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INTRODUCCIÓN
En la primera década del siglo XXI, gran parte de los países latinoamericanos se encontraron alineados bajo la tendencia denominada “socialismo del siglo XXI”, término utilizado para identificar a los gobiernos y movimientos políticos autodenominados “progresistas”.
En palabras de Hamburger Fernández (2014), el socialismo del siglo XXI en América Latina, constituía:
Una tendencia que buscaría dar respuestas al grave problema de subdesarrollo en que vive sumida la región debida, fundamentalmente, a los desequilibrios sociales, la injusticia y la inequidad que ha sembrado el modo de producción y las prácticas políticas instauradas, desarrolladas y perpetuadas por el capitalismo. (Pág.135)
Para Harnecker (2010) citada en Hamburguer Fernández (2014), existen ciertos rasgos que caracterizan a esta tendencia en la primera década del siglo XXI, y cuya intención es enfrentar la realidad neoliberal imperante en Latinoamérica; por lo que, se plantea una serie de aspiraciones sociales, económicas y políticas entre las cuales se podría mencionar: “el hombre como ser social, el pleno desarrollo humano, una democracia participativa y protagónica, un nuevo modelo económico, y un alto grado de descentralización que permita un real protagonismo popular” (Pág.140).
En esta línea, Romo (2008) manifiesta que la tendencia “progresista” del siglo XXI latinoamericano, no es más que una nueva cara de la izquierda tradicional; es decir, una izquierda renovada que toma distancia con la izquierda de los siglos anteriores y para eso debe constituirse en un:
…socialismo organizado. ¿Quiénes son hoy los actores políticos y cómo se organizan? Este es otro de los grandes desafíos de la izquierda […]: representar a las mayorías y no a las corporaciones y los gremios. Construir ciudadanía informada, deliberante. Dejar de ser feligreses y convertirnos en ciudadanos; dejar de mirar a la población como clientela, para mirarnos como ciudadanos iguales. (Pág. 120)
De lo manifestado por los autores citados se podría entender que, el socialismo del siglo XXI busca situar al ser humano en el centro de todo proceso de desarrollo en un marco de equilibrio entre lo económico, social cultural y ambiental, frente a un sistema capitalista lineal con tendencia neoliberal, voraz y depredador de recursos.
En este escenario que para muchos planificadores y urbanistas a nivel regional y local constituiría una gran oportunidad para enfrentar los grandes problemas estructurales en el ámbito de la planificación urbana y territorial de los países latinoamericanos, no se ha logrado hasta la fecha los resultados esperados que copen las expectativas iniciales, por una serie de aspectos tales como, administrativos, económicos y fundamentalmente políticos muy propios de cada país que ha acogido esta tendencia; sin embargo, ha dejado planteado un marco de políticas públicas con tinte “progresistas “que se apegan mucho al paradigma de la Sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) que fundamentan la Agenda Urbana 2030, y que fue oficializada al mundo en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible “Hábitat III” desarrollada en Quito (Ecuador) en octubre de 2016 (Joan Clos, 2015); políticas públicas que se ven reflejadas en los instrumentos de planificación local como son los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) de cada país.
Es importante puntualizar que la intención de este trabajo no es el análisis político en particular de la tendencia relacionada con el socialismo del siglo XXI, implantado en América Latina en la primera década del presente siglo, sino, realizar un análisis transversal del tema a fin de intentar identificar los impactos de esta, en el campo del urbanismo y del territorio en la región.
En el caso del Ecuador, en la primera década del siglo XXI, el gobierno ecuatoriano2 inmerso en la tendencia progresista del siglo XXI como otros países de la región, propone cambios estructurales en varios ámbitos del quehacer nacional, que se encuentran plasmados en la Nueva Constitución de la República del Ecuador (2008); considerada como una de las constituciones más avanzadas para la época en la región, ya que incorpora una serie de temas relacionados fundamentalmente con el respeto a los derechos humanos, el agua, la naturaleza, entre otros temas.
En lo que concierne a la planificación del desarrollo y a la planificación territorial, el Estado ecuatoriano plantea ciertos lineamientos generales que soportan al Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir (2009 - 2013), y se expiden varios instrumentos normativos como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD (2010), y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), los mismos que organizan, norman y vinculan el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, para regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público en el ejercicio de las competencias de planificación y política pública.
En este sentido, la Secretaria Nacional de Planificación del Ecuador (SEMPLADES, 2009) establece una Estrategia Territorial Nacional - ETN, concebida como el “conjunto de criterios y lineamientos que articulan las políticas públicas a las condiciones y características propias del territorio, que constituyen referentes importantes para la formulación e implementación de políticas sectoriales y territoriales” (Pág. 371). Esto permite considerar al territorio como un sistema complejo y dinámico que se transforma continuamente, que debe convalidarse y enriquecerse a partir de procesos de planificación y de ordenamiento territorial mediante lineamientos impulsados desde los gobiernos autónomos descentralizados o GAD´s (SEMPLADES, 2009). De esta manera la ETN se constituye como referencia de la planificación territorial en el Ecuador, con lineamientos y directrices generales que impulsan procesos de desconcentración administrativa del gobierno central a partir de la creación de zonas de planificación, y da mayor autonomía a los gobiernos locales del país para la administración del territorio a su cargo.
Lo mencionado en párrafos anteriores permite vislumbrar un tipo de investigación amparada en un proceso bibliográfico exploratorio del tema, cuyo resultado final (objetivo) será comprobar que los principios bioéticos que fundamentan tanto el progresismo del siglo XXI como del paradigma de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, han sido y serán de utilidad para fortalecer los marcos regulatorios del proceso del planeamiento urbano y territorial de la región.
El análisis de un caso particular como el del Distrito Metropolitano de Quito, ha facilitado un mejor entendimiento de como las políticas públicas fomentadas por estas dos tendencias han marcado o no el desarrollo en el territorio.
METODOLOGÍA
El enfoque de la investigación es cualitativa, apoyada por un proceso exploratorio bibliográfico (revisión documental) que permite realizar análisis descriptivos, relacionales y explicativos del fenómeno estudiado. De acuerdo al marco de referencia planteado este trabajo se estructura en cuatro apartados: i) revisión bibliográfica de expertos sobre el tema de sostenibilidad y progresismo en América Latina de principios del siglo XXI; ii) confrontación de los resultados obtenidos del análisis; iii) determinación de un marco de criterios y principios de aceptación general sobre estas dos temáticas; y iv) determinación del impacto de este marco en un caso particular como el del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador).
La fase exploratoria bibliográfica sobre el progresismo del siglo XXI, estará enfocada en el análisis de experiencias de autores de diversas partes de América Latina, a fin de evitar el “localismo” del tema; en el caso de la sostenibilidad y desarrollo sostenible, se parte de criterios de varios autores latinoamericanos y del marco que fomenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Agenda 2030, entre otros.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS
El Progresismo del siglo XXI en América Latina
La diversidad de aristas que componen el tema planteado, exige un análisis de manera transversal de las reflexiones respecto al impacto generado por la corriente progresista en América Latina de principios del siglo XXI. Hablar sobre un balance crítico de lo sucedido en esta etapa, correspondería a un debate teórico más profundo y talvez apresurado que superaría el límite de este trabajo; sin embargo, se realiza un esfuerzo por destacar ciertas ideas importantes sobre el tema, que servirán de marco para el análisis en el campo urbano y territorial de la región en el periodo marcado.
A pesar de la copiosa existencia de literatura sobre lo que Stoessel (2014) denomina “giro a la izquierda” de gran parte de los gobiernos latinoamericanos durante el siglo XXI, es posible según la autora, retomar ciertos aspectos importantes de los análisis académicos fundamentalmente en los aspectos transversales a los procesos políticos vigentes, así:
[…] los contenidos de sus agendas políticas orientadas a quebrar los postulados centrales del Consenso de Washington y la recuperación de las capacidades estatales. De esta forma, la idea de postneoliberalismo y el llamado “retorno del Estado” aparecen como elementos insoslayables de diferentes interpretaciones conceptuales y análisis políticos acerca de los procesos de cambio político de América Latina. La discusión acerca de la naturaleza de las fuerzas políticas gubernamentales, las continuidades y rupturas que cada experiencia implicaba con el modelo neoliberal, sus compromisos con el régimen democrático y las especificidades que las volvían diferentes entre sí monopolizaron el debate de los últimos diez años en la región (Párr.2).
Lo mencionado se entendería como un análisis del enfrentamiento al radicalismo del neoliberalismo fundamentado en el marco del Consenso de Washington3 imperante durante la década de los años noventa en la región, llamada por algunos autores como la década perdida en América Latina; y un potencial retorno a la democracia como sinónimo de emancipación social y política, que permitiría una verdadera transformación social y económica en gran parte de esta región que históricamente ha sido dominadas por grupos de poder económico y político, y que según Stoessel (2014) “dirigían los gobiernos de espaldas a la ciudadanía” (Párr.40).
En palabras de Gaudichaud et al., (2019), a principios de este siglo se produjo una oleada de propuestas de cambio frente al debilitamiento de los considerados “invencibles” neoliberales radicales. Este recambio pudo ser visibilizado en gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador Nicaragua y el Salvador. Proceso que se fortaleció durante el periodo entre 2002 y 2006 en donde estos países instauraron gobiernos con tinte progresista; algunos de los cuales han logrado sostenerse entre 10 y 20 años de hegemonía; sin embargo, manifiestan los autores:
[…] en los últimos años (. . . ), este proceso entró en una etapa de agotamiento -el llamado “fin de ciclo”- que se manifestó en la derrota electoral en Argentina en 2015, el golpe institucional en Brasil 2016, la negativa plebiscitaria a la reelección de Evo Morales en Bolivia ese mismo año, la apretada victoria de Lenin Moreno en 2017 y su casi inmediato enfrentamiento con Rafael Correa en Ecuador, y que se presenta en forma explosiva tanto en la crisis venezolana desde 2014 como en la del “orteguismo” en Nicaragua en 2018. (Pág. 7)
En otras palabras, este proceso constituye una etapa histórica política significativa reciente en la región latinoamericana que no ha concluido y que los autores mencionados lo denominan” las dos décadas del progresismo latinoamericano” o de “cambio de época” (Pág. 7); manteniendo una línea de separación con lo que podría llamarse una “transformación” verdadera, que es un nivel más profundo, y sobre el cual solo se podría evaluar sus alcances en el mediano y largo plazo.
Para Arellano (2022), el final del siglo XX y el advenimiento del nuevo siglo XXI, presentó nuevas formas de expresar el sueño socialista relacionados con las realidades políticas y culturales propias de cada región frente a la prevalencia neoliberal, en particular en Latinoamérica; región en la cual, se podría apreciar propuestas de cambios democráticos y sociales.
Es importante puntualizar - manifiesta el autor - que hay que considerar dos etapas que las denomina olas respecto del progresismo implantado en Latinoamérica también conocidas como “pink tide”: la primera que va del 2005 al 2015, caracterizado por el apogeo del precio de materias primas (commodities), una buena “gobernabilidad para introducir reformas y articular sus proyectos nacionales, y […] una actitud integracionista4 basada en el latinoamericanismo” (Pág. 76); y la segunda etapa que parte del 2018, caracterizada por “una región sumergida en una crisis sanitaria sin precedentes con su consecuente descalabro económico. Una región con diversos problemas que ha visto descender los indicadores de crecimiento económico logrados varios años atrás cuando el viento era más promisorio” (Pág. 79). Situación que ha permitido que los gobiernos progresistas de esta segunda etapa, sean más diestros frente a la institucionalidad democrática, a sus relaciones internacionales, el mercado y los cambios sociales.
En este contexto surge la pregunta, ¿Qué verdaderamente se consideraría como el progresismo latinoamericano instaurado a principios de siglo? La respuesta podría encontrarse en lo que Gaudichaud et tal., (2019) determinan como la búsqueda para:
(…) transformar y reformar al capitalismo introduciendo dosis de intervención y regulación estatal y de redistribución de la riqueza: en el caso latinoamericano, con un nítido acento antiimperialista y desarrollista. Este último aspecto, ahora presentado como neo-desarrollismo, se conecta con la noción de progreso y contribuye a definir el horizonte y el carácter del proyecto, así como de las críticas que, desde perspectivas ambientalistas, ecosocialistas o poscoloniales, cuestionan frontalmente la idea de progreso y la de desarrollo tanto en sus expresiones de los siglos pasados como en su prolongación en el siglo XXI. (Pág. 9)
Rubio & Peña (2021) citados en Arellano (2022), al analizar el progresismo en Latinoamérica, indican que este, podría ser considerado como:
(…) un fenómeno histórico que corresponde a la transición capitalista de la hegemonía norteamericana y del régimen neoliberal (…) así como el declive del poder de Estados Unidos y los organismos multilaterales sobre los países de América Latina, que permite el ascenso de gobiernos no alineados, sostenidos sobre masas populares, que impulsan procesos de nacionalización de los recursos naturales, así como políticas redistributivas del gasto público, con una visión antiimperialista. (Pág. 74)
El tema sobre el “progresismo” se ha constituido entonces en un debate de “época”, dado que seguimos marcados por esta tendencia en muchos aspectos; a pesar de que muchos autores consideran que se encuentra en una fase de “crisis” profunda. A manera de síntesis de los conceptos vertidos, se podría entender que lo que busca el progresismo latinoamericano del siglo XXI, no es otra cosa que, la mejora del ser humano desde la perspectiva de la izquierda moderada, mediante la recuperación de la institucionalidad democrática, una mejor protección y redistribución de los recursos, dando prioridad de atención social y económica a los grupos más vulnerables de la población.
Principios rectores del progresismo en América Latina del Siglo XXI.
Entre los principios fundamentales del llamado progresismo del siglo XXI según Arellano (2022) y Rubio (2023), se podrían mencionar los siguientes, a pesar de que muchos de ellos no llegaron a cumplirse en su totalidad o quedaron a nivel de política pública:
La promoción de la justicia y el progreso social.
La equidad.
La participación activa de la comunidad.
El fortalecimiento de la democracia.
El cambio del rol del Estado con visión nacionalista e integracionista, de protector de las clases privilegiadas a actor garante de la lucha contra la desigualdad y discriminación de las clases sociales más desfavorecidas.
Una nueva lógica de distribución de recursos públicos.
Reposición de la tradición antagónica entre débiles vs poderosos.
Reivindicación de los derechos de los trabajadores y de la naturaleza.
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
Respeto a los derechos de las mujeres y de los indígenas.
Impulso de la industria y el mercado interno.
En este contexto, Rubio (2023) manifiesta que frente a la crisis actual que vive la región y el mundo:
“(. . .) el vacío del poder mundial, la crisis política de la derecha, a la que se suma la lección que dejo la pandemia en relación con la necesidad del Estado en las economías. Ante tal situación es factible que continúen los procesos de alternancia entre los gobiernos de izquierda y de derecha, pues desde la percepción de la población, ninguno es capaz de frenar el caos, la violencia y la incertidumbre circunstanciales a la transición”. (Pág. 951)
En el caso del Ecuador, los fundamentos del progresismo del siglo XXI, están marcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, denominado Planificación para la Revolución Ciudadana, y que son ratificados en el Plan Nacional para el “Buen Vivir” 2009-2013, orientado a la construcción de un Estado plurinacional e intercultural; cuyos objetivos más relevantes se listan a continuación:
Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.
Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.
Es importante rescatar en este plan, la propuesta denominada Estrategia Territorial Nacional (ETN) como una de las principales innovaciones del mismo, debido a que:
(. . .) incorpora al ordenamiento territorial e identifica las principales intervenciones y proyectos estratégicos en los territorios, (. . .) así como desarrolla una propuesta de modelo territorial en el que se expresan los lineamientos para el uso del suelo y las intervenciones estratégicas articuladas a una propuesta nacional. (Pág. 8)
Lo manifestado, evidencia que la propuesta del progresismo en el Ecuador plasmado en el Plan Nacional para el “Buen Vivir” 2009-2013, intenta enfrentar los problemas cruciales existentes a principios del siglo XXI en el país, acogiendo los preceptos generales de la corriente progresista en la región latinoamericana, para lo cual propone la erradicación de la pobreza, el fomento del desarrollo sostenible y la equidad en la redistribución de la riqueza como mecanismo de mejorar la calidad de vida de las personas para alcanzar el Buen Vivir.
La sostenibilidad y el desarrollo sostenible en América Latina del siglo XXI
El concepto de “Sostenibilidad” no es de ahora, viene desde mucho tiempo atrás; en palabras de Sabogal & Hurtado (2009) citado en Peralta (2017), el tema tiene sus inicios en el siglo XVIII, cuando un grupo de escritores franceses llamados “Fisiócratas” proponen el incremento de la riqueza sin perjudicar los “bienes fondo”; que en la actualidad constituirían los medios de soporte del planeta o en otras palabras, los recursos naturales existentes que permiten la subsistencia del ser humano en el mundo en que habitamos.
Posteriormente, se generan una serie de tratados y compromisos a nivel mundial a fin de proteger el ambiente, enfrentar la pobreza y la vulnerabilidad de gran parte de la humanidad, es así como aparece en 1987 el “Informe Brundtland “cuyo objetivo principal fue revertir los problemas ambientales generados por el desarrollo de la época.
En 1992 se realiza la “Cumbre de la Tierra” en Rio de Janeiro (Brasil) organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde se marca una hoja de ruta global que permita enfrentar los problemas ambientales y sociales a mediano y largo plazo. Entre los puntos más relevantes de esta cumbre según Higueras (2006), se puede destacar la Carta de Atenas, las propuestas de las agendas locales 21, los convenios vinculados con el cambio climático, sobre diversidad biológica y la protección de los bosques; y otras iniciativas más relacionadas con la protección de los derechos humanos, desarrollo y género.
Entre las más recientes, se puede mencionar el Acuerdo de París (2015) conocido también como Compromiso de la Partes o COP 21; en donde se propone bajar la temperatura global del planeta y lograr financiamiento climático para ayudar a los países más vulnerables. La próxima cumbre se realizará en Emiratos Árabes Unidos entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023, y cuyo lema es “unir, actuar y cumplir” las políticas y acuerdos establecidos en las COP anteriores.
Es de subrayar que, en el año 2015 se ratifican los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se constituyen en el soporte de la Agenda 2030 para el Desarrollo, y que fue presentada al mundo en la Cumbre Mundial Sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, realizada en Quito (Ecuador) en octubre de 2016. Esto evidencia la existencia de un marco de instrumentos internacionales que fomentan el desarrollo con equilibrio y justicia entre el ser humano y la naturaleza.
Con este antecedente se podría intentar llegar a una definición sobre lo que es y pretende la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Para Monfort (2015), lo mencionado en el “Informe Brundtland” de 1987 es considerado como el referente de todas las definiciones existentes, cuando menciona que la sostenibilidad y el desarrollo sostenible es “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” (Pág. 13).
Linares (2012), considera que la sostenibilidad es un concepto amplio y etéreo; sin embargo, puede ser considerado como “los niveles de bienestar no decrecientes y que sean distribuidos de manera justa y equitativa intrageneracional como intergeneracionalmente” (Pág. 1-11), y que no se limite al análisis económico y medioambiental; sino que, se incluyan en la reflexión dimensiones sociales, culturales y humanistas.
Lo mencionado evidencia que el paradigma de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, se enfoca hacia el cuidado de la naturaleza como también al cuidado del ser humano; constituyéndose para muchos autores como un nuevo sistema de desarrollo en donde se privilegia el equilibrio, los limites en el uso de los recursos, la redistribución de la riqueza con equidad y justicia; respetando los derechos de la naturaleza, de los animales y del ser humano en su conjunto.
Dimensiones de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible universalmente aceptados.
La sostenibilidad es considerada como un sistema multidimensional con una perspectiva integradora, sustentada en un equilibrio económico, social y ambiental; además se rige en límites y respeto a los derechos de todo tipo. Al ser un concepto amplio y difuso, ha sido necesario crear medios para su territorialización; para esto, se ha determinado un mecanismo que permita concretar los principios y políticas que pregona el paradigma de la sostenibilidad, y que se lo ha denominado “desarrollo sostenible”.
El desarrollo sostenible, por tanto, se constituye en un sistema compuesto por las tres dimensiones primarias de la sostenibilidad: económico, social y ambiental, a las cuales se integran las dimensiones de territorio y gobernanza, a fin de lograr concretar sus principios en planes, programas y proyectos de una organización sea pública o privada. Muchos autores alrededor del mundo, incorporan en sus estudios sobre sostenibilidad, a más de las dimensiones mencionadas a la dimensión cultural, con el fin de dar un carácter localista de las intervenciones con tintes sostenibles en las diversas regiones del mundo, debido a que cada territorio tiene su característica propia y, genera su propia identidad cultural.
Para Sepúlveda et al. (2005) citado en Peralta (2017), manifiesta que, cada dimensión de la sostenibilidad tiene sus propias características; sin embargo, entre ellas mantienen una estrecha relación al punto que una condiciona a la otra, así:
Dimensión social cultural: se refiere a la distribución espacial, de género y etaria; además incluye las relaciones sociales y económicas de la sociedad en su conjunto, las cuales están vinculadas con la religión, la ética y la cultura. Todo esto, bajo el principio de que la sociedad debe dirigir su propio proceso de desarrollo.
Dimensión política institucional: está relacionada con los procesos de democratización y participación ciudadana. Considera la estructura y el funcionamiento del sistema político a cualquier escala y es el ámbito donde se negocian posiciones y se toman decisiones sobre el rumbo que se quiere dar al proceso de desarrollo. Es aquí, donde se pone las bases para el sistema institucional público que asegure el camino del desarrollo escogido. Esta dimensión también involucra al sistema privado, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones gremiales y los grupos de interés, entre otros.
Dimensión económica: vincula la capacidad productiva y el potencial económico de los territorios. Pone especial interés en las tecnologías tradicionales, que podrían dar solución a los problemas generados por las nuevas tecnologías y su impacto en el entorno; incorpora también, el aporte de género en los procesos productivos.
La dimensión ambiental (ecológica): se refiere a la capacidad de los actores institucionales y a los agentes económicos para conocer y manejar de manera equilibrada los recursos naturales con visión de largo plazo. El valor de los recursos agua, suelo, biodiversidad y población humana, es prioritario en esta dimensión. El desequilibrio de cualquiera de ellos tendrá sus efectos inmediatos en los demás. Por otro lado, pretende el uso eficiente de los recursos existentes y el menor grado de contaminación al medio ambiente.
Dicho esto, el desarrollo sostenible deberá ser considerado como un proceso integral multidimensional más que como un fin determinado (Pág. 48-49).
En el caso del Ecuador, estas dimensiones se ven reflejados en la Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008) y en el sistema de planificación del Estado (SEMPLADES), cuyos instrumentos están definidos como: planes nacionales de desarrollo, planes de desarrollo y ordenamiento territorial (provincial, cantonal y parroquial) y planes de menor jerarquía que administran los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador (GAD), con el fin de lograr un desarrollo equilibrado y racional de sus territorios de cara a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Sostenibilidad y progresismo: Coincidencias y discrepancias
Sobre la base de la exploración bibliográfica realizada sobre los dos temas tratados, se ha logrado obtener cierta información que permite confrontar los principios y aspiraciones que persiguen cada uno de ellos, con el fin de identificar sus coincidencias y sus discrepancias, las cuales se presentan en Tabla 1.
Tabla 1 Coincidencias y discrepancias entre la Sostenibilidad y el Progresismo del siglo XXI.
| Social cultural | Gobernanza | Económica | Ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones y aspiraciones de la Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible. | La sociedad debe seguir su propio proceso de desarrollo: respeto de derechos, religión, ética y cultura. | Fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Estado fuerte con gobernanza fuerte. | Fomento de la capacidad productiva y potencial económico de los territorios. | Manejo equilibrado de los recursos naturales a mediano y largo plazo | |
| Principios y aspiraciones del progresismo del siglo XXI. | Promoción de la justicia y el progreso social y cultural. | X | X | ||
| Participación activa de la comunidad. | X | X | X | X | |
| Fortalecimiento de la democracia. El Estado para todos. | X | X | |||
| Reivindicación de los derechos y la equidad económica y social. | X | X | X | ||
| Protección de la naturaleza. | X | X | |||
Fuente. Elaboración del autor 2023, con datos de la investigación.
Los resultados que refleja la Tabla 1, evidencian una gran coincidencia entre estas dos tendencias en la región; se puede apreciar una coincidencia del 100% en dos de los principios del progresismo del siglo XXI con dos dimensiones del paradigma de la sostenibilidad y desarrollo sostenible, estos son:
Participación activa de la comunidad, y;
Manejo equilibrado de los recursos naturales a mediano y largo plazo.
Situación que tiene lógica, debido a que es la base de una gobernabilidad fuerte, que conducirá a lograr estados fuertes en la región latinoamericana.
Los otros principios y dimensiones confrontadas tienen sus coincidencias mutuas, y todas se acoplan a lo que propone la Organización de las Naciones Unidas mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para lograr un mundo mejor, donde “nadie se quede atrás” (ONU, 2022).
Los resultados obtenidos, podrían demostrar que tanto el progresismo de siglo XXI implementado en las primeras décadas del presente siglo en América Latina, y lo que persigue el paradigma de la sostenibilidad a nivel global y local, coinciden en sus aspiraciones, ya que las dos corrientes ubican al ser humano en el centro de todo proceso relacionado con las dinámicas humanas; sin embargo, es el paradigma de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible quien pone énfasis en una visión de desarrollo basadas en el “equilibrio” y la racionalidad del uso de los recursos naturales, y la redistribución equitativa y justa de la riqueza de lo que generen esos recursos en el territorio.
El caso del Distrito Metropolitano de Quito - DMQ (Ecuador)
El DMQ, ha sido considerado para este estudio como referencia a nivel de la región latinoamericana, con el fin de evidenciar el impacto de estas tendencias en el ámbito de la “política pública” urbana y territorial. Se encuentra ubicado en el área norcentral andina del Ecuador. Tiene la cualidad de ser la capital del país y considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1998 por sus características históricas y culturales. Posee una población aproximada de 2.781.641 habitantes, que representa el 15,5% de la población nacional (CIDEU, 2020), repartida en 4235,2 Km2. Su territorio se encuentra dividido en dos áreas generales: área urbana y área rural. Administrativamente se divide en nueve administraciones zonales como estrategia para una mejor gobernanza territorial.
Una de las características de este territorio (DMQ) es la de mantener procesos de planificación urbana y territorial sino permanentes, si, secuenciales en el tiempo. Peralta &Higueras (2016) al hacer un estudio sobre la evaluación sostenible de los planes directores de Quito en el periodo de 1942 al 2012, manifiestan que:
(. . .) en términos generales (. . .) el planeamiento urbanístico de Quito, según la evaluación realizada en este trabajo, los criterios de sostenibilidad están presentes y son avanzados con respecto a otros planes reguladores latinoamericanos en este periodo (1942-2012). (pág. 33)
Además - indican los autores - que:
Será entonces necesario que la nueva visión de la Ciudad no quede en buenas intenciones, sino que los planes futuros se encarguen de armonizar su desarrollo con criterios sostenibles como lo han venido planteando desde 1981, a fin de que permitan materializar efectivamente el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, mediante una correcta gestión urbana, conocimiento de la capacidad de carga del territorio, armonización con su paisaje y a través del establecimiento de medidas preventivas frente a los riesgos naturales.(Pág. 33)
Lo dicho por los autores queda evidenciado en Tabla 2.
Tabla 2 Porcentajes de los criterios sostenibles aplicados en cada plan urbanístico (1942-2012).
| Calidad sostenible del Plan | Plan Jones Odriozola (1942) | Plan Director de Urbanismo (1967) | Plan Director Quito y su Área de Influencia (1973) | Plan Quito Esquema Director (1981) | Plan Estructura Espacial Metropolitana (1993) | Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT 2001-2009) | Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT 2012-2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco sostenible (0% - 45%) | X | X | |||||
| Medianamente sostenible (45% - 75%) | X | X | X | ||||
| Sostenible (75% - 100%) | X | X |
Fuente: Tomado de Peralta & Higueras (2016)
En esa línea, en 2018 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), publica la estrategia sostenible a mediano y largo plazo denominada “Visión Quito 2040. Un Nuevo Modelo de Ciudad”; esta visión, basa su formulación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana Mundial 2030, que fue presentada en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), desarrollada en Quito (Ecuador) en octubre de 2016. El texto de la Visión Quito 2040, dice textualmente:
“Quito en el 2040 será una ciudad con alta calidad de vida, capaz de enfrentar con éxito todos los desafíos que han surgido y surjan en los campos social, cultural, económico, ambiental y en el territorio. Se habrá convertido así en una ciudad resiliente y habrá asegurado el desarrollo sostenible de su población”. (Pág. 21)
Para su cumplimiento se establecieron ciertos desafíos a cumplir, con el fin de que la ciudad y su territorio circundante se constituyan en:
Inclusivos y abiertos para todos.
Global y competitivos.
Ambientalmente responsables.
Diseñados para la vida.
Que valoren su cultura e historia.
Este visón de desarrollo, fue la base para la formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PMDOT 2015-2025 y PMDOT 2021-2033; este último, vigente a la fecha.
El PMDOT 2021-2033, entre sus particularidades plantea ciertos ejes estratégicos a cumplir, tales como:
EJE ECONÓMICO: Que impulse una economía productiva, competitiva, diversificada y solidaria que proporcione bienestar a toda la población y genere empleo y trabajo.
EJE SOCIAL: Que promueva una sociedad equitativa, solidaria e incluyente que respete la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus habitantes, con acceso a una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura, recreación y demás.
EJE TERRITORIAL: Que desarrolle un territorio que consolide entornos favorables, regularizando la propiedad desde el punto de vista de la equidad social, identidad local y sostenibilidad ambiental, dotándolo de la infraestructura vial que mejore la circulación vehicular.
EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD: Que construya una cultura política ciudadana y un marco institucional que haga posible la gobernabilidad democrática y el cumplimiento de las normas de convivencia.” (Pág.47)
Lo mencionado evidencia que la visión de la ciudad y territorio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), busca en el ámbito de la gobernabilidad una cultura política ciudadana y un marco institucional que posibilite una gobernabilidad democrática, fortalezca la participación ciudadana y, genere transparencia y eficiencia en la gestión.
En el ámbito territorial se busca construir comunidades y barrios más sostenibles, en donde el hábitat y las viviendas sean accesibles, seguras e inclusivas y garanticen los servicios básicos necesarios para una vida digna.
En lo económico, se pretende crear oportunidades para todos sus habitantes reduciendo la brecha de riqueza poblacional e impulsando la productividad y competitividad; respetando la economía popular y solidaria generada por los distintos grupos étnicos y rasas asentadas en el DMQ.
En lo social, se busca una ciudad y un territorio que garantice las oportunidades para ejercer los derechos para el logro de una vida plena, sana, justa, de calidad, productiva, segura y recreativa mediante el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. (PMDOT, 2021-2033)
A menara de síntesis, se puede apreciar en el caso del DMQ, más que una “simple similitud”, la existencia de muchas coincidencias en lo que plantean tanto la corriente del progresismo del siglo XXI como el paradigma de la sostenibilidad, analizadas en el apartado Discusión y Resultados de este documento.
CONCLUSIONES
El proceso metodológico establecido en esta investigación, ha permitido lograr una base teórica conceptual de lo que persiguen tanto el paradigma de la “sostenibilidad” como del “progresismo del siglo XXI”, y poder identificar como estos principios y dimensiones han ayudado o no en el desarrollo urbano y territorial de las ciudades y territorios de América Latina, durante la primera y segunda década del siglo XXI.
El análisis realizado a partir de la exploración bibliográfica como método de investigación cualitativa utilizado en el presente trabajo, ha permitido confrontar los lineamientos estratégicos de estas dos tendencias y compararlas con el marco de desarrollo de las ciudades y territorios latinoamericanos, mediante un estudio de caso vinculado con el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en la República del Ecuador durante el periodo de tiempo estudiado y, su proyección al futuro.
El estudio realizado evidencia que las dos tendencias analizadas tienen un mismo objetivo, ubicar al ser humano en el centro de todos los procesos de desarrollo de forma racional y equilibrada con su entorno. Para esto plantean un fortalecimiento de la cultura política tanto nacional como local (caso de las ciudades), mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de todos los niveles del Estado.
El "Buen Vivir” que fomenta el progresismo del siglo XXI mediante las políticas y estrategias tales como: La promoción de la justicia y el progreso social; La equidad; La participación activa de la comunidad; El fortalecimiento de la democracia; El cambio del rol del Estado con visión nacionalista e integracionista garante de la lucha contra la desigualdad y discriminación de las clases sociales más desfavorecidas; La nueva lógica de distribución de recursos públicos; La reivindicación de los derechos de las mujeres, animales y de la naturaleza; El fortalecimiento de la soberanía alimentaria; El respeto a los derechos de las mujeres; y, el Impulso de la industria y el mercado interno, tienen coincidencia con lo que propone la sostenibilidad cuando esta última, habla de ciudades y territorios sostenibles y saludables.
Sería muy aventurado manifestar cuál de estas dos tendencias originaron los cambios urbanos y territoriales en América Latina de principios del siglo XXI; sin embargo, se podría concluir de manera general que la sostenibilidad se ve reflejada a nivel global desde el siglo XVIII, y posteriormente desde 1987 mediante el Informe Brundtland denominado “Nuestro Futuro Común”.
En el caso particular de Quito Distrito Metropolitano, la planificación urbana y territorial evidencia la presencia de los principios de la sostenibilidad desde 1973 con el “Plan Director Quito y su Área de Influencia (1973),” como lo demuestran Peralta & Higueras (2016) en su estudio mencionado en este trabajo; en cambio, el “progresismo” a nivel de la región hace presencia desde principios del siglo XXI, teniendo su pico máximo en su denominada primera “ola” entre 2005 y 2015;en este contexto, será necesario considerar que si son políticas o estrategias que beneficien a las grandes mayorías, y no ha cierto grupos privilegiados, no importaría de donde provengan estas, sean de derecha o izquierda; lo importante será que beneficien a todos los ciudadanos de los distintos países latinoamericanos y de sus ciudades.
