INTRODUCCIÓN

Abordar el tema de la participación ciudadana conlleva necesariamente a la consideración de elementos relativos al ámbito político y social que configura un contexto, localidad o país. Según plantean ^{Soto y Costa (2019)}, la participación ciudadana en la gestión pública de los países de Occidente dista de ser uniforme, siendo una de sus áreas de interés la de carácter ambiental, generando con ello múltiples desafíos; de tal manera que el desarrollo doctrinal de la participación se unifica al principio democrático, en tanto la que se consolida en materia ambiental viene relacionada con diversos ámbitos que exigen una diferenciación en su tratamiento.

En este influjo emerge que el modelo predominante de la participación ciudadana que se deriva de la Declaración de Río (1992), en la cual se establecieron tres derechos de acceso ante la toma de decisiones ambientales, tales como el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia, enmarcados en el Principio 10. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (^{CEPAL, 2013}), dispone que la hegemonía del modelo presentado deviene del estudio sobre la democracia ambiental en Latinoamérica, el cual se propone localizar normas sobre la participación; asimismo, el modelo del Principio 10 en la Declaración de Río (1992) ya viene constitucionalizándose en tanto se orienta básicamente a la protección del medio ambiente, por lo que comenzó a evidenciarse dentro de las constituciones de Brasil, Ecuador, Colombia, así como Finlandia Eritrea, Etiopía, junto a Francia, Kosovo, Islandia, Polonia, Zambi y Tailandia (^{May y Daly, 2015}).

A tales efectos se suma lo expuesto por ^{Beck (2002)} quien señala que la dinámica ambiental implica la toma de decisiones de una forma más inclusiva, considerando que los sistemas tradicionales de autoridad, ya sean políticos, legales, científicos o administrativos, vienen facilitado la subestimación del "riesgo". Para el mencionado autor, la formación de redes como espacios descentralizados, dinámicos, autodeterminados y flexibles para la toma de decisiones, se consideran nuevas estructuras políticas más inclusivas y abiertas a otras formas de conocimiento (^{Beck, 2002}). De allí que ^{Sabatini, Sepúlveda y Villaroel (2006)} destaquen la participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental como un ámbito de actuación de los ciudadanos donde se minimizan los riesgos ante los beneficios que se logran obtener, siempre que sea acompañado por un proceso de educación ambiental comunitario.

Por otro lado, ^{Castillo (2017)} anota que aun cuando la participación no logra remediar todos los problemas del ámbito ambiental o de las políticas públicas, es preciso que esta se apoye en los derechos y la democracia para alcanzar la gobernanza legítima, a partir de la interacción entre el gobierno y la sociedad. Asimismo, el mencionado autor destaca que múltiples casos de proyectos sociales muestran contradicciones y desafíos de la participación ciudadana en las políticas públicas, dado que en su formulación probablemente no se contemplen las necesidades de las poblaciones, lo cual lleva a aseverar que la participación de la comunidad se reduce a responder encuestas o bien generar indicadores sociales y económicos, acudir a reuniones sobre la propuesta de ayudas asistenciales a objeto de formar parte de una lista de asistencia para el gobierno.

Bajo esta premisa, se tiene cuenta de que las personas participan, pero desde los planteamientos que dictan las instituciones gubernamentales, disminuyendo los problemas sociales y económicos de las comunidades, en tanto una verdadera participación se caracteriza por un diálogo continuo con la comunidad, disponiendo para ello del uso de entrevistas, estudios de vida, entre otras herramientas (^{Castillo, 2017}).

A juicio de ^{Vallejo (2018)}, la participación ciudadana influye en la mejoría del medio ambiente, pues a mayor relación con la materia ambiental, mayor la calidad de vida del ciudadano; no obstante, es propio destaca la posición de ^{Lucani (2005)} pues afianza que la falta de compromiso político sigue caracterizando a las democracias contemporáneas, por lo cual la experiencia viene a justificar la incorporación la participación ciudadana, más allá de la elección de autoridades, con el ánimo de revertir tal tendencia y profundizar la institucionalidad democrática. Es por ello que algunos países ya incluyendo en sus constituciones el derecho a participar al menos pretenden dar apertura al camino del cambio, como el caso de Ecuador, entre las mencionadas naciones.

De forma particular, la ^{Constitución Nacional del Ecuador} (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) define este país como un Estado que garantiza los derechos y la justicia social para proteger a las personas, pueblos, grupos de atención prioritaria e incluso la naturaleza, a lo cual se suma el ^{Código Orgánico del Ambiente} como la norma que regula el medio ambiente en esta nación. Específicamente, en el artículo 18 se establece que la participación ciudadana en la gestión ambiental se canaliza a través de los mecanismos contemplados en la Constitución y la ley, entre ellos el Consejo Ciudadano Sectorial y los Consejos Consultivos Locales para que formulen, observen, sigan y evalúen las políticas públicas en esta materia, los cuales pueden estar integrados por representantes de la sociedad civil, comunidades, pueblos, de conformidad con la ley (2017).

No obstante, y aun cuando se evidencia un marco legal acorde con la intención en cuestión, ^{Cáceres (2020)} afirma que las personas en Ecuador que procuren participar en las decisiones ambientales deben ser ciudadanos con ejercicio de liderazgo en las comunidades, o que tengan conocimiento de las problemáticas ambientales del espacio donde habitan, de modo que puedan aportar soluciones a las instancias de administración pública al respecto. Tal apreciación enciende la duda con relación al hecho de la participación ciudadana por parte de los ecuatorianos en la formulación y evaluación de políticas ambientales, lo cual justifica el presente estudio con la intención de analizar el papel de la participación ciudadana en la formulación y evaluación de políticas ambientales en Ecuador.

METODOLOGÍA

Este trabajo metodológicamente se basó en una revisión sistemática de tipo global evidence mapping, al consultar las bases de datos Google Académico y Redalyc, donde se emplearon descriptores ad hoc para la localización de artículos científicos e investigaciones realizados sobre la temática en el contexto del Ecuador, estableciendo como período de selección el lapso de 2020 a 2024, sin límite en cuanto al idioma utilizado. Para el registro de los estudios incluidos se aplicó el protocolo PRISMA, a modo de seleccionar los trabajos más pertinentes con lo cual se obtuvo una totalidad de 17 documentos para su análisis.

Figura 1 Método Prisma. 

Los elementos que componen el mapa obtenido con el método PRIMA expresan los aspectos metodológicos desde los cuales se realizó el estudio, tomando en cuenta la cantidad de documentos localizados en la fuente principal y secundaria (Google Académico y Redalyc), el número de duplicados removidos y excluidos, así como los de posible análisis en atención a la pertinencia con el tema, generando finalmente la cantidad de 17 trabajos para ser sintetizados. De igual manera, se estableció la siguiente tabla donde se describen referencialmente los trabajos seleccionados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al respecto de la participación ciudadana en las políticas ambientales de Ecuador, son múltiples las apreciaciones que se pueden considerar a partir de la revisión sistemática realizada. Desde la visión de ^{Castro (2020)} en específico exalta que han pasado más de dos décadas de la extensión del área urbana en América Latina y el Caribe que han generado efectos negativos dado que implica un aumento de la población en pobreza extrema, considerando que las ciudades más importantes del mundo representan al menos dos tercios de la demanda de energía primaria, y tres tercios son los responsables de las emisiones de dióxido de carbono, destacándose que en Ecuador tal expansión se duplicó tras una migración con asentamientos desordenados que causan el uso de suelos fructíferos y el consumo de recursos naturales de forma irracional, siendo preciso profundizar en los planes de mejora donde se involucran los actores más cercanos, a modo de cumplir con el porcentaje de índice de área verde dispuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este mismo orden, ^{Álvarez (2022)} precisa que la planificación urbana debe estar orientada hacia el desarrollo sostenible, tomando en cuenta las condiciones del desarrollo ambiental, desde el fortalecimiento de la gobernabilidad local y una verdadera participación ciudadana que viabilice la caracterización del componente natural del territorio, siendo un factor limitante para la creación de normativas al respecto.

^{Balón (2023)} destaca la importancia de la participación ciudadana y los proyectos sociales, así como la necesidad de reflexionar sobre el accionar social y de los gobiernos para el desarrollo individual y colectivo a sabiendas de que en diversas instituciones educativas de Ecuador existe escasa información al respecto, considerando que la población se siente excluida de los temas sociales por su edad, bajo esto, se rescata que la población tiene un ímpetu en obtener conocimientos sobre estos temas y de cómo poder reforzar su participación para generar cambios dentro de su sociedad y tener un desarrollo en sus capacidades e intervenir en la toma de decisiones en los proyectos o procesos que estén encaminados a solucionar ciertas necesidades.

De acuerdo con ^{Gavilanes (2021)}, los derechos de participación ciudadana y control social se enfocan en la democracia participativa que contempla la Constitución de Ecuador, donde se destaca la importancia de una sociedad activa en las interacciones públicas y políticas, aceptando que el modelo a través del cual se intenta institucionalizar la participación ciudadana todavía se encuentra en desarrollo, signado por la desconfianza social y la ineficiencia de las instituciones. De allí que ^{Feria (2023)} destaque que los procesos de planificación se consideran trascendentes en cualquier contexto, dado que las políticas públicas deben reflejar lo que desean sus ciudadanos y el Estado debe atenderlas, lo cual incluye problemáticas de orden ambiental como por ejemplo lo relativo a la inversión pública para combatir el cambio climático, siendo este un asunto que en el caso de Ecuador se asienta en su Constitución donde se le otorga al Estado la competencia de gestión ambiental, para lo cual incluso se tiene cuenta de la constitución de prefecturas ante tal intención.

Bajo esta perspectiva, ^{Ramos (2022)} destaca la necesidad de implementar una gobernanza climática que se vincule con la participación ciudadana desde los procesos de socialización, siendo el cambio climático uno de los desafíos ambientales más importantes, por lo que se requieren acciones entre actores de diversos niveles de gestión, lo cual invita a repensar como se vive en las ciudades para lograr que estas sean resilientes, eficientes y justas.

A tales fines, ^{Díaz y Pin (2022)} reconocen los desafíos que enfrenta la participación ciudadana ante los proyectos de desarrollo en Ecuador a partir del cumplimiento de funciones primordiales, como presentar y discutir las necesidades más importantes del desarrollo local subrayando que los mecanismos para este fin se derivan de un mandato constitucional, de tal modo que es preciso propiciar tales espacios para la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. En congruencia con ello, ^{Lapuerta (2022)} asegura que los Consejos de Cuenca de Ecuador y Perú, por ejemplo, se han convertido en espacios para promover la participación ciudadana en cuanto a la gestión de los recursos hídricos, aunque todavía se hace preciso desarrollar una cultura de participación y autogestión, entre otros pasos para su fortalecimiento.

Adicional a ello, ^{Vivanco (2023)} expresa un ejemplo de los movimientos sociales que no siempre alcanzan institucionalizar sus demandas en Ecuador, como el caso de la consulta popular que procuró dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 Yasuní ITT a modo de evitar la contaminación de uno de los lugares más biodiversos del mundo, lo cual fue impedido. De acuerdo con ^{Álvarez y Montes de Oca (2023)}, la Consulta Popular se reconoce como un mecanismo de democracia en la Constitución ecuatoriana, siento así una herramienta para la participación ciudadana en los temas que afectan sus vidas, como por ejemplo sobre las operaciones de la industria minera, destacándose en el caso se este país que los principales actores opuestos a la explotación de este mineral convirtieron este voto popular en una batalla.

Al respecto, ^{Quihzpe y Vallejo (2022)} mencionan que en un contexto extra activo en la actividad minera se discute la complejidad de las demandas sobre la denominada megaminería, en el ámbito jurídico y las dinámicas del poder como la exigibilidad de los derechos colectivos y propios de la naturaleza, siendo el ámbito jurídico lo que justifica las acciones de movilización y contribuyen así a los debates sobre la justicia ambiental e hídrica de los países Latinoamericanos.

Sobre otra área de interés, ^{Silva (2022)} destaca la utilización de mecanismos de participación de los Comités Ciudadanos Locales de Salud (CCLS) en la participación ciudadana en el cantón Palora de este país, los cuales acogen una participación donde los profesionales de la salud atienden las necesidades y expectativas de los ciudadanos, aunque las condiciones de participación desde el gobierno seccional autónomo demuestran la ausencia de poder para que los aportes generados sean considerados.

De hecho, un estudio particular realizado por ^{Almeida (2021)} da cuenta de la propuesta de una reforma constitucional para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el Ecuador, resultando que tales grupos se consideran inadecuados al dejar de cumplir sus funciones adecuadas, entendiendo la injerencia de los derechos ciudadanos, la rendición de cuentas y los mecanismos de control, para que sea nuevamente la Asamblea Nacional quien retome cumplimiento esta tarea.

En este punto es propio apuntar lo expresado por ^{Guanoluiza y Raza (2022)} sobre la evolución y estado del proceso participativo de planificación por ejemplo de los habitantes de una localidad en Ecuador en torno a la gestión de su territorio, confirmando que la participación en los procesos de planificación de dicho territorio determina en mejor medida la selección de proyectos pues se incluyen en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial el compromiso ciudadano y la priorización a la hora de ejecutar los planes y proyectos.

Desde la apreciación de ^{Suárez (2021)}, el marco normativo para la participación ciudadana en Ecuador se considera innovador, ya que permite una gobernabilidad en este país democrático y con ello el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Es así que ^{Marín (2022)} propone la identificación de estrategias para institucionalizar también la participación juvenil a la hora de generar políticas públicas en Ecuador que puedan estar relacionadas incluso con el ambiente desde el enfoque de gobernanza climática sobre el transporte alternativo sostenible, por ejemplo, en tanto, ^{Sánchez y Cedeño (2021)} consideran otros temas como el derecho de vivir en una vivienda digna desde el cumplimiento de planes de gobierno que involucren la implementación de polí ticas públicas sobre el desarrollo de la sociedad con el cuidado al medio ambiente en Ecuador.

De una u otra manera, o bien en atención a uno u otro tema común donde se involucra el ambiente y el bienestar de los ecuatorianos, los trabajos analizados permiten destacar que la participación ciudadana ha estado ligada en este país a múltiples causas de interés, lo cual da cuenta del involucramiento de la ciudadanía al respecto de los temas que les competen, no solo en su entorno directo, sino también en un contexto más amplio que involucra el porvenir de todos en el mundo.

CONCLUSIONES

Las aseveraciones interpuestas en los trabajos que formaron parte de la revisión sistemática en el contexto de Ecuador, permiten concluir que se trata de una nación dentro de la región latinoamericana cuya carta magna sin duda genera las bases legales requeridas para el desenvolvimiento de una ciudadanía plena en materia ambiental, considerando que la mayoría de los trabajos analizados acusa a una nación de poseer un enfoque de gobernanza como parte del ejercicio de los derechos democráticos de sus habitantes.

Subyace el hecho de que la participación ciudadana sí que se hace evidente en la formulación y evaluación de las políticas ambientales, o al menos en la intención de que estas ocurran y se cumplan, aunque en múltiples casos expuestos también se observan intentos por ejercer la voluntad popular ante algún problema del ambiente sin desenlace fructífero. Queda visto que dentro de los temas donde la ciudadanía pretende desplegarse se encuentra por ejemplo uno de orden global como lo es el cambio climático que no solo trastoca a la nación ecuatoriana sino también al resto del mundo, seguido de otros problemas más locales como la explotación minera y la organización territorial para el uso adecuado de tierras y recursos.

Dentro de las actuaciones de participación ciudadana en Ecuador, también se vislumbra el interés por los asuntos ambientales con la activación de mecanismos dispuestos en la norma constitucional, aunque vale concluir que los movimientos sociales no siempre logran institucionalizar sus demandas, tomando en cuenta las aún persistentes deficiencias por parte de las instituciones del Estado, de acuerdo con lo previsto en los trabajos de esta revisión sistemática. Si bien, la participación ciudadana influye en la mejoría del medio ambiente, el ejercicio pleno de este derecho constitucional requiere un mayor auge desde la apreciación de una cultura de participación y autogestión, lo cual hasta el momento se contempla con invisibilidad, aunque someramente palpable, según los avances de algunos movimientos sociales que han marcado pauta en el quehacer ambiental dentro de las localidades de Ecuador.

Todo esto viene a justificar como mayor conclusión del presente artículo que el despliegue de la participación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas ambientales de Ecuador se destaca, más allá de la simple elección de autoridades o representantes para tales fines, la consolidación de iniciativas dedicadas a problemas ambientales de impacto local, nacional y mundial, enmarcadas en un basamento constitucional y legal amplio sobre el devenir de los ciudadanos en la resolución de conflictos medioambientales, lo cual -sin embargo- sigue enfrentando como mayor dificultad su desarrollo cabal para el cumplimiento real de este derecho.