INTRODUCCIÓN

En América Latina, las políticas centradas exclusivamente en el crecimiento económico han demostrado ser insuficientes para mejorar el bienestar general de la población. A pesar de que varios países de la región, incluidos aquellos con economías emergentes, han registrado un crecimiento notable en términos de Producto Interno Bruto (PIB), persisten profundas desigualdades que afectan el acceso a servicios esenciales como salud, educación y seguridad social. Estas desigualdades no solo se manifiestan en términos económicos, sino que también reflejan limitaciones en la distribución de oportunidades, lo que crea barreras para un desarrollo inclusivo y equitativo. Ecuador, como otros países latinoamericanos, ha sido testigo de estos fenómenos. Si bien la economía ecuatoriana ha experimentado períodos de auge, los beneficios de dicho crecimiento no han sido distribuidos equitativamente, lo que ha generado desafíos tanto en la reducción de la pobreza como en el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo.

Este contexto subraya la necesidad de revisar los enfoques tradicionales del crecimiento económico y de considerar el desarrollo humano desde una perspectiva más integral. En este sentido, el concepto de desarrollo humano, introducido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, ha cobrado relevancia en la medición del bienestar de los países. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) propuesto por el PNUD integra tres dimensiones esenciales: salud, educación y nivel de vida, ofreciendo así una medida más completa del bienestar que va más allá del mero crecimiento económico. En Ecuador, el IDH se ha convertido en una herramienta clave para visibilizar las desigualdades estructurales que limitan el progreso social, particularmente en sectores como la salud, la educación y la reducción de la pobreza (^{PNUD, 2022}).

El caso de Ecuador es particularmente relevante para el análisis del IDH, especialmente en el contexto de las políticas sociales y económicas implementadas entre 2007 y 2021. Durante este período, el gobierno ecuatoriano incrementó sustancialmente el gasto en sectores sociales, lo que permitió la implementación de políticas ambiciosas destinadas a mejorar el bienestar de la población. La expansión de la red de salud pública y el aumento de la cobertura educativa fueron algunos de los ejemplos más destacados de estas iniciativas. Además, este período coincidió con una bonanza de precios del petróleo, lo que facilitó la financiación de estos proyectos sin recurrir a un endeudamiento excesivo. Sin embargo, estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sugieren que, aunque estas políticas contribuyeron a la reducción de la pobreza y a la mejora de ciertos indicadores de bienestar, los beneficios no fueron distribuidos de manera uniforme en toda la población. Las zonas rurales y las comunidades indígenas, por ejemplo, continuaron enfrentando importantes barreras para acceder a servicios básicos de salud y educación, lo que pone de manifiesto las limitaciones en la efectividad y el alcance de las políticas implementadas.

La situación planteada por estos estudios refuerza la necesidad de evaluar si las reformas adoptadas en Ecuador realmente han promovido un desarrollo humano inclusivo. Los trabajos de autores como ^{Ranjan y Panda (2022)}, quienes analizaron la relación entre el gasto público social y el IDH en India, destacan que, a pesar de las expectativas teóricas, el aumento del gasto social no siempre se traduce en mejoras sustanciales en los indicadores de desarrollo humano. Este hallazgo plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas sociales en la reducción de desigualdades y en la promoción de un desarrollo más inclusivo. Por su parte, ^{Villareal y Zayas (2021)} argumentan que el gasto público social debe enfocarse en reducir las desigualdades estructurales y promover un desarrollo humano sostenible, mientras que ^{Torres y Pinilla (2021)} subrayan que este tipo de gasto busca garantizar derechos fundamentales y promover el bienestar de la población.

Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto de las políticas sociales en Ecuador entre 2007 y 2021, con un enfoque en los aspectos clave del desarrollo humano, tales como la salud, la educación y la reducción de la desigualdad económica. A través de un análisis detallado, se busca determinar en qué medida estas políticas han logrado fomentar un bienestar sostenible y equitativo para la población, especialmente en las áreas más desfavorecidas del país. Al identificar tanto los logros como las áreas de oportunidad, este trabajo contribuirá a una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y económicas de Ecuador, y brindará aportes valiosos para el diseño de políticas públicas orientadas a un desarrollo humano más inclusivo y equitativo en el futuro.

Este análisis se enmarca en un contexto social y político caracterizado por una fuerte interacción entre el gasto público y la equidad social, así como por los desafíos inherentes a las desigualdades estructurales. En el ámbito de los estudios de desarrollo, se han realizado numerosas investigaciones sobre la relación entre gasto público y desarrollo humano, pero pocos estudios han abordado este tema de manera tan específica y contextualizada para Ecuador. Este trabajo aporta una contribución original al integrar estudios previos con un análisis detallado de las políticas sociales ecuatorianas, lo que permite obtener una visión más precisa de su impacto real en la mejora del bienestar de la población y en la reducción de las desigualdades.

METODOLOGÍA

El estudio se enmarcó en un enfoque mixto, combinando herramientas cuantitativas y cualitativas con el objetivo de analizar la relación entre el gasto público social y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador durante el período 2007-2021. Este enfoque permitió integrar metodologías que abarcaban tanto el análisis numérico de los datos como su interpretación contextual, lo que favoreció una comprensión integral de las dinámicas entre las variables estudiadas (^{Mertens, 2007}). La investigación adoptó un diseño longitudinal y observacional, dado que se centró en el análisis de tendencias a lo largo del tiempo, sin intervención alguna en las variables. Este diseño fue adecuado para examinar la evolución de indicadores clave como el IDH, el gasto social y la población económicamente activa, obteniendo así una perspectiva histórica de los cambios ocurridos durante el período analizado.

El tipo de investigación se definió como descriptiva y explicativa. Desde un enfoque descriptivo, se identificaron patrones y tendencias que permitieron caracterizar el comportamiento de las variables, mientras que el análisis explicativo permitió explorar las posibles relaciones entre estas, contextualizando los resultados en términos de políticas públicas y su repercusión en el desarrollo humano.

Para el análisis cuantitativo, se emplearon datos secundarios obtenidos de fuentes oficiales como el Banco Central del Ecuador (BCE), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Estos datos se sometieron a un tratamiento estadístico descriptivo, utilizando medidas de tendencia central como la media y la mediana, así como la desviación estándar para evaluar la variabilidad. El programa IBM SPSS se utilizó para gestionar y visualizar los datos, lo que facilitó la generación de gráficos y tablas comparativas (^{IBM, 2024}; ^{Flores et al., 2017}).

En el enfoque cualitativo, se llevó a cabo una revisión documental exhaustiva de literatura académica y documentos de políticas públicas relacionados con el gasto social y el desarrollo humano. Este análisis permitió identificar categorías clave mediante matrices de contenido, lo que enriqueció la interpretación de los resultados y proporcionó un marco teórico robusto para contextualizar las observaciones empíricas.

La población de estudio incluyó indicadores anuales del IDH, datos de gasto público social y estimaciones de la población económicamente activa. No se utilizó un sistema de muestreo, ya que se trabajó con la totalidad de los datos disponibles para asegurar una representación exhaustiva del período estudiado.

El marco metodológico adoptado, alineado con los principios pragmáticos y dialécticos propuestos por ^{Tashakkori y Teddie (2015)} y complementado por ^{Moscoloni (2012)}, proporcionó una base sólida para interpretar las dinámicas entre las políticas sociales y el desarrollo humano en Ecuador. Este enfoque garantizó un análisis integral y sistemático, adaptado al contexto histórico y social del país.

RESULTADOS

Se inició el proceso de análisis descriptivo y bibliográfico de los resultados, con el objetivo de evaluar el impacto del gasto público social en el IDH de Ecuador a lo largo del período 2007-2021. El presente estudio examinó cómo el gasto público social en áreas clave como educación, salud, economía y bienestar social impactó el desarrollo humano en el país durante este período. A pesar de las fluctuaciones en la inversión pública, los resultados mostraron una mejora significativa con la variable del IDH, destacando un aumento promedio del 0,16%. Estos hallazgos subrayan la importancia de mantener y aumentar el gasto social para fomentar un desarrollo humano sostenible.

Nota: elaboración propia, con base de datos de la ^{CEPAL (2023)} y el ^{INEC (2023)}.

Figura 1 Índice de desarrollo humano del Ecuador, series históricas (2000-2021) 

El gráfico muestra la evolución del IDH de Ecuador desde el año 2000 hasta 2021. Durante este período, se nota un crecimiento continuo del IDH, que inicia con un valor inferior a 0.70 en el año 2000 y alcanza un valor cercano a 0.77 en 2015. Este crecimiento refleja mejoras en sectores fundamentales como la salud, la educación, la economía y el bienestar social, lo cual indica un progreso notable en el desarrollo humano en el país (^{Arcentales, 2024}).

A partir de 2015, el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador muestra una tendencia de estabilización, manteniéndose prácticamente constante hasta 2019. Este comportamiento puede atribuirse a una serie de políticas implementadas en el país durante esos años, orientadas a mejorar el acceso a servicios básicos, así como la calidad de la educación y la salud pública. Entre las medidas destacadas se incluyen programas de asistencia social enfocados en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y políticas educativas y de salud que favorecieron una mayor cobertura y calidad en estos servicios (^{Sánchez, 2017}). Estas acciones, aunque no provocaron un crecimiento significativo en el índice, permitieron mantenerlo estabilizado en un nivel adecuado.

Sin embargo, en 2020, se presenta una caída abrupta en el índice, posiblemente relacionada con los efectos de la pandemia de COVID-19, que afectó de manera significativa la economía nacional y el bienestar de la población. Esta caída lleva al IDH a un nivel inferior a 0.74, evidenciando el impacto negativo en el desarrollo humano (^{Ayala et al., 2021}).

En el último tramo del gráfico, que abarca hasta 2021, se puede observar una leve recuperación del IDH, aunque no se alcanzan los niveles previos a la caída de 2020. Esto sugiere que, a pesar de los esfuerzos de recuperación, los efectos de la crisis siguen siendo significativos, y que el país aún no ha logrado restablecer el mismo nivel de desarrollo humano que tenía antes de la pandemia.

Para el año 2007, el IDH del país había subido a 0.723, el gasto público social prácticamente se triplicó, alcanzando los USD 276.289 millones en la moneda nacional, mientras que la población económicamente activa aumentó a 6.416.739 personas. Este año marcó una fase de recuperación económica y de mayor inversión en políticas sociales, reflejada en el aumento del gasto público y el avance en la calidad de vida. La subida del IDH podría asociarse con una mayor inversión en educación, salud y asistencia social, beneficiando a la población de manera más equitativa.

Durante los años 2008 y 2009, el IDH continuó incrementándose, alcanzando 0.729 en 2008 y 0.731 en 2009. Sin embargo, lo más notable fue el aumento del gasto público destinado a lo social, que ascendió de 401.248 millones en 2008 a 503.887 millones de moneda nacional en 2009, lo que representa un incremento del 25%. Este aumento coincidió con la implementación de la Constitución de 2008, que impulsó nuevas políticas de derechos sociales y económicos (^{Chuncho et al., 2021}). El gasto social se canalizó hacia la salud, la educación y los programas de bienestar social, contribuyendo a una mejora en la equidad y el acceso a servicios básicos.

En 2019, el IDH alcanzó su punto más alto hasta ese momento, con 0.760, mientras que la tasa de crecimiento cayó a -0.26%, reflejando una desaceleración económica. El gasto público social alcanzó su máximo histórico de USD 1.125.534 millones en moneda nacional, lo que representó un esfuerzo significativo por parte del gobierno para mantener los niveles de bienestar social en un contexto de contracción económica. La población económicamente activa también siguió creciendo, llegando a 8.632.229 personas, lo que mostraba un mercado laboral en expansión, aunque con dificultades crecientes debido a los signos de ralentización económica.

El año 2020 fue particularmente crítico para el país debido a la pandemia de COVID-19. El IDH retrocedió ligeramente a 0.731, y la tasa de crecimiento registró una caída dramática de -3.97%, la peor en dos décadas. A pesar de esta crisis, el gasto público social se mantuvo elevado en USD 1.134.831 millones en moneda nacional, un intento de reducir el impacto de la pandemia en la población más vulnerable. La población económicamente activa continuó aumentando a 8.794.607 personas, aunque las condiciones laborales se deterioraron significativamente debido a la crisis sanitaria y económica.

En 2021, Ecuador mostró signos de recuperación. El IDH se recuperó a 0.740, el nivel más alto registrado en la serie de datos, y la tasa de crecimiento volvió a ser positiva, con un 1.22%. El gasto público social siguió incrementándose hasta USD 1.168.435 millones en moneda nacional, lo que reflejaba el esfuerzo gubernamental por consolidar la recuperación económica y social postpandemia. La población económicamente activa alcanzó 8.954.035 personas, indicando una gradual reactivación del mercado laboral. Estos resultados sugieren que, a pesar de los desafíos, el país logró recuperar parte del bienestar perdido durante la crisis de 2020, apoyado por un sostenido esfuerzo en inversión social (^{Máttar y Perrotti, 2014}).

El análisis de los estadísticos descriptivos sobre el IDH, el gasto público social y la población económicamente activa en un período de 15 años reveló importantes patrones y tendencias que caracterizaron el desarrollo social y económico de Ecuador.

En cuanto al IDH, los datos indicaron un rango estrecho entre 0.72 y 0.77, con una media de 0.7473. Esto refleja una estabilidad considerable en el nivel de desarrollo humano durante el período estudiado. La desviación estándar, que fue de 0.01467, mostró que las fluctuaciones en el IDH fueron mínimas. Este comportamiento sugiere que, aunque hubo mejoras en algunos indicadores sociales, el país mantuvo un crecimiento controlado en su nivel de desarrollo humano, sin variaciones significativas durante el tiempo analizado.

El gasto público social, por otro lado, mostró una variabilidad mucho mayor. Los valores oscilaron entre un mínimo de USD 2.762,89 millones en moneda nacional y un máximo de USD 11.684,35 millones, con una media de USD 7.949,58 millones. La desviación estándar, de USD 2.722,53 millones, indica fluctuaciones importantes en el nivel de gasto social. Estas variaciones podrían haberse debido a cambios en las políticas fiscales y de inversión del gobierno, o bien a la respuesta frente a eventos económicos o sociales que requirieron ajustes en la distribución de recursos públicos. Este comportamiento sugiere que, aunque el estado aumentó de manera sostenida el gasto social, lo hizo de manera no lineal, lo que podría haber impactado la estabilidad y efectividad de las políticas de bienestar implementadas.

La población económicamente activa presentó un crecimiento constante. La cantidad de personas empleadas en el mercado laboral fluctuó entre un mínimo de 6.416.739 y un máximo de 8.954.035, con una media de 7.738.275 personas. La desviación estándar fue de 811.020 personas, lo que indica una variabilidad moderada. Este crecimiento reflejó una ampliación de la fuerza laboral del país, sugiriendo un incremento en la capacidad productiva, aunque las fluctuaciones en el número de la población económicamente activa también pueden haber estado influenciadas por factores externos como crisis económicas o cambios en las políticas de empleo.

Los datos mostraron una estabilidad en el IDH, mientras que los recursos públicos destinados presentaron fluctuaciones considerables a lo largo del tiempo, y la población económicamente activa creció de manera sostenida, pero con variabilidad moderada. Este análisis subraya la importancia de mantener políticas sociales consistentes para asegurar un impacto positivo a largo plazo en el desarrollo humano, especialmente en un entorno donde los recursos públicos son variables y la economía enfrenta fluctuaciones en su fuerza laboral.

DISCUSIÓN

La conexión entre el gasto público social y el IDH en Ecuador durante el período 2007-2021 revela importantes implicaciones para el progreso económico y social del país. El análisis de los datos sugiere que la inversión en políticas sociales ha jugado un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de la población. En este contexto, la estabilidad del IDH y el incremento del gasto público social resaltan que un aumento en la asignación de recursos a la educación, salud y programas de bienestar ha tenido un impacto positivo en el desarrollo humano (^{Quilumba 2015}).

Similar a otros países de América Latina, Ecuador ha estado históricamente dependiente de sus recursos naturales y sectores productivos como motores de su economía. Sin embargo, este estudio señala que el desarrollo humano también necesita un enfoque orientado hacia la inversión social. Aunque ha experimentado un crecimiento en su población económicamente activa, la significancia del crecimiento depende de cómo se distribuyen las mejoras de dicho desarrollo a través del gasto público. Según ^{Acevedo et al. (2007)}, la expansión de la fuerza laboral, cuando va acompañada de inversiones en el desarrollo del capital humano, puede aumentar la productividad y, como resultado, mejorar el desarrollo humano en el largo plazo.

Existen países en el continente que, al igual que Ecuador, han buscado mejorar su Índice de Desarrollo Humano (IDH) mediante políticas de gasto social orientadas a la educación, salud y bienestar económico. En algunos casos, se observa una tendencia similar, donde el crecimiento del IDH es estable o presenta incrementos moderados, reflejando las dificultades para lograr avances significativos en contextos con limitaciones presupuestarias o dependencia de recursos naturales (^{Gutiérrez 2017}).

Por ejemplo, en la comparación de los resultados del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en América Latina, se observa que algunos países han logrado niveles de desarrollo similares o superiores al de Ecuador. Actualmente, Ecuador tiene un IDH de 0.765, mientras que países como Chile y Argentina presentan índices más altos, de 0.860 y 0.849 respectivamente, lo cual se debe en gran medida a políticas consistentes de inversión en educación y salud (^{Vanegas 2024}). Otros países de la región, como Costa Rica (0.806) y Uruguay (0.830), también mantienen índices elevados, reflejando avances en sus sistemas de bienestar social, aunque con desafíos para reducir las desigualdades persistentes (^{Alarco y Castillo 2020}).

Esta comparación muestra que, aunque Ecuador ha mejorado en áreas clave, existe una diferencia notable con países que han invertido de forma más sostenida en desarrollo humano. Los hallazgos sugieren que Ecuador podría fortalecer su posición en la región mediante una distribución más estable y consistente de los recursos sociales para mantener y mejorar el IDH, en especial en educación, salud y programas sociales.

Asimismo, los resultados sugieren que el gasto público social ha sido un factor crucial para contrarrestar los efectos de las crisis económicas, como lo demuestra el incremento del gasto en 2020 como respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto refuerza la idea de que la intervención estatal y la asignación de recursos a sectores vulnerables pueden mitigar los impactos negativos en el desarrollo humano durante períodos de recesión económica. Sin embargo, la alta variabilidad en el gasto público social observada a lo largo del período estudiado destaca la necesidad de una mayor consistencia de las políticas de inversión social.

En términos comparativos, otros estudios han resaltado que la dependencia de los recursos naturales y del comercio exterior puede exponer a las economías a fluctuaciones externas (^{Casanova y Zuaznábar 2018}). De manera similar, en Ecuador, el desarrollo humano puede verse afectado si no se garantiza una inversión pública constante que respalde la estabilidad económica y social. Como sugiere ^{Martínez, E. (2014)}, la concentración de ingresos en sectores específicos puede agravar las desigualdades si no se distribuyen adecuadamente los beneficios del crecimiento económico. En este contexto, la investigación confirma la importancia de mantener una política fiscal enfocada en el bienestar social y en la optimización constante del IDH.

De acuerdo con investigaciones similares, como las de ^{Guevara (2016)}, el efecto del gasto público social en el desarrollo humano en naciones de América Latina es positivo, ya que las inversiones sociales tienden a ser elásticas en relación con los indicadores de bienestar. Esto coincide con los hallazgos de ^{Galilea et al. (2011)}, quienes establecen que los mayores niveles de inversión social generan mejoras sostenidas en la calidad de vida y en la disponibilidad de servicios esenciales, especialmente de educación y salud. Contrariamente, ^{Morduchowicz (2004)} argumenta que el comportamiento de las dos variables de estudio, el gasto social y el desarrollo humano, presenta una correlación inversa en ciertos contextos, debido a la ineficiencia en la distribución del gasto o a la ausencia de continuidad en las políticas sociales implementadas. En este sentido, el informe emitido por el ^{Banco Central del Ecuador (BCE) (2022)} explica que existe una dependencia en programas de asistencia social en economías emergentes que se ve afectada por shocks externos y por políticas fiscales que no logran sostener el gasto social a largo plazo.

Las investigaciones contrastan que una inversión constante en políticas sociales es fundamental para mejorar el desarrollo humano, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Así, ^{Arellanes (2011)} enfatiza que el gasto público social permite capitalizar los beneficios de los recursos estatales, distribuyendo más equitativamente el bienestar entre la población. Según investigaciones de ^{Armijo y Espada (2014)}, la conexión entre el gasto público social y el desarrollo humano es más efectiva cuando existe una planificación coherente a largo plazo, lo cual contribuye a una mayor estabilidad económica y social.

CONCLUSIONES

La investigación ha proporcionado una visión detallada sobre el impacto del gasto público social en el desarrollo humano de Ecuador a lo largo del período 2007-2021, destacando las políticas de inversión en áreas sociales que han incidido en la estabilidad del IDH. A lo largo de los años de estudio, el gasto público social mostró fluctuaciones notables, con un promedio de crecimiento del 0,16% en el IDH, a pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19. Los valores obtenidos mediante el análisis estadístico, como las desviaciones estándar, corroboran las variaciones en la inversión social, lo que refleja un comportamiento no lineal del gasto público. A pesar de esto, la tendencia general apuntó hacia una mejora en los indicadores de bienestar, reforzando la importancia de las políticas sociales.

El gasto público en áreas como la educación, la salud y el bienestar social ha sido fundamental para el desarrollo humano en Ecuador. Este tipo de inversión ha sido clave para aliviar los efectos de las crisis económicas, como la provocada por la pandemia en 2020. A pesar de las fluctuaciones en el gasto social, el aumento sostenido en la población económicamente activa y los programas sociales han demostrado ser efectivos para mantener e incluso mejorar el IDH durante el período estudiado. Sin embargo, la alta variabilidad en el gasto público revela la necesidad de una mayor consistencia en la distribución de recursos y la ejecución de políticas de largo plazo.

Otros factores, como las políticas gubernamentales, la situación económica internacional y los eventos internos como la pandemia, también han intervenido en la evolución del gasto social y su impacto en el bienestar nacional. La intervención estatal para aumentar la inversión en sectores sociales se destacó como un factor crucial para enfrentar los efectos de la desigualdad monetaria y promover un desarrollo más equitativo.

Además, se destacó la relevancia del gasto público social como un factor que, si bien no garantiza causalidad directa, mostró una correlación significativa con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador. La investigación reveló que, a pesar de los aumentos y ajustes en el presupuesto dedicado a áreas sociales, los avances en el IDH fueron moderados, lo que sugiere que existen otros factores externos que influyen en la estabilidad y mejora del bienestar de la población.

Estos resultados subrayan que la inversión social es esencial para el desarrollo humano, pero no es suficiente por sí sola. Para que las políticas sean más efectivas, se podrían considerar estrategias que integren la inversión en salud, educación y protección social con iniciativas que promuevan la equidad y reduzcan las desigualdades. Aunque se observó una correlación entre el gasto social y el IDH, esta no implica necesariamente una relación causal, lo cual indica la necesidad de enfoques más integrales en la formulación de políticas públicas.

A partir de los hallazgos, se podrían plantear recomendaciones para los formuladores de políticas en Ecuador. Se sugiere fortalecer los programas de bienestar y educación mediante una asignación de recursos más consistente, así como desarrollar estrategias orientadas a la inclusión social. Además, es fundamental que los tomadores de decisiones se apoyen en un análisis regular de estos indicadores para ajustar las políticas según las necesidades emergentes, maximizando así el impacto en el bienestar y desarrollo de la población.