INTRODUCCIÓN

El manejo adecuado de los recursos públicos del país está en peligro debido al aumento de los casos de corrupción y fraude en las instituciones del Estado que se han presentado en Colombia en los últimos años. Esta problemática suele ser causada por la ausencia de departamentos de control interno, auditores externos y Contraloría General de la República sobre los procesos financieros, legales y de gestión en las empresas públicas, con énfasis en las medidas antifraude. De acuerdo con ^{Intosai (2016)}, el control interno siempre ha estado evolucionando dentro de los enfoques de sistemas que se tienen actualmente, por lo que las organizaciones asumen como base el sistema de control para la toma de decisiones y cumplir con los objetivos, estrategias y metas, así como la ejecución directa de los programas sociales basados en la población.

En consecuencia, es necesario replantear cómo se están realizando los controles de auditoría con el énfasis tradicional y cuál es el problema que se presenta para no poder identificar los casos de fraude y corrupción. La gestión de las finanzas públicas se debilita como consecuencia de esta circunstancia. Cuando las entidades intervienen, ocurre con frecuencia que las llamadas anónimas, las comunicaciones internas de las autoridades denunciando los problemas o los incidentes de fraude dan lugar a que los casos salgan a la luz pública.

La necesidad de control debe ser preventiva al interior de las entidades y debe ser aplicada por los entes de control del gobierno a través de la Contraloría General de la Nación. Esto debido a los casos de corrupción y fraude económico que se han presentado en la historia continua de los gobiernos, así como las nuevas tácticas utilizadas por los defraudadores en las entidades públicas. Por lo tanto, es necesario incorporar metodologías de detección, controles y profesionales especializados en auditoría forense en los departamentos de control interno de las entidades o actualizar un componente de la metodología del sistema de control interno que permita determinar estos riesgos de fraude.

Formar un equipo profesional en el departamento de control interno con profesionales interdisciplinarios especializados en auditoría forense es la posición que se debe tomar dentro de las entidades estatales para prevenir el riesgo de fraude; es decir, se deben implementar adecuadamente los controles contra el riesgo de fraude con un seguimiento de los controles mismos. Aunque la auditoría forense no se utiliza actualmente en muchos países, ha ganado importancia recientemente debido a su capacidad para identificar casos de fraude y detenerlos antes de que se agraven.

Además de elegir a sus representantes y de que los órganos de control vigilen sus actuaciones, los ciudadanos exigen cada vez más información sobre la rendición de cuentas de las instituciones públicas y los órganos de control gubernamental, especialmente a la luz de los casos de fraude que están surgiendo en este sector. El término "Estado abierto" es importante porque los gobiernos están dispuestos a permitir que los ciudadanos participen en los medios sociales y tengan control sobre la gestión pública. Autores como ^{Chaikin y Sharman (2009)}, Ríos et al. (2017) y ^{Guillamón et al. (2011)} han impulsado estudios centrados en la gestión de la función pública para determinar la transparencia administrativa. ^{Oszlak (2013)} también destaca la importancia de este fenómeno.

Según ^{Hudson y Flórez (2019)}, ^{Hofmann et al. (2019)}, ^{Mueller (2020}) y Ramírez (2022), el gobierno abierto tiene que ver con la participación ciudadana en la mejora de los servicios públicos y la rendición de cuentas, lo que conduce a mejoras en la salud, la educación, la seguridad y las posibilidades de empleo. Según ^{Cadena (2019}), ^{Chatwin et al. (2019)} y ^{Macías et al. (2020}), el eje de transparencia es un conjunto de instrumentos de gestión destinados a facilitar la disponibilidad de información pública y la apertura de los procedimientos gubernamentales. A medida que se eliminan los costes de la información y las personas tienen acceso a información que les permite crear un valioso conocimiento público que también influye en las acciones y decisiones del gobierno, la transparencia es un elemento crucial del gobierno abierto.

Por ello, el fraude financiero es siempre una posibilidad en todos los ámbitos, y todos los representantes de las instituciones del Estado deben trabajar para reducir este riesgo. Las entidades gubernamentales en Colombia se han visto envueltas en escándalos de corrupción, lo que ha obligado al Modelo Estandar de Control Interno (MECI) a realizar las actualizaciones de sus parámetros, en donde cada miembro de la entidad debe comprometerse a mantener los valores institucionales y a revelar cualquier información que pueda poner en riesgo el logro de los objetivos institucionales por fraude o error.

Como señalan ^{De la Torre (2018)} y Gottschalk (2018), los casos de fraude han hecho que las empresas de carácter públicas y las privadas se enfrenten a problemas con los controles implementados en los procedimientos administrativos; en ausencia de controles sólidos, es más sencillo que partes externas o funcionarios de la entidad realicen actividades corruptas. Con el fin de prevenir y detectar casos de fraude y corrupción que han minado la confianza en la gestión de diversas instituciones, la auditoría forense ha sido incorporada por diversos organismos de control en países de América del Sur como una herramienta que permite detectar actividades fraudulentas y salvaguardar los recursos públicos durante las auditorías de los ejercicios fiscales. Para investigar las motivaciones que subyacen a las acciones de los defraudadores, ^{Bermeo-Giraldo et al. (2021)} afirman que se debe tener en cuenta la ética de las autoridades públicas al realizar las investigaciones de fraude.

Dado que los auditores originales se limitaban a escuchar los informes contables de sus auditados, el término auditoría deriva su etimología del latín auditio, que significa "oír". La complejidad de las operaciones comerciales y empresariales propició el crecimiento de esta actividad, por lo que en las naciones anglosajonas se utilizó como término para designar el proceso de examen crítico de las cuentas financieras. De esta manera, según Tapia (2019), la auditoría se define como una revisión sistemática de una actividad o situación con el ánimo de valorar “si se cumplen las normas u objetivos que les son aplicables. Examen y validación de los estados financieros y de la situación financiera de una organización o empresa” (p., 96).

Durante la revolución industrial, la única responsabilidad del auditor era buscar fraudes porque no se manejaban grandes transacciones y las empresas eran pequeñas. Más tarde, a medida que las empresas crecían, se encomendó al auditor la tarea de confirmar la exactitud e integridad de los datos facilitados por los administradores a través de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Originalmente denominada auditoría de cuentas, la palabra auditoría se amplió con el tiempo para incluir todas las funciones de control y se utilizó por vez primera en América Latina en el siglo XX. En la Ley 43 de 1990, que regula la profesión de la contabilidad pública, es donde aparece por primera vez la auditoría como sistema de control. El artículo 7 de esta Ley enumera las normas de auditoría generalmente aceptadas, incluidas las relativas a las normas personales, las normas de ejecución del trabajo y las normas de elaboración de informes que están relacionadas con las habilidades y el juicio del profesional.

Sin embargo, en la auditoría financiera se hace referencia al Decreto 2649 de 1993, el cual establece las normas básicas de contabilidad y los estándares de contabilidad ampliamente aceptados en Colombia. Sirve de fundamento legal para los entes económicos a la hora de registrar sus operaciones y como norma para los auditores a la hora de verificar la veracidad de la información de las entidades u organizaciones. La Constitución de 1991 en Colombia también establece, en todos los niveles administrativos y respecto de todas las categorías de recursos públicos, la vigilancia y el control fiscal que debe ejercer la Contraloría General de la República sobre la gestión y administración fiscal a cargo de las personas o entidades que manejen fondos o bienes públicos (artículo 267).

Por consiguiente, el sector público utiliza la auditoría como un proceso para monitorear el uso y administración de los recursos públicos de acuerdo con los planes y programas establecidos en la entidad. Esto se realiza mediante la aplicación de diversos tipos de auditoría, como la operativa, administrativa, informática, de calidad, integral, financiera y forense, que es en la que nos centraremos en este trabajo. El sector privado considera la auditoría como una actividad independiente, objetiva, de garantía y consulta con el objetivo de añadir valor y mejorar las operaciones de una organización (Tapia, 2019).

Debido al lento aumento del fraude empresarial y financiero, el blanqueo de dinero, el soborno, la manipulación de los estados financieros y la remuneración exagerada de los ejecutivos, entre otras cuestiones, las organizaciones y entidades estatales están ahora sujetas a diversos riesgos que repercuten en el aspecto financiero y económico de la consecución y el desarrollo de los objetivos sociales. De ellos, el fraude es la lacra más preocupante; dado que siempre está evolucionando para eludir todas las formas de regulación, es imperativo prestar a su investigación una atención adicional. Dado que siempre está evolucionando para eludir todas las formas de regulación, es imperativo prestarle una mayor investigación.

Es así que el objetivo de la auditoría forense es determinar los hechos que rodean al fraude financiero y la corrupción derivados de comportamientos ilícitos y no legales. También pretende determinar con precisión el tipo de defraudador. Según Rozas (2009), esta auditoría es un proceso que debe implantarse en las organizaciones para salvaguardar los intereses y cumplir los objetivos de lucro de las entidades; es una rama de la auditoría que reúne pruebas para establecer la criminalidad y prestar asistencia a la administración de justicia.

^{Londoño y Saldarriaga (2011)} afirman que la aplicación de la auditoría forense permite reaccionar con prontitud frente al fraude y la corrupción, mientras que ^{Atagan y Kavak (2017)} describen la auditoría forense como un mecanismo de control que deben adoptar las organizaciones. Cuando se reciben denuncias de fraude en contra de un funcionario público y se cuenta con los elementos de juicio suficientes para realizar una auditoría adecuada y sancionar disciplinariamente los actos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, peculado y actuaciones impropias de la labor de la administración pública, la Contraloría General de la Nación aplica la auditoría forense a las entidades públicas.

Según Rodríguez (2004) en los registros de Glasgow (Escocia) de 1824 figuran profesionales que afirman prestar testimonio como peritos. Más tarde, en 1900, salieron a la luz contables forenses relacionados con el IRS (Instituto de Auditores Internos), la organización encargada actualmente de auditar todos los asuntos fiscales en Estados Unidos. Desmantelar la infame red de contrabando de Al Capone fue uno de sus mayores éxitos. Sin embargo, ^{Díaz y Pérez (2015)} realizaron una importante contribución conceptual que aclara el impacto de la auditoría forense en cuestiones específicas. Señalan que el objetivo principal de la auditoría forense es prevenir o detectar el fraude en los estados financieros, que un informe u opinión de auditoría siempre debe poder ser respaldado ante un tribunal, y que la eficacia de la auditoría forense se ha ampliado recientemente debido a los avances en la tecnología y los procedimientos.

A nivel mundial, se reconoce que el fraude financiero en las instituciones es un fenómeno que se ajusta rápidamente a los diferentes controles implementados para reducirlo. Esto se debe a que fluctúa a la par de las tendencias económicas y el impulso de las empresas por obtener los conocimientos y habilidades necesarias para identificar con prontitud todas las formas de fraude (^{Álvarez y Ortiz, 2019}). La actualidad de la apropiación indebida fraudulenta de recursos representa actualmente un peligro para las empresas de todo el mundo. Según autores como Velandia y Escobar (2019) afirman que el fraude aumenta la posibilidad de que una empresa se declare en quiebra, lo que tiene un efecto significativo en las economías. Para autores como ^{Abdullahi y Mansor (2018)}, el blanqueo de capitales, el soborno, el fraude en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el fraude en la quiebra son los delitos que se registran con mayor frecuencia.

Las empresas han optado por utilizar procedimientos forenses para combatir el delito de fraude, que incluyen examinar los datos financieros para descartar cualquier actividad ilícita (^{Malamed, 2020}). Las auditorías forenses ayudan a identificar el fraude y la corrupción en las empresas. La identificación de los avances conceptuales y metodológicos en el campo de la auditoría forense para la prevención del fraude contable es el primer paso para desarrollar una revisión bibliográfica que caracterice el enfoque de la auditoría forense en la investigación del fraude, a pesar del impacto (Velandia y Escobar, 2019).

Tras contratar a un empleado, es fundamental contar con procesos de implantación adecuados, ya que la gestión de los recursos humanos de la organización es uno de los componentes esenciales de un entorno de control apropiado. El principal deber del departamento de talento es asegurarse de que todos los implicados en la unidad sean adecuados. Esto se debe a que disponer de procesos, procedimientos y actividades clave suficientemente claros es esencial para comprender las áreas y puntos en los que la organización puede estar expuesta a un mayor riesgo, y el empleado explica las actividades a las que debe prestar atención en el desempeño de sus funciones.

Según ^{Cárdenas et al. (2021}), la exigencia de examinar críticamente el fraude en las organizaciones da origen al campo de la auditoría forense. Cuando un proceso es vital, también debe realizarse un examen exhaustivo de los elementos que lo componen. Además, ^{Cárdenas et al. (2021)} afirman que puede aplicarse a casos familiares, fiscales y penales. ^{Cano y Lugo (2005)} afirman que la auditoría forense es una de las muchas especialidades de auditoría que se centra en la identificación y denuncia de acciones fraudulentas e ilegales en el establecimiento de entidades públicas o privadas. La corrupción y el fraude están presentes en todo el mundo. Dado que los autores de fraudes y delitos suelen dejar menos pruebas de sus actos para evitar ser descubiertos, se considera que la auditoría forense es una práctica de nuevas técnicas y procesos que deben ajustarse a la realidad actual.

Ramírez y Reina (2013), por su parte, describen la auditoría forense como una herramienta que encuentra evidencias e indicios para generar conclusiones de fraude o actos de corrupción de cualquier entidad, ya sea pública o privada, a partir de una revisión exhaustiva de la contabilidad. El concepto de auditoría forense tiene muchas connotaciones que provienen de sus orígenes como herramienta.

Los procedimientos desarrollados para la contabilidad forense y la auditoría forense pretenden soportar las denuncias de fraude a través de los hallazgos encontrados en la misma contabilidad en sentido amplio y en los documentos administrativos que se relacionan directamente con el normal desenvolvimiento de la entidad. Lo anterior, porque se parte de la certeza de que, en un Estado Social de Derecho, como lo es Colombia, el derecho fundamental al debido proceso debe permear todas las actuaciones.

En este sentido, es importante tener en cuenta a ^{Cano et al. (2008)}, quienes afirman que la auditoría forense es de suma importancia en la lucha contra la corrupción, ya que otorgan una gran oportunidad de poder emitir un dictamen de auditoría la cual dé una relación bien detallada de los hechos y las pruebas para que sean útiles, conducentes y pertinentes, que puedan probar la existencia de una conducta punibles o de responsabilidad fiscal o disciplinaria para facilitar el acceso a la administración de justicia y permitir a los diferentes entes de control contar con más herramientas para realizar los procesos respectivos, ya sea de orden disciplinario, fiscal o penal; por ello se puede afirmar que la auditoría forense se considera el mecanismo primordial en donde se generan los procedimientos que dan cuenta de hechos que se han evidenciados en la contabilidad o en las actuaciones de carácter administrativos para dar cuenta de situaciones que no están de acuerdo con los principios de la entidad y la teología de Colombia como lo expresa la Constitución como un estado social de derecho.

En consecuencia, es claro que la impunidad de estos hechos crea un caldo de cultivo que envía un mensaje negativo a la sociedad. En el contexto colombiano, los escándalos de corrupción se han presentado en todas las entidades estatales de cualquier orden desde la fundación del Estado. La Contraloría General de la República, por ejemplo, sólo encuentra algunos actos de corrupción y sus investigaciones carecen de la eficiencia y celeridad necesarias. La inversión extranjera en entidades o empresas colombianas ha sufrido un importante retroceso debido a los numerosos actos de corrupción. El control interno de cada entidad es un tema crucial asociado al concepto de auditoría forense. Esto se debe a que los mecanismos de control interno sirven como controles preventivos o continuos que no sólo evitan el fraude y la corrupción, sino que también permiten la recolección de evidencias. El modelo estándar de control interno, o Decreto 1599 de 2005, formalizó el modelo de control interno. El Decreto 943 de 2014, expedido nueve años después, modificó este decreto racionalizando los recursos con que cuentan las direcciones centrales de la entidad para la implementación del modelo de control de la gestión pública.

El control interno de cada entidad es un tema crucial asociado al concepto de auditoría forense. Esto se debe a que los mecanismos de control interno sirven como controles preventivos o continuos que no sólo evitan el fraude y la corrupción, sino que también permiten la recolección de evidencias. El modelo estándar de control interno, o Decreto 1599 de 2005 en Colombia formalizó el modelo, en tanto el Decreto 943 de 2014 expedido nueve años después modificó el anterior racionalizando los recursos con que cuentan las direcciones centrales de la entidad para la implementación del modelo de control de la gestión pública.

Según este último decreto, el control interno en el sector público se divide en dos módulos: el de planificación y control de gestión, que incluye la gestión de riesgos, la gestión estratégica y la oficina de talento humano, y se encarga de auditar la capacidad de los empleados públicos para identificar conductas indebidas e implementar medidas correctivas. Es así que a través de este mecanismo se establece la autoevaluación, auditoría interna y planes de mejora, con lo cual es posible abordar lo relativo al tema planteado.

METODOLOGÍA

El desarrollo del presente artículo se enmarca en una revisión teórica basada en el análisis documental, utilizando una estrategia metodológica descriptiva. El estado de la cuestión se construyó a partir de los datos procedentes de investigaciones académicas, revisiones de la literatura científica e investigaciones, bajo una mirada cualitativa de análisis-síntesis que brindó la oportunidad de ordenar los fundamentos teóricos sobre la temática en cuestión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El problema de la corrupción se está agravando. Una de las mayores preocupaciones a las que se enfrentan las organizaciones hoy en día es la delincuencia económica, que es un reflejo de algunos miembros de la sociedad que quieren ascender rápidamente a una posición de poder económico a expensas de los principios morales y éticos. Recientemente han salido a la luz varios actos de corrupción que han provocado pérdidas y malversaciones en organizaciones, sobre todo públicas (Rozas, 2009).

Todos los días se leen en las noticias sobre alguien que roba dinero de una empresa o un banco, políticos que aceptan sobornos a cambio de favores, alguien que vende productos ilícitos, etc. Según Mantilla (2004), la "delincuencia de cuello blanco" hace referencia a los actos de corrupción cometidos por la alta dirección. El objetivo de este tipo de delito es combatir el fraude y la corrupción reuniendo las pruebas necesarias para perseguir los delitos, tanto en el sector público como en el privado, a través de investigaciones que resulten en dictámenes técnicos que den mayor certeza a la justicia.

Según Ordoñez, et al., (2020) el objetivo de la auditoría forense es identificar y rectificar el fraude en los estados financieros. Su uso principal es en el sector público, donde posee todas las competencias necesarias para combatir la corrupción. En términos contables, es la ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, jurídica, administrativa y fiscal para que sea aceptada por un tribunal o un juez contra los autores de un delito económico; así, se convierte en una fuente de pruebas plena para que los delitos económicos no queden impunes Es una auditoría especializada en descubrir, revelar y testificar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas (Cano y ^{Castro, 2002}).

La auditoría forense es considerada como "una herramienta de gran ayuda para detectar y perseguir fraudes y delitos económicos, financieros, contables y legales dentro de las empresas" por ^{Arbeláez, Correa y Silva (2013}, p. 227). Su importancia en la aplicación a través de los muchos sectores económicos se deriva de la definición de ^{Cano y Lugo (2010)} como una auditoría especializada para encontrar, revelar y testificar fraudes y delitos en el crecimiento de las funciones públicas y privadas.

Según Ocampo et al. (2010), implica análisis, cuantificación de pérdidas, investigaciones, recopilación de pruebas, mediación, arbitraje y peritaje. Según ^{Badillo (2003)}, las conclusiones del auditor forense suelen presentarse al sistema judicial, que se encarga de evaluar, determinar la culpabilidad de los delitos perpetrados e imponer castigos. Para Bareño (2009), la contabilidad es un aspecto complementario de la auditoría forense porque ofrece pruebas. Esta evidencia incluye toda la información financiera y no financiera documentada que la contabilidad utiliza y proporciona y que puede ser utilizada en la búsqueda de disputas legales e investigaciones de fraude, entre otras cosas.

Dado que los procedimientos seguidos para la revisión y valoración de los documentos probatorios deben ceñirse al marco normativo para el desarrollo de la auditoría, el método mediante el cual se obtiene esta información determina si la parte forense se clasifica como contabilidad o auditoría (Ramírez y Piedrahita, 2012). Para determinar si existe fraude, la auditoría forense lleva a cabo una investigación exhaustiva que incluye, entre otras cosas, averiguar cuánto fraude se ha producido, sus efectos directos e indirectos, la posible tipificación y los posibles sospechosos, cómplices y encubridores (Fontán, 2009).

Cuando se trata de investigar el fraude contable, se considera que la auditoría forense tiene mucho más éxito que la revisión de los estados financieros (Estupiñán, 2006). El fraude contable pretende engañar al gobierno, a los accionistas y a los acreedores ocultando activos, pasivos, ingresos o inflando costes en los estados financieros. También pretende pagar menos impuestos, repartir menos dividendos y crear menos reservas para salvaguardar deudas y activos a favor de los acreedores (Bermúdez, 2000). Los contables han sido históricamente los expertos con los que se ha contado para localizar pruebas de fraude (Singleton, Bologna y Lindquist, 2006).

CONCLUSIONES

En suma, la auditoría forense es una técnica útil en la identificación del fraude, en consonancia con el objetivo principal de la investigación. Su objetivo es encontrar y producir pruebas que las autoridades judiciales aceptarían sobre delitos ilegales relacionados con información financiera o contable (pública y privada), jurídicos, administrativos, fiscales, informáticos y otras características comparables. Es un sustituto de la lucha contra la corrupción, ya que permite a los especialistas ofrecer a los jueces concepciones y juicios técnicamente sólidos, lo que permite al tribunal tomar decisiones más definitivas.

Su utilización tanto en las organizaciones públicas como privadas ha permitido detectar el fraude porque se enfrenta frontalmente a la corrupción y permite identificar las acciones inmorales de los funcionarios que atentan contra los intereses de la comunidad. Lamentablemente, la corrupción se ha extendido a los más altos niveles de autoridad, especialmente en el ámbito público, ya que viene en aumento y se contempla como un problema mundial, por lo cual los dirigentes de organizaciones e instituciones deben trabajar para combatir eficazmente la corrupción y, lo que es más importante, para poner fin a actos de esta naturaleza.

Las opiniones vertidas en los informes sirven como herramientas de apoyo a las acciones que deben emprender los operadores de justicia para identificar a los responsables de actos indebidos o ilícitos, con la convicción de que se impondrán las sanciones que correspondan. La posición del auditor es incuestionablemente crucial en este tipo de trabajo por su capacidad para reconocer descubrimientos fraudulentos y determinar sus condiciones, criterios, causas y efectos mediante una actuación profesional basada en la ética. Por supuesto, con la documentación que acredite sus apreciaciones de valor.

Para combatir eficazmente los actos ilegales de funcionarios y empleados deshonestos, los gobiernos han establecido los mecanismos necesarios para luchar contra la corrupción. Se han establecido organismos de control tanto en el sector público como en el privado, y se han creado leyes, reglamentos y políticas. Con el impulso que han adquirido en la aplicación de estos controles en áreas de riesgo, cada institución u organización ha ajustado sus reglamentos internos para cumplir las normas nacionales e internacionales. De este modo, el auditor dispone de los instrumentos necesarios para llevar a cabo sus funciones de forma completa, aplicar evaluaciones que exigen una mayor investigación y detección del fraude.

El dictamen pericial viene a ser un tipo de prueba en un caso que se contiene en el sistema probatorio. Aunque el informe de éste pueda ser una prueba crucial en la resolución de un litigio debe basarse siempre en conocimientos objetivos y no en juicios u opiniones personales, además de proporcionar un análisis contable que será aceptado por los tribunales, la contabilidad forense como medio de prueba nos permite recopilar y presentar información contable, financiera, jurídica, administrativa y fiscal. Los informes deben incluir los antecedentes del caso, una descripción de los procedimientos seguidos, una descripción del alcance del trabajo, una descripción de las limitaciones que hayan podido surgir y un análisis y explicación de las pruebas.

Debido a las numerosas actividades ilícitas que se han llevado a cabo, especialmente en la administración de los recursos públicos, el fraude se ha convertido en un tipo de corrupción muy conocido en los tiempos modernos. Para reforzar el entorno de control y permitir una evaluación precisa de los riesgos mediante actividades de control y supervisión, es imperativo reforzar y evaluar los sistemas de control interno de las instituciones. Esto significa abogar por la promulgación de leyes, normas, reglamentos y políticas que conformen el marco normativo necesario para que la Auditoría Forense funcione eficazmente.

Hay que destacar la importancia del papel del auditor en la detección del fraude. En el deber del auditor de analizar y evaluar de forma objetiva e independiente los informes financieros para obtener la confianza de que los datos que presentan son verdaderos, justos y exactos influyen la integridad, la objetividad, la disciplina y la competencia profesional.

Se cree que el fraude cuesta cada día a las empresas y a los organismos públicos una parte significativa de sus ingresos. Cada día se desarrollan nuevos esquemas y métodos de engaño a la par que se producen cambios en las normas y costumbres de la sociedad. Por ello, los gobiernos de todo el mundo han creado organismos de supervisión y desarrollado normativas destinadas a prevenir la corrupción que afecta no sólo a los administradores o directivos de una empresa u organización, sino también a sus accionistas, socios, trabajadores y público en general.