INTRODUCCIÓN

La Agenda 2030 propuesta por la ONU muestra a la educación como un derecho fundamental del ser humano a nivel mundial, y no como un privilegio, la cual debe ser de libre acceso, de alta calidad, con inclusión y equidad; en razón de que se busca asegurar los conocimientos relevantes y pertinentes. Este planteamiento busca el compromiso de todos los Estados para implementar políticas educativas y fortalecer los sistemas educativos, los cuales deben ser inclusivos en todos los contextos.

Según la UNESCO, la educación es un derecho fundamental en la vida humana, que debe ser accesible y de calidad, ya que constituye un pilar esencial para el desarrollo tanto individual como social. ^{Manjarres Márquez y Salazar Ramos (2021)} destacan que la educación promueve la valorización del ser humano, facilitando la construcción de una sociedad con bases sostenibles que impulsan el progreso de un país. En este sentido, ^{Zorrilla (2016)} enfatiza que es responsabilidad del Estado proporcionar las condiciones necesarias para asegurar una educación de calidad. Para ello, las políticas educativas deben alinearse con las realidades sociales y adaptarse continuamente a mejoras que fortalezcan el sistema educativo.

La educación abarca procesos didácticos esenciales, como la enseñanza y el aprendizaje. El rol del docente incluye crear condiciones favorables, proporcionar materiales y diseñar estrategias que fomenten el pensamiento crítico, factores que son cruciales para un aprendizaje efectivo. ^{Robert et al. (2021)} afirman que el rol de la educación debe concebirse como un bien público, cuya financiación y supervisión son responsabilidad del gobierno. De acuerdo con ^{Contreras Bustamante (2020)}, la educación es un motor para el desarrollo al estimular el conocimiento; sin embargo, esto requiere mejoras en las estructuras educativas para alcanzar su máximo potencial.

Según ^{Mezzaroba y Carriquiriborde (2020)}, la práctica educativa reúne diversas acciones orientadas a establecer y promover procedimientos que permitan desarrollar competencias específicas en los estudiantes. Además, ^{Domínguez Zaldívar y Torres Quevedo (2020)} afirman que una transformación educativa efectiva depende de la relación estrecha entre investigación y práctica educativa, ya que esta conexión es clave para impulsar cambios significativos en los procesos formativos que respondan a las demandas de la era del conocimiento.

En este sentido, según ^{Laporta San Miguel (2023)}, desarrollar una educación equitativa es crucial para el individuo, lo que implica analizar a fondo el proceso educativo que incluye la alfabetización, la instrucción desde la base, el entendimiento del entorno y el dominio de las herramientas, aspectos que se ven complementados por el nivel de educación alcanzado.

De acuerdo con ^{Martínez-Chairez et al. (2016)}, los líderes políticos consideran que la calidad educativa representa un desafío constante para el Estado, lo cual se refleja en el desempeño de los docentes y en las calificaciones que obtienen los estudiantes en evaluaciones nacionales e internacionales. Mejorar la calidad educativa se convierte en una empresa compleja que implica reformas educativas y la evaluación de los profesores a través de pruebas estandarizadas. En este contexto, se valora el equilibrio entre los costos involucrados y los resultados obtenidos.

Las políticas educativas (PE) nacen al evaluar un sistema educativo, cuya finalidad es formar a niños y adolescentes para un futuro donde alcancen la realización personal en el entorno social. Las instituciones educativas forman dentro de un contexto y clima favorable, para desarrollar la teoría y según las experiencias de la vida, tal como señalan ^{Núñez-Lira et al. (2020)}. La política pública comprende una serie de procesos con intención y causalidad, los cuales se orientan hacia un objetivo con beneficio público-social. Son definidas en un contexto donde se considera al Estado y todos los sectores de una jurisdicción; toda política es decidida desde la legitimidad, como señala ^{Aguilar (2010)}.

Las políticas en países latinoamericanos, según ^{Gonzalez Anaya (2020)}, han evidenciado consecuencias de una débil operatividad de las plataformas virtuales debido a las limitaciones y brechas en el acceso a los estudiantes. Los contenidos de aprendizaje en los currículos tienen una débil estructura y los docentes reciben una escasa capacitación para el uso adecuado de los medios digitales en los sistemas educativos implementados.

Desde la evaluación efectuada por ^{Acuña et al. (2019)}, la estructura de la educación en Chile considera la línea “desde arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro”; esta misma premisa fue tenida en cuenta por ^{Oliva (2019)}, quien se enfocó en escudriñar las bases curriculares para analizar las posibilidades (ventajas) y las limitaciones en el contexto educativo. Las políticas promovieron transformaciones en la educación, en razón de que pasaron a ser administradas por las entidades locales. A la vez, cuenta con la Ley General en Educación, que busca velar por la calidad educativa.

De igual forma, ^{Mainardes (2018)}, en relación con la política educativa en México, sostiene que el sistema educativo considera el planteamiento del propósito, de la tradición y el contexto. Por otro lado, lo enfoca como la columna modular para plantear políticas educativas desde los currículos nacionales que erradiquen los problemas educacionales desde la equidad e igualdad, logrando así una relación positiva entre los estudiantes.

En esa línea, ^{Cardona Acosta et al. (2020)} sostienen que la educación en Colombia sufrió modificaciones y se buscó asimilar los conceptos de calidad en los sistemas educativos, considerando la influencia de las cumbres de nivel internacional, que generaron acuerdos para mejorar el aprendizaje, enfocándose en preparar a los estudiantes para la vida debido a los bajos niveles en formación, deserción y repitencia. Además, impulsan reformas educativas de acuerdo con la evolución y los desarrollos históricos.

A nivel nacional, la educación presenta un nivel bajo de rendimiento en los estudiantes; a esto se suma el ausentismo de los estudiantes por la falta de recursos y las inadecuadas estrategias que se intentan poner en práctica. De igual manera, se suma la formación docente en estándares inadecuados, así como jóvenes que presentan una comprensión de lectura deficiente y dificultades de memoria. El procedimiento que se aplica en la evaluación de desempeño de los educadores aún no tiene los criterios adecuados para asegurar una educación con futuro ante las situaciones que se originan en el contexto de la globalización, debido a la débil comunicación y la falta de estándares en las rúbricas que se consideran en el proceso de evaluación (^{Gillespie y Fairbairn, 2020}).

El sistema educativo en la zona centro del país presenta deficiencias de analfabetismo, deserción escolar, infraestructura inadecuada debido a que algunas se encuentran en estado de deterioro por falta de gestión oportuna para el mantenimiento o reparación, docentes que no tienen experiencia para desarrollar estrategias educativas y el acceso a internet es limitado; es así que el INEI, en el año 2019, evidenció que el sector rural presenta un índice del 30.1% de analfabetismo entre hombres y mujeres (^{Sánchez Huapaya, 2021}).

Finalmente, ^{Espezúa Salmon y Santa María Santamaría (2015)} sostienen que las características propias de los modelos de competencias no forman parte de las unidades de aprendizaje, debido a su inadecuada estructura y la falta de articulación de los saberes. Se suma el inadecuado planteamiento de las capacidades y actividades que no se relacionan con la problemática local; es decir, los contenidos no se sostienen en una planificación curricular adecuada basada en competencias, ya que no se toman en cuenta los métodos y técnicas para focalizar el aprendizaje sobre las competencias, lo que no asegura el logro de capacidades de los educandos. La enseñanza - aprendizaje depende de la capacidad e interacción entre los docentes y los alumnos, quienes tienen un rol activo en los resultados del proceso de formación; por lo tanto, la gestión educativa es crucial para el aprendizaje de los alumnos.

En este contexto, el presente planteamiento sobre las políticas educativas lleva a formular el problema general: ¿Cómo influye la política educativa en la labor del docente? Este estudio tiene como objetivo identificar los documentos, valores y prácticas que orientan el accionar de los educadores, con miras a proponer estrategias que fortalezcan la construcción de nuevos conocimientos en los estudiantes y a determinar cómo impacta la política educativa en la labor docente al impartir el aprendizaje. El estudio pretende contribuir a la formulación de nuevas teorías que permitan comprender la interacción entre la política educativa y la práctica docente en el aula. Esta investigación es de gran relevancia, ya que busca analizar la labor educativa en profundidad, reconociendo que toda forma de educación sólida y bien fundamentada es clave para garantizar el bienestar social.

METODOLOGÍA

Considerando las características y propósitos de la investigación, se asumió un enfoque cualitativo - interpretativo, de tipo documental, con alcance descriptivo, la información recolectada fue categorizada, analizada y valorada para su interpretación según el marco teórico,

En el proceso de la revisión sistemática se consideraron las bases de datos: Scopus, Scielo, Redalyc y Dialnet, por mostrar criterios sólidos y reconocidos en toda la comunidad científica. Se seleccionaron artículos en español, portugués e inglés que devienen de las siguientes ecuaciones de búsqueda, de igual forma considerando el uso de sinónimos de las ecuaciones. Se aplicaron los descriptores booleanos: "AND", "or”, "OR" para la búsqueda el cual generó un total de 620 artículos que, al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, quedaron un total de 20 artículos, siguiendo el diagrama de flujo denominado PRISMA.

En la selección se consideraron los siguientes criterios de inclusión: publicaciones del año 2015 al 2024, considerando el carácter de nivel “artículo científico”. Y, como criterios de exclusión: los estudios duplicados o aquellos que no guardaban relación con el objeto de investigación, así como aquellos que no estaban disponibles en acceso abierto y no estaban escritos en español.

Figura 1 Diagrama de flujo PRISMA. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La teoría presenta la educación como un contenido de enfoque principal, lo que genera en la actualidad una discusión a nivel mundial. En este sentido, se viene impulsando, durante varias décadas, la transformación del sistema educativo, una labor muy compleja que demanda que los representantes de los países analicen de forma mesurada las demandas educativas según las realidades jurisdiccionales y que, tras el proceso, determinen políticas que abarquen los contenidos necesarios que deben estar interrelacionados (^{Motta Pescoran, 2021}).

Conforme lo fundamenta ^{Tello (2015)}, la política educativa se analiza desde los campos de la ontología y la epistemología, partiendo de una base teórica, debido a que es un tema complejo que aún no puede ser definido normativamente. Desde el punto de vista práctico, se considera como política pública, siendo necesario para su mejor comprensión utilizar un enfoque científico que permita definir los métodos que deben emplearse en el proceso de aprendizaje.

Desde la perspectiva de los docentes de nivel secundario, las Políticas Educativas se definen de múltiples maneras: como un conjunto de leyes aprobadas que deben implementarse a nivel nacional en el ámbito correspondiente; como directrices o procedimientos que delinean un proceso educativo eficaz; como normativas que buscan trazar una ruta en los procesos educativos; como un compendio de documentos normativos que regulan todas las actividades educativas; como normas o leyes destinadas a regular o impulsar reformas educativas para potenciar el aprendizaje; como documentos con fuerza de ley que orientan y supervisan todos los aspectos relacionados con la formación educativa; como procedimientos legales que establecen los alcances en la formación de los estudiantes; como documentos con rango legal para dirigir una educación adecuada; como fundamentos establecidos por normas que se aplican en el sistema educativo; como dispositivos legales que organizan y dan coherencia al sistema educativo en todos los niveles; como la base que define los lineamientos en educación; como ideas y estrategias que orientan la educación; como un conjunto de prácticas con valores orientados a mejorar la calidad educativa; y como la decisión y responsabilidad de todo gobierno de adoptar medidas para reorientar la enseñanza y lograr los resultados deseados.

Estas diversas perspectivas presentan a la política educativa como la norma que gobierna y regula todo el sistema educativo desde diferentes puntos de vista y realidades, convergiendo con el campo del conocimiento. En caso necesario, se hace imperativo plantear reformas a las políticas actuales para abordar las complejidades existentes en los distintos contextos.

La política educativa (PE) requiere ser regulada por medio de leyes para alcanzar los beneficios esperados, previa evaluación continua de la población escolar a la que está dirigida. Las atenciones en educación se relacionan con determinados derechos que las normas deben garantizar; cada educador tiene derechos, pero, de igual forma, debe asumir obligaciones desde el ejercicio de su profesión.

En el ámbito de las políticas educativas, se plantean una serie de objetivos fundamentales. Estos incluyen la mejora de la calidad educativa, el fortalecimiento de los programas implementados por los docentes, la revisión de los currículos existentes, el reconocimiento de la importancia de la infraestructura escolar, la promoción de la equidad y la inclusión, el acceso igualitario al aprendizaje para todos, la formación integral de los estudiantes, la relevancia de los contenidos curriculares, el énfasis en la práctica de habilidades y valores, la contribución de la formación al desarrollo económico, la integración de la formación técnica considerando la situación socioeconómica de los estudiantes, la promoción temprana de la investigación y el pensamiento crítico, y la incentivación de la innovación tecnológica entre los estudiantes como una meta esencial en el proceso educativo.

Existe coincidencia sobre lo planteado por ^{Oliva (2019)} y ^{Barrutia Barreto et al. (2024)} respecto a las políticas educativas desde las bases curriculares de nivel nacional, ya que enfrentan la problemática de la desigualdad educativa, la cual requiere un gran impulso para abordar este flagelo que limita la formación educativa. Según lo expuesto por ^{Cardona Acosta et al. (2020)}, Colombia aún enfrenta desafíos respecto al currículo, el proceso de evaluación y la financiación necesarios para implementar nuevas estrategias.

De igual forma, ^{Tello (2019)} sostiene que, a través de las políticas educativas, se deben plantear estrategias pedagógicas que generen equidad y solidaridad, considerando las realidades sociales para erradicar la desigualdad y la exclusión que aún persisten en el sistema educativo. Por otro lado, ^{Alarcón Leiva (2020)} fundamenta que todo sistema educativo debe proponer alternativas que garanticen igualdad de oportunidades tanto de forma individual como grupal.

Las políticas educativas nacen en un entorno del sistema educativo donde se impulsa la formación de estudiantes para la vida y un futuro estable y armonioso. Son acciones emprendidas por el Estado para formalizar y guiar las prácticas educativas (^{Martínez Rizo, 2018}).

Asimismo, la teoría posiciona a la política educativa como un escenario para el conocimiento, el cual se contempla como un derecho en las constituciones de las naciones. Desde una perspectiva general, se observa una visión restringida que no logra avances notables sobre la problemática educativa debido a su complejidad y conflictividad. A esto se suma la existencia de subjetividades y creencias; también es evidente la falta de reconocimiento a la labor de los educadores dentro de la relación política-docencia, la cual se ve restringida en el desarrollo de las labores de los profesionales en educación, lo que minimiza el impacto o los avances en diversas instituciones educativas (^{Cruz Vadillo, 2021}).

La educación formativa también atraviesa factores o tensiones relacionadas con elementos contextuales, datos históricos, situaciones sociales, culturales, económicas y conflictos políticos, según sostienen ^{Fuentes (2019)}. La política educativa, desde el panorama actual, es un proceso con sentido de gubernamentalización, dado que cuenta con sus propias estructuras y establece la forma en que se abordarán sus estrategias definidas, impulsa las relaciones y define la conducción.

Por ello, las actuales exigencias mundiales en educación deben sustentarse en una nueva Ley de Educación, la cual debe estar reglamentada. La evaluación docente aplicada en Perú se lleva a cabo de forma similar a la de Cuba, donde se designa un grupo evaluador conformado por personal directivo y educadores con reconocimiento de su trayectoria profesional. Sin embargo, los criterios aplicados no son claros (^{Di Napoli et al., 2017}). La evaluación de desempeño docente efectuada por el Ministerio de Educación (MINEDU) mostró resultados preocupantes en las rúbricas de la promoción del juicio, el pensamiento crítico, la innovación y la creatividad, líneas vitales que un educador debe dominar para proporcionar retroalimentación en los aprendizajes y así alcanzar las competencias escolares (^{Atasoy, 2018}).

Por tal razón, la UNESCO, con el objetivo de impulsar y dar nuevos enfoques a la educación, busca reorientarla desde la pedagogía, considerando la organización desde los principios clave de cooperación, colaboración y solidaridad. Desde el currículo, la organización de los planes busca un nuevo aprendizaje que respete la ecología y lo intercultural; es decir, se debe educar tomando en cuenta los derechos humanos y fomentando una ciudadanía activa con participación democrática. Desde los educadores, quienes para impartir enseñanzas requieren profesionalizarse previamente y ser reconocidos como grandes generadores del conocimiento y piezas claves en la transformación educativa. Desde la escuela, en razón de que estos espacios deben convertirse en lugares donde se promuevan la inclusión y la equidad. Desde el aprendizaje permanente o continuo, ya que es un derecho que todos tenemos a lo largo de toda la vida. La oportunidad educativa debe brindarse en todos los entornos naturales existentes.

De acuerdo con el MINEDU, las políticas educativas tienen como base la Carta Magna, los Tratados de nivel internacional vigentes, la Ley general que regula la Educación, las conclusiones de las investigaciones educativas y, principalmente, deben considerar las necesidades que demanda la sociedad y deben abarcar la educación temprana o inicial, la formación primaria, secundaria, el nivel superior, el nivel técnico-productivo, la formación especial, y la línea intercultural bilingüe con enfoque comunitario.

Por consiguiente, la literatura presenta a las actividades motivadoras y recreativas como medios que contribuyen al fortalecimiento de la comunicación entre docentes y adultos, generando confianza y complementando el vínculo entre docente y estudiante, lo cual crea un entorno propicio para el desempeño laboral y el logro del aprendizaje, tal como señalan ^{Souza de Carvalho et al. (2024)}.

Asimismo, las competencias digitales juegan un papel crucial en el desempeño de los docentes en todas las instituciones educativas a nivel global. Por lo tanto, es imperativo reflexionar sobre la calidad del servicio educativo al hacer uso de los recursos tecnológicos disponibles. Para alcanzar el éxito en los exigentes mercados laborales, los estudiantes deben tener la capacidad de aplicar lo aprendido mediante la implementación de herramientas de aprendizaje, donde los docentes asumen la responsabilidad de adaptar sus métodos y contenidos educativos a las realidades locales y sociales, como lo indican ^{Paredes-Marín et al. (2024)}.

En cuanto a las teorías relevantes en educación, el estudio realizado por ^{Botero et al. (2021)} en Colombia, destaca la importancia de una educación basada en procesos eficaces. Según los autores, una educación bien estructurada permite alcanzar los objetivos institucionales, lo que a su vez impulsa el progreso y la modernización de la sociedad en su conjunto.

En México, ^{Cervantes-López et al. (2023)} emplearon un enfoque cualitativo descriptivo para subrayar que una gestión estratégica eficaz es esencial para alcanzar una ventaja competitiva y sostenible en el sector educativo. Su investigación muestra cómo una dirección bien planificada contribuye a mejorar el desempeño y los resultados de las instituciones educativas. Por su parte, ^{Hernández Paz et al. (2023)} realizaron un análisis documental en el cual concluyen que las políticas educativas deben reconocer y valorar las capacidades de las instituciones educativas. Estas políticas facilitan la adaptación de las instituciones y, además, tienen un impacto positivo en el desarrollo económico al preparar profesionales aptos para el mercado laboral.

El estudio de ^{Rojas Valladares y Soria León (2016)}, realizado en Ecuador, utiliza una metodología cualitativa para explorar cómo la educación de calidad tiene el poder de transformar la vida de los estudiantes. Los autores argumentan que la educación no solo crea conocimiento, sino que también promueve la identidad nacional y los principios sociales, contribuyendo así a una sociedad más cohesionada.

En Venezuela, ^{Orellana Navarrete et al. (2022)} llevaron a cabo un estudio descriptivo no experimental, en el que enfatizan que mitigar los riesgos potenciales es clave para alcanzar el éxito en el corto plazo, además de crear y promover un valor sostenible en el ámbito educativo. Finalmente, ^{Yepes Villa y Gutiérrez Avendaño (2022)}, también en Venezuela, señalan que la estrategia en la educación es una herramienta fundamental para alcanzar la excelencia. En su estudio, destacan que esta estrategia permite afrontar los diversos desafíos que plantea la educación moderna, promoviendo una instrucción adaptada y de alta calidad.

CONCLUSIONES

En América Latina, las políticas educativas que sostienen los sistemas educativos no consideran aún la inclusión con la importancia que representa en el sistema educativo; en toda base curricular se debe contemplar la inclusión e igualdad y el financiamiento que garantizará la aplicación de las políticas educativas, para alcanzar una convivencia escolar adecuada, un diálogo abierto con el adecuado consenso de los agentes educativos y los actores sociales. No obstante, no resulta favorable realizar un análisis de las normas en educación de cada país debido a que son realidades distintas, pero todas se alinean para mejorar las bases curriculares según los requerimientos en educación formativa.

Los docentes ubican a la política educativa como una función de todo Estado, que busca el bien común tanto de la población estudiantil como de sus habitantes en general. Todo educador en la actualidad ocupa un lugar de tipo pasivo, dado que sigue las disposiciones que emite el ente gubernamental; sin embargo, representan las posibles soluciones a los problemas y conflictos sociales que deben enfrentar en el país, considerando que pueden formar a una población futura con juicio crítico y capacitada para abordar cualquier problemática que se presente en la sociedad.

El procedimiento que se aplica en la evaluación de desempeño de los educadores aún no tiene los criterios adecuados para asegurar una educación de calidad ante las situaciones que se originan en el contexto de la globalización, por la débil comunicación y la falta de estándares en las rúbricas que se consideran en el proceso de evaluación.

Las actividades motivadoras y recreativas son los medios que ayudan a fortalecer la comunicación entre los docentes y los adultos, ya que generan confianza y complementan el vínculo de docente-estudiante, lo cual crea el escenario propicio para el desempeño laboral y el logro del aprendizaje según los currículos nacionales.

La formación a través de la educación es la base para edificar una sociedad más equitativa, en un entorno saludable y con visión de prosperidad. Por ello, se requiere que los gobiernos se comprometan con la implementación de políticas para eliminar todas las barreras que limitan el aprendizaje, ya que es importante alcanzar un mayor acceso a la educación con políticas educativas con enfoque de inclusión social.