INTRODUCCIÓN

El hacinamiento en las cárceles se reconoce como una problemática de gran relevancia, mucho más tras la llegada del COVID-19 cuando esta situación adquirió mayor significación, debido a los desafíos planteados por la crisis sanitaria en el sistema penitenciario que ya enfrentaba problemas, especialmente en el contexto Latinoamericano, por una crítica sobrepoblación y hacinamiento en sus cárceles, infraestructura precaria y altos costos de mantenimiento de los reclusos, lo que afectaba la dignidad humana, la salud y el bienestar de los internos y contribuían a las violaciones de derechos humanos. Las medidas de emergencia con la pandemia recurrieron por ejemplo al cierre de los penales y la suspensión de ingresos de nuevos internos, derivando en la necesidad de reducir la población carcelaria y mejorar las condiciones de salud y seguridad dentro de las prisiones.

El hacinamiento en las cárceles es una problemática compleja que afecta los derechos humanos de los reclusos, siendo la falta de una gestión pública adecuada una de las principales causas de este problema, por lo cual estudios han evidenciado que la mala planificación y ejecución de políticas penitenciarias que llevaron a un crecimiento descontrolado de la población carcelaria, sobrepasando la capacidad de las instalaciones y generando condiciones inhumanas y peligrosas para los internos, como el trabajo de ^{Rodríguez (2015)} donde se destaca la necesidad de políticas penitenciarias integrales en Perú que aborden las causas del hacinamiento, incluyendo la reforma del sistema de justicia y la implementación de alternativas a la prisión para delitos no violento, a lo que se suma otro estudio con énfasis en la importancia de una buena planificación y gestión en la construcción de nuevas infraestructuras penitenciarias para evitar la saturación de las cárceles existentes (^{García y Marco, 2018}).

Por otro lado, se destaca que la falta de una gestión pública efectiva también afecta la rehabilitación y reinserción de los reclusos, lo que contribuye a la reincidencia delictiva y agrava el problema del hacinamiento (^{Orrego, 2016}) y con la llegada del COVID-19, esta problemática ha sido aún más agravada dadas las condiciones de hacinamiento en las cárceles como factor de alto riesgo para la propagación del virus entre los reclusos, lo que llevó a la implementación de medidas de emergencia como el cierre de penales y la suspensión de ingresos de nuevos internos.

En resumen, los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, infraestructura precaria, falta de prevención y la llegada de la pandemia pusieron de manifiesto la necesidad de una gestión pública eficiente, políticas adecuadas y un presupuesto suficiente para abordar la situación carcelaria en Perú, América Latina y España, donde se hace fundamental que las autoridades tomen medidas integrales y efectivas para garantizar los derechos humanos de los reclusos y mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles.

De allí que el presente artículo se proponga analizar los estudios sobre el problema del hacinamiento carcelario, especialmente con la llegada de la pandemia, abordando el impacto en la salud física y mental de los reclusos y cómo esto se traduce en un mayor riesgo de enfermedades, las estrategias para reducir el hacinamiento reconociendo las acciones implementadas en cárceles de Perú, América Latina y España como programas de liberación anticipada o construcción de nuevas instalaciones, las condiciones sanitarias en cárceles, incluyendo el acceso a la atención médica y medidas de prevención de enfermedades, así como los derechos humanos de los presidiarios, la situación legal de los que aún no tienen condena, el impacto de la pandemia, la legislación y políticas penitenciarias, entre otros aspectos de interés localizados en las investigaciones seleccionadas.

METODOLOGÍA

En este trabajo se recurre al uso de una metodología bajo el protocolo PRISMA "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses" (Elementos para el Informe de Revisiones Sistemáticas y Meta-Análisis Preferidos), que permitió el abordaje de literatura científica existente sobre un tema específico, permitiendo así obtener conclusiones sólidas y fundamentadas (^{Ferreira et al., 2011}). Este enfoque incluye la formulación clara de preguntas de investigación, una búsqueda exhaustiva y selectiva de la literatura, la evaluación crítica de la calidad de los estudios incluidos y la síntesis de los resultados obtenidos (^{Urrutia y Bonfill, 2010}).

En cuanto al metaanálisis, se contempla como una técnica estadística se utiliza para combinar los resultados cuantitativos de varios estudios independientes sobre un tema específico, lo que proporciona un análisis estadístico más sólido y robusto de los datos y a su vez permite obtener conclusiones más generales y confiables al analizar grandes conjuntos de datos de manera conjunta.

La declaración PRISMA 2020 se centra en la actualización de criterios de inclusión y exclusión en la presentación de revisiones sistemáticas y metaanálisis (^{Pardal y Pardal, 2020}), la lista de comprobación y las recomendaciones detalladas permiten una implementación más sencilla y rigurosa, asegurando que solo los estudios relevantes y confiables sean considerados, lo que contribuye a la calidad y la validez de la investigación basada en evidencias (^{Bravo, 2021}).

Este cuadro 2, se evidencia la clasificación de bibliografía (artículos, tesis doctorales) que fueron utilizados en la discusión de resultados y el análisis crítico para definir las conclusiones. En la siguiente grafica muestra la clasificación de la revisión sistemática de bibliografía.

Figura 1 Clasificación de búsqueda bibliográfica 

RESULTADOS

De acuerdo con la ^{Comision Espiscopal de Accion Social (2006)} plantea que las cárceles en Perú enfrentan una grave situación de aglomeración y hacinamiento desde hace varios años, tal como lo comparte ^{Villanueva (2016)}; la sobrepoblación crítica en las cárceles alcanzaba el 139%, con celdas diseñadas para 4 personas alojando en promedio a 9.5 reclusos (^{Brandon, 2020}) y las condiciones de infraestructura y saneamiento eran precarias, lo que favorecía la propagación de enfermedades como tuberculosis y VIHL. El costo de mantener a un recluso en prisión era alto, aproximadamente S/ 1,260.00 al mes (^{Brandon, 2020}), de manera que la falta de prevención y medidas adecuadas para evitar la propagación de enfermedades durante la pandemia era evidente (^{Magán, 2017}).

Según lo expuesto por ^{Paz, 2021}), la aparición del COVID-19 obligó a decretar el estado de emergencia y cuarentena en Perú, suspendiendo el derecho de libertad de tránsito y reunión, incluso dentro de las cárceles, donde la situación de hacinamiento y las inadecuadas condiciones de higiene se convirtieron en un factor de alto riesgo para la propagación del virus entre los reclusos, lo cual se confirmó dentro de algunas cárceles peruanas, lo que llevó al cierre de penales y a la suspensión de ingresos de nuevos internos (^{Zavaleta et al., 2022}). Por ende, se plantearon alternativas para reducir la población penitenciaria, como el uso de vigilancia electrónica para ciertos grupos de reclusos y la priorización de la liberación de internos con deudas alimentarias. En resumen, antes del COVID-19, las cárceles en Perú ya enfrentaban problemas de sobrepoblación, hacinamiento y condiciones precarias y la llegada de la pandemia agravó la situación, generando un alto riesgo de contagio entre los reclusos y poniendo en evidencia la necesidad de tomar medidas para reducir la población carcelaria y mejorar las condiciones de salud y seguridad dentro de las prisiones.

De los artículos seleccionados, todos abordan el tema del hacinamiento en las cárceles desde diferentes perspectivas y metodologías y coincidieron en resaltar la gravedad de este problema y sus consecuencias para la dignidad humana, la salud y el bienestar de los presos (^{Paz , 2021}). A decir de América Latina y el Caribe, se identifican experiencias exitosas de reformas integrales de los sistemas penitenciarios y de justicia penal, que deben ir acompañadas por políticas sociales democráticas e inclusivas, reduciendo la inequidad de la distribución del ingreso; asimismo, es evidente adoptar el modelo penitenciario de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas y se descartar la privatización de las prisiones como una alternativa (^{Carranza, 2018}).^{López et al., (2022)} en su estudio realizado en Colombia, por ejemplo, muestra inequidades sociales en la población privada de la libertad que padece tuberculosis y vive bajo condiciones de hacinamiento en centros carcelarios; la incidencia de tuberculosis es significativamente mayor en el grupo con mayor hacinamiento en comparación con el de menor hacinamiento, de manera que se deben implementar estrategias multisectoriales para mejorar la salud de los internos y reducir estas desigualdades.

En la misma línea de investigación, ^{Paz (2021)} se enfoca en la crisis en los sistemas penitenciarios y los desafíos de las políticas criminales, identificando tres categorías de análisis: desafíos del sistema carcelario y la política criminal, la situación actual del sistema carcelario y el hacinamiento, y las opciones de respuesta al sistema carcelario. También se encuentran debates en torno a los retos que presenta el hacinamiento en la reducción de la población penitenciaria y las propuestas para reformas de las políticas criminales.

^{Chará (2020)} analiza el fenómeno del hacinamiento en las cárceles desde una perspectiva jurídica y judicial, examinando los estándares normativos y políticos utilizados para abordar este problema y concluye que se trata de un problema grave que afecta la salud y bienestar de los presos, donde la intervención judicial es esencial para mejorar el sistema penitenciario en general. ^{Torres y Ariza (2019)}, por su parte, resaltan la importancia de abordar la problemática del hacinamiento en las cárceles de manera integral, considerando no solo aspectos físicos y logísticos, sino también factores sociales, normativos y políticos. Además, hacen un llamado a la acción para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y mejorar las condiciones de vida dentro de las prisiones.

^{Campos (2015)}, en el contexto de la gestión pública dirigida a las cárceles, resalta dos problemas fundamentales: la sobrepoblación y la falta de personal capacitado, y su impacto en los derechos humanos y la salud de la población carcelaria, considerando que la gestión pública y las políticas públicas en Perú juegan un papel fundamental en abordar los problemas de sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario, dado que este país ha enfrentado desafíos significativos en esta área, y la falta de una gestión pública efectiva ha sido identificada como una de las principales causas de esta problemática.

La Política Nacional Penitenciaria al 2030 se presenta como un esfuerzo para abordar estos problemas y mejorar las condiciones de vida de los internos en las cárceles peruanas (^{POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030, 2020}), siendo su objetivo principal reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario. Esta medida busca garantizar el respeto a los derechos humanos de los reclusos y mejorar la seguridad y salud dentro de las cárceles. Sin embargo, para lograrlo es necesario abordar otros aspectos críticos, como la mejora de la infraestructura existente y la reducción de las brechas en el acceso a servicios para los internos.

Es propio destacar que la coordinación entre las instituciones encargadas de la administración penitenciaria resulta crucial para abordar la sobrepoblación y el hacinamiento de manera integral, pues una vez que se reduzca el hacinamiento, es importante garantizar que los internos tengan acceso a programas de reinserción social que les permitan reinsertarse en la sociedad de manera adecuada y reducir la reincidencia delictiva.

Con respecto a los ingresos de nuevos internos, se destaca la negación de los beneficios penitenciarios, en la discusión sobre la situación de los presos en cárceles de Lima en 2019, tomando en cuenta el marco jurídico y legal que enfatiza la importancia de aplicar estrictamente el Código Penal y considerar factores como el cambio de comportamiento del interno para otorgar beneficios penitenciarios, reconociendo que el sistema penitenciario debe centrarse en la resocialización y la reinserción del condenado en la sociedad como su finalidad principal (^{Angulo y Rodríguez 2023}).

^{Méndez (2023)} acota que la perspectiva de los derechos humanos enfatiza la importancia de respetar y proteger los derechos fundamentales de los presos, independientemente de su condena; de esta manera, todos los presos tienen derecho a condiciones de vida dignas, acceso a atención médica adecuada y un juicio justo.

La sobrepoblación en las cárceles se señala como una violación común de los derechos humanos que conduce a condiciones inhumanas y peligrosas para la salud. Además, resalta el hecho de que la limitación en el acceso a atención médica también puede constituir una grave violación de los derechos de los presos, ambas perspectivas son fundamentales para abordar los desafíos en el sistema penitenciario.

Según ^{González & Tamboleo (2023}), la perspectiva de los derechos humanos destaca la importancia de garantizar que los presos vivan en condiciones dignas y tengan acceso a atención médica adecuada, pues la sobrepoblación y limitación en el acceso a la atención médica son cuestiones que deben abordarse de manera urgente para cumplir con los estándares de derechos humanos; la supervisión independiente y la participación de organizaciones de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la identificación y corrección de violaciones de derechos. En última instancia, la discusión demuestra que el sistema penitenciario debe equilibrar el respeto de los derechos humanos con la búsqueda de la reinserción social efectiva, teniendo en cuenta que ambos intereses comparten la meta de mejorar las condiciones carcelarias y reducir las tasas de reincidencia delictiva, lo que contribuiría a una sociedad más segura y justa.

De acuerdo a ^{Villena Escalante (2020}), la situación carcelaria en Perú frente a la COVID-19 es crítica debido a problemas estructurales en el sistema penitenciario; para el año crucial de la pandemia, el país enfrenta un hacinamiento del 140%, con más de 97,000 personas privadas de libertad en instalaciones diseñadas para albergar a alrededor de 40,000. Además, el uso excesivo de la prisión preventiva agrava la sobrepoblación. Aunque el gobierno transfirió fondos al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para medidas de bioseguridad, estos recursos no fueron suficientes.

La falta de un protocolo coordinado con el Ministerio de Salud y la ausencia de medidas para deshacer el hacinamiento empeoran la situación estuvieron a la orden del día, según ^{Jordán et al. (2019)}, en comparación con otros países de la región, pues Perú está rezagado en la adopción de medidas para reducir la población carcelaria y mejorar las condiciones de salud en las prisiones, mientras que Chile, Colombia, Argentina, Bolivia y otros implementaron estrategias para liberar a ciertas poblaciones carcelarias y mejorar la salud en las prisiones.

Para ^{Sanguinetti et al., (2014)}, la comparación entre las políticas penitenciarias en América Latina, Perú y España revela diferencias y similitudes significativas, considerando que Latinoamérica enfrenta una sobrepoblación carcelaria generalizada de modo que tiende a enfocarse en el castigo, en lugar de la rehabilitación, mientras que España ha logrado mantener tasas de ocupación más bajas y prioriza la rehabilitación con programas de educación y capacitación. Las alternativas a la prisión son limitadas en América Latina, pero Perú ha implementado algunas; España, por su parte, maneja un sistema de trabajo comunitario y libertad condicional. En cuanto a los derechos humanos y las condiciones carcelarias, América Latina enfrenta desafíos significativos, destacándose el caso de Perú donde se está trabajando en mejoras y España tiende a cumplir más con los estándares internacionales.

CONCLUSIONES

Antes del COVID-19, el problema de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles de Perú y América Latina evidenciaba una falta de gestión pública efectiva y una falta de decisiones políticas para abordar esta situación, a lo cual se sumaba la precaria infraestructura y falta de saneamiento en las cárceles refleja la insuficiencia de recursos y presupuesto destinados a mejorar las condiciones carcelarias, lo que agravaba el riesgo de propagación de enfermedades como la tuberculosis y VIH, destacándose que el alto costo de mantener a un recluso en prisión señalaba la ineficiencia en la administración de recursos y la falta de una gestión pública para afrontar el problema del hacinamiento.

En tal sentido, se concluye principalmente que la falta de prevención y medidas adecuadas para evitar la propagación de enfermedades dentro de las cárceles mostraba la poca preparación y planificación en el ámbito de la salud penitenciaria, lo cual estaba relacionado con la falta de una gestión adecuada, de tal modo que la llegada del COVID-19 exacerbó la problemática del hacinamiento en las cárceles, destacando la urgente necesidad de tomar decisiones políticas y asignar recursos para reducir la población carcelaria y mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad.

La gestión pública y las políticas públicas desempeñan un papel crucial en abordar los problemas del sistema penitenciario en Perú, especialmente en lo que respecta a la sobrepoblación y el hacinamiento, siendo este país una de las naciones latinoamericanas donde se necesita una acción inmediata para garantizar la salud y los derechos humanos de las personas privadas de libertad, lo cual incluye las medidas para reducir la población carcelaria y mejorar las condiciones de salud en las prisiones, así el abordaje de la rehabilitación y reinserción, tomando en cuenta el ejemplo de España donde se ofrece un modelo al respecto, lo que puede reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública.

La implementación de alternativas a la prisión, como el arresto domiciliario o el trabajo comunitario, puede ayudar a reducir la sobrepoblación carcelaria y ser más efectiva para ciertos tipos de delincuentes. En suma, y al respecto de los derechos humanos y condiciones carcelarias se concluye el beneficio que traería también poner énfasis en estas necesidades como una prioridad en cualquier reforma penitenciaria, entendiendo que las soluciones deben adaptarse a las circunstancias locales y tener en cuenta el contexto cultural, legal y económico de cada país para lograr un cambio efectivo en el sistema penitenciario.