INTRODUCCIÓN

Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 reconoce el derecho a la alimentación (DHA). Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) institucionalizó la seguridad alimentaria (SA) como una política global para mejorar la disponibilidad de alimentos y regular la producción y los precios de cereales básicos (^{McMichael, 2018}). Este enfoque mejoró la producción de alimentos, pero no logró erradicar el hambre ni la desnutrición (^{Riches, 2018}) y generó efectos colaterales, como el aumento de la pobreza rural y el deterioro ambiental (^{Pachón-Ariza, 2018}). Las políticas de seguridad alimentaria se desarrollaron en un régimen agroalimentario corporativista, que prioriza el comercio agrícola liberalizado y margina a las comunidades productoras (^{Devin y Richards, 2018}).

En respuesta a la “corporatocracia alimentaria” (^{McMichael, 2018}), surgió en los años noventa La Vía Campesina (LVC), que propuso la soberanía alimentaria (SbA) como enfoque alternativo. La SbA coloca a campesinos, pescadores y trabajadores rurales en el centro del sistema alimentario, permitiéndoles decidir sobre su producción y priorizando alimentos accesibles y sostenibles (^{Pachón-Ariza, 2018}). Este concepto, impulsado por La Vía Campesina (LVC) y desarrollado en encuentros internacionales, no tiene un origen institucional (^{Heinisch, 2013}). Se define como el derecho de los pueblos a producir alimentos ecológicos, priorizando economías locales y empoderando a pequeños productores, promoviendo el comercio justo y una distribución equitativa de recursos (^{LVC, 2007}).

Al centrarse en causas estructurales como el hambre, la pobreza rural y el deterioro ambiental, la soberanía alimentaria ha atraído el interés de organizaciones campesinas, movimientos sociales, ONG y gobiernos nacionalistas (^{Hospes, 2014}). Sin embargo, su aplicación no siempre es adecuada para contextos indígenas, ya que campesinos e indígenas representan categorías identitarias distintas. Según ^{Hokowhitu y Tuhiwai (2020)}, los pueblos indígenas habitan sus territorios originarios o descienden de etnias previas a la colonización, conservando su cultura, mientras que el campesinado, según ^{Devine, Ojeda y Yie (2020)}, es una clase social histórica dedicada al trabajo agrícola, caracterizada por el uso de mano de obra familiar.

En términos sociológicos, ^{Fontana (2014)} señala que las poblaciones indígenas se diferencian de las campesinas por el sentido de ocupación del espacio, la estructura social y las formas de producción y comercialización. ^{Vergara y Morejón (2022)} destacan que los pueblos indígenas ocupan el espacio desde una lógica territorial que refuerza su identidad étnica, autonomía y organización social. En contraste, ^{Van der Ploeg (2012)} indica que los campesinos ven la tierra como un recurso productivo, aunque también mantienen una relación espiritual con ella. ^{Nicholls y Altieri (2019)} añaden que el territorio se define por las relaciones socioculturales, económicas, ecológicas y lingüísticas de cada pueblo.

Desde la etnología, ^{Calveiro (2019)} sostiene que la organización social de los pueblos indígenas se basa en la colectividad, mientras que en el campesinado predominan las relaciones individuales. ^{Pachón-Ariza (2018)} explica que este contraste se debe a que los pueblos indígenas, con su legado cultural e histórico, mantienen una relación con el territorio que trasciende la mera propiedad de la tierra.

Un elemento diferenciador es el lenguaje. ^{Holton, Leonard y Pulsifer (2022)} señalan que, mientras el campesinado es monolingüe, muchos pueblos indígenas son bilingües debido a procesos de aculturación desde la época colonial. ^{De Sousa (2011)} resalta que las lenguas indígenas estructuran el pensamiento y la cultura, además de ser herramientas para descolonizar el saber y reinventar el poder. ^{Selle y Wilson (2022)} indican que, aunque ambos grupos practican la explotación sustentable de la tierra, la economía indígena se caracteriza por la producción artesanal, que actúa como un medio de expresión cultural y autonomía, aunque no ha llevado a una mayor independencia económica.

En cuanto a los derechos, el Convenio 169 de la OIT garantiza la protección de los derechos de los pueblos indígenas, exigiendo a los Estados su cumplimiento (^{Polanco, 2018}). Por otro lado, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada en 2018, aunque promueve el reconocimiento de sus derechos, no es jurídicamente vinculante para los Estados miembros (^{Alabrese y Bessa, 2022}).

El concepto de soberanía alimentaria (SbA) no resulta adecuado para abordar los sistemas productivos indígenas, siendo la autonomía alimentaria un término más específico y adaptado a las comunidades indígenas latinoamericanas (^{Edelman, Weis y Baviskar, 2014}). Según ^{Calderón, Dussán y Chaux (2021)}, la autonomía alimentaria integra prácticas agrícolas y espirituales que conectan a personas, tierra, semillas y deidades en resistencia al sistema social dominante. La investigación cualitativa, de enfoque descriptivo, sobre el tema ha mostrado cómo estas prácticas fortalecen la cohesión social en territorios indígenas (^{Lucco, 2019}).

La autonomía alimentaria enfrenta desafíos significativos: aún no se ha abordado la violencia patriarcal hacia las mujeres indígenas (^{Cabnal, 2015}), la participación democrática de productores y consumidores en las decisiones alimentarias (^{Agarwal, 2014}), la gobernanza de los bienes comunes (^{Ostrom, 2009}) y la agencia comunitaria para transformar estructuras de poder restrictivas (^{Córdoba, Triviño y Toro, 2020}). Esto plantea la pregunta sobre los elementos esenciales para materializar la autonomía alimentaria en territorios indígenas. La investigación se centra en las comunidades Tugueka, Tekia y Cerro de Parashí, y propone un marco conceptual y metodológico que combina métodos cualitativos y cuantitativos.

El documento tiene tres partes: la primera presenta elementos teóricos centrales para materializar la autonomía alimentaria en contextos indígenas; luego, se presenta un índice sintético, elaborado grupalmente, para comparar la situación actual de la autonomía alimentaria en cada comunidad. Finalmente, se listan los resultados y conclusiones generales, analizados en colaboración con actores de las tres comunidades.

El término autonomía alimentaria (AA) surgió en Costa Rica en los años 80 y se expandió entre los pueblos indígenas de América Latina, que lo reconocen como fundamental para su autonomía territorial. Este concepto representa un marco alternativo al de soberanía, pues recurre al poder comunal para descolonizar el territorio, defender derechos colectivos y promover la autogestión del bienestar social (^{Escobar, 2019}). Aunque los pueblos indígenas priorizan el concepto de autonomía territorial sobre el de etnodesarrollo, ambos comparten el propósito de defender el territorio como fundamento material y simbólico de la cultura (^{Micarelli, 2018}).

El etnodesarrollo, formulado por Talalla (1980) en su obra sobre los Orang Asli de Malasia, describe un paradigma de reconocimiento y liberación mediante el cual los pueblos indígenas controlan su territorio, instituciones y cultura según su legado histórico. Este paradigma constituye un proceso constructivista, en el que cada comunidad moviliza recursos materiales e inmateriales de acuerdo con sus intereses y expectativas, basándose en formas organizativas que, aunque tradicionales, incluyen innovación social para resolver problemas actuales (^{Sampean y Sjaf, 2021}; ^{Castro, 2020}).

^{Peredo, McLean y Tremblay (2019)} señalan que, al ser la cultura dinámica, el etnodesarrollo permite adaptaciones y resignificaciones que fortalecen las formas organizativas de los pueblos indígenas, superando aspectos que limitan su cultura propia. Tanto la autonomía territorial como el etnodesarrollo se expresan en programas comunitarios que aprovechan los recursos y el conocimiento histórico del territorio para autogestionar su bienestar social (^{Castro, 2020}).

En este contexto, la AA se entiende como una crítica a la democracia liberal, la cual no ha implementado políticas efectivas para las comunidades indígenas (^{Escobar, 2019}). Desde esta perspectiva, la AA es un enfoque holístico que integra política, economía, cultura y alimentación, como señala Esteva (2015), abogando por un cambio en la decisión sobre el derecho humano a la alimentación (DHA). Esta postura reafirma las obligaciones del Estado de garantizar los derechos indígenas, tal como lo promueve la jurisprudencia internacional, que busca contrarrestar siglos de políticas de homogeneización económica y cultural que han invisibilizado la identidad indígena (^{Micarelli, 2018}).

La AA ha sido promovida por organizaciones defensoras del DHA como FIAN International, SWISSAID International, ASSED Europe, Grupo Semillas y Corporación ECOFONDO, que la consideran un marco de justicia alimentaria para comunidades indígenas. Su concepto ha ganado fuerza en la última década a través de estudios sobre agroecosistemas localizados. ^{Gómez (2010)} defiende la AA como el derecho de las comunidades indígenas a cultivar mediante técnicas ancestrales, como las milpas; ^{Pirachicán (2014)} la describe en Anolaima, Cundinamarca, como agricultura ecológica para autoconsumo; ^{Cogua (2017)} destaca la conservación e intercambio de semillas criollas entre las comunidades Nasa; y ^{Lucco (2019)} observa la AA en Boyacá como una práctica de autoconsumo, agrobiodiversidad y autogobierno indígena. ^{Calderón et al. (2021)} analizan la AA desde una perspectiva decolonial, vinculándola con salud y buen vivir.

El trabajo también incorpora los aportes de estudios críticos sobre etnodesarrollo, pensamiento decolonial y feminismo comunitario (^{Cabnal, 2015}); autonomía económica indígena (Deere, 2011); elección alimentaria democrática (^{Agarwal, 2014}); gestión de bienes comunes (^{Ostrom, 2009}); y agencia comunitaria (^{Córdoba, Triviño y Toro, 2020}). Así, la AA se comprende como el proceso en que las comunidades indígenas controlan su sistema agroalimentario con autonomía, promoviendo relaciones sin opresión, libertad de elección alimentaria, autonomía económica y poder comunal para gobernar sus bienes comunes y dignificar su vida.

Bajo el paradigma del etnodesarrollo, además de basarse en procesos agroecológicos, ciclos de nutrientes y uso de insumos orgánicos, la agricultura se fundamenta en costumbres, festividades y ritos religiosos, desde la preparación de semillas hasta el consumo de alimentos (^{Nicholls y Altieri, 2019}). Este tipo de agricultura, al agruparse con la agricultura campesina y otras actividades agrícolas, forestales y pesqueras, alcanza una producción mundial del 80 % de los alimentos, empleando menos del 25 % de los recursos destinados a la agricultura industrial, y representa la única fuente de ingresos económicos para el 77 % de los trabajadores rurales, al tiempo que aporta la mayor resiliencia socioecológica al territorio frente al cambio climático (^{FAO, 2019}). Por otro lado, ^{Edelman et al. (2014)} señalan que el modelo agrícola tradicional, basado en estructuras familiares, reproduce relaciones de género que limitan a las mujeres en el acceso y control de bienes públicos y privados. ^{Cabnal (2015)}, desde el feminismo comunitario, acuña el concepto de "heterorrealidad cosmogónica indígena", donde se asignan a las mujeres responsabilidades forzadas, como la sujeción al cónyuge, el trabajo no remunerado, el endeudamiento, el cuidado familiar y la reproducción cultural de la comunidad. Esto refleja una desigualdad que impacta gravemente en las mujeres indígenas: el 63% sufre hambre y pobreza extrema, y el 82% enfrenta violencia doméstica (^{Agarwal, 2014}).

En contraste, el proyecto de etnodesarrollo de la AA da voz a las mujeres indígenas, promoviendo su autoafirmación como sujetos políticos capaces de reivindicar derechos en sus sistemas productivos y sociales, superando el patriarcado ancestral, el racismo y el clasismo que las oprimen (^{Paredes, 2020}).

La autonomía económica de los pueblos indígenas se refleja en la producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con algunos excedentes destinados a mercados locales. Según ^{Pirachican (2014)}, el autoconsumo se alcanza cuando casi todos los alimentos se producen y consumen en la comunidad sin procesarse. ^{Cogua (2017)} agrega que este autoconsumo es nutricionalmente significativo cuando satisface las funciones vitales del ser humano.

Aunque la agricultura es fundamental en la cosmovisión indígena, ^{Edelman et al. (2014)} destacan que la autosuficiencia alimentaria se ve limitada por factores estructurales como la vulnerabilidad climática, las condiciones agronómicas difíciles y la escasez de bienes comunes, restringiendo los cultivos a ciertas épocas. Las políticas agroalimentarias han forzado a los pueblos indígenas de América Latina, África y Asia a sustituir sus cultivos tradicionales por monocultivos (^{Nicholls y Altieri, 2019}), lo que ha afectado su diversidad agrícola, dieta y poder adquisitivo. ^{Lucco (2019)} muestra que una finca agroecológica promedio produce 29.2 especies para autoconsumo durante todo el año, frente a las 9.2 de una finca industrial.

^{Selle y Wilson (2022)} proponen que la autonomía económica indígena fortalece la capacidad para generar capital en agricultura y producción artesanal, combinando técnicas tradicionales con innovaciones y sin distinción de género. Esto requiere apoyo estatal mediante políticas que fomenten la rentabilidad económica y socioambiental, permitiendo la autogestión del bienestar social (^{Sampean y Sjaf, 2021}). En este contexto, la autonomía económica en la AA implica transformar las condiciones que marginan la economía indígena y el rol de la mujer en los sistemas productivos, así como desarrollar capacidades individuales y colectivas para generar recursos propios (^{Laghssais y Comins-Mingol, 2021}).

Elección democrática alimentaria. Los estudios agrarios críticos reconocen una complejidad agrícola y de consumo distinta del igualitarismo agroecológico de la soberanía alimentaria SbA, aunque ambientalmente deseable (^{Edelman et al., 2014}). ^{Agarwal (2014)} sostiene que es inviable sustituir todos los alimentos industriales por alternativos, y que democratizar la alimentación implica crear condiciones para que productores y consumidores decidan libremente qué, cómo y para quién producir, y qué consumir. Así, en la AA, la producción y el consumo son procesos democráticos donde productores y consumidores indígenas presionan por sistemas agroalimentarios equitativos y sostenibles, que dignifiquen la producción y el comercio de alimentos según sus necesidades y preferencias (^{Candel-Joroen, 2022}).

Gobierno de bienes comunes.^{Ostrom (2009)} en The Government of the Commons sugiere que las comunidades locales gestionan recursos sosteniblemente mediante arreglos institucionales propios. En el desarrollo de la AA en comunidades indígenas, los bienes comunes abarcan recursos naturales, infraestructura y tecnología, fundamentales para fortalecer sistemas productivos mediante una institucionalidad compartida entre comunidad, Estado y otros actores. ^{Caffentzis y Federici (2015)} proponen cuatro principios para el etnodesarrollo y la gobernanza de bienes comunes: acceso universal, sostenibilidad, democracia en la creación de normas y prevalencia del valor colectivo sobre el individuo. La AA depende de la gestión de bienes comunes que refuercen la rentabilidad económica, socioambiental y cultural (^{Micarelli, 2018}).

Agencia comunitaria. En estudios sociales, la agencia se entiende como la cooperación recíproca en una comunidad para enfrentar problemáticas sociales (^{Walsh-Dilley y Wolford, 2016}). Este trabajo define la agencia comunitaria no solo como adaptación a las adversidades del sistema social, sino como el poder organizativo y político de los pueblos indígenas para transformar estructuras de poder que limitan su bienestar, tales como el hambre, la pobreza y la injusticia social (^{Córdoba, Triviño y Toro, 2020}). Esta perspectiva de la agencia impulsa procesos de etnodesarrollo, como la AA, en transformaciones políticas, económicas, socioambientales y de género, necesarias para que las comunidades indígenas aumenten su capacidad de organización en sus sistemas productivos, la familia y la sociedad (^{Córdoba, Hortúa y León, 2019}).

METODOLOGÍA

La investigación se adelantó en tres comunidades indígenas de La Guajira: Tugueka, Tekia y Cerro de Parashí, seleccionadas, según su ubicación geográfica para comparar agroecosistemas en zona árida (Cerro de Parashí), semiárida (Tekia), y de sierra (Tugueka); y su origen étnico, para comprender aspectos territoriales, políticos, económicos y socioculturales entre indígenas Kogui (Tugueka), y Wayuu (Tekia y Cerro de Parashí). La georreferencia del área en estudio se puede ver en la Figura 1.

Figura 1 Georreferencia del área de estudio 

Tugueka es una comunidad Kogui del resguardo Malayo-Arhuaco, con 85 familias que reclaman al Estado, la propiedad de 843 hectáreas de tierras en Dibulla, La Guajira, que siempre han habitado y salvaguardado de la explotación minera y forestal ilegales. Su territorio caracterizado por tierras fértiles, permite gran diversidad agrícola, aunque la falta de recursos productivos, lo margina al autoconsumo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Tugueka tiene un índice de pobreza multidimensional (IPM), de 85,8 y una tasa de mortalidad infantil asociada a desnutrición (MID), de 21,8 por cada 100.000 menores de cinco años, promedios por encima de la media nacional (39,9 y 17,2, respectivamente), para zona rural (2021).

Tekia es un asentamiento familiar Wayuu no resguardado, en Maicao, La Guajira. Su territorio, de 350 hectáreas, tiene conflictos socioambientales por acaparamiento legal de tierras y aguas para proyectos mineros por parte de la multinacional El Cerrejón, porque esta comunidad, en la actualidad, solo cultiva en periodos de lluvia. Su población de 423 personas, tiene un IPM de 88,1 y una MID de 23,5 (^{DANE, 2021}).

Cerro de Parashí es una comunidad del resguardo Alta Guajira. Su territorio de 7.590 hectáreas, es árido, con baja precipitación y arroyos temporales, lo cual, restringe la actividad agrícola a periodos de lluvia. Su población de 867 personas habla wayuunaiki y español. Según el ^{DANE (2021)}, en comparación con las anteriores, esta comunidad es la de mayor IPM (89,5), y MID (39,9).

Esta investigación se basa en el paradigma sociocrítico de las ciencias sociales, que enfatiza la participación de actores locales en la resolución de sus problemas (^{Alban, Arguello y Molina, 2020}). Las tres comunidades involucradas participaron durante todo el proceso, utilizando una metodología que combina métodos cualitativos y cuantitativos, aprobada por el comité de ética de la Universidad de los Andes, y desarrollada en dos fases.

En la primera fase, se revisó la literatura especializada y se dialogó con las comunidades, analizando referentes teóricos y prácticos sobre la agricultura alternativa (AA). Se realizaron recorridos guiados en cada comunidad, observando procesos políticos, económicos, socioculturales y ecológicos. También se llevaron a cabo dos entrevistas a autoridades tradicionales sobre las condiciones que limitan o potencian la AA, y se realizaron doce encuestas sobre prácticas agrícolas, alimentarias y sociales.

En la segunda fase, se realizaron tres talleres con actores de cada comunidad y un grupo de expertos (agrónomo, administrador público e investigadora en resiliencia socioecológica). En el primer taller, los actores, en grupos de cuatro, identificaron elementos centrales para implementar la AA. Posteriormente, compararon el estado actual de la AA en cada comunidad, lo que llevó a la creación de un índice sintético, en el que se seleccionaron cinco componentes, 11 factores y 23 variables.

En el segundo, los actores asignaron coeficientes de ponderación a cada aspecto. Lograr este consenso implicó que una autoridad tradicional y un experto identificaran, discutieran y conciliaran los intereses de los actores presentes hasta lograr el acuerdo general. Después, cada comunidad evaluó las variables en sus territorios, según el estado de su AA. La siguiente matriz ilustra los aspectos que integran el índice sintético de AA, con su respectiva ponderación.

Los datos de cada comunidad se expresaron en unidades numéricas, transformando los datos cualitativos en una escala de 0 (pobre, bajo o deficiente) a 1 (alto, bueno o excelente), incluyendo valores intermedios. El valor de la autonomía alimentaria (AA) de cada comunidad se procesa sumando todas las variables mencionadas. La siguiente ecuación, construida grupalmente, ilustra el cálculo del índice sintético de AA, donde AA es autonomía alimentaria; Vi son las variables y Wi es el peso.

Nota: elaborado a partir de ^{Córdoba, Triviño y Toro, 2020}

Figura 2 Ecuación índice sintético de AA 

En el tercer taller, después de almacenar y codificar la información con el software Nvivo, los actores involucrados compararon los resultados de cada comunidad, discutiendo las condiciones estructurales que limitan o potencian la AA en territorios indígenas. La metodología puede aplicarse en otros contextos territoriales, porque las variables se evalúan y califican según las condiciones del área de estudio y los intereses de la población.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Elementos teóricos y prácticos que materializan la AA. Al preguntarles a las comunidades, sobre los aspectos que definen su AA. Se obtuvo una secuencia de palabras que, se asoció a términos identificados en la literatura. La Tabla 2 presenta los resultados.

Las tres comunidades identifican cuatro elementos esenciales para materializar su AA: control, disponibilidad, accesibilidad y potabilidad del agua; poder político para decidir de manera autónoma sobre su territorio y modo de vida; provisión de bienes y recursos productivos por parte del Estado para fortalecer su economía; y resistencia comunitaria para salvar su memoria gastronómica y agrícola. Así, la AA en estas comunidades, además de defender la alimentación según sus costumbres, constituye un marco de acción política para concebir la vida y resignificar el territorio. Aunque las prácticas en los pueblos indígenas son similares, cada uno define los aspectos vitales de su AA según sus intereses y limitaciones.

Índice sintético de AA. Al correlacionar los valores de cada comunidad con los elementos que definen la AA, Tugueka es la comunidad con mayor AA. (0.084/1.0), seguida de Tekia (0.06/1.0) y Cerro de Parashí (0.049/1.0). Los bajos valores en las tres comunidades, más allá de aspectos biofísicos y étnicos, se deben a la falta de bienes comunes que dignifiquen sus sistemas productivos y la baja agencia comunitaria para transformar estructuras de poder que restringen su bienestar social. La Figura 3 ilustra los valores de la AA; las letras T1-23, K1-23 y P1-23 corresponden al total de las variables analizadas en cada comunidad

Figura 3 Valores totales de la AA en cada comunidad 

Acceso y control del agua: primer determinante de la AA. Según la matriz de los elementos de la AA, el componente mejor ponderado por las tres comunidades fue el gobierno de los bienes comunes (0,38/1). El principal determinante de la AA es el control del agua (T1-T3, K1-K3 y P1-P3), un recurso sagrado y esencial para sus sistemas productivos.

Sin embargo, en Tugueka, la falta de propiedad de la tierra y la explotación forestal ilegal han amenazado el control comunitario sobre las fuentes hídricas. En Tekia, el estrés hídrico se agrava por el desvío de su única fuente, el arroyo Bruno, por parte de El Cerrejón, lo que limita la agricultura a períodos de lluvia. En Cerro de Parashí, la situación es aún más crítica, con mujeres y niños recorriendo 2,5 km para acceder a pozos subterráneos de agua. Además, el gobierno departamental no cuenta con un plan de acción para cumplir las cautelares 51-15 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que exigen la protección del agua y la alimentación en las comunidades wayuu de la Alta Guajira.

Frente a esta problemática, la gestión de las fuentes hídricas en territorios indígenas necesita un modelo de gobernanza en el que los actores involucrados establezcan un marco político, económico y social que refleje las particularidades del territorio, las cosmovisiones de la comunidad y las desigualdades estructurales que limitan el acceso y control del agua. Así, las comunidades indígenas deben utilizar su poder político para exigir el cumplimiento de las reglas acordadas.

Los bienes públicos dignifican la agricultura. En Tekia, la agencia depende de la participación familiar en proyectos comunales, como la construcción de un pozo subterráneo para el autoabastecimiento de agua. Sin embargo, en Cerro de Parashí, la comunidad no mostró cambios en sus condiciones de vida. Carlina Sapuana expresó su capacidad de agencia: “Cuando la marginación entra por la boca, es difícil transformar las condiciones que vulneran nuestra territorialidad. Aca tenemos hogares que, en el día, solo se llevan a la boca una botella de Coca-Cola llena de chicha” (abril de 2020). Para desarrollar la agencia en territorios indígenas, es esencial satisfacer primero las necesidades básicas, como la alimentación.

Agricultura: del autoconsumo a la autonomía económica. La agricultura y el autoconsumo tuvieron el mismo valor de ponderación (0,20/1), porque en estas comunidades, la agricultura es principalmente de subsistencia, aunque algunos excedentes agrícolas se comercialicen en mercados locales. En Tugueka, la agricultura y la cría de animales proporcionan el 85 % del autoconsumo alimentario y son la única fuente de ingresos para el 92 % de la población, que emplea las ganancias obtenidas para comprar otros alimentos y bienes vitales en su AA. Al preguntarle a Mamo Manuel sobre el tema, respondió:

“Sembrar nuestra comida, cosecharla y procesarla mediante el trabajo familiar nos permite tener los mismos nutrientes que tiene la tierra. Permanentemente cosechamos algún tipo de alimento, los cuales intercambiamos, dependiendo de la necesidad del otro, y comercializamos para comprar otras cosas que también necesitamos” (Manuel Coronado, febrero de 2020).

Desde el desvío del arroyo Bruno, la agricultura en Tekia solo produce el 35 % de los alimentos que consume la comunidad y aporta menos del 25 % de los ingresos familiares. Al respecto, Elizabeth Bonivento, vocera de la autoridad tradicional, afirmó:

“Cuando teníamos a Bruno, los cultivos daban alimentos para la familia y para comercializar en Albania y Maicao. Con las ganancias comprábamos otros alimentos y productos, pero eso ya no es posible por la falta de lluvia y porque Cerrejón nos secó el arroyo” (febrero de 2020).

En Cerro de Parashí, la agricultura depende de rituales agrícolas y de las lluvias a las cuales la comunidad llama iiwa y juya. Al preguntarle al líder de la comunidad, Salvador Iguarán, sobre estas prácticas, expresó:

“Antes de cultivar, abonamos la tierra que nos indican nuestros abuelos en sueños con estiércol y rastrojo, mientras oramos las semillas y las dejamos en agua una noche. En ‘iiwa’ cultivábamos patilla, melón y ahuyama, y en ‘juya’ yuca, maíz y frijol; pero con los cambios del clima, si llueve sembramos de todo para ver si logramos cosechar algo. Es mejor perder todo que dejar de sembrar” (Salvador Iguarán, febrero de 2020).

Esta situación hizo que esta comunidad se adaptara a programas asistencialistas gubernamentales y de organizaciones sociales que, al suministrar alimentos durante algunos períodos del año, asumen que reducir la inseguridad alimentaria es igual a garantizar el DHA.

Lo anterior cobra importancia si se considera que la agricultura, al lado de la producción artesanal, es una actividad clave para fortalecer el sistema social de los pueblos indígenas, la economía rural, la producción de alimentos sanos y nutritivos, y la resiliencia socioecológica del territorio frente al cambio climático, porque el Estado debe proveer bienes públicos que permitan aumentar su productividad y rentabilidad.

Desafíos de la mujer indígena en la granja, la familia y la comunidad. Uno de los retos de los pueblos indígenas es lograr relaciones de género equitativas en la granja, la familia y la comunidad. Sin embargo, en las tres comunidades, las mujeres no siempre identifican las estructuras de poder que vulneran sus derechos, debido a la costumbre de que el hombre es quien tiene y lleva la palabra, y a la normalización social de las desigualdades. En Tugueka, aunque las mujeres simbolizan el planeta Tierra y participan en actividades agrícolas, tienen menos acceso a recursos del Estado y su salud sexual y reproductiva depende de la decisión de su cónyuge.

Aunque la estructura social wayuu es matrilineal, a las mujeres de Tekia y Cerro de Parashí también se les vulneran sus derechos. Al respecto, Carlina Sapuana, lideresa wayuu, advirtió:

“Nuestra cultura está regida por la línea materna, en la que todas somos poderosas, pero de manera simbólica, porque en la realidad, nosotras, aunque heredamos el territorio, tenemos menos acceso a recursos, se nos silencia en la toma de decisiones, no siempre tenemos el control de nuestros cuerpos y somos más vulnerables a la falta de alimentos, aunque generamos ingreso familiar por la producción artesanal” (Carlina Sapuana, abril de 2020).

Fuera del territorio, las mujeres indígenas también enfrentan otros tipos de violencia, involucrándose en situaciones de discriminación sexista por ser mujeres, racial por ser indígenas, y social por pertenecer a un grupo empobrecido, dominado y excluido de los recursos del Estado. Cambiar esta realidad implica un cambio estructural en normas, valores y tradiciones indígenas y en la sociedad en general que permita defender el cuerpo sexuado y racializado de la mujer, de todo tipo de violencia que atente contra él y empodere a la mujer como sujeto político, capaz de aportar y construir lo comunal, desde su visión feminista de bienestar social.

Agencia comunitaria: poder político para transformar estructuras de poder que limitan la AA. La agencia fue el cuarto componente mejor ponderado (0,17/1) por las comunidades. Promediando los datos, Tugueka muestra mayor agencia (0,68), seguido de Tekia (0,44) y Cerro de Parashí (0,22). Aunque el componente fue bajo en las tres comunidades, Tugueka destaca por su nivel organizativo y la gestión de instituciones que presionan al Estado para el reconocimiento de la propiedad colectiva del territorio. Además, la comunidad ha demostrado mayor formación política, invirtiendo en proyectos productivos con recursos del sistema general de participaciones. En Tekia, la agencia depende de la participación familiar en proyectos comunales, como la construcción de un pozo subterráneo para el autoabastecimiento de agua. Sin embargo, en Cerro de Parashí, la comunidad no mostró cambios en sus condiciones de vida. Carlina Sapuana expresó su capacidad de agencia: “Cuando la marginación entra por la boca, es difícil transformar las condiciones que vulneran nuestra territorialidad. Acá tenemos hogares que, en el día, solo se llevan a la boca una botella de Coca-Cola llena de chicha” (abril de 2020). Para desarrollar la agencia en territorios indígenas, es esencial satisfacer primero las necesidades básicas, como la alimentación.

Elección democrática alimentaria: autonomía frente a insumos, procesos y alimentos. Este concepto fue el último aspecto ponderado (0,50/1) por las comunidades para medir su AA. Al preguntar a los productores sobre los insumos y procesos utilizados para cultivar, el 86% elige semillas y razas criollas de animales, mientras que el 14% introduce semillas y razas mejoradas para aumentar la productividad.

El 96% de las comunidades prefiere prácticas agroecológicas en el manejo de cultivos, suelos y uso del agua. Aunque esta decisión se basa en valores ancestrales, la pobreza extrema limita la adquisición de insumos orgánicos en los mercados locales. Manuel Bonivento comentó en Tekia: “Los abuelos nos enseñaron a no utilizar insumos químicos en nuestras rozas; pero ahora venden productos naturales que ayudan a suelos, como este, a ser más productivo. Pero nosotros no tenemos con qué comprar” (febrero de 2020). Al preguntar sobre sus preferencias alimentarias, todas las comunidades prefieren productos locales, sanos y nutritivos. Sin embargo, esto no siempre es posible, lo que muestra que buscan articular la producción de alimentos con la sustentabilidad ambiental.

CONCLUSIONES

La AA es un proceso dinámico, político, económico, sociocultural y ambiental propio de los pueblos indígenas para controlar sus sistemas productivos, bajo relaciones sociales libres de opresión, sujeción y explotación de la mujer; libertad de elección para producir y consumir alimentos según sus preferencias biológicas y culturales; autonomía económica para adquirir bienes complementarios; y poder comunal para gobernar bienes comunes y transformar estructuras de poder que restringen su bienestar social dentro y fuera del territorio.

El artículo aporta elementos teóricos y prácticos para materializar la AA en comunidades indígenas. La metodología puede aplicarse en otros contextos territoriales, dado que los componentes, factores y variables se evalúan y califican según las condiciones del área de estudio y los intereses de la población. El desarrollo de otros estudios comparativos similares a este ayudaría a seguir comprendiendo la AA en el terreno, y permitiría identificar las diferentes estructuras de poder que enfrentan los pueblos indígenas, para decidir de manera autónoma sobre sus sistemas productivos.

Los resultados indican que Tugueka tiene la mayor AA en comparación con Tekia y Cerro de Parashí. Las tres comunidades presentan bajos niveles de AA, influenciados más por estructuras de poder (desprotección estatal, pobreza extrema, desnutrición infantil y marginación social) que por condiciones biofísicas. Para dignificar la vida en las comunidades indígenas, se requieren bienes, servicios y políticas que aumenten la rentabilidad económica y socioambiental de sus sistemas productivos. El gobierno de los bienes comunes y la agencia comunitaria son fundamentales para construir la AA y transformar modos de vida insostenibles en nuevas trayectorias que dignifiquen la vida comunitaria.