Introducción

Las sanciones administrativas constituyen un pilar esencial en la construcción sostenida de la gobernanza regulatoria, en tanto buscan garantizar el cumplimiento normativo, disuadir infracciones y corregir conductas lesivas al interés público. Sin embargo, la literatura reciente evidencia tensiones entre el ejercicio del poder sancionador y los principios de legalidad, proporcionalidad y legitimidad democrática.

En diversos contextos regulatorios, la ambigüedad normativa, la discrecionalidad excesiva y la debilidad de garantías procesales han favorecido decisiones arbitrarias que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones (^{Asad & Afzal, 2023}; ^{Overman et al., 2023}). Asimismo, la ausencia de mecanismos robustos de evaluación y monitoreo impide conocer con precisión si las sanciones cumplen un rol preventivo, correctivo o disuasorio, limitando la posibilidad de mejorar el sistema sobre bases empíricas (^{Silva & Pérez, 2024}; ^{Widyaningrum, 2023}).

En principio, la normativa sancionadora adolece de ambigüedades y carencias de directrices claras, lo que permite interpretaciones arbitrarias y genera inseguridad jurídica. Este déficit normativo afecta la previsibilidad de las decisiones y erosiona la confianza en las instituciones públicas (^{Asad & Afzal, 2023}). A ello se suma la debilitación de las garantías procesales, que limita la revisión efectiva de las sanciones y vulnera principios como el debido proceso y el derecho a la defensa, favoreciendo la percepción de arbitrariedad (^{Widyaningrum, 2023}).

En tanto, la discrecionalidad excesiva y la ausencia de criterios del principio de proporcionalidad en la aplicación de sanciones han sido identificadas como factores que afectan la justicia y la equidad en los procesos sancionadores (^{Overman et al., 2023}). Paralelamente, la baja participación ciudadana y los débiles mecanismos de control social restringen la transparencia y reducen la legitimidad democrática del sistema, al impedir la incorporación de la voz de los administrados en la definición y fiscalización del régimen sancionador (^{Miftakhuljanah et al., 2023}).

Además, la falta de evaluación y monitoreo adecuados impide comprender el impacto real de las sanciones (si son preventivas, correctivas o disuasorias), lo que provoca afectación a la mejora continua basada en evidencia (^{Silva & Pérez, 2024}). Estas deficiencias se agravan con la escasa formación y profesionalización de operadores administrativos y jurídicos, lo que fomenta decisiones erráticas y amplía los márgenes de discrecionalidad (^{Kusumawati et al., 2022}).

Otro reto crítico reside en la clasificación sancionadora y los límites doctrinales: la confusión entre sanciones y otros actos administrativos genera inconsistencias normativas y riesgos de uso indebido del poder sancionador (^{Asad & Afzal, 2023}). A ello se suma la prevalencia de un enfoque meramente punitivo, con escasa orientación hacia la prevención y sostenibilidad, lo que reduce la capacidad del sistema para generar aprendizajes institucionales y restaurar el daño ocasionado (^{Li et al., 2024}).

Por otro lado, la digitalización y automatización de los procesos sancionadores aún es marginal, pese a que la tecnología ofrece oportunidades para mejorar la trazabilidad, eficiencia y transparencia de los procedimientos (^{Venkatesh et al., 2023}; ^{Zhang et al., 2025}). Finalmente, la ausencia de criterios de equidad y diferenciación sectorial conlleva la aplicación de sanciones uniformes que, al no considerar la heterogeneidad de riesgos y capacidades de los actores regulados, generan distorsiones e inequidades (^{Wang et al., 2024}).

En conjunto, estas problemáticas revelan que, si bien las sanciones administrativas poseen un potencial claro como instrumento de gobernanza, su contribución real se encuentra limitada por vacíos normativos, institucionales y tecnológicos. Superar estos desafíos exige una reforma integral que articule claridad normativa, garantías procesales robustas, criterios de proporcionalidad, mecanismos de participación social, evaluación basada en datos, profesionalización, innovación tecnológica y diferenciación sectorial, para consolidar un régimen sancionador más justo, eficiente y sostenible.

El artículo se respalda en la teoría del orden normativo y la legalidad, que parte de la idea de que el Derecho es un sistema de normas reguladoras de conductas que emana de normas superiores y está estructurado de manera jerárquica. ^{Kelsen (1997)} es uno de los principales autores que ha desarrollado esta teoría, cuya explicación científica sostiene que el Derecho es un fenómeno normativo, no empírico en su ausencia, la coerción (sanción) forma parte del funcionamiento de las normas cuando hay incumplimiento.

En este marco, las sanciones administrativas son producto de la estructura normativa: cuando una norma inferior prevé una prohibición o un deber, su incumplimiento puede generar una sanción. La legalidad impone límites formales (normas previas, competencia, tipicidad) y materiales (no arbitrariedad, proporcionalidad, derechos fundamentales). Así, la arbitrariedad, la no proporcionalidad y la afectación a los derechos fundamentales, trastoca la naturaleza de la normas o normas.

La teoría de la gobernanza articulada a las sanciones administrativas explica de cómo se organiza el ejercicio del poder público, la administración y regulación, mediante reglamentos y leyes, además, a través de instituciones, mecanismos de participación, transparencia, sanción y control.

En este marco, las sanciones administrativas funcionan como uno de los instrumentos del sistema regulatorio, necesarios para garantizar que las normas establecidas sean cumplidas de manera efectiva. La gobernanza regulatoria exige que las sanciones sean legales, proporcionales, justas, transparentes, aseguren legitimidad, aceptación social, competentes y que se sometan a rendición de cuentas (^{Ansell & Gash, 2007}).

La finalidad de este artículo es analizar sistemáticamente la función de las sanciones administrativas como mecanismo de gobernanza en diferentes contextos regulatorios, a partir del análisis crítico de la literatura científica existente a nivel global. El estudio buscó identificar tendencias teóricas, vacíos de investigación y propuestas normativas, con el propósito de aportar una base conceptual y empírica que contribuya al diseño y aplicación de políticas sancionadoras más trasparentes, eficientes y proporcionales.

Método

Es un artículo de revisión sistemática de investigaciones originales publicadas en revistas científicas indexadas en cuatro bases de datos: Scopus, ScienceDirect, Willey y SciELO. La investigación partió de la pregunta PICO: ¿En qué medida las sanciones administrativas, como expresión del principio sancionador, contribuyen a la efectividad de la gobernanza en distintos contextos regulatorios? (Ver Tabla 1).

A partir de la pregunta PICO se establecieron ecuaciones booleanas por cada base de datos (Ver Tabla 2).

El proceso de recopilación de documentos en las cuatro bases de datos permitió identificar un total de 1622 documentos (Scopus: 85; ScienceDirect: 1377; Wiley: 123 y SciELO: 37). En la siguiente Figura se muestra el proceso de recopilación de documentos:

Figura 1 Proceso de recopilación de documentos 

Con soporte de la estrategia PRISMA se logró identificar los documentos de la investigación seleccionados indicados en la Figura 2.

Figura 2 Diagrama PRISMA para selección de documentos de la investigación 

De acuerdo al proceso de selección de documentos mediante la estrategia PRISMA se logró incluir 53 artículos científicos originales, provenientes de Scopus: 24, ScienceDirect: 11, Wiley: 13 y SciELO: 5. Los criterios de inclusión fueron: rango de años: 2016-2025, solo artículos originales, de acceso abierto, artículos centrados específicamente a las categorías: sanciones administrativas y gobernanza, artículos relevantes. Los criterios de exclusión fueron: artículos con acceso restringido, con textos incompletos, poco relevantes, con abordaje temático general y duplicidad.

Resultados y Discusión

A continuación, se presentan síntesis de los 53 artículos de investigación originales analizados de las cuatro de bases de datos, incidiendo en la identificación del impacto de las sanciones administrativas en la gobernanza institucional en contextos regulatorios; además, vacíos encontrados y propuestas de mejora, para responder al objetivo de investigación: analizar sistemáticamente la literatura científica existente para evaluar cómo las sanciones administrativas como herramienta para la gobernanza en contextos regulatorios (Ver Tabla 3).

A continuación, se procedió a la identificación de problemáticas centrales, las mismas que fueron sometidas al análisis, interpretación y discusión de resultados, respecto a las sanciones administrativas como mecanismo para la gobernanza, además de los vacíos encontrados y propuestas de solución (Ver Tabla 4).

De acuerdo a los resultados de la investigación, de los 53 artículos originales analizados, se consolidan en diez temáticas que interactúan de forma compleja y multidimensional, afectando de manera directa diferentes pilares de gobernanza: legitimidad, legalidad, eficiencia, equidad y participación. Partiendo de estos hallazgos se evidencia que el régimen sancionador por parte de las instituciones públicas pertinentes requiere una inmediata reforma integral y estructural, que tenga como alcances lo formativo, institucional y tecnológico; además, que trascienda lo normativo.

La vinculación de propuestas de las investigaciones analizadas converge en la posibilidad de avanzar hacia un modelo de régimen sancionador más equitativo, justo, eficiente y alineado con principios democráticos, siempre que las reformas prioricen las diez áreas críticas identificadas.

En cuanto al área crítica identificada: normativa sancionadora, la deficiencia de diferentes normativas representa uno de los factores que debilitan la legitimidad del régimen sancionador. La ambigüedad en la legislación impide establecer límites normativos firmes a la institución administrativa; además, permite interpretaciones arbitrarias en las sanciones, crea inseguridad jurídica y afecta la confianza en las instituciones públicas.

Frente a esta situación, el desarrollo de guías normativas, una actualización legislativa coherente y una clasificación doctrinal precisa deben ser medidas prioritarias para restablecer la legitimidad y legalidad del sistema. De acuerdo a la literatura científica, la legitimidad de los regímenes sancionadores se vincula directamente no sólo a lo que precisa la norma, sino a cuán precisa, clara y accesible es la normativa.

Cuando la norma es ambigua, poco clara y coherente, ocasiona interpretaciones arbitrarias e incoherentes; además, genera inseguridad jurídica entre los sancionados y socavan la confianza en el sistema legal (^{Frost & Schaaf, 2024}); además, erosiona la legitimidad substancial del sistema penal (^{Corda, 2025}) y los sancionados perciben como injustas y pierden la confianza (^{Toshkov et al., 2024}).

Respecto al área crítica identificada: garantías procesales, la debilitación de estas, refuerza la percepción de arbitrariedad y vulnerabilidad de la ciudadanía. La falta de recursos administrativos y judiciales efectivos afecta la revisión sustancial de las decisiones sancionadoras, lo que contraviene los principios fundamentales del derecho administrativo sancionador, como el debido proceso y el derecho a la defensa. Frente a esta situación, la solución requiere la incorporación de estándares internacionales, el fortalecimiento institucional de mecanismos de revisión y apelación, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales.

De acuerdo a ^{Kinchin (2024)}, cuando hay erosión de las garantías procesales, la confianza en el sistema se deteriora y la legitimidad de las sanciones administrativas cae, con mayor énfasis cuando los afectados no cuentan con un recurso real y efectivo. La limitación de recursos judiciales, reglas claras administrativas y criterios restrictivos de admisión impiden una revisión sustantiva y transforman el recurso en un mero trámite y se toman decisiones arbitrarias acompañadas de abusos institucionales (^{Cafaggi & Lamiceli, 2021}). Las personas sancionadas deben contar con mayores garantías procesales para restablecer un equilibrio más justo entre derechos y obligaciones (^{Spijkstra, 2025}).

El factor crítico: la falta discrecionalidad y proporcionalidad en la ejecución de sanciones administrativas y el empleo en exceso de la discrecionalidad impactan de forma negativa en la justicia y equidad del sistema. La falta de criterios normativos objetivos, a su vez, ocasiona la aplicación de sanciones desmedidas o insuficientes, lo cual deteriora el principio de la proporcionalidad y equidad administrativa. Para hacer frente a esta problemática es preciso establecer criterios de proporcionalidad, límites normativos explícitos y tipificaciones adecuadas al contexto a fin de mejorar la predictibilidad, la justicia y equidad en la aplicación de sanciones administrativas.

Al respecto, ^{Peña (2021)} reporta que en la jurisprudencia generalmente la proporcionalidad actúa como filtro para asegurar que las sanciones administrativas tengan correspondencia con la gravedad de las infracciones y el interés protegido, a fin de evitar decisiones excesivas o insuficientes. En ocasiones, la proporcionalidad se consolida como un límite normativo a la discrecionalidad administrativa, sobre todo en sanciones económicas (^{Carpio, 2022}). En esa línea, la falta de proporcionalidad en la aplicación de sanciones no solo genera inequidad, sino que, además, debilita la eficacia de las políticas públicas en gobernanza (^{González, 2021}).

En cuanto al factor crítico referido a la baja participación ciudadana y limitado control social, los resultados reportan que esta problemática ocasiona que el sistema opere de manera cerrada, sin transparencia ni retroalimentación externa. La ausencia de la participación compromete la gobernanza democrática, por lo que la inclusión de auditorías sociales, consultas públicas y otros mecanismos de control ciudadano se presenta como una alternativa clave para la democratización del proceso sancionador y, además, fortalece la confianza pública.

Estos resultados se condicen con lo hallado por ^{Vílchez et al., (2023)} en el sentido que, el incremento de las sanciones a actores públicos y privados, provoca una actitud de autocensura y desconfianza, lo que provoca la afectación al control social y la transparencia en el régimen sancionador. Además, la disminución de la participación social favorece un control institucional más centralizado y una reducción en la autonomía social de las comunidades (^{Cociña, 2022}) y se produce una reducción de la legitimidad de las instituciones sancionadoras (^{Boda et al., 2022}).

Otra problemática identificada es la carencia de sistemas de evaluación y monitoreo de impacto, lo que representa el impedimento a la valoración de la efectividad real del régimen sancionador. La ausencia de métricas claras no es posible determinar si las sanciones buscan fines preventivos, correctivos o disuasorios, por lo que la falta de una retroalimentación adecuada impide mejorar el sistema con base a evidencias. Frente a esta problemática, la implementación de indicadores de desempeño de auditorías continuas y sistemas de revisión normativa, es fundamental para lograr una gobernanza más eficiente y basada en datos.

La evaluación de la efectividad de las sanciones requiere indicadores claros y mecanismos de monitoreo constante a fin de ajustar las políticas sancionadoras en función a resultados obtenidos; además, según ^{Alcalde (2023)}, limita la capacidad del Estado para determinar el impacto de las sanciones en la prevención de infracciones y en la mejora de la gobernanza.

En la temática formación y profesionalización la aplicación de sanciones administrativas carentes de respaldo de una adecuada formación y profesionalización genera decisiones arbitrarias y erráticas por el régimen sancionador. La carencia de profesionalización no solo afecta la calidad técnica de las resoluciones administrativas, sino que también amplía la discrecionalidad al permitir margen a interpretaciones subjetivas.

Frente a esta problemática, urge la capacitación continua y la ejecución de protocolos claros que constituyen medidas para asegurar que las instituciones sancionadoras tengan las competencias adecuadas para la ejecución de sanciones en concordancia a los principios jurídicos y administrativos efectivos. De acuerdo a ^{Huapaya & Alejos (2021)}, la falta de formación especializada en los administradores limita la efectiva aplicación de las sanciones y debilita la legitimidad del sistema sancionador.

En esa línea, ^{Ruiz-Tagle (2024)} reporta que quienes toman decisiones administrativas con frecuencia operan bajo un régimen de discreción que exige juicio de expertos, el cual no debe ejercerse con calidad sin competencias especializadas: conocimiento pleno de las normas, manejo técnico, precedentes judiciales y estándares procesales. ^{Lima (2024)} sostiene que los sistemas administrativos enfrentan resistencias para estandarizar la ejecución de sanciones, generalmente por la falta de una óptima formación profesional.

La investigación identificó también confusión entre sanciones y otros actos, además de la falta de límites normativos, las mismas que debilitan los marcos de control y permite el uso inadecuado del régimen sancionador. Esta ambigüedad doctrinal representa riesgos en contextos donde no hay mecanismos claros de diferenciación y revisión, por lo que es preciso realizar una clasificación doctrinal coherente acompañada de una reglamentación diferenciada que permita delimitar de manera adecuada el alcance del poder sancionador y evitar su uso arbitrario.

Estos resultados coinciden con lo hallado por ^{Papadopoulos (2024)} en el sentido que, cuando no está claramente delimitada las sanciones administrativas y el derecho penal, puede erosionar el conjunto de garantías procesales. La confusión en la clasificación ocasiona problemas prácticos para el control y para los derechos de los afectados (^{Przybylski-Lewandowski, 2025}). Además, provoca inconsistencia normativa y crea un margen para interpretaciones subjetivas (^{Shumeiko et al., 2024}).

En la temática prevención y sostenibilidad se ha identificado que el enfoque sancionador está centrado en el castigo, reactivo y poco sostenible, observándose una débil incorporación de medidas orientadas a la prevención de infracciones o hacia la reparación de daños ocasionados. Esta problemática no solo tiende a limitar la capacidad de aprendizaje institucional, sino, además, minimiza el impacto positivo de las sanciones administrativas; además, integrar las medidas educativas, preventivas y reparatorias constituye un cambio de paradigma hacia una gobernanza justa, proactiva y sostenible.

En esa línea, la investigación de ^{Yin et al., (2024)} reportan que las medidas punitivas en las sanciones administrativas, son dominantes y, pese a que pueda generar disuasión y visibilidad, no se aprecia como una estrategia de reparación o medidas educativas orientadas proactivamente. ^{Shao et al., (2025)} reportan que las penalidades administrativas pueden presionar para que las empresas busquen mejorar la divulgación de sus acciones, especialmente si hay recursos o presión social; no obstante, la sanción sigue siendo el mecanismo central y, existe poca evidencia de que vaya acompañada de estrategias educativas sistemáticas.

En la temática central: digitalización y automatización se ha identificado falta de tecnologías de gestión y transparencia. Aunque el uso de la tecnología presenta un alto potencial para desarrollar la eficiencia, la transparencia y trazabilidad del sistema sancionador, su implementación continúa siendo marginal, la falta de herramientas tecnológicas limita la estandarización de procesos y la recolección de datos importantes para la toma de decisiones. Frente a esta problemática, la digitalización permite la automatización de procedimientos y reducir tiempos, sobre todo, fortalece el control interno y externo para mejorar la gobernanza global del sistema.

En esta línea, ^{Parycek et al., (2023)} reportan que, aunque existen avances en automatización en la administración, la administración evidente de procesos sancionadores automatizados continúa siendo limitada, destacándose barreras como la complejidad normativa, la carencia de interoperatividad entre sistemas, falta de confianza, transparencia y de responsabilidad legal en decisiones automatizadas. ^{Fullin et al., (2022)} sostienen que la digitalización de los servicios públicos mejora, en teoría, la transparencia y responsabilidad, pero, en la práctica, muchas partes de los procesos siguen deficientes, no estandarizadas, con datos difíciles de auditar, poca participación ciudadana y limitada capacidad para generar análisis para la toma de decisiones sancionadoras.

En esa misma línea, ^{Santiso (2022)} advierte que, sin mecanismos claros de auditoría, supervisión, transparencia y contestabilidad, la automatización en las sanciones administrativas tiende a generar riesgos: errores sistemáticos, falta de explicación de decisiones y sesgos. Se requiere un diseño institucional sólido.

En cuanto a la temática central: equidad y diferenciación sectorial, los resultados identificaron un enfoque uniforme, sin contexto sectorial. El empleo de un enfoque sancionador uniforme, sin considerar las particularidades de los sectores o actores involucrados, genera inequidades y distorsiona los objetivos de la sanción. Esta falta de diferenciación impide adaptar las medidas al contexto y puede llevar a sanciones ineficaces o injustas.

Se propone, en consecuencia, un diseño más sofisticado y adaptativo que diferencie las sanciones según riesgo, capacidad operativa o impacto sectorial, favoreciendo así una aplicación más justa y equitativa del poder sancionador. La investigación de ^{Fedorova et al., (2023)} demostraron que las sanciones homogéneas no capturan las diferencias estructurales entre sectores. En esa línea, ^{Liu et al., (2025)} reportan que las políticas sancionadoras tienen efecto más pronunciado en aquellas que tienen menores controles regulatorios y mayores incentivos para las empresas que cometen faltas.

Conclusiones

El análisis de las investigaciones seleccionadas respecto a las sanciones administrativas como instrumento para la gobernanza permitió identificar principales problemáticas del régimen sancionador que evidencian deficiencias procedimentales, normativas, culturales e institucionales que no permiten el desarrollo de una gobernanza óptima. La ausencia de garantías procesales sólidas, directrices normativas y criterios del principio de proporcionalidad refuerza la discrecionalidad y la arbitrariedad en la ejecución de sanciones, debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y generando inseguridad jurídica.

A ello se suma la falta de profesionalización de los operadores, el monitoreo de resultados y la falta de participación ciudadana, lo que limita la transparencia, la eficacia y la legitimidad del régimen sancionador. Además, el predominio del enfoque punitivo, la confusión doctrinal, la escasa digitalización y la falta de equidad sectorial restringen la capacidad del modelo sancionador para generar una gobernanza eficiente, democrática y sostenible.

Estas problemáticas sugieren la urgencia de una reforma integral que articule claridad normativa, criterios de proporcionalidad, garantías procesales, innovación tecnológica y participación ciudadana, con el fin de transitar hacia un régimen sancionador más justo, transparente, preventivo y orientado al fortalecimiento de la gobernanza.