Introducción

El Estado para una gestión pública exitosa viene promoviendo cada vez más el protagonismo de la ciudadanía en aspectos de control a los actos de los servidores públicos; sin embargo, se encuentra inmerso en una complejidad de reducción de la indiferencia ciudadana a participar activamente. Es así que promueve la participación activa de los ciudadanos a través de programas de desarrollo juvenil, tanto en el ámbito escolar como en la sociedad.

La participación ciudadana puede ser difícil de definir y más complicada de obtener. Por ello, cualquier fórmula que se elabore carece de autenticidad y universalidad, pues no se encuentra sujeta a la revisión de hechos diarios. El ciudadano es el ente primario y fundamental en un sistema democrático; es la razón de ser del Estado. No obstante, el carácter integral del fenómeno político y social del individuo, la participación ciudadana plantea una doble dimensión, estructural y operativa: a) Desde el punto de vista estructural, esta se refiere a la realidad objeto de estudio; es decir, el conjunto de supuestos lazos entre la realidad y los agentes que participan; b) Desde el punto de vista operativo, la participación hace referencia a la serie de actividades o comportamientos observables de los ciudadanos (^{Romero y Fisman, 2024}).

La investigación aborda la problemática respecto a la falta de participación activa de la ciudadanía en asuntos estatales, la misma que debido a la poca o nula participación ha traído como consecuencia varios problemas asociados con corrupción, inseguridad ciudadana, falta de solución a los problemas sociales, entre otros; es por esto que, la ^{Presidencia del Consejo de Ministros (2015)} en el caso del estado peruano, llego a indicar que la sociedad demanda un gobierno con capacidad para atender a las demandas y que pueda solucionar de manera óptima los problemas sociales.

Relacionado a ello, se tiene que la participación de los ciudadanos se encuentra en una categoría baja cuando se asocia con respecto a la intervención de asuntos públicos (^{Naser et al, 2021}). Esto concuerda con las precisiones del autor ^{Shack (2019)} que refiere que existen dificultades para generar procedimientos que promuevan la participación de la sociedad en temas públicos. Seguidamente, ^{Abad (2019)}, refiere que es necesario la generación de procedimientos estructurados que doten a los ciudadanos de elementos para mediante su derecho de participación ciudadana efectuar control social a la administración estatal. Por su parte, ^{Traver et al (2021)} precisa que para tener una sociedad que participe en las actuaciones estatales es necesario que tengan una actitud neutral, para que su actuación no se direccione únicamente a buscar el interés particular de un grupo de personas.

En el caso particular de Tacna, la Contraloría General de la República (CGR) implementó en 2019 un programa de participación ciudadana denominado Auditores Juveniles. Este programa tiene como propósito principal fomentar la participación activa de los estudiantes en los procesos de mejora continua de los locales escolares. Además, busca generar, desde una edad temprana, conciencia ciudadana en los jóvenes, enseñándoles sobre sus derechos y deberes, destacando la importancia de su opinión en la sociedad (CGR, 2019).

A partir de esta iniciativa, se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se relaciona el derecho de participación ciudadana con el programa Auditores Juveniles en los estudiantes de la región de Tacna? El objetivo fue explorar la relación existente entre el derecho de participación ciudadana y el programa Auditores Juveniles en esta población. Cabe precisar que el presente estudio consideró como antecedentes internacionales a ^{Cabrera (2021)}, quien concluyó que la participación de la ciudadanía es fundamental dentro de las acciones estatales, ya que promueven la transparencia en la toma de decisiones y consecuentemente generan valor público.

De acuerdo con, ^{Quintero (2023)} encontró que es importante insertar herramientas que permitan una participación de la ciudadanía en los asuntos estatales, así como ^{García et al (2022)} que, en su estudio, refiere la necesidad para que exista un liderazgo que permita, mecanismos de participación que facilite a los ciudadanos tener un real conocimiento de la situación de las entidades y sobre esta se genere la participación eficiente.

Por su lado, ^{Mejía Pérez (2021)} considera que dentro del ámbito educativo es necesario generar y promover la participación de los escolares y plantea realizarlo a través de encuestas antes y después de la aplicación de proyectos. Así como ^{Hernández Trejo (2023)} refiere que la participación ciudadana conlleva un recurso invalorable que permite la inserción de la sociedad ya sea de forma organizada o de manera independiente conocer las actuaciones del estado. De igual manera, ^{Cedillo y Rivadeneira (2020)} refiere que la participación de los ciudadanos es un pilar fundamental para trabajar articuladamente con el estado en los procesos vinculados con la gestión educativa buscando el beneficio colectivo.

Igualmente, respecto a los antecedentes nacionales, se tiene que ^{Misme (2023)} evidenció que la participación de los ciudadanos es un factor fundamental para generar el involucramiento de las personas como elemento indispensable para tener un adecuado sistema democrático. Así como lo indicado por ^{Loyola (2021)}, que evidenció que la participación ciudadana se relaciona con la seguridad social, de igual forma con ^{Pereyra Montenegro (2024)} que encontró una relación positiva muy alta entre la participación ciudadana con la gestión municipal, sobre todo destacando aspectos como la transparencia de información y el gobierno abierto. De acuerdo a esto, se tiene que ^{Quispe (2024)} encontró que una relación positiva alta respecto a la participación ciudadana respecto al servicio de gestión de denuncias, denotando que es factible generar mecanismos de participación ciudadana para que las personas puedan insertarse activamente en la gestión estatal, y finalmente con lo descrito por ^{Calderón (2019)}, quien demostró que la participación ciudadana se encuentra directamente relacionada con el control gubernamental.

Por esta razón, se seleccionó el programa Auditores Juveniles como una de las variables de estudio, ya que este mecanismo de participación se genera para formar estudiantes en edad escolar con mejores prácticas de valores, fortaleciendo su conocimiento respecto a los derechos y obligaciones ciudadanas, asimismo se consideró como justificación teórica, la necesidad de incrementar el conocimiento sobre las dos variables de estudio y su implicancia para mejorar la gestión escolar de las instituciones educativas de la región de Tacna.

Sumado a ello, se tiene como justificación social la necesidad de brindar la oportunidad a los estudiantes de expresarse y comprender que su participación activa puede ayudar a mejorar la realidad problemática de sus centro escolares, y finalmente en relación a la justificación metodológica, se logró generar instrumentos de estudios replicables en otras situaciones problemáticas para abordarlas y lograr comprenderlas, de esta forma plantear alternativas de solución viables para aumentar el nivel de conocimiento de los estudiantes relacionados a los valores y finalidad que promueve el programa Auditores Juveniles dentro del sector educación.

Metodología

La investigación consideró un tipo de estudio básico, dado que el objetivo fue comprender de mejor forma la relación entre los derechos de participación ciudadana con respecto al programa Auditores Juveniles (^{Hernández et al, 2014}), en ese sentido, abordó un nivel cuantitativo, para que dichas variables sean abordadas de forma numérica y esto pueda permitir realizar su medición (^{Hernández y Mendoza, 2018}).

El análisis se centró en establecer la relación entre las variables de estudio mediante un enfoque correlacional. Además, se aplicó un método hipotético-deductivo inspirado en las ideas de ^{Popper (2008)}, lo que involucró contrastar las premisas establecidas durante la investigación. Por otro lado, el estudio se basó en un diseño no experimental de tipo transversal, realizado en un momento específico en el tiempo.

En cuanto a la población considerada en la presente investigación, esta fue personas vinculadas con la gestión del citado programa dentro de las entidades educativas de la provincia de Tacna, asimismo como criterio de inclusión fue preciso considerar que se efectuará únicamente aquellas que hayan participado en la ejecución del citado programa, y en consecuencia, la exclusión resulta de considerar aquellas personas que no participaron en la ejecución o no tienen conocimiento sobre el citado programa. En ese contexto se estableció una muestra de estudio de 55 personas a quienes se aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario, teniendo un cuestionario para medir la variable derecho de participación ciudadana y otro para medir la variable de programa Auditores Juveniles.

Cabe mencionar que respecto a los instrumentos, en una primera instancia fueron sometidos a la prueba de validez y confiabilidad respectiva, encontrando producto de la validez de los instrumentos que los tres expertos seleccionados manifestaron su aprobación a dichos cuestionarios, seguido de los valores de Alfa de Cronbach de 0,901 y 0,912 respectivamente para cada variable de estudio, las mismas que en concordancia con la interpretación de ^{George y Mallery (2003)} refieren alcanzar una calificación de excelente, por lo que superen ambas pruebas y fueron factibles de ser aplicadas a la totalidad de la muestra de estudio.

Resultados y discusión

En este apartado, se precisan los resultados descriptivos vinculados con las variables de estudio, para lo cual en la siguiente tabla se observan los resultados de frecuencia correspondiente a la variable derecho de participación y sus respectivas dimensiones:

Tabla 1 Niveles de percepción del derecho de participación ciudadana y sus dimensiones 

La tabla refiere que el 58,2% considera que el nivel de aplicación del derecho de participación ciudadana es regular, seguido de un 30,9% considera que es adecuado y finalmente consideran en un 10,9% que es inadecuado, evidenciando de esta forma la falta de conocimiento por parte de los encuestados respecto a la real magnitud e importancia sobre la necesidad de aumentar el nivel de conocimiento de estudiantes respecto a los derechos que posee todo ciudadano.

Por su parte, en relación con la dimensión administración de bienes y servicios educativos, se tiene que el 52,7% considera que esta dimensión es regular, seguido de un 32,7% que considera que es adecuada, sin embargo, se tiene un 14,5% que considera que es inadecuada. De igual forma, la dimensión de los servicios públicos se tiene que el 40,0% considera que es inadecuado, por su parte el 32,7% se precisa que es regular, y el 27,3% considera que es adecuado.

Tabla 2 Resultados descriptivos de la variable 

Con relación a los resultados descriptivos del programa Auditores Juveniles, se tiene que el 58,2% consideran que dicha variable presenta un comportamiento regular, seguido del 30,9% que considera que es eficiente y el 10,9% lo consideran como ineficiente.

Seguidamente, se precisan los resultados inferenciales respecto a la variable derecho de participación ciudadana con sus respectivas dimensiones, contrastándolas con la variable programa Auditores Juveniles, obteniendo los siguientes resultados

Tabla 3 Relación entre el derecho de participación ciudadana y el programa Auditores Juveniles mediante contrastación de hipótesis 

Los resultados expuestos indican que existe una relación positiva moderada entre el derecho de participación ciudadana y el programa Auditores Juveniles, evidenciada por un nivel de significancia de 0,001 (inferior al margen de error del 5%) y un coeficiente Rho de Spearman de 0,472. Igualmente, se observó que la administración de bienes y servicios educativos presenta una relación positiva moderada con el programa Auditores Juveniles, al igual que el desempeño de los servicios públicos, que también mostró una relación positiva moderada con dicho programa, con un nivel de significancia de 0,001 y un Rho de Spearman de 0,579 (^{Martínez y Campos, 2015}).

Estos hallazgos evidencian la necesidad de implementar mecanismos que inculquen a los estudiantes el conocimiento de sus obligaciones y responsabilidades, enfatizando la importancia de una adecuada calidad en el servicio educativo. Este enfoque debe basarse en enseñarles sus derechos y fomentar una formación ciudadana activa, de manera que, a través del programa Auditores Juveniles, puedan ejercer control social sobre los procesos educativos. Así, se contribuye a mejorar la gestión educativa de las instituciones escolares, promoviendo una participación efectiva y transformadora.

La investigación evidenció que el derecho de participación ciudadana tiene una relación directa y moderada con el programa Auditores Juveniles. En los resultados descriptivos, se observó que un 58,2% de los encuestados consideran que la participación ciudadana es regular, mientras que el mismo porcentaje opina que el programa Auditores Juveniles se lleva a cabo de forma regular.

De igual forma, se encontró que tanto la administración de bienes y servicios educativos como el desempeño de los servicios públicos muestran una relación positiva moderada con el mencionado programa, lo que subraya su importancia en la mejora de la gestión educativa y la prestación de servicios. De acuerdo con lo anterior, es pertinente hacer mención que el análisis crítico efectuado en base a los citados resultados denotan la relevancia que tiene el hecho de tener facultado como ciudadanos el derecho a la participación ciudadana, esto como base fundamental para empoderar a los ciudadanos desde una edad temprana en las aulas escolares, y con base a ello, comprender que son poseedores de derechos y también de deberes, que a futuro sembrarán su formación activa para participar en procesos de gestión y fiscalización de las entidades estatales.

Posteriormente, se encontró una relación con lo planteado por el autor ^{García (2022)}, que evidenció que, para alcanzar una gobernanza efectiva, la participación ciudadana constituye un pilar fundamental como mecanismo que debe ser insertado desde la gestión educativa. De igual forma, ^{Cedillo y Rivadeneira (2020)} considera fundamental dentro de la gestión escolar insertar el enfoque educativo de participación ciudadana para empoderar a los futuros ciudadanos. Igualmente, ^{Loyola (2021)} determinó que tener una eficiente participación ciudadana permite generar mayores aportes a la seguridad ciudadana, aspecto importante. De acuerdo con ^{Paredes Tejada (2022)}, mejorar la prevención contando con organizaciones civiles que ayuden a prevenir actos delictivos, y esto se forma de manera secuencial.

Por otro lado, con lo indicado por ^{Gonzales-García et al. (2020)}, respecto a que es importante contar con ciudadanos capacitados, y el programa promovido por la CGR es una de las opciones con mayor relevancia para dotar a los estudiantes de instrumentos que les enseñen la labor de control social sobre el accionar de las instituciones educativas y formar ciudadanos altamente responsables y comprometidos.

En cuanto a los Beneficios intelectuales y educativos, ^{Buestán Barrera y Narváez Zurita, (2024)} señalan que el programa fomenta en los jóvenes la toma de conciencia sobre el control del gasto público, ya que vivieron en carne propia el procedimiento fiscalizador en instituciones y empresas públicas de la localidad, mediante el contrato de aprendizaje vinculado al mundo laboral, adquiriendo conocimientos sobre normativas y procedimientos que sustentan el mismo, lo que significa conocimiento de nuestro derecho ciudadano como un beneficio educativo. Se aprecia que son adolescentes que en su mayoría se encuentran en capacitación escolar acorde a su formación profesional en áreas administrativas, por lo que semanalmente tienen contactos con gastos públicos, interesados en aprender sobre cómo se maneja el capital en una entidad pública y sobre lo que exigen y/o demandan las entidades a las que auditaban, que como promotores deben responder a estas demandas; por lo que se brinda conocimiento. Además, conocer los gastos que se realizaron en instituciones educativas y gobiernos de docentes sería siempre un aporte y una adquisición educativa.

En lo que se refiere a los beneficios deontológicos, ^{Alvarado-Roca et al. (2024)} indica que, para el adolescente de tercer ciclo, significa conocer acerca de un mundo globalizado, enfrentarse a la diversidad aún en un solo aula de parte de compañeros y emprender todo tipo de actividades con un mismo fin. Con “otros” significa intercambiar entre jóvenes, sus similares e intermediarios de estos, colaborar con los propios, trabajar con la comunidad y para los otros; por lo que en la denominada subfamilia de la humanidad estarán listos para: respetar a sus semejantes, comprender a los demás, apreciar todas las culturas y tradiciones, convivir en armonía dentro de la diversidad y buscar soluciones hablando.

Conclusiones

Se determinó que el derecho de participación ciudadana se relaciona de forma positivo moderada con respecto al programa Auditores Juveniles, asimismo considerando que los encuestados reconocen que el derecho de participación ciudadana es regular en un 58,2% y el programa Auditores Juveniles es regular con similar porcentaje, es necesario generar los procesos de mejora para efectivizar el conocimiento vinculado sobre cuáles son los derechos que todo ciudadano posee al formar parte de una determinada sociedad para efectos de incrementar el nivel de conocimiento desde temprana edad y que al momento de ser ciudadanos puedan participar activamente en la toma de decisiones y fiscalización de instituciones estatales.

Se determinó que la administración de bienes y servicios educativos se relacionan de forma positivo moderada con respecto al programa Auditores Juveniles, asimismo considerando que los encuestados manifiestan que la administración de dichos bienes y servicios educativos es regular en un 52,7%, esto denota que en la medida que se pueda gestionar procesos aumentar el grado de conocimiento en los estudiantes sobre el adecuado proceso para la administración de bienes y la forma como se brinda el servicio educativo esto permitirá dotar de mayor nivel de eficiencia al programa Auditores Juveniles y que esto mejora el control social sobre la educación en las instituciones escolares.

Se determinó que el desempeño de los servicios públicos se relaciona de forma positivo moderada con respecto al programa Auditores Juveniles, asimismo los encuestados consideran que el desempeño de los servicios públicos son inadecuados en un 40,0%; en una primera instancia es necesario realizar la transferencia de conocimiento a los actores que participan en el programa Auditores Juveniles sobre las acciones necesarias que debe tener un centro educativo para brindar un servicio público de calidad, y con este conocimiento ejercer su labor de fiscalización escolar para advertir presuntos riesgos que pudiesen suscitarse.