBTQI+ en el ámbito educativo, aumentar la sensibilización sobre la violencia de género, cuestionar los roles de género tradicionales y priorizar la seguridad y participación de las mujeres (^{Damilola et al., 2024}).

El abuso de género representa un grave desafío en términos de salud, sociales y derechos humanos en todo el planeta. No distingue entre clases sociales o económicos y ocasiona consecuencias devastadoras, afectando especialmente a mujeres y niñas de todos los niveles socioeconómicos, tanto en países avanzados como en desarrollo. Es necesario un enfoque integrador y comunitario, así como la colaboración continua con diferentes grupos interesados (^{Napoli et al., 2024})

Respecto a la responsabilidad social, el gobierno tiene la responsabilidad de mantener la cohesión social, apoyando o creando sistemas de resguardo para los individuos que son especialmente frágiles en el entorno familiar. Esto se establece como un deber legal, que implica la rigurosa observancia de las normas y directrices preventivas del estado, con el objetivo de actuar de manera adecuada ante la comunidad (^{La Torre, 2021}).

Respecto a la violencia de género, a pesar de los esfuerzos tanto a nivel global como local para alcanzar la igualdad entre géneros, todavía es fundamental realizar avances significativos de formación en concienciación de género (^{Upadhyay et al., 2023}).

La violencia basada en el género representa un elemento fundamental para hombres y mujeres en su percepción de salud y bienestar, así como en la de sus comunidades. Las vivencias de violencia generan tensiones entre los géneros en la mayoría de las comunidades y dentro de sociedades patriarcales, donde las víctimas de violencia enfrentan numerosos retos al decidir si priorizar sus deseos personales o comportarse de una manera que sea social y culturalmente aceptada (^{Onyango & Elliott, 2023}).

El género desempeña un papel significativo, donde la violencia se acumula y manifiesta repetidamente, pero no de forma sencilla. (^{Lahti, 2023}). Las experiencias vividas por las víctimas de violencia, requiere la intervención estatal, por ello es una acción sostenible y sensible al contexto para la paz y el cambio social y destacando la responsabilidad social (^{Kurian et al., 2024}).

Los acontecimientos de violencia se ven impulsados por múltiples factores complejos, y siendo labor del estado intervenir en los problemas relevantes, es que debe actuar con gobernanza (^{de Morrée, 2024}). Los proveedores de servicios de prevención y apoyo de la violencia de género se han enfrentado al reto de prestar una asistencia de alta calidad en medio de una grave escasez de recursos, financiación inadecuada, escasa comunicación y cooperación intersectorial, junto con el empeoramiento de la pobreza y las penurias que sufren las supervivientes (^{Vahedi et al., 2022}).

En atención a la violencia, el gobierno debe actuar con responsabilidad, debiendo crear lugares seguros específicamente diseñados para las víctimas, similares a las casas de refugio, con el objetivo de proteger sus intereses y asegurar el avance efectivo del proceso de justicia penal, lo cual generará gobernanza (^{Putu Rai Yuliartini et al., 2024a}).

Metodología

Se utilizó el método PICO, la cual constituye una herramienta esencial para la formulación de preguntas de investigación clínica de manera clara, precisa y objetiva. Su aplicación permite delimitar los elementos fundamentales de un problema de investigación, especificando la población o problema de interés (P), la intervención a ser evaluada (I), la comparación o tratamiento alternativo (C) y los desenlaces o resultados esperados (O).

La utilización del método PICO facilita la búsqueda sistemática de evidencias científicas, pues al estructurar adecuadamente la pregunta, se optimiza la selección de términos clave y se direcciona de manera más efectiva la estrategia de búsqueda en bases de datos científicas. Además, permite una correcta formulación de preguntas lo que contribuye a minimizar sesgos en la interpretación de los resultados encontrados (^{Mamédio et al., 2007}).

Respecto al procedimiento, inicialmente se buscaron e identificaron los artículos pertinentes, valorando el nivel académico de estos, por lo cual se eligió a los artículos alojados en Scopus. En la etapa de selección se filtraron los artículos incorporando criterios de inclusión y exclusión. En la etapa de elegibilidad se valoró los estudios de selección inicial, considerando el método que usaron. Finalmente, se seleccionaron los estudios relevantes y actuales, los que constituyen el saber sistémico.

La elección del enfoque prisma para la recolección de datos ha facilitado un análisis exhaustivo, genuino, confiable y objetivo, lo que lleva a conclusiones precisas y permite poseer una comprensión actual sobre el tema que se investiga (^{Page et al., 2021}).

Al adentrarnos a la búsqueda y análisis de los artículos científicos, se incorporaron como criterios de inclusión: a) Artículos que aborden gobernanza y violencia de género: y responsabilidad social y violencia de género, b) Artículos publicados en inglés, c) Artículos de la base de datos Scopus y d) Publicaciones del 2021 y el 2025.

En relación con los criterios de exclusión, se prescindió: a) Libros, tesis, conferencias, etc. b) Investigaciones con información encriptada, c) Investigaciones que aborden las variables, pero sin vinculación entre estas, d) Estudios que no se refieran a violencia de género, y e) Artículos en idioma diferente al inglés.

Con el propósito de que el estudio sea de nivel científico, se seleccionaron artículos en Scopus. La búsqueda se realizó hasta el 20 de abril de 2025, considerando su actualidad. A fin de perfeccionar la búsqueda, se utilizaron los descriptores en inglés: “governance” “social responsibility·, “impact”, “prevention”, “gender-based” “violence” y los operadores booleanos “and”, “or” y “not”. Estas palabras claves, permitieron realizar una búsqueda integral.

En el proceso de selección de artículos científicos, se utilizaron los descriptores y palabras clave en inglés: TITLE-ABS-KEY (social AND responsibility AND gender - based AND violence) AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2026 y TITLE-ABS-KEY (gobernance AND responsibility AND gender- based AND violence) AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2026.

En este proceso se delimitó la búsqueda considerando la actualidad temática, se consideró los últimos 5 años, por lo cual solo quedaron 18 artículos científicos a revisar. Estos artículos fueron registrados en una matriz de datos que considero la fecha de publicación, país, titulo, revista, entre otros, lo cual contribuyó a una adecuada sistematización.

Desarrollo y Discusión

En la Tabla 1, se aprecia la totalidad de artículos, evidenciándose que en la base de datos hay 101 artículos.

Luego de ello se realizó un cribado, valorando la relevancia y vigencia de los estudios, y en función a los criterios de inclusión y exclusión. En la etapa de elegibilidad, se analizó el contenido y pertinencia con las variables estudiadas, por lo cual se incluyeron los siguientes artículos (Ver Figura 1).

Figura 1 Flujograma PRISMA 

De la búsqueda primigenia, 2 artículos fueron eliminados utilizando filtros y criterios determinados para la selección. Así también, se evidenció 4 artículos duplicados, y 47 de ellos fueron eliminados al revisar que los títulos y el resumen no se encontraban acorde al tema en estudio.

De otro lado, se suprimieron 10 artículos, dado que no era posible recuperar la versión completa, por no tener acceso abierto. Se verificó que los artículos restantes cumplan con los criterios de elegibilidad, y al cumplir esto, se determinó la inclusión de 18 artículos.

Los artículos seleccionados fueron de Canadá (3), Estados Unidos (2), África (2), Reino Unido (2), India (1), España (1), China (1), Kenya (1), Australia (1), Sudáfrica (1), Nueva Guinea (1), Indonesia (1) y Perú (1). El periodo de publicación es actual, advirtiéndose una mayor producción científica en el año 2024, con 10 artículos científicos, pues en 2023 solo se encontraron 3 artículos, en 2022 dos artículos, en 2021 dos artículos y solo un artículo en 2025. La base de datos, que se consideró para la búsqueda fue Scopus, dado el alto impacto de los estudios que alberga.

Discusión

Los autores sostienen que la gobernanza puede generar un impacto positivo en la prevención de la violencia de género, este impacto de la gobernanza en la prevención de la violencia se da por que según ^{Fudge & Lebaron (2024)}, existe una relación más fuerte con la sociedad civil mundial y promueve la equidad de género para las mujeres que se encuentran con diversas formas de exclusión social.

^{Damilola et al., (2024)} sostuvieron que la gobernanza impacta positivamente en la inclusión social, además de la diversidad racial y de género en las prácticas de trabajo y de propiedad. De otro lado, difieren de ^{Harry (2024)} quien sostuvo que la falta de representación afecta la equidad en la participación y la formulación de políticas efectivas relacionadas con el género.

En la misma línea, ^{Del Carmen et al., (2024)} añadieron que todavía existe una notable disparidad en la gobernabilidad, pues la gobernabilidad no ha sido suficiente para cambiar de forma esencial la cultura e incorporar a las mujeres en todos los estratos.

Así también, a criterio de ^{Pearce et al., (2022)} la gobernabilidad en la violencia de género se ve impactada por la escasa participación femenina. ^{Preti & di Bella, (2023)} sostuvieron que a pesar de que las administraciones han acatado regulaciones internacionales y regionales como la Declaración de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, persisten barreras para mermar la violencia de genero.

Respecto al impacto de la RS en la prevención de hechos violentos por género, ^{Weldon et al., (2023)} señalaron que el impacto de las estrategias de RS permitirá alcanzar un progreso sostenible en la comunidad, consiguiendo un equilibrio entre los factores ambientales, financieros y sociales.

^{Ayaz et al., (2024)} añadieron que es imprescindible aplicar un enfoque interseccional y de género para disminuir los hechos violentos por género. De otro lado, difieren de (^{Qiao et al., 2024}) quien sostuvo que no se evidencian estrategias adecuadas que contribuyan en la prevención de la violencia, por lo cual es una tarea pendiente.

Así también ^{Ototo et al., (2024)} demostraron que no se ha asumido la responsabilidad social de combatir la violencia de género entre sus empleados, a pesar de las negociaciones colectivas sobre el tema. Esto demuestra que el estado no ha implementado una gobernanza apropiada en este contexto, lo que ha llevado a su normalización.

De otro lado, ^{O’reilly et al. (2023)} argumentaron que el impacto no es significativo pues la gobernanza no ha combatido fervientemente la violencia de genero. En el mismo contexto ^{Ensor (2022)} sostuvo que la gobernanza tiene pendiente afrontar eficazmente la violencia, pues pese a las normas existentes, no se ha visto reflejada en una disminución cuantitativa.

En relación con la gobernanza, se refiere al proceso de toma de decisiones, aplicación de poderes y administración de recursos en una entidad, nación o compañía; implica la participación de diversos actores como el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos para incidir en decisiones y políticas (^{La Torre, 2021}).

En relación con la responsabilidad social, (^{Putu Rai Yuliartini et al., (2024)} argumentaron que el gobierno tiene el deber de preservar la cohesión social, respaldando o estableciendo sistemas de protección para las personas que son particularmente vulnerables en el contexto familiar.

No obstante, según ^{Upadhyay et al., (2023)} sostuvieron que, a pesar de los esfuerzos tanto a nivel global como local para alcanzar la igualdad entre géneros, todavía es fundamental realizar avances significativos de formación en concienciación de género.

Conclusión

Los estudios revisados revelan que la gobernanza y la responsabilidad social tienen efectos positivos en la prevención de la violencia de género, que, si bien los estados vienen adoptando normativas al respecto y asumiendo con responsabilidad social su compromiso con la ciudadanía, aún no se ha llegado a prevenir a plenitud la violencia de genero. Ante ello, es necesaria una mayor participación de la mujer en la gestión pública, y que las políticas públicas se ejecuten de manera articulada con la sociedad civil.

El estado debe brindar programas de prevención y educación sobre la igualdad, así como articular los sectores de salud, justicia y educación, e incentivar a que las normas tributarias y laborales promuevan la igualdad de género en el empleo. Asumir con responsabilidad social la prevención de la violencia implica la generación de campañas comunitarias, y la formación de las personas en género y derechos humanos pues se crearían más justas, seguras e igualitarias. para proteger a las víctimas y transformar la cultura social.

En conclusión, los hallazgos de la revisión sistemática revelan que la gobernanza y la responsabilidad social tiene un impacto positivo, aunque a la fecha no se ha llegado a un efecto contundente a la violencia de género.