Introducción

La violencia contra la mujer continúa siendo un problema prioritario de salud pública y de derechos humanos en la región, cuyas consecuencias afectan de manera profunda y prolongada la salud y el bienestar de las mujeres, así como el desarrollo de sus familias y comunidades. Los efectos de esta violencia abarcan desde lesiones físicas hasta alteraciones en la salud mental, como depresión y ansiedad, además de un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, enfermedades crónicas e incluso la muerte violenta. A pesar de los esfuerzos implementados, las estimaciones regionales muestran que la prevalencia de la violencia ejercida por la pareja se ha mantenido prácticamente sin variaciones durante las últimas décadas, evidenciando avances limitados en su reducción (^{OPS, 2023}).

Si bien se han logrado progresos mediante una mayor sensibilización social, el fortalecimiento de políticas públicas y la generación de evidencia empírica, estos avances se ven contrarrestados por contextos de crisis persistentes, como la desigualdad social, los conflictos, los desplazamientos, las emergencias sanitarias y el retroceso en materia de igualdad de género. En este escenario, la prevención de la violencia contra la mujer requiere acciones intersectoriales sostenidas, fundamentadas en intervenciones basadas en evidencia y acordes con la magnitud del problema (^{OPS, 2023}).

Desde una perspectiva global, la violencia basada en género ha sido reconocida como un problema de salud pública y de derechos humanos que trasciende fronteras culturales, económicas y geográficas. Informes de la Organización Mundial de la Salud señalan que, entre los años 2000 y 2018, aproximadamente una de cada tres mujeres experimentó violencia física y/o sexual por parte de su pareja íntima o violencia sexual ejercida por terceros. Asimismo, se ha documentado que más de una cuarta parte de las mujeres entre 15 y 49 años que han tenido pareja han sufrido algún tipo de violencia física o sexual al menos una vez en su vida, con variaciones significativas entre regiones (^{OMS, 2021}). Estos antecedentes permiten comprender que la frecuencia de la violencia no es homogénea y responde a dinámicas sociales específicas, lo que justifica su análisis en contextos regionales como Cajamarca.

La expresión más extrema de la violencia de género es el feminicidio, fenómeno que refleja de manera cruda las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. A nivel mundial, se estima que cerca del 38 % de los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas o exparejas, lo que confirma que el espacio íntimo y familiar puede convertirse en un escenario de alto riesgo para las mujeres (^{OMS, 2021}).

Diversos estudios internacionales han intentado dimensionar la magnitud y las características de la violencia contra la mujer, reconociendo las dificultades metodológicas que implica su medición. ^{Lombard & McMillan (2013)} advierten que la prevalencia de la violencia sexual suele subestimarse debido a la baja denuncia de estos hechos, los cuales ocurren principalmente en el ámbito privado. Investigaciones citadas por la autora muestran estimaciones que oscilan entre el 9 % y cifras superiores al 40 % de mujeres que han experimentado violación o intento de violación a lo largo de su vida, lo que evidencia la magnitud oculta del problema.

En América Latina, la violencia contra la mujer adopta patrones específicos según el contexto social y cultural. En Colombia, ^{Noreña & Rodríguez (2022)} identificaron un incremento sostenido de los casos de violencia sexual, particularmente durante el año 2020, afectando principalmente a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. De manera similar, ^{Alkan et al., (2022)}, en Turquía, evidenciaron que las mujeres que experimentan violencia física, económica o sexual presentan una mayor probabilidad de sufrir violencia psicológica y verbal, lo que revela la coexistencia de múltiples formas de violencia.

En Ecuador, ^{Márquez & Mora (2022)} encontraron que factores como la edad, el nivel educativo y el lugar de residencia influyen en la prevalencia y el tipo de violencia de género, observándose mayor violencia psicológica y física en zonas rurales, mientras que la violencia sexual y patrimonial es más frecuente en áreas urbanas. En México, ^{Gonzáles et al., (2023)} evidenciaron una alta prevalencia de violencia psicológica en mujeres que acuden a servicios de atención psicológica, destacando su impacto negativo en la autoestima y las relaciones interpersonales.

En el Perú, la violencia contra la mujer continúa siendo una problemática de alta magnitud. Reportes nacionales indican que la violencia doméstica afecta principalmente a mujeres adultas y jóvenes, con predominio de la violencia psicológica y física, y con una asociación relevante con variables sociales como el estado civil, el nivel educativo y la dependencia económica ^{(Arias et al., 2019}; ^{Berrocal, 2021)}. Asimismo, el país presenta niveles de violencia contra la mujer superiores al promedio mundial y regional, con marcadas desigualdades territoriales. Antes de la pandemia por COVID-19, más de un tercio de las mujeres peruanas había sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja ^{(Revoredo, 2023)}.

En Cajamarca, estas dinámicas se intensifican debido a factores estructurales como altos niveles de pobreza, elevada ruralidad y procesos históricos de migración, configurando un escenario de mayor vulnerabilidad. De acuerdo con estimaciones previas a la pandemia, alrededor del 64% de mujeres cajamarquinas había experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja, observándose además diferencias relevantes entre los ámbitos urbano y rural, donde la violencia tiende a permanecer subregistrada por barreras socioculturales e institucionales ^{(Revoredo, 2023)}.

Durante el año 2020, el cierre temporal de los Centros de Emergencia Mujer generó una reducción aparente de las denuncias, particularmente en zonas urbanas; sin embargo, tras el restablecimiento de la atención, los casos se incrementaron de manera significativa durante el año 2021, lo que sugiere una subnotificación previa y la persistencia del problema, especialmente en contextos rurales (^{Gobierno Regional de Cajamarca, 2018)}.

En este contexto, resulta fundamental analizar los factores sociales asociados a la frecuencia de la violencia contra la mujer, tales como la edad, la procedencia, el estado civil, la situación económica y el nivel educativo, variables que influyen tanto en la ocurrencia de la violencia como en la posibilidad de denunciarla y acceder a los servicios de atención y protección ^{(Quispe, 2018}; ^{Díaz, 2023)}.

En este marco, la presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre las dinámicas sociales y la frecuencia de la violencia contra la mujer atendida en los Centros de Emergencia Mujer de la región Cajamarca, a partir del análisis de registros administrativos del Programa Nacional Aurora, con la finalidad de aportar evidencia empírica que contribuya a la evaluación y fortalecimiento de las estrategias de prevención e intervención implementadas a nivel regional.

El marco teórico del presente estudio se sustenta en enfoques conceptuales, empíricos y teóricos que permiten comprender la violencia contra la mujer como un fenómeno complejo, multidimensional y socialmente determinado. A continuación, se desarrollan los principales conceptos, tipos de violencia, factores sociales asociados, enfoques explicativos y consecuencias, que fundamentan el análisis de la relación entre las dinámicas sociales y la frecuencia de la violencia contra la mujer.

Desarrollo

Metodología

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se orientó al análisis numérico de la información y a la contrastación de relaciones entre variables mediante procedimientos estadísticos. El diseño de la investigación fue no experimental y documental, dado que se trabajó con datos secundarios previamente registrados en bases institucionales. El nivel del estudio fue correlacional, ya que se buscó establecer la relación existente entre las dinámicas sociales y la frecuencia de la violencia contra la mujer atendida en los Centros de Emergencia Mujer de la región Cajamarca, sin manipulación deliberada de las variables (^{Hernández et al., 2014)}.

La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de registros de mujeres atendidas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de la región Cajamarca, consignados en las bases de datos del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, correspondientes al año 2023. Debido a que se incluyeron todos los registros disponibles, no se realizó muestreo, efectuándose un análisis censal, lo que permitió una mayor representatividad y solidez de los resultados obtenidos.

La unidad de análisis estuvo constituida por cada registro individual de atención a mujeres víctimas de violencia, en el cual se consignan características sociodemográficas y datos relacionados con el tipo y la frecuencia de la violencia sufrida.

La primera variable del estudio correspondió a los factores sociales, operacionalizadas a través de las características sociodemográficas de las víctimas, tales como edad, procedencia (urbana o rural), estado civil y nivel educativo. La segunda variable estuvo representada por la frecuencia de la violencia contra la mujer, categorizada según la frecuencia de ocurrencia registrada en las bases administrativas del Programa Nacional Aurora. Estas variables fueron seleccionadas considerando la evidencia previa que señala su influencia en la ocurrencia, persistencia y visibilización de la violencia contra la mujer (^{INEI, 2020}; ^{Quispe, 2018} ).

La técnica empleada fue el análisis documental, utilizando como instrumento una ficha de registro de datos, elaborada a partir de la estructura original de la base de datos oficial del Programa Nacional Aurora. Dicho instrumento permitió sistematizar la información relacionada con las variables de estudio, garantizando la coherencia, integridad y validez de contenido de los datos analizados.

Los registros utilizados provienen de fuentes oficiales, lo que asegura la confiabilidad de la información, al haber sido recolectada mediante procedimientos estandarizados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El procedimiento inició con la identificación y recopilación de los registros correspondientes a la región Cajamarca. Posteriormente, la información fue depurada y organizada en una base de datos para su análisis estadístico. Se verificó la consistencia de los datos y se codificaron las variables de acuerdo con los criterios establecidos en la operacionalización.

Para el análisis de la información se empleó estadística descriptiva, mediante la elaboración de tablas de frecuencia y porcentajes, con el fin de caracterizar a la población estudiada. Asimismo, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson para determinar la existencia de relación estadísticamente significativa entre las dinámicas sociales y la frecuencia de la violencia contra la mujer, considerando un nivel de significancia de 0,05. El procesamiento de los datos se realizó utilizando un software estadístico especializado, lo que permitió una adecuada gestión y análisis de la información.

El estudio respetó los principios éticos de la investigación científica. Al tratarse de un análisis de datos secundarios de carácter institucional, no se trabajó con información que permita la identificación directa de las personas atendidas, garantizándose la confidencialidad y el anonimato de los registros. Asimismo, la información fue utilizada exclusivamente con fines académicos y científicos, en concordancia con la normativa vigente sobre protección de datos y ética en investigación (^{OPS, 2013)}.

Resultados

En la Tabla 1 se presentan los factores sociales de las mujeres atendidas por violencia en los Centros de Emergencia Mujer de la Región Cajamarca durante el periodo de estudio. En relación con la edad, se observa que la mayor proporción de casos corresponde a mujeres adultas de 30 a 59 años (47,74%), seguidas por el grupo de 18 a 29 años (25,65%). Un 21,12% de los casos correspondió a menores de 18 años, lo que evidencia la presencia de violencia en etapas tempranas de la vida, mientras que las mujeres de 60 años a más representaron el 5,49%.

Respecto a la procedencia, predominan las mujeres provenientes del área urbana (63,65%), en comparación con el área rural (36,35%). En cuanto al estado civil, la gran mayoría de las víctimas se identificó como soltera/conviviente (89,85%), seguida por mujeres casadas (8,64%), mientras que los porcentajes de separadas/divorciadas y viudas fueron reducidos.

En relación con el nivel educativo, se evidenció que la mayor proporción de mujeres contaba con educación primaria (36,49%) y secundaria (35,94%), seguido por aquellas con educación superior (20,44%), mientras que un 7,13% no presentó ningún nivel de instrucción.

En la Tabla 2 se presenta la distribución de la frecuencia de la violencia contra la mujer atendida en los Centros de Emergencia Mujer de la Región Cajamarca. Se observa que la mayoría de los casos correspondió a violencia recurrente o reiterada, representando el 66,12% del total de registros, lo que evidencia la persistencia de las agresiones en el tiempo. En contraste, el 12,89% de los casos fue clasificado como violencia ocasional. Asimismo, en el 20,99% de los registros no se consignó información sobre la frecuencia de la violencia, lo cual se atribuye a limitaciones propias del sistema de registro administrativo. Estos resultados reflejan que la violencia contra la mujer no se presenta como un hecho aislado, sino como una problemática de carácter continuo y repetitivo.

En la Tabla 3 se presentan los tipos de violencia reportados en las mujeres atendidas por los Centros de Emergencia Mujer de la Región Cajamarca. Se evidenció que la violencia psicológica fue la más frecuente, representando el 61,1% del total de eventos registrados, seguida de la violencia física con el 30,0%.

En menor proporción se reportó violencia sexual (6,5%) y violencia económica o patrimonial (2,3%). Estos resultados confirman que la violencia contra la mujer se manifiesta predominantemente a través de formas psicológicas, las cuales suelen coexistir con otros tipos de agresión, evidenciando un fenómeno de poli victimización más que episodios aislados de violencia.

Discusión

Los resultados del presente estudio evidencian que la violencia contra la mujer atendida en los Centros de Emergencia Mujer de la región Cajamarca constituye un fenómeno persistente y reiterado, condicionado por determinadas dinámicas sociales que influyen en su frecuencia y visibilización. Estos hallazgos se interpretan a la luz del marco teórico y de la evidencia empírica nacional e internacional, permitiendo comprender la violencia como un proceso estructural y relacional más que como un evento aislado.

En relación con la edad, se observó que la mayor proporción de mujeres afectadas corresponde al grupo de 30 a 59 años, seguido por las mujeres jóvenes de 18 a 29 años, evidenciándose además una asociación estadísticamente significativa entre la edad y la frecuencia de la violencia. Este resultado es consistente con investigaciones previas que señalan que la violencia de pareja se presenta con mayor intensidad durante la adultez, etapa en la que suelen establecerse relaciones prolongadas marcadas por dependencia emocional, económica y social ^{(Berrocal, 2021}; ^{Quispe, 2018)}.

Desde la teoría del ciclo de la violencia propuesta por ^{Walker (2017)}, la permanencia en relaciones abusivas favorece la reiteración de los episodios de agresión, lo que explicaría la elevada frecuencia de violencia recurrente identificada en este grupo etario. Asimismo, la ^{Organización Mundial de la Salud (2021)} advierte que la exposición sostenida a situaciones de violencia incrementa el riesgo de revictimización a lo largo del ciclo de vida, reforzando la gravedad de este hallazgo.

Respecto a la procedencia, los resultados muestran una mayor proporción de casos registrados en el ámbito urbano y una asociación significativa entre la procedencia y la frecuencia de la violencia. Este hallazgo no debe interpretarse como una menor ocurrencia de violencia en zonas rurales, sino como una mayor visibilidad y acceso a los servicios de atención en contextos urbanos.

Diversos estudios realizados en Cajamarca y en otras regiones del país señalan que en el ámbito rural la violencia contra la mujer suele estar subregistrada debido a barreras geográficas, limitaciones en el acceso a los servicios especializados, normalización cultural de la violencia y temor a represalias dentro de comunidades con fuerte control social ^{(Infante & Vásquez, 2022}; ^{Díaz, 2023)}. En este sentido, la violencia en zonas rurales podría permanecer invisibilizada, lo que constituye un desafío relevante para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque territorial y diferencial.

En cuanto al estado civil y el nivel educativo, no se evidenció una asociación estadísticamente significativa con la frecuencia de la violencia. Si bien este resultado difiere parcialmente de lo reportado por ^{Arias et al., (2019)} y ^{Berrocal (2021)}, quienes identificaron mayor prevalencia de violencia en mujeres convivientes y con menor nivel educativo, esta discrepancia podría explicarse por el uso de registros administrativos como fuente de información. Este tipo de registros presenta limitaciones inherentes relacionadas con el subregistro, la omisión de datos y la calidad de la información consignada, lo que puede afectar la detección de asociaciones estadísticas. No obstante, la elevada proporción de mujeres con nivel educativo básico entre las víctimas atendidas refuerza la relevancia de considerar estos factores en el diseño de estrategias preventivas orientadas a la reducción de desigualdades estructurales.

En relación con la frecuencia de la violencia, predominó la violencia recurrente o reiterada, lo que evidencia la dificultad para interrumpir el ciclo de la violencia una vez instaurado. Este hallazgo se encuentra en concordancia con la teoría de la unión traumática de ^{Dutton & Painter (1981)}, la cual explica cómo la alternancia entre episodios de agresión y reconciliación refuerza la dependencia emocional de la víctima y prolonga su exposición al maltrato. Asimismo, la presencia de registros no consignados o incompletos en el sistema pone de manifiesto limitaciones en los sistemas de información, tal como lo señala la ^{OMS (2021)}, lo que subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de registro, monitoreo y vigilancia de la violencia contra la mujer.

Finalmente, el predominio de la violencia psicológica, seguido de la violencia física, confirma lo reportado por estudios nacionales e internacionales que identifican a la violencia psicológica como la forma más frecuente y menos visibilizada de agresión contra la mujer ^{(Alkan et al., 2022}; ^{Gonzáles et al., 2023)}. La coexistencia de múltiples tipos de violencia en una misma víctima evidencia el fenómeno de polivictimización, descrito por la ^{OPS (2013)}, lo que incrementa la gravedad de las consecuencias para la salud física, mental y social de las mujeres afectadas.

Asimismo, el análisis de los tipos específicos de violencia registrados permite profundizar en la comprensión de las dinámicas de agresión que enfrentan las mujeres atendidas en los Centros de Emergencia Mujer de la región Cajamarca. La violencia psicológica se configuró como la forma predominante, destacando expresiones de control y desvalorización como los gritos e insultos, la humillación, las amenazas de daño o muerte y la expulsión del hogar. Estas manifestaciones evidencian que la agresión psicológica no solo opera como una forma autónoma de violencia, sino también como un mecanismo permanente de coerción y dominación, coherente con el enfoque de control coercitivo descrito por ^{Stark (2023)} y con lo señalado por la ^{OPS (2013)}, que identifica este tipo de violencia como la más extendida y menos visibilizada.

En relación con la violencia física, los resultados muestran que las agresiones de contacto directo -como empujones, puñetazos, jalones de cabello y bofetadas- son las más frecuentes, lo que sugiere una escalada progresiva de la violencia desde formas psicológicas hacia agresiones físicas más severas. Este patrón coincide con la teoría del ciclo de la violencia de ^{Walker (2017)}, según la cual los episodios de agresión tienden a intensificarse cuando no existen mecanismos efectivos de ruptura del vínculo violento. La presencia, aunque en menor proporción, de actos de extrema gravedad como el intento de estrangulamiento o el uso de armas refuerza la necesidad de una detección temprana y una intervención oportuna.

Respecto a la violencia sexual, si bien su frecuencia porcentual es menor en comparación con otras formas de violencia, la ocurrencia de violación sexual y otros actos sexuales no consentidos representa una grave vulneración de los derechos humanos y de la autonomía corporal de las mujeres. Diversos estudios advierten que este tipo de violencia suele estar subregistrado debido al estigma, el miedo y la normalización cultural, especialmente en contextos de desigualdad estructural, lo que sugiere que su magnitud real podría ser mayor a la reflejada en los registros administrativos (^{OMS, 2021)}.

Finalmente, la violencia económica o patrimonial, expresada principalmente a través de la limitación de recursos económicos, el incumplimiento de obligaciones alimentarias y la destrucción o apropiación de bienes, evidencia estrategias de control que refuerzan la dependencia económica de las víctimas. Aunque su registro es menor en términos porcentuales, su impacto resulta significativo, ya que limita la capacidad de las mujeres para romper el ciclo de la violencia y acceder a redes de apoyo, tal como lo señalan investigaciones previas en contextos similares ^{(Arias et al., 2019}; ^{OPS, 2013)}.

En conjunto, los resultados del estudio refuerzan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, atención e intervención frente a la violencia contra la mujer desde un enfoque integral, territorial y sensible a las desigualdades sociales, incorporando las particularidades culturales, económicas y estructurales que caracterizan a la región Cajamarca.

La alta frecuencia de violencia recurrente y la coexistencia de múltiples formas de agresión en una misma víctima confirman el fenómeno de polivictimización, lo que incrementa la severidad de las consecuencias físicas, psicológicas y sociales, y evidencia que las respuestas institucionales no deben limitarse a la atención del evento aislado.

En este sentido, resulta imprescindible implementar intervenciones integrales que aborden de manera simultánea las distintas expresiones de la violencia, así como fortalecer los sistemas de información y vigilancia, a fin de contar con datos oportunos y de calidad que permitan una adecuada toma de decisiones y la formulación de políticas públicas más efectivas para la reducción de la violencia contra la mujer.

Conclusiones

La violencia contra la mujer atendida en los Centros de Emergencia Mujer de la región Cajamarca constituye un problema persistente y recurrente, evidenciándose que una proporción significativa de las víctimas experimenta agresiones reiteradas. Este hallazgo confirma la dificultad para interrumpir el ciclo de la violencia una vez instaurado y pone de manifiesto su carácter estructural y continuo en el contexto regional.

La edad se identificó como un factor social significativamente asociado a la frecuencia de la violencia, observándose una mayor recurrencia de agresiones en mujeres adultas, particularmente en el grupo etario de 30 a 59 años. Este resultado sugiere que la exposición prolongada a relaciones de pareja violentas incrementa el riesgo de revictimización a lo largo del ciclo de vida, lo que resalta la importancia de implementar estrategias preventivas tempranas y sostenidas.

Asimismo, la procedencia mostró una asociación estadísticamente significativa con la frecuencia de la violencia, registrándose una mayor visibilidad de casos en el ámbito urbano. Sin embargo, este hallazgo advierte la posible existencia de subregistro en zonas rurales, donde las barreras geográficas, institucionales y socioculturales limitan la denuncia y el acceso oportuno a los servicios especializados.

No se evidenció una asociación estadísticamente significativa entre la frecuencia de la violencia y variables como el estado civil y el nivel educativo; no obstante, la elevada proporción de mujeres con nivel educativo básico entre las víctimas atendidas pone de relieve la necesidad de fortalecer acciones educativas y preventivas orientadas a reducir desigualdades estructurales que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia.

La violencia psicológica se identificó como la forma más frecuente, seguida de la violencia física, evidenciándose la coexistencia de múltiples tipos de violencia en un número considerable de casos. Este fenómeno de poli victimización incrementa la gravedad de las consecuencias físicas, psicológicas y sociales, afectando de manera significativa el bienestar integral de las mujeres.

Finalmente, la presencia de registros incompletos o no consignados en los sistemas de información revela limitaciones en la calidad de los datos disponibles, lo que subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de registro, monitoreo y vigilancia. En conjunto, los resultados del estudio aportan evidencia relevante para el diseño y fortalecimiento de políticas públicas y estrategias de intervención con enfoque territorial y de género, orientadas a prevenir la violencia contra la mujer y mejorar la atención integral de las víctimas en la región Cajamarca.