Introducción

La corrupción en la administración pública (AP) continúa siendo uno de los problemas estructurales más persistentes y complejos que enfrentan los gobiernos a escala global. Esta problemática no solo afecta negativamente la eficiencia de la gestión administrativa, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones estatales, con impactos directos sobre la participación cívica y los mecanismos de rendición de cuentas (RC) (^{Ibrahimy et al., 2023}). En este contexto, la incorporación de tecnologías emergentes, como el Blockchain (BTC), en articulación con el e-gobierno, ha sido planteada como una estrategia con potencial transformador para fortalecer la transparencia y la RC en la gestión pública (^{Balashov et al., 2020}).

El BTC se caracteriza por su capacidad para generar registros inmutables, verificables y accesibles a los participantes de una red, lo que introduce ventajas relevantes en términos de seguridad, trazabilidad y reducción de costos operativos, limitando las oportunidades para prácticas corruptas. De manera complementaria, el e-gobierno, orientado al uso de herramientas digitales para optimizar la provisión de servicios públicos y promover la participación ciudadana, puede verse significativamente fortalecido mediante la integración del BTC, incrementando los niveles de RC y favoreciendo una gobernanza más participativa (^{Hooda et al., 2023}).

Si bien diversas investigaciones han examinado el impacto del e-gobierno en la reducción de la corrupción a través de la digitalización de procesos administrativos, con frecuencia se omite el análisis específico de su articulación con el BTC y de su incidencia directa en la participación ciudadana. En este sentido, se ha señalado que la digitalización, por sí sola, resulta insuficiente para garantizar la confianza pública si no se acompaña de mecanismos tecnológicos que aseguren la integridad y la transparencia de la información, lo que evidencia la necesidad de estudios que integren ambos enfoques ante la creciente demanda de eficiencia y apertura en la AP (^{Kumar et al., 2023}).

En los últimos años, la literatura ha comenzado a abordar de manera más sistemática la intersección entre BTC, e-gobierno, RC y participación ciudadana, contribuyendo de forma significativa al desarrollo del conocimiento en este campo. Estas investigaciones respaldan el interés por identificar las implicaciones de la combinación de dichas tecnologías en la AP. En particular, el estudio de ^{Reddick et al., (2022)}, basado en el análisis de datos del ICCS Citizens First Survey, evidenció que el uso de herramientas digitales mejora la prestación de servicios públicos y fortalece la participación ciudadana en los procesos administrativos, ofreciendo un marco analítico para comprender cómo las soluciones electrónicas pueden reforzar la RC mediante un acceso más transparente a la información y a los servicios gubernamentales. En este contexto, la incorporación del BTC podría potenciar dichos beneficios al garantizar la integridad y trazabilidad de los datos gestionados (^{Reddick et al., 2022}).

De manera complementaria, la investigación desarrollada por ^{Hidayat (2024)} analizó cómo los sistemas de información integrados influyen en la RC y la transparencia de la gobernanza local, destacando la presión que enfrentan los gobiernos subnacionales para adoptar herramientas digitales que respalden procesos decisorios accesibles y verificables. La integración del BTC, como capa adicional de confianza y verificación, amplía el potencial de mejora en la RC, reforzando la pertinencia de estas tecnologías en la búsqueda de una AP más responsable. Asimismo, el estudio de ^{Kanaan et al., (2023)} evidenció que los factores de calidad, seguridad y privacidad influyen de manera directa en la confianza y en la intención de uso de los servicios de e-gobierno, concluyendo que la confianza en la gestión digital constituye un elemento central para promover una participación ciudadana activa, aspecto que puede verse fortalecido mediante el uso del BTC para proteger la información y garantizar su seguridad.

En conjunto, estos estudios subrayan la necesidad de profundizar en el análisis de las implicaciones específicas de la combinación entre BTC y e-gobierno. Los hallazgos muestran que el fortalecimiento de la transparencia, la seguridad y la confianza en los servicios públicos puede traducirse en mayores niveles de RC y en una participación ciudadana más activa y comprometida, lo que justifica la adopción de un enfoque sistemático para el estudio de estas dinámicas en el contexto de las tecnologías emergentes.

No obstante, la revisión de la literatura revela vacíos relevantes que sustentan la pertinencia del presente estudio. En primer lugar, se identifica una limitada producción científica que analice de manera integrada cómo el BTC y el e-gobierno pueden articularse para fortalecer simultáneamente la RC y la participación ciudadana en la AP. Si bien ^{Villalobos & Díaz (2023)} destacaron el potencial del e-gobierno para mejorar la eficiencia organizacional, no abordaron de forma específica el papel que podría desempeñar el BTC en el fortalecimiento de la transparencia y la trazabilidad de los procesos públicos.

Un segundo vacío se relaciona con la escasa atención otorgada a los desafíos prácticos de implementar soluciones basadas en BTC junto con iniciativas de e-gobierno, especialmente en contextos caracterizados por altos niveles de corrupción. El análisis de ^{Pérez (2022)} sobre la corrupción en las contrataciones públicas evidenció la magnitud del problema en la gestión de recursos estatales, pero no exploró el potencial del BTC como herramienta para ofrecer respuestas operativas a dichas deficiencias.

Finalmente, se identifica un tercer vacío vinculado a la limitada exploración de la relación entre el enfoque de gobierno abierto y el uso del BTC, particularmente en lo referido a la promoción de la participación ciudadana. Aunque ^{Castillo-Mostacero & Recalde-Gracey (2024)} señalaron que el gobierno abierto representa un desafío relevante para la gestión pública contemporánea, no profundizaron en el potencial del BTC para fortalecer este enfoque mediante el incremento de la confianza ciudadana en las instituciones.

En este marco, el objetivo del presente artículo es identificar las implicaciones de la combinación del BTC y el e-gobierno en la RC y la participación ciudadana en la AP. A través de una revisión sistemática de la literatura, se busca contribuir al cierre de los vacíos identificados, analizando cómo la articulación de estas tecnologías puede transformar las prácticas gubernamentales y la relación entre el Estado y la ciudadanía, promoviendo mayores niveles de transparencia, confianza y participación efectiva.

Metodología

El presente artículo de revisión sistemática tuvo como objetivo identificar las implicaciones derivadas de la combinación del BTC y el e-gobierno en la RC y la participación ciudadana en la AP. Para el logro de dicho objetivo, se aplicó el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), el cual proporciona un enfoque metodológico estructurado, transparente y riguroso para el desarrollo de revisiones sistemáticas de literatura científica.

En una primera etapa, se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos académicos en dos bases de datos de reconocido prestigio, Scopus y Web of Science (WoS). Esta búsqueda se llevó a cabo mediante el uso de una fórmula booleana específica diseñada para recuperar estudios directamente vinculados con el objeto de análisis. La fórmula empleada fue la siguiente:

("BTC" OR "block chain") AND ("E-Government" OR "Digital Governance") AND ("Accountability" OR "Transparency" OR "Public Participation").

La aplicación de esta estrategia permitió focalizar la selección de publicaciones que abordan la relación entre el BTC y el e-gobierno en el contexto del fortalecimiento de la RC y la participación ciudadana.

La revisión sistemática fue guiada por cuatro preguntas de investigación, las cuales se mantuvieron como ejes orientadores del análisis: a) ¿Cómo puede la implementación de BTC mejorar la transparencia en los sistemas de e-gobierno? b) ¿Cuáles son los desafíos asociados a la integración de BTC en la AP? c) ¿qué impacto tiene el uso de BTC en la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones gubernamentales? d) ¿De qué manera puede la combinación de BTC y e-gobierno fomentar la RC en las instituciones públicas?

Las estrategias de búsqueda fueron diseñadas para identificar estudios relevantes que consideraran tanto la implementación del BTC como su relación con la RC y la participación ciudadana. Los criterios de inclusión contemplaron artículos revisados por pares publicados entre los años 2018 y 2023, redactados en inglés o español, que analizaran de manera específica la intersección entre BTC, e-gobierno, RC y participación ciudadana. Asimismo, se incluyeron investigaciones empíricas y revisiones teóricas que aportaran evidencia relevante sobre estos aspectos.

En cuanto a los criterios de exclusión, se descartaron aquellos estudios que no hubieran sido sometidos a revisión por pares, así como artículos de opinión, editoriales y documentos que no abordaran de forma directa la combinación del BTC y el e-gobierno. De igual modo, se excluyeron trabajos que no presentaran datos empíricos o que no se situaran en el contexto de la AP.

La aplicación sistemática de este procedimiento metodológico permitió conformar un corpus analítico pertinente y consistente, asegurando que la revisión no solo recopilara información relevante, sino que también ofreciera un marco comprensivo para identificar las implicaciones de la combinación del BTC y el e-gobierno en la RC y la participación ciudadana. A partir del análisis de los estudios seleccionados, se buscó contribuir a una mejor comprensión de cómo estas tecnologías pueden incidir en la transformación de la gobernanza pública en el contexto de la era digital.

Figura 1 Identificación de estudios que utilizan el método prismático  

Resultados

Discusión de Resultados

La presente revisión sistemática permitió examinar, desde una perspectiva interdisciplinaria que articula el derecho penal -con especial atención a los delitos de colusión- y los estudios sobre gobernanza digital, las implicaciones derivadas de la combinación del BTC y el e-gobierno en la RC y la participación ciudadana en la AP. Los hallazgos ponen de manifiesto que dicha articulación presenta un potencial relevante para el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional, la reducción de márgenes de discrecionalidad administrativa y la generación de condiciones estructurales menos favorables para prácticas colusorias en la gestión pública, particularmente en ámbitos críticos como la contratación estatal, los registros públicos y la administración financiera.

En relación con el primer resultado central -la mejora de la transparencia y la RC-, los hallazgos muestran una amplia convergencia con la literatura especializada. Investigaciones como las desarrolladas por ^{Niu et al., (2022)} y ^{Shahaab et al., (2023)} sostienen que la incorporación del BTC en sistemas tributarios y registrales permite asegurar la trazabilidad verificable de las decisiones administrativas sin comprometer la protección de los datos personales. Esta evidencia resulta consistente con los resultados de la presente revisión, que destacan la capacidad del BTC para generar registros inmutables que facilitan la auditoría ex post y el control ciudadano, elementos fundamentales para la prevención de la colusión administrativa, entendida como la concertación ilícita entre funcionarios públicos y particulares en perjuicio del Estado.

De manera complementaria, estudios como los de ^{Fosso Wamba et al., (2024)} y ^{Alotaibi et al., (2025)} indican que la adopción del BTC en el sector público contribuye al fortalecimiento de esquemas de gobierno abierto, al posibilitar auditorías continuas y reducir la manipulación de la información. Estos planteamientos coinciden con los resultados obtenidos, en la medida en que la automatización verificable de los procesos administrativos limita los márgenes de intervención discrecional, uno de los factores estructurales que, desde la perspectiva del derecho penal económico, favorecen la configuración del delito de colusión.

En cuanto a los desafíos asociados a la integración del BTC y el e-gobierno, los resultados evidencian una convergencia parcial con investigaciones previas. Autores como ^{Kassen (2021}, ²⁰²²) y ^{Frizzo-Barker et al., (2020)} advierten que la incorporación aislada del BTC no garantiza, por sí misma, un incremento de la RC si no se encuentra acompañada de rediseños institucionales y normativos. La presente revisión confirma esta postura, al mostrar que la efectividad del BTC depende de su adecuada inserción en el entramado jurídico-institucional, aspecto particularmente relevante en contextos donde la colusión se encuentra normalizada como práctica estructural dentro de determinadas organizaciones públicas.

No obstante, se identificaron divergencias en relación con el impacto directo del BTC sobre la participación ciudadana. Mientras estudios como los de ^{Benítez-Martínez et al., (2021)} e ^{Ibrahimy et al., (2024)} reportan incrementos significativos en la participación mediante mecanismos de tokenización, organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs) y modelos Web 3.0, otras investigaciones -como las de ^{El Koshiry et al., (2023)} e ^{Islam et al., (2025)}- señalan que la brecha digital y la complejidad tecnológica continúan limitando una participación efectiva. Estas diferencias pueden explicarse, principalmente, por factores contextuales, en particular las disparidades existentes entre países con altos niveles de alfabetización digital y aquellos donde persisten desigualdades estructurales en el acceso a tecnologías.

Respecto al impacto del BTC en la participación ciudadana, los resultados también se alinean con los planteamientos de ^{Baudier et al., (2021)} y ^{Farnaghi & Mansourian (2020)}, quienes sostienen que la confianza institucional derivada de la inmutabilidad y trazabilidad de los datos incrementa la disposición ciudadana a involucrarse en procesos de e-democracia. Desde una perspectiva penal, este hallazgo resulta especialmente relevante, en tanto una ciudadanía informada y con acceso a información verificable puede actuar como un mecanismo informal de control social, capaz de disuadir conductas colusorias al aumentar el riesgo de detección y denuncia.

Entre las principales limitaciones del estudio se identifica, en primer lugar, la dependencia exclusiva de fuentes secundarias, característica inherente a los artículos de revisión sistemática, lo que impide contrastar empíricamente los hallazgos en contextos nacionales específicos donde el delito de colusión presenta una alta incidencia. En segundo lugar, la heterogeneidad metodológica de los estudios analizados -que comprenden enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos- dificulta la comparación directa de resultados y limita la generalización de las conclusiones.

Adicionalmente, una parte significativa de la literatura revisada adopta enfoques predominantemente tecnológicos o de gestión pública, sin profundizar de manera suficiente en los marcos jurídicos y penales que condicionan la implementación del BTC en la AP. Esta limitación incide en la interpretación de los resultados desde el derecho penal, en la medida en que la eficacia preventiva del BTC frente a la colusión depende también de su adecuada articulación con normas sustantivas, procesales y de control interno.

A partir de los resultados y las limitaciones identificadas, se recomienda que futuras investigaciones desarrollen estudios empíricos comparados orientados a analizar la implementación del BTC en procesos críticos para la prevención de la colusión, tales como la contratación pública, las concesiones y las asociaciones público-privadas. Asimismo, se sugiere incorporar enfoques jurídico-penales que evalúen de qué manera los registros inmutables y los smart contracts pueden operar como medios de prueba digital en investigaciones por delitos contra la AP.

Del mismo modo, resulta pertinente que investigaciones posteriores examinen el impacto del BTC en la redefinición de los deberes funcionales de los servidores públicos y en los estándares de imputación objetiva aplicables en casos de colusión. Finalmente, se recomienda profundizar en estudios centrados en la participación ciudadana, evaluando no solo su dimensión tecnológica, sino también su efectividad real como mecanismo de control social y prevención del delito en contextos caracterizados por altos niveles de corrupción.

En conjunto, la discusión permite sostener que la combinación del BTC y el e-gobierno constituye una herramienta con alto potencial para fortalecer la RC y la participación ciudadana, con implicancias relevantes para la prevención estructural de la colusión en la AP, siempre que su implementación se encuentre acompañada de reformas normativas, institucionales y culturales coherentes con los principios del derecho penal y de la gobernanza democrática.

Conclusiones

Los resultados ponen de manifiesto que la incorporación del BTC en los sistemas de e-gobierno se configura como un mecanismo con elevado potencial para fortalecer la RC y propiciar una participación ciudadana más informada y confiable en la AP. De manera consistente, la evidencia analizada indica que las características técnicas propias del BTC -tales como la inmutabilidad, la trazabilidad, la descentralización y la verificabilidad- contribuyen a disminuir los márgenes de discrecionalidad administrativa, a incrementar la transparencia de los procedimientos públicos y a facilitar esquemas de auditoría continua. Estos efectos adquieren especial relevancia en ámbitos particularmente expuestos a prácticas corruptas, como la contratación pública y la gestión de registros estatales, donde la opacidad y la manipulación de la información suelen generar condiciones favorables para conductas ilícitas, incluida la colusión administrativa.

En relación con el objetivo de la investigación, orientado a identificar las implicaciones de la combinación del BTC y el e-gobierno en la RC y la participación ciudadana en la AP, los hallazgos permiten sostener que dicha articulación no solo refuerza los mecanismos formales de control institucional, sino que también contribuye a la generación de condiciones estructurales que favorecen una mayor confianza ciudadana en las instituciones públicas. La literatura revisada muestra que el BTC, cuando es integrado de manera adecuada en los sistemas de e-gobierno, facilita el acceso a información verificable, fortalece la supervisión social de la gestión pública y promueve modalidades de participación ciudadana tanto directa como indirecta, especialmente en entornos asociados al gobierno abierto y a la democracia digital.

El presente estudio corresponde a un artículo de revisión sistemática desarrollado bajo el enfoque PRISMA, lo que permitió identificar, evaluar y sintetizar de forma rigurosa la evidencia científica disponible en bases de datos indexadas. Esta aproximación metodológica ofrece una visión integral del estado del arte en torno al BTC y el e-gobierno; sin embargo, sus conclusiones se encuentran condicionadas por el carácter secundario de las fuentes analizadas y por la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos. A pesar de ello, el diseño adoptado resulta pertinente para identificar tendencias, convergencias y vacíos de investigación relevantes para el análisis jurídico-administrativo y penal.

Finalmente, desde una perspectiva prospectiva, los resultados sugieren la conveniencia de profundizar en investigaciones empíricas orientadas a examinar la implementación concreta del BTC en sectores críticos de la AP, así como su articulación con los marcos normativos y penales vigentes. En particular, se recomienda analizar de qué manera estas tecnologías pueden incidir en la prevención y detección del delito de colusión, así como en la redefinición de los mecanismos probatorios y de control institucional. Asimismo, futuras investigaciones deberían incorporar el análisis de las brechas tecnológicas y de los factores socioculturales que condicionan la participación ciudadana, a fin de asegurar que la adopción del BTC en el e-gobierno no solo resulte técnicamente eficiente, sino también jurídicamente legítima y socialmente inclusiva.