INTRODUCCIÓN

La corrupción es un problema global, que incide en el campo de las prestaciones que nacen de las contrataciones y perjudican los recursos públicos, por la débil operancia de las adquisiciones (^{Salazar y Angles, 2018}). Toda desviación es motivada por intereses individuales que afectan los recursos destinados para fines colectivos. Impulsar el crecimiento económico, es una acción imperativa de diversos países, con el solo propósito de alcanzar niveles de bienestar adecuados para los ciudadanos (^{Matousek y Tzeremes, 2021}). Existen factores que limitan este fin, dentro de los cuales tenemos la corrupción, y la desigualdad que repercute en la educación, la corruptela elude regulaciones ineficientes, utiliza el soborno a servidores del estado, esta situación disminuye todo crecimiento de un estado, debido a que cierra las puertas a la eficiencia y las innovaciones (^{Gründler y Potrafke, 2019}). La educación es trascendental por que garantiza la formación idónea del capital humano hacia una efectiva productividad laboral (^{Zavala Benites, 2023}). Según, ^{Peters (2018)} es el abuso del poder encomendado para beneficio particular, en el nivel de la administración y los servicios públicos bajo una (“corrupción menor”) o de alto nivel (“gran corrupción”)

En este sentido, las prestaciones de las contrataciones generan diversas relaciones entre los representantes Estado y particulares bajo técnicas que permiten la influencia de la corrupción, como fenómeno social que afecta la gestión de un estamento estatal administrativo (^{Huamán Ordóñez, 2023}). Un acto deshonesto es la solicitud o aceptación de un ofrecimiento directo o indirecto a un servidor del estado que ejerce una actividad donde acepta favores o ventaja a cambio de omitir cierto procedimiento (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Para hacer frente a situaciones deshonestas por la corrupción, es necesario plantear enfoques para maximizar las compras públicas.

Por ello, la corrupción es considerada un mal crónico a lo largo de la historia del Perú; por lo que es un caso típico de un país nefastamente perjudicado por la corrupción, por el uso indebido del poder político a través de funcionarios coludidos con intereses privados, que desvían recursos públicos para lograr ventajas económicas o políticas los cuales frenan el desarrollo social (^{Quiroz, 2019}); de igual forma, conllevan a delitos graves que cometen los funcionarios públicos encargados de gestionar el presupuesto destinado a la inversión social y proyectos en educación (^{Hennings, 2019}). La corrupción es una amenaza para el crecimiento y desarrollo de los países, que trunca los avances de los procesos educativos, convirtiéndose en uno de los mayores obstáculos que se deben eliminar (^{Montuschi, 2020}).

Las contrataciones públicas representan parte importante del gasto de los países, considerando que estos instrumentos son de gran relevancia para alcanzar los intereses colectivos, pero muy vulnerables a los actos de corrupción que causan daño al desarrollo económico (^{Silva y Alves, 2022}); en ese sentido, urge que las entidades apliquen un control propio o control interno en sus procesos estratégicos, incidiendo en los de la contratación donde ejecutan montos significativos del presupuesto nacional (^{Valdivia-Sánchez, 2021}); la aplicación del control interno es responsabilidad de toda entidad, y representa la primera línea defensiva de lucha ante la anticorrupción (^{Contraloría General de la República, 2023}).

METODOLOGÍA

Se aplicó un enfoque cualitativo en el estudio específico del problema desde la perspectiva del campo del Derecho, siguiendo el modelo PRISMA 2020 para garantizar la transparencia y la rigurosidad en la revisión sistemática (^{Mendizábal, 2023}). La técnica de recolección de datos se basó en la revisión y análisis de fuentes bibliográficas seleccionadas principalmente de publicaciones científicas de revistas indexadas en reconocidas bases de datos y repositorios, como Scopus, Scielo, Redalyc, Latindex y Dialnet.

Los criterios de inclusión se definieron de acuerdo con el Tesauro de Unesco, abarcando artículos en idiomas inglés, español y portugués, de nivel universitario, y de enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Se excluyeron aquellos artículos en otros idiomas, que trataran sobre temas distintos al abordado en el estudio, o con una antigüedad superior a siete (7) años. Estos criterios permitieron asegurar la relevancia y actualidad de la literatura revisada.

Se seleccionaron 163 artículos pertinentes que cumplen con los criterios de inclusión establecidos. Posteriormente, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de estos artículos con el objetivo de extraer información relevante. Estos artículos fueron sometidos a un proceso detallado de revisión, análisis e interpretación, cuyos resultados se presentan en la tabla 1 que acompaña a este estudio. Esta metodología estructurada, respaldada por criterios de inclusión y exclusión claramente definidos, fortalece la validez y coherencia de los hallazgos obtenidos, consolidando la calidad del análisis realizado en esta investigación.

Figura 1 Flujograma del proceso de selección de artículos según el método PRISMA. 

Del proceso de inclusión tenemos 22 artículos que sustentan el presente estudio. Cada uno de estos artículos contribuye con investigaciones previas, datos relevantes, análisis críticos y posiblemente recomendaciones prácticas que se suman a la discusión actual. Al integrar esta amplia gama de fuentes, se logra una visión más completa y fundamentada sobre el proceso de inclusión, permitiendo abordar diferentes aspectos, identificar tendencias, contrastar resultados y evaluar la consistencia de las conclusiones.

RESULTADOS

En el año 2022 se destinó el 3,8% de recursos que provienen del Producto Bruto Interno (PBI) para gasto público en educación en países de América Latina, donde se necesitó una pronta respuesta, dado que decreció en vez de verse un incremento en el presupuesto para este sector tan necesitado de una pronta solución a sus problemas (^{Banco Mundial, 2023}). Siendo el gasto un insumo crítico en el sistema educativo, además que es el compromiso de cada país que tiene con la educación y la implicancia que este tiene para que alcancen la equidad, por ello, figuran indicadores sobre desembolsos públicos para la educación, del PBI del 4% al 6%, mientras que, oscila entre 15% y 20% del presupuesto público nacional; debiendo así vigilarse la eficiencia del gasto en educación, como también los recursos que se movilizan, permitiendo monitorear en cada país lo que se invierte en educación. (^{UNESCO, 2024}).

En Latinoamérica se ha detectado una realidad de impacto negativo en cuanto al derecho a la educación, a pesar de haberse tomado medidas para evitar una violación a la legalidad consagrada en la Constitución (^{Arenas y Hernández, 2021}). Igualmente, existen brechas de género, porque aún existen diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres respecto a la oportunidad (^{Mancilla et al., 2019}), es decir, son las mujeres las que tienen limitado el acceso a una educación alto nivel y menos recursos para asegurar y garantizar su bienestar y desarrollo profesional.

En el Perú, el Ministerio de Educación es el responsable de promover las estrategias que permitan acceder a una educación relevante como política que responda a la problemática de las brechas que existen en nuestro sistema (^{Defensoría del Pueblo, 2022}). El desarrollo de competencias es vital para encaminarnos hacia el progreso mediante el fortalecimiento de la educación en todos los niveles. Aunque nuestro país ha comenzado a mejorar sus resultados según datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), aún existen diferencias significativas en comparación con otros países del mundo. Entonces el mercado laboral requiere “empleabilidad” y la sociedad busca “buenos empleos”, por eso es necesario promover un ecosistema de competencias que establezca mecanismos para su certificación y desarrolle habilidades a través de escuelas, universidades e institutos técnicos, con una acreditación adecuada. Es crucial definir mecanismos que aseguren el acceso a oportunidades para el desarrollo profesional y la actualización de competencias técnicas, fomentando una cultura de evaluación bajo un enfoque orientado a los resultados en el sector (^{Cruz et al., 2024}).

Sin embargo, el Estado pierde porque se desvían los recursos hacia la corrupción para fines particulares (^{Tablante y Morales, 2018}); por lo que el 50% se pierde por acciones deshonestas de los gobiernos regionales y municipales, mientras que el 44% es a nivel nacional (^{Contraloría General de la República, 2023}), máxime si se tiene en cuenta que la corrupción durante el 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24 268 millones (^{Contraloría General de la República, 2024}).

Para graficar esta realidad, bastaría solo mencionar algunos casos emblemáticos de corrupción (Lava jato, club de la construcción, Odebrecht), entre otros, tal como la obra de infraestructura educativa de la Institución Educativa Emblemática 20066 Simón Bolívar de Oyón (^{Defensoría del Pueblo, 2022}). Asimismo, existen 367 (15.8%) obras paralizadas del sector educación, valorizadas en S/1’932,822,678; del total de 2324 (100%) a nivel nacional, cuyo monto total asciende a S/ 33’167,158,078 (^{Contraloría General de la República, 2024}). Estos hechos se han convertido en un obstáculo, puesto que para el sector educación el gobierno peruano todavía no ha logrado establecer una política firme, estable y eficaz que promueva el desarrollo y la formación para todos sus ciudadanos, a pesar de haber implementado diversas reformas en el sistema educativo (^{Acuña et al., 2021}).

Por otro lado, el mayor problema que tienen las contrataciones del Estado ocurre generalmente desde la primera etapa del proceso, donde se inician los actos preparatorios, hasta el término de la ejecución del contrato. Pero, se necesita comprender, además todo el ciclo, porque los problemas suceden cuando se realiza el trámite para el pago y algunos proveedores se retrasan en la ejecución iniciándose el riesgo de la corrupción (^{Ascencios et al., 2022})

Si bien es cierto, que el Estado cumple diversas actividades que no puede encargar a terceros, mientras la sociedad demanda cada vez más y mejores servicios, en respuesta a mayores expectativas, con eficacia, eficiencia y transparencia. Los gobiernos de turno deben atender las exigencias de la ciudadanía por ello requieren adoptar medidas que logren mantener su confianza. Sin embargo, existe una especial situación preocupante como son los casos de corrupción que incrementa la desconfianza de los ciudadanos en las entidades del Estado. Por lo tanto, mejorar la capacidad del Estado, cerrar las brechas y alcanzar las expectativas de la sociedad es un gran desafío de la política pública moderna, por cuanto estas tareas urgen para enfrentar los obstáculos y dificultades que impiden que se avance en el desarrollo. Es así como, por lo general se involucra un 29% del gasto público y 12% del PBI para la gestión pública que es vulnerable a la corrupción (^{Inostroza y Centa, 2020}).

La situación más palpable de falencias y realidades problemáticas se vislumbraron en la pandemia, fue entonces que también creció la oportunidad para la corrupción, en razón de que se gestionaron contrataciones por decretos de emergencia, pensando en la atención oportuna y el bienestar de la ciudadanía; no obstante, en esta etapa diversas contrataciones se vieron envueltas en actos de corrupción por los funcionarios y servidores públicos, lo que se ha configurado en delitos de colusión y negociación incompatible. Esta problemática es tal que incluso la Contraloría General de la República como encargada de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos ha tenido que intervenir para informar al Ministerio Público de estas inconductas funcionales (^{Torres, 2020}). Las medidas de emergencia que el Estado implementó fue lo que aceleró, facilitó y agilizó las contrataciones, pero también ha servido para que se origine el incremento significativo de casos de envilecimiento, lo que no solo ocurre en un nivel, sino en diversos niveles públicos, produciendo actos poco transparentes (^{Hinojosa y Acostupa, 2023}).

Las situaciones deshonestas afectan la democracia y la economía, porque es una asociación negativa entre el nivel de corrupción y los bienes jurídicos que afectan, el acceso al derecho a la educación; los hechos de corrupción que realizan algunos funcionarios públicos tiene un impacto que devasta el desarrollo tanto en lo político, social, económico y acentúa las desigualdades, en especial en la educación; el Estado desvía los recursos que están destinados para mejorar las condiciones adecuadas de la vida de los educandos y garantizarles un pleno ejercicio de sus derechos a la educación (^{Castro, 2020}). Los problemas que tienen relación con las contrataciones del Estado han tenido mayor relevancia últimamente debido a las denuncias de corrupción relacionadas con los contratos públicos que ocurren durante estos procesos, por haberse sobrevalorado los proyectos y por ende afectando negativamente a los diferentes sectores del país, especialmente a la educación, lo que genera que se dejen de lado las inversiones destinadas a la población más vulnerables e indigente (^{Cusato, 2022}).

A fin de afianzar la lucha contra la corrupción, se necesita realizar una investigación exhaustiva de la política pública con la finalidad de desterrar actos de envilecen al estado, de ahí que se hace necesario que se ataquen las acciones donde se originan, trazando estrategias objetivas y efectivas para enfrentarla, es decir que no debe quedar en discurso las propuestas de lucha, se requiere que se materialicen las sanciones que deben ser disuasivas para aquellos que piensan o estan tentados de cometer este tipo de delitos (^{Levano et al., 2021}).

Con el fin de combatir de forma efectiva a la corrupción, los gobiernos deben implementar políticas efectivas, debiendo incluir la participación de los ciudadanos como un elemento relevante para que funcione la democracia como un mecanismo que relaciona a las personas con el rumbo y desarrollo de la sociedad y el gobierno. La opinion de los ciudadanos es importante para coordinar el sistema anticorrupción; es decir, es una oportunidad para que se les incorpore en un esquema deliberado que busca impulsar la reforma de las instituciones del Estado incidiendo en modificar los actos de corrupción en que incurren los funcionarios públicos (^{Camacho, 2020}).

Otro efecto intermedio de la corrupción es la paralización de obras públicas debido a deficiencias técnicas e incumplimiento contractual, lo cual finalmente impacta en diversos sectores, siendo entre los sectores más afectados, agricultura con 22% y educación con 20%, advirtiéndose que el 51% de las obras paralizadas han sido por actos de corrupción política a través de algunos malos funcionarios del Estado (^{Marin et al., 2020}).

En tal sentido, la corrupción como fenómeno negativo trae consecuencias desastrozas no sólo para el sector educación, sino para el bienestar, la economía social y política de la sociedad. Las contrataciones públicas son vulnerables debido a su elevado valor económico de las transacciones; por ello, el papel de la tecnología pueden ser una herramientas para luchar contra la corrupción, advirtiéndose que es necesario disponer de un ecosistema de datos anticorrupción (^{Herrera et al., 2023})

El fenómeno de la corrupción conlleva a una devastadora consecuencia para el sector público, porque acaba con la credibilidad y obstruye que se cumpla con el fin que se persigue a través de los órganos institucionales, a su vez esto impide el acceso equitativo a los bienes - servicios, que afecta entre otros a la educación e importantes derechos de los peruanos que están en situación de indigencia extrema, y los que están en algún tipo de vulnerabilidad. Es por este motivo, que se han creado diferentes instrumentos internacionales para hacerle frente a la corrupción, ya que este fenómeno incide de forma negativa en muchos países. Considerando su alcance y la gravedad de sus efectos es que se afirma que puede acabar con Inclusive este fenómeno es tan grave que se considera que la corrupción acaba con la democracia, en razón de que no se respetan los derechos de la persona, erosionando la confianza pública en el gobierno (^{Madrid y Palomino, 2020}).

Como se evidencia, el Perú tiene como flagelo a la corrupción que por lo general se asienta en el sector educación con mayor repercusión en relación con otros sectores, convirtiéndolo en una gran dificultad que ocasiona el retraso y postergación de la calidad educativa, manifestándose la procrastinación como un ente negativo para el cumplimiento de responsabilidades donde las actividades se van posponiendo en el tiempo, no cabe duda que empuja a los ciudadanos a refugiarse en tareas que no están enfocadas en sus metas. Por ello, los ciudadanos ya no se conforman con lo que ocurre en la realidad del país, porque este experimenta un crecimiento exponencial de la corrupción como un mal social crónico, sobre todo en la educación. Ante ello, es necesario que se mejore la ética gubernamental y transparencia y se potencien los esfuerzos del país para mejorar su gobernabilidad, lo que conllevaría a mejorar de forma eficiente la ética y transparencia del gobierno con disponibilidad y acceso a la información del Estado (^{Chamorro y Chamorro, 2021})

DISCUSIÓN

Analizando y examinando los estudios hallados con relación al tema de investigación, los mismos que se han apoyado en la investigación de ^{Quiroz (2019)}, quien señaló que el Perú es un caso típico de país nefastamente perjudicado por la corrupción, así como en la contribución de ^{Hennings (2019)}, quien indicó que, en lo referente a la corrupción que esta se centra en la ilegalidad que se vale de prácticas deshonestas y colusión de las altas autoridades del gobierno, los que logran acaparar y sobrevalorar las obras públicas licitadas por el Estado, lo que conlleva a encarecer el proyecto público el cual afecta a diversos sectores, y sobre todo al de educación.

Es así que, la corrupción en las contrataciones del Estado a través de acciones tangibles como sobrevaluaciones o mermas de calidad, como también las intangibles por la desconfianza en las instituciones del estado que participan en los procesos de contrataciones y que desde luego, desmotivan a la población en general, porque las obras por sus elevados costos en el mejor de los casos se construyen con grandes pérdidas para el Estado y en otros casos, quedan paralizadas con demoras de años por arbitrajes o judicialización, con la consecuente postergación o privación a los ciudadanos del derecho fundamental de acceso a una educación de calidad; impacta negativamente a través de grandes pérdidas del presupuesto nacional y la vulneración de diversos bienes jurídicos, siendo uno de los más significativos el derecho de acceso a la educación, porque su vulneración replica y multiplica los impactos a corto, mediano y largo plazo, al frenar el desarrollo de las personas y del país.

Así como también, el aporte de ^{Montuschi (2020)}, coincidente con diversos estudiosos del tema, quienes sostienen que la atención del problema de la corrupción en la educación es urgente y prioritaria, porque apremia el requerimiento del comportamiento ético, dado que la educación es un derecho humano fundamental que permite impulsar un proceso de desarrollo en diversos aspectos y sirve para asegurar un futuro sostenible para que se pueda vivir con dignidad y de esta forma contribuir al desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, el problema de la corrupción considerado como un abuso de poder, consiste en orientar el fin del poder hacia el logro de un sendero de crecimiento justo y sostenible. De este modo, la corrupción en la educación cuyo fenómeno no es reciente pero que ha alcanzado niveles muy amplios; por ello, no se puede ignorar los grandes impactos en el futuro, considerando el principal objetivo de la educación para reducir la pobreza y luchar contra la corrupción.

En consecuencia, los resultados de los diversos estudios indican que la corrupción en las contrataciones representa para el país un costo importante, porque el presupuesto de inversión para el sector educación es casi un 20% del presupuesto público nacional; sin embargo, es claro que los hechos deshonestos truncan todas las posibilidades de inversión y le quita el acceso al derecho de la educación de todos los peruanos, sobre todo de aquellos más vulnerables que solo pueden acceder a las instituciones educativas estatales, que como es conocido muchas veces es caótico y afectado por la corrupción; por lo que muchos consideran que ello se debe al sistema y por eso plantean un cambio de modelo económico a través de la reforma de la constitución y del Estado, a fin de incorporar estrategias y maximizar las sanciones para disuadir y/o prevenir la corrupción, y brindar mayor protección a los bienes jurídicos inherentes, y en tales reflexiones se puede comprender los emblemáticos casos de actualidad, como el contrato sobre los peajes de las rutas de Lima que está siendo judicializado, así como el impacto de la corrupción en el crecimiento de la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana, eventos que conllevan a que la población añore importar modelos que vienen dando resultados exitosos en otros países, sin ir muy lejos aluden al caso de El Salvador, donde inclusive recientemente el presidente Bukele ha sido elegido por segunda vez para continuar limpiando el país de la delincuencia y los actos administrativos de corrupción.

Los avances en el control constitucional de tratados y constitucionalización de protección de derechos humanos en diferentes jurisdicciones se apoyan para luchar contra la corrupción. Es así que es importante que se enfrente a la corrupción con medidas efectivas a nivel internacional, considerando que viola o incumple diferentes regímenes internacionales, para lo cual debe concretarse y fortalecerse la aproximación y observación adelantada de diferentes organizaciones internacionales que establezcan vínculos entre la corrupción y los derechos humanos (^{Abello y Arévalo, 2022}).

La corrupción o abuso de poder para lograr un beneficio particular, debe ser identificado en todos los servicios que brinda el Estado. El contexto y factores que originan la corrupción son diversos y permiten el desplazamiento de grandes recursos públicos, que limitan el cumplimiento de su función y lo convierte en una gran barrera para el desarrollo, afectando los derechos humanos de los ciudadanos tal como el acceso a la educación (^{Campbell y Rendón, 2020})

Como se ha esbozado, diversos investigadores de la corrupción afirman que este fenómeno sirve como instrumento para alcanzar ventajas ilegítimas, haciendo mal uso de su poder público para que se obtenga un beneficio indebido, que vulnera principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Entonces, la corrupción que ocurre en todos los niveles de la gestión educativa, a través de la provisión de bienes y servicios, impacta negativamente en el acceso a una educación de calidad; ello conlleva a que el ciudadano pierda la confianza en el Estado, en la educación pública y en el privado, la cual es un elemento indispensable para la vida social; puesto que, en suma, la corrupción no solo interfiere en el acceso al derecho a la educación, sino en el bajo nivel personal (^{Aguilar et al., 2022}).

CONCLUSIONES

Con base en la revisión metódica realizada, se concluye que la corrupción en las contrataciones estatales es la utilización indebida del poder para obtener ventajas desviándolo los recursos para fines particulares los cuales estaban destinados a la provisión de bienes, servicios en general, consultorías y/o ejecución de obras con fines sociales y colectivos que repercuten de forma favorable en la vida de los ciudadanos, los cuales limitan el acceso a sus derechos fundamentales.

La vulneración del derecho de acceso a la educación connota significativa repercusión, pues engendra un escalonado impacto negativo que detona explosivamente a corto, mediano y largo plazo, pues a pesar de que el gobierno de turno incremente el presupuesto, es claro que la brecha educacional se sigue incrementando debido al crecimiento poblacional, lo que se agrava cuando algunos funcionarios públicos encargados de velar por las inversiones abusan de su poder en aras de su propio beneficio personal o de terceros.

La corrupción se presenta en las diferentes etapas de los procesos de contratación y/o ejecución de los proyectos, dejando de este modo a los ciudadanos inmersos en la pobreza que termina frenando el desarrollo del país; por lo que se deben diseñar e implementar acciones preventivas y correctivas a fin de reducir la brecha educacional que existe en la actualidad, lo cual se evidencia por la falta de instituciones adecuadas, siendo esto más notorio en los niveles de inicial, primaria y secundaria, principalmente en las zonas rurales.

Se requiere con suma urgencia prevenir este fenómeno corruptivo que cada vez más incrementa los casos judicializados y mediáticos, que nos muestran claramente que algunas autoridades encargadas de destinar y velar por los recursos con equidad y calidad para todos los peruanos, terminan en los juzgados por haber privado a los peruanos de uno de sus principales derechos fundamentales, como es el derecho de acceso a la educación.

Se propone que se pondere en forma proporcional y adecuada la gravedad de las conductas ilícitas y su impacto y en consecuencia que se impongan penas y sanciones ejemplares a fin de mitigar la corrupción en todo estado.

La criminalidad por actos de corrupción ha evolucionado de tal forma que facilita los hechos y actos ilícitos; ante tal situación, el orden jurídico debe apoyar para hacer frente a esta realidad, para evitar daños irreversibles que afectan a la sociedad.