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INTRODUCCIÓN
La violencia es un problema social desde el panorama de los derechos humanos hasta el grado de ser considerada como una pandemia global, tenemos la violencia de pareja donde se evidencia que un 70% de las mujeres han sido víctimas según determinadas zonas geográficas. Las coacciones contra la mujer son dirigidas al sexo y género femenino de tipo física, sexual, psicológica, entre otros, esta acción ejerce daño y dominación de las féminas y es la base de las desigualdades (Gaur et al., 2023). En el ensañamiento en pareja es un comportamiento de modo coercitivo - controlador sobre la pareja que incluye daño físicos y emocionales (Valdés Barraza et al., 2023).
Los delitos sexuales en el mundo aparecieron en el siglo XX eran cometidos por varones en agravio de la mujer a quienes las consideraba como su propiedad, situación que se superó con la declaración de igualdad en el género, los casos en violencia desde el lado sexual siguen aumentados por lo que se requiere sea abordado y desterrado de la sociedad (Luyo Peña, 2020). En la actualidad, la violencia contra la mujer daña la salud mental de las personas víctimas, las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que es necesario analizar este grupo de mujeres. En Perú se evidencia altas cifras de violencia contra la mujer que van en aumento, por ello se determina la importancia de abordar la libertad sexual por ser un problema de interés público.
El uso de las plataformas digitales, permiten recortar las brechas significativas para el acceso fluido en la interrelación humana de forma permanente, estas situaciones traen consigo la exposición de la vida íntima de las personas desde un panorama personal, familiar y social. Desde un análisis de la situación materia del estudio señalaremos que, no es más que la punta del iceberg cuando se evalúa a fondo las causas, móviles y consecuencias de los delitos contra la libertad sexual (DLS), los cuales se constituyen como uno de los actos ilícitos más extendidos, generalizados y en algunos ocultados e invisibilizados por tales razones son los que menos reciben la sanción correspondiente.
Para Yambay (2018), la prueba es un dispositivo de una determinada fase por la valoración de un medio probatorio que permitirá decretar la culpabilidad o inocencia del imputado ante una comisión a cargo de evaluar el delito. El ingreso de una prueba debe garantizar las garantías del debido proceso, si esta no respeta los derechos no será tomada en cuenta salvo las excepciones por normativa. El principio que respalda la prueba afirma que tiene fases en su valoración, donde el juez otorga un peso probatorio para corroborar la hipótesis la cual exige el cumplimiento para garantizar el valor de la pericia (Wroblewski, 2013).
Un peritaje bajo un enfoque psicológico es una herramienta del juez como elemento probatorio ante la falta de testigos; ayuda en el proceso a cargo de la justicia. Facilita también al magistrado en la toma de decisiones como justificación ante una sentencia. En el desarrollo de una pericia psicológica se considera una serie de elementos como la acreditación de idoneidad, el requerimiento, las categorías psicológicas, la metodología especializada determinada, el proceso pericial, conclusiones del informe forense y los principios en la actuación.
La evaluación a cargo del perito es profundo y contextualizado bajo hechos psicológicos y psicosociales; no solo la mujer es propensa a la violencia del sexo, esto requiere que el profesional aplique un conocimiento profundo para alcanzar las garantías constitucionales (López Gambini, 2023). La prueba pericial en violencia sexual, es importante en el derecho procesal penal por ser una herramienta para la toma de decisiones y determinar si el caso contempla una naturaleza violenta o no violenta.
En la evaluación de los abusos sexuales en infantes requiere requisitos profesionales con conocimientos adecuados y acciones procedimentales ante la presencia de factores de riesgo y protección según las características del abuso que se dan dentro de los hogares o fuera de él, se requiere identificar y situar los indicadores según las circunstancias; en la entrevista a un menor se debe establecer una relación confiable con el menor con la técnica adecuada para la interpretación debida; en la entrevista con los padres de los niños es crucial para la evaluación. Las pruebas preconstituidas buscan proteger las emociones de los niños; sin embargo, una mala aplicación del proceso deja huellas psíquicas muy serias en los menores afectados (Zayas García, 2016).
La evaluación pericial desde un contexto psicológico se diferencia sobre la psicológica tradicional, en razón de que se sostiene de un marco teórico como sustento además requiere de profesionales con un alto grado de especialización con dominio de la psicología jurídica y forense, por ello enseña la aplicación de saberes de la Psicología ante la administración de Justicia en el ejercicio del Derecho. En el caso de las presuntas víctimas por tocamientos solo se tiene el testimonio de las mismas tanto niños como adolescentes, estos delitos son causados por los propios familiares (Maffioletti y Huerta, 2011).
De otro lado, las exigencias técnicas y éticas de los profesionales que participan en los procesos judiciales no siempre se cumplen, es recurrente conocer de informes periciales poco coherentes y que son seriamente cuestionadas; en otros casos, no se asume métodos científicos, no se accede al expediente judicial o las conclusiones no se fundamentan adecuadamente y no están evidenciadas con pruebas (Lluch, 2017). Es un hecho de mala praxis el consentimiento informado, las negligencias médicas, el incumplimiento al secreto profesional, sin un plan de prevención de daños, desconocimiento la historia clínica o ingresos no voluntarios de las afectadas o de las partes procesales; lo que agrava la responsabilidad legal y ética del psicólogo (Esbec y Echeburúa, 2016).
En ese contexto, la presencia y aportes del psicólogo forense resulta cada vez más recurrente en el desarrollo de los procesos judiciales, esto si bien se debe a las normas y protocolos recientemente aprobados, las pautas, criterios y lineamientos existentes se han ido elaborando a partir de la práctica profesional (Manzanero & Muñoz, 2011). A ello se suma que la práctica pericial implica dificultades propias relacionadas con el ámbito forense y judicial, como son la falta de voluntad, la incapacidad profesional para solicitar ayuda técnica y especializada. En otros casos, se agrega la falta de comprensión de los operadores del Derecho, que muchas veces, se limitan a una aplicación normativa de hechos y sucesos que requieren un manejo interdisciplinario, como es los delitos que devienen de los delitos de libertad sexual DLS.
La violencia contra las féminas es un atropello de los derechos humanos, una ruptura a la dignidad, a la integridad física y al respeto por lo que se convierte en un proceso multicausal psicológico; también se alude como un problema de sexismo ante la dominación del sexo masculino, estas situaciones se presentan en un escenario doméstico y se proyecta en la esfera social y se avala de normas sociales o culturales. En el contexto mundial el 30% de féminas son víctimas de violencia por parte de su pareja o por terceras personas (Organización Mundial de la Salud, 2021). En Chile muestra un aumento del 3.2% durante los años 2017 al 2020 el cual se desarrolla en el interior de la familia. Diversos enfoques teóricos de nivel explicativo enfocan este fenómeno de nivel multicausal (Kurebwa, 2023).
A raíz de la investigación, surge la necesidad de desarrollar un profundo análisis de la problemática, considerando la estadística y hechos que se convierten en eslabón para un delito mayor bajo una agresividad descontrolada hacia las féminas, en ese contexto se abordará los procesos de las pruebas o pericias psicológicas, por ello se plantea como objetivo describir la valoración de las pericias psicológicas en el delito de la libertad sexual.
METODOLOGÍA
En el marco de este estudio, se llevó a cabo una revisión sistemática siguiendo las directrices del método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para analizar de manera exhaustiva y transparente los documentos pertinentes relacionados con las pericias psicológicas en Delitos contra la Libertad Sexual desde una Perspectiva Hermenéutica Jurídica. El proceso metodológico se estructuró en torno a la planificación rigurosa del protocolo de revisión, la identificación meticulosa de estudios relevantes a través de una búsqueda bibliográfica exhaustiva, la aplicación de criterios de inclusión y exclusión definidos previamente, la selección y evaluación minuciosa de los estudios, así como la extracción sistemática de datos clave para un análisis detallado y significativo.
Criterios de Inclusión:
Documentos que aborden específicamente pericias psicológicas en casos de Delitos contra la Libertad Sexual.
Documentos que presenten un enfoque hermenéutico jurídico en la interpretación de las pericias psicológicas.
Documentos que presenten información detallada y relevante para el análisis.
Documentos publicados en los últimos años para garantizar la relevancia de la información.
Criterios de Exclusión:
Documentos que no estén relacionados directamente con las pericias psicológicas en Delitos contra la Libertad Sexual.
Documentos que no apliquen un enfoque hermenéutico jurídico en la interpretación de las pericias psicológicas.
Documentos que carezcan de información detallada o que presenten información sesgada o poco confiable.
En la fase de revisión documental, se buscó ubicar y procesar información, seguido de la definición de características para su posterior sistematización de manera coherente y fundamentada. El protocolo de búsqueda consideró diversos aspectos como el idioma, el periodo de las investigaciones, el tipo de documento y palabras clave relevantes. Se seleccionaron artículos científicos de bases de datos como Scopus, Dialnet, Latindex, Researchgate, Redalyc, Google Book y Google Scholar utilizando términos clave específicos y operadores lógicos para refinar la búsqueda.
Tras la búsqueda, se obtuvieron 150 artículos, de los cuales se descargaron y almacenaron 10 de Scopus, 25 de Dialnet, 20 de Google Book, 20 de Latindex, 10 de Researchgate, 20 de Redalyc y 45 de Google Scholar en archivos de texto. Estos fueron organizados en una matriz en Excel, estableciendo criterios de inclusión basados en el periodo de estudio y las palabras clave, así como criterios de exclusión para eliminar estudios no pertinentes al tema en cuestión. Se seleccionaron específicamente 12 artículos de años anteriores debido a su relevancia y contribuciones significativas al estudio, considerando que es un tema poco explorado en la literatura existente, seleccionando 30 artículos.
Tabla 1 Búsqueda Pericia psicológica y Libertad Sexual
| Base de datos | Cantidad |
|---|---|
| Scopus | 6 |
| Dialnet | 7 |
| Latindex | 4 |
| Google Book | 6 |
| Researchgate | 3 |
| Redalyc | 1 |
| Scholar Google | 3 |
| Total | 30 |
Para la selección de información se dio preferencia a las fuentes primarias antes de las secundarias, se consideró las evidencias de los autores clásicos según el campo legal de las pericias psicológicas, se evitó discriminar obras.
RESULTADOS
Las pericias psicológicas desde la teoría y alcances técnicos
Las pericias psicológicas, según Gandía (2016), representan un enfoque científico y técnico en la psicología jurídica, proporcionando asesoramiento al sistema judicial y sirviendo como base para las decisiones judiciales. Por otro lado, Luyo Peña (2020) señala que los peritos psicólogos a menudo emiten resultados contradictorios o inconsistentes, lo que puede inducir a errores en la interpretación de pruebas, destacando la necesidad de especialización en este campo.
Los informes periciales, como menciona Mayorga (2002), tienen un impacto significativo en la resolución de casos y deben cumplir con estándares científicos y éticos rigurosos para ser considerados válidos. Además, la psicología forense, según Otto & Heilbrun (2002), debe abordar los desafíos actuales para respaldar la toma de decisiones legales de manera efectiva, destacando la importancia de la precisión, la educación y la identificación de niveles en contextos forenses. Es fundamental que los informes psicológicos contengan elementos específicos como título, objetivo, metodología, resultados, conclusiones, entre otros, alineados con las prácticas profesionales del Derecho.
En el ámbito judicial, Gutiérrez Parra (2019) destaca la importancia de la labor de los peritos, pero señala que la mala práctica en las pericias psicológicas puede llevar a que no sean considerados en el proceso legal. Es crucial la especialización en psicología jurídica para garantizar la correcta formulación pericial y la ordenación adecuada de pruebas según la normativa vigente.
Esbec y Gómez-Jarabo (2000) enfatizan la necesidad de no manipular datos en un informe pericial, especialmente al integrar información de diversas fuentes, mientras que Horcajo-Gil y Dujo (2020) resaltan la importancia de establecer la concordancia entre la información recopilada en una evaluación psicológica y la literatura científica pertinente.
Ballesteros (2013) menciona que la evaluación psicológica implica explorar el comportamiento humano a través de tests y técnicas variadas, requiriendo un proceso imparcial y estructurado. Asimismo, se destaca la importancia de cumplir con exigencias éticas y normativas en todo el proceso judicial, incluyendo la posibilidad de contrainformes para evaluar las evaluaciones realizadas.
En la evaluación de pericias psicológicas, Horcajo-Gil y Dujo (2020) subrayan la importancia de utilizar referencias bibliográficas precisas y accesibles para respaldar hallazgos e argumentos. Es crucial evitar opiniones sin respaldo, favoreciendo argumentos fundamentados en principios epistemológicos reconocidos para reducir errores. Es fundamental que los informes periciales en psicología jurídica se basen en argumentos sólidos respaldados por referencias precisas, en lugar de creencias personales o ideologías, como señalan los expertos. El trabajo del psicólogo en el ámbito legal implica una amplia gama de tareas más allá de las desarrolladas en los tribunales, requiriendo una interacción efectiva entre los subsistemas jurídicos y psicológicos (Fernández, 2010).
Del Pópolo (1996) destaca la importancia de considerar la reflexión y el análisis psicológico del contexto en cualquier actividad llevada a cabo por psicólogos en el ámbito jurídico para lograr resultados efectivos.
Delitos contra la libertad sexual DLS: análisis desde una casuística
Cuando nos referimos a los Delitos contra la Libertad Sexual (DLS), estamos hablando de acciones de naturaleza sexual consideradas como delitos al estar tipificadas legalmente. En estos casos, el bien jurídico protegido por la ley es la libertad sexual de las personas, y en ocasiones también la moralidad pública, según la Policía Nacional del Perú (2006).
Dentro de los DLS, la violencia sexual se define como el uso desproporcionado de la fuerza para cometer actos sexuales, siendo este el segundo elemento esencial. Esta violencia puede manifestarse a través de fuerza física, amenazas o abusos en situaciones de superioridad. La normativa considera diversas circunstancias en las que se presume la presencia de violencia en los casos de DLS, según lo mencionado por Zajaczkowski (1998).
En el contexto peruano, las prácticas forenses y judiciales históricamente han enfrentado desafíos recurrentes. Con el nuevo modelo procesal penal en Perú, se otorga al Ministerio Público la responsabilidad de dirigir y gestionar la investigación preparatoria, lo que implica que los fiscales deben adquirir habilidades especializadas en técnicas investigativas relacionadas con los DLS. Es crucial que estos enfoques consideren los derechos humanos, en particular el derecho a la igualdad y a vivir libre de violencia.
En casos de agresión, los medios de prueba más utilizados incluyen el Reconocimiento Médico de Integridad Sexual (RMIS) y la versión de la afectada, seguidos de pericias psicológicas. A pesar de la disponibilidad de tecnología, se prefiere el RMIS debido a que el bien jurídico protegido es la libertad sexual y no el honor sexual, según la Defensoría del Pueblo (2011).
Los psicólogos forenses, a pesar de estar exentos del secreto profesional en lo referente a la data de interés psico-legal, deben evitar conclusiones sin fundamentos o tendenciosas, como señalan Esbec y Echeburúa (2016). Para evitar problemas, se ha implementado el contrainforme psicológico pericial, el cual debe cumplir con rigurosas evaluaciones técnicas y éticas, al igual que el informe psicológico pericial.
En casos de maltrato hacia mujeres, el perito forense debe considerar el daño moral y no limitarse al análisis de los efectos psicológicos, sino también identificar posibles simulaciones en las denuncias. Los efectos psicológicos del maltrato suelen ser sutiles y no dejan marcas visibles, lo que puede dificultar su detección, como indicó Arce et al. (2002).
Es crucial tener en cuenta que el perfil psicológico de las víctimas de maltrato no sigue un patrón homogéneo y que la vulnerabilidad al maltrato no se limita a las clases sociales más vulnerables, sino que está relacionada con la disponibilidad de recursos para afrontar el caso, como mencionó Molina (2003).
En cuanto a interpretaciones legales, se plantean escenarios donde, por ejemplo, el agresor desconoce la edad de la víctima menor de 14 años, lo cual podría permitir la imputación de dolo. También se discute sobre situaciones donde la víctima reside en una institución, destacando la importancia de proteger su libertad sexual y su autodeterminación. Otras propuestas se relacionan con el engaño como medio para cometer Delitos contra la Libertad Sexual, enfocándose en la protección del consentimiento libre de la víctima, según lo expuesto por Rodríguez Vásquez & Valega Chipoco (2023).
Aportes desde la psicología jurídica para la valoración de las pericias psicológicas
En la literatura se destaca un crecimiento significativo en la demanda de psicólogos forenses en el ámbito jurídico y judicial en los últimos años, como menciona Molina et al. (2012). La labor del perito psicólogo puede ser objeto de críticas, cuestionamientos y contrainformes, como señala del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña (2014), lo que ha llevado al desarrollo de la psicología jurídica.
La psicología jurídica abarca diversos campos de actuación, incluyendo aspectos psicológicos relacionados con la ley y el derecho, así como el análisis de cómo factores externos influyen en las decisiones judiciales, según Ovejero (2009). La pericia psicológica tiene un propósito probatorio y no terapéutico, centrándose en determinar el origen, la gravedad, la evolución y los efectos de las dolencias psíquicas, como explica Jiménez (2006).
Se destaca que la práctica psicológica orientada a los objetivos del derecho no debe ser exclusiva de la Psicología Jurídica, ya que su alcance va más allá de esta especialidad. Por lo tanto, esta práctica debe pertenecer a la psicología en general y no limitarse a una rama específica. La psicología jurídica analiza desde una perspectiva psicológica las conductas complejas y significativas, con el objetivo de describirlas, analizarlas, comprenderlas, criticarlas e intervenir en función de su relación con lo jurídico, como indica Del Pópolo (1996).
La psicología jurídica aporta significativamente a la valoración de las pericias psicológicas, ofreciendo diversas contribuciones que pueden mejorar la comprensión y evaluación de los aspectos psicológicos en el ámbito jurídico, entre los que se incluyen:
Evaluación de la credibilidad: Determinar la veracidad de testimonios y declaraciones mediante técnicas específicas para evaluar la consistencia y coherencia del relato, así como identificar posibles signos de manipulación.
Diagnóstico y evaluación clínica: Realizar evaluaciones detalladas del estado mental de individuos, identificando trastornos psicológicos que puedan influir en su comportamiento, como trastornos de personalidad o psicopatologías.
Análisis del contexto psicosocial: Examinar factores externos que puedan afectar el comportamiento de una persona, como el entorno familiar, social y laboral, para comprender mejor las circunstancias que rodean el caso legal.
Evaluación de la capacidad mental y competencia: Determinar si una persona tiene la capacidad mental necesaria para participar en procesos legales, comprender los cargos en su contra y tomar decisiones informadas, especialmente relevante en casos de incapacidad.
Valoración del daño psíquico: Evaluar la existencia y magnitud del daño psicológico sufrido por una persona a causa de un delito o conflicto legal, incluyendo el impacto emocional y mental a corto y largo plazo.
Informe y testimonio pericial: Preparar informes objetivos que pueden ser presentados como evidencia en tribunales, además de actuar como testigos expertos para explicar hallazgos y ofrecer opiniones profesionales en el contexto del caso.
Intervención y tratamiento: Recomendar intervenciones y tratamientos adecuados para abordar problemas psicológicos identificados, promoviendo la rehabilitación de las personas evaluadas.
En este sentido, es altamente deseable que el psicólogo desempeñe labores de asesoramiento y formación en el ámbito de la abogacía. Entre las áreas en las que puede contribuir, además de las ya mencionadas y sin pretender ser riguroso, se incluyen:
Ámbito laboral: Ahí tenemos el contrato psicológico, los temas relacionados a los conflictos sociolaborales, las técnicas de motivación (extrínseca - intrínseca), la creatividad, desde el campo de la Psicología del Trabajo.
Área de las relaciones interpersonales: Considera la relación del abogado defensor con la persona afectada, la entrevista con el cliente, el conflicto social, las técnicas de negociación y la mediación.
Campo judicial: Toman en cuenta las técnicas de persuasión, oratoria forense, técnicas de interrogatorio, comunicación efectiva, estrategias y acciones psicológicas.
Entorno macrosocial: El contexto de las relaciones públicas, la opinión pública, marketing, Psicología económica y fiscal (De la Peña, 2005).
La comprensión precisa del estado psicológico de los individuos en decisiones legales promueve la equidad y justicia (Arce et al, 2005). La psicología jurídica, más allá de asistir en problemas legales, debe tener autonomía para determinar medidas como la custodia infantil, respaldadas por evidencia, contribuyendo así a una Jurisprudencia Terapéutica (Davies, 2003).
En procesos judiciales, la prueba pericial es crucial para la acreditación de hechos y garantizar un juzgamiento justo. Sin embargo, informes periciales deficientes que no siguen estándares científicos y éticos pueden carecer de fundamentos sólidos (Silva Vargas & Valenzuela Rodríguez, 2011; Lluch, 2017). En el ámbito político y legal, se destaca el papel de los símbolos emotivos y el derecho penal simbólico, que a menudo se aparta del bien jurídico y se convierte en un instrumento abstracto de peligro. La función simbólica en la sociedad transmite mensajes valorativos, como se observa en la legislación española sobre delitos sexuales (De las Heras, 2022).
La interpretación restrictiva de los preceptos legales en delitos de violencia y libertad sexual, donde coinciden autor y víctima, se destaca (Serrano, 2022). En el ámbito de la violencia contra las mujeres, se busca comprender y prevenir esta coacción a través de terapias y la identificación de factores protectores y de riesgo, promoviendo la conciencia y la prevención (Valdés Barraza et al., 2023).
En el ámbito de la pericia psicológica, se enfatiza su importancia en casos de adolescentes, donde se debe cumplir con las exigencias legales, evitando la contaminación de pruebas y garantizando diligencia en las intervenciones para no vulnerar el debido proceso (Olaya, 2018; Gonzales, 2022). La pericia se considera fundamental en la fase investigativa, respaldada por fundamentos legales, éticos y sociales, facilitando el establecimiento de responsabilidades en contextos penales (Subijana y Echeburúa, 2022; Sosa Diaz, 2018). La validez probatoria de la pericia psicológica varía según las circunstancias de cada caso, complementando testimonios y aportando información crucial para el proceso judicial.
CONCLUSIONES
La administración de justicia y sus operadores requieren desarrollar capacidades y competencias especializadas para un mejor resolver de las múltiples denuncias contra la libertad sexual. Las pericias psicológicas son parte de un proceso de evaluación realizado por un psicólogo especializado con el objetivo de aportar información importante en un contexto legal o judicial. La evaluación proporciona al tribunal un análisis detallado sobre aspectos psicológicos relevantes para el caso en cuestión. Las características principales de una pericia psicológica toma en cuenta la objetividad, el rigor, la evaluación de factores psicológicos, el propósito legal, los informes periciales y los testimonios.
Del análisis desde una casuística, se aprecia que los DLS se llevan a cabo con variaciones según los sujetos, los hechos y el contexto donde se desarrolló el hecho, donde se incluyen: La clasificación de los delitos, la evaluación de la situación, la aplicación de criterios legales, la consideración de factores atípicos, la elaboración de las estrategias legales, la resolución judicial, el seguimiento y la rehabilitación. Cada caso puede tener particularidades únicas, y la casuística de los DLS requiere de una evaluación cuidadosa y un enfoque integral para asegurar la debida justicia y la protección para la parte afectada.
La psicología forense desempeña un papel crucial en la evaluación de pericias psicológicas al adoptar un enfoque riguroso y científico respaldado por instrumentos validados. Este enfoque no solo facilita la comprensión del contexto legal, sino que también influye en las decisiones judiciales. Además, los psicólogos forenses pueden fomentar una jurisprudencia terapéutica al considerar el bienestar psicológico en las decisiones legales y contribuir a la rehabilitación y reinserción de individuos a través de evaluaciones que informan programas específicos. Es esencial que las evaluaciones periciales se basen en una metodología sólida respaldada por la literatura psicológica, incluyendo la generación y falsación de hipótesis. Las interpretaciones de las pruebas deben ajustarse a las directrices establecidas para evitar sesgos que puedan limitar la interpretación de los resultados.
