Introducción

La gestión pública es un pilar fundamental en la administración de los recursos estatales, orientada a garantizar la eficiencia, la transparencia y el desarrollo sostenible en la ejecución de políticas y proyectos gubernamentales (^{Meuleman, 2021}). En este contexto, la contratación pública tiene una importancia fundamental en la gestión de la adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado que son necesarios para sus funciones. Su ejecución óptima conduce a la utilización adecuada de los fondos públicos, incentiva la competencia entre proveedores y garantiza la calidad en la ejecución de proyectos de interés público (^{Križić, 2021}). Además, la gestión de proyectos hace uso de marcos y herramientas que facilitan la planificación, ejecución y seguimiento de iniciativas consideradas eficientes, dentro del presupuesto y completadas dentro de los plazos prometidos (^{Arefazar et al., 2022}). Junto con la contratación pública, la gestión de proyectos se convierte en un proceso complementario que tiene como objetivo alcanzar los objetivos estratégicos de mejorar la capacidad institucional, la prestación de servicios y optimizar el impacto de las inversiones gubernamentales en la sociedad (^{Nilsson et al., 2025}).

En este sentido, la contratación pública se define como las regulaciones, normas, procedimientos y mecanismos mediante los cuales los órganos estatales realizan la compra de productos y servicios u obras de construcción con el fin de satisfacer necesidades colectivas, así como cumplir los objetivos del sector público (^{Xiansheng, 2023}). Este enfoque se caracteriza por un sistema de leyes y regulaciones que permite la selección, adjudicación y ejecución de contratos como elementos principales del gasto público, garantizando así que los fondos públicos se utilicen adecuadamente al tiempo que se mejora la apertura, la competencia y la igualdad de oportunidades para todos los solicitantes (^{Ascanio, 2020}). La contratación pública está diseñada sobre la base de principios como la legalidad, la eficiencia, la publicidad y la responsabilidad que tienen como objetivo optimizar las operaciones de las instituciones públicas y garantizar que los recursos estén orientados a la calidad (^{Gola, 2020}). De la misma manera, abarca a muchos participantes, incluidas las instituciones públicas, los proveedores de servicios y los organismos de supervisión (^{Malacina et al., 2022}).

Por otro lado, la gestión de proyectos es una disciplina que incorpora procesos, metodologías y herramientas para planificar, ejecutar, supervisar y cerrar iniciativas que tienen objetivos específicos. Estos procesos ocurren dentro de limitaciones de tiempo, costo y alcance preestablecidas (^{Jain, 2021}). Su objetivo es optimizar los recursos, mitigar los riesgos y entregar resultados que cumplan con las expectativas y los requisitos de las partes interesadas (^{Ominde et al., 2023}). Son todos estos elementos los que hacen que la gestión de proyectos sea más compleja que establecer y alcanzar objetivos, por lo cual requiere sistemas gestionados. Estas estructuras incluyen herramientas como el Project Management Body of Knowledge (PMBOK), PRINCE2 y marcos ágiles que proporcionan organización, asignación de responsabilidades y control del desempeño del proyecto (^{Simonaitis et al., 2023}). Es este sentido, la gestión de proyectos es multidisciplinaria y abarca una variedad de conocimientos para gestionar las iniciativas de manera integral. Su adecuada implementación mejora la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de los proyectos en diferentes contextos organizacionales y sectores económicos (^{Stanitsas et al., 2021}).

No obstante, los desafíos en materia de contratación pública y gestión de proyectos afectan profundamente la productividad y la eficacia de la inversión pública. Si bien se han producido avances en materia de legislación e implementación de marcos de transparencia, aún existen problemas relacionados con la corrupción, la ineficiencia administrativa y la fragmentación en la planificación y ejecución de proyectos (^{Carloni et al., 2021}). En la mayoría de las regiones, los sistemas de contratación presentan problemas de selección y deficiencia de proveedores, falta de competencia efectiva y sobrecostos que comprometen la sostenibilidad financiera del proyecto (^{Bhatta & Sain, 2023}). Además, la gestión de proyectos del sector público suele verse limitada por una burocracia excesiva, una capacidad técnica insuficiente y la ausencia de sistemas proactivos de seguimiento y control (^{Kajimbwa, 2022}). Debido a estos problemas, se producen retrasos, incumplimientos de contrato y mala calidad de los trabajos y servicios, lo que favorece un desarrollo económico insuficiente y desconfianza en las instituciones gubernamentales de todo el mundo (^{Fourie & Malan, 2020}).

En el caso particular de Latinoamérica, las compras públicas y la gestión de proyectos enfrentan problemas fundamentales que reducen la eficiencia de las iniciativas patrocinadas por el gobierno. La excesiva burocracia y la planificación estratégica inadecuada tienden a generar procesos contractuales largos con procedimientos demasiado complicados que postergan el inicio y el avance de los proyectos (^{Souza, 2017}). Además, el grado de turbulencia política en la región y los constantes cambios de poder afectan la constancia de las políticas de compras, lo que lleva a la interrupción de la ejecución de los pasos posteriores, así como de los plazos (^{Cruz et al., 2024}). Otra dificultad, igualmente importante, es la falta de sistemas adecuados de supervisión y control que conducen a prácticas poco éticas, como la selección de contratistas que carecen de un sólido criterio técnico y un débil control de los estándares de las obras y servicios contratados (^{Moreno & Saldaña, 2024}). Tales problemas tienen repercusiones en la gestión de los proyectos, lo que lleva a excesos presupuestarios, mala calidad en las estructuras construidas y una disminución de la rentabilidad del gasto público (^{Chamorro et al., 2022}).

En este contexto, la influencia de los procesos competitivos y administrativos en las compras públicas sobre la gestión de proyectos ha sido crucial para este estudio. Por lo tanto, la investigación se centró en los fenómenos de licitación y contratación competitiva desde la perspectiva de la gestión de proyectos. Partiendo del supuesto de que el uso de la inversión pública en la región latinoamericana debe ser planificado y controlado estratégicamente mediante la gestión pública, es importante destacar que esta incluye tanto la planificación como el control de la inversión pública en dicha región.

Asimismo, para los fines de este estudio, el control implica la asignación de recursos, las fiscalizaciones, los estados financieros contables, la auditoría de transacciones, los procedimientos de trabajo y abarca todos los servicios públicos y las obras de infraestructura. Por su parte, la planificación asigna el presupuesto correspondiente, los servicios, las actividades y otras obras pertinentes a los objetivos establecidos por los gobiernos. En consecuencia, el objetivo principal del estudio fue analizar el impacto de la contratación pública en la gestión de proyectos en Latinoamérica.

Metodología

El estudio se ha desarrollado siguiendo las pautas del método PRISMA, el cual establece un conjunto de criterios rigurosos para la realización y reporte de revisiones sistemáticas y metaanálisis (^{Sarkis-Onofre et al., 2021}). El propósito de su aplicación fue garantizar la transparencia, reproducibilidad y calidad metodológica en la síntesis de evidencia científica. Asimismo, su ejecución ha permitido la toma de decisiones basada en información precisa y confiable relacionada a la contratación pública y a la gestión de proyectos.

En ese sentido, el proceso inició con la búsqueda de los estudios relacionados a la contratación pública y su impacto en la gestión pública en Latinoamérica. Dicha búsqueda se desarrolló durante el período de diciembre de 2024 a enero de 2025 y se centró fundamentalmente en tres bases de datos: Scopus, Web of Science y Scielo. El operador booleano utilizado fue: ("public procurement") OR ("public sector procurement") OR ("government contracting") AND ("project management"). Este enfoque permitió seleccionar las áreas pertinentes del estudio mediante palabras clave relacionadas, lo que resultó ideal para centrar la investigación en los temas relevantes.

Por su parte, los criterios de inclusión determinaron que solo se incluirían artículos académicos indexados y publicados desde el año 2020 hasta el 2024, así como artículos disponibles en los idiomas inglés, español o portugués, y de acceso abierto que aborden el contexto latinoamericano en el campo de las ciencias sociales y la administración pública. En tanto, los criterios de exclusión incluyeron: tesis y disertaciones, monografías, actas, libros y artículos de revisión de literatura.

El proceso de selección implicó tres etapas de análisis. Para la etapa de identificación, se detectaron 3476 artículos. Luego, después de excluir los documentos duplicados quedaron 3401 artículos. De estos 3401 documentos, se excluyeron aquellos que no eran considerados artículos científicos, los textos escritos en idiomas no incluidos en el estudio, los que no eran de acceso abierto y los artículos que no correspondían al rango de estudio. Finalmente, se seleccionaron 63 artículos mediante este proceso. En la etapa de elegibilidad, se examinaron detalladamente los resúmenes y los objetivos de los artículos para asegurar que estuvieran alineados con el objetivo del estudio. Esto permitió reducir la cantidad de artículos a 23 documentos relevantes para la revisión sistemática. Este procedimiento garantizó que los estudios seleccionados contuvieran información adecuada y fueran útiles para cumplir con los objetivos específicos del estudio.

Figura 1 Diagrama del método prisma 

Resultados y discusión

El proceso de selección de artículos resultó en la inclusión de 23 artículos científicos, cuyos detalles se presentan a continuación:

Para el análisis se utilizaron 23 artículos, los cuales cumplían con los estándares de selección establecidos. De este total, 9 se obtuvieron de Scopus, 9 de Web of Science y 5 de Scielo; lo que garantizó una selección diversa de fuentes académicas de buena reputación. En este sentido, la distribución equitativa entre Scopus y Web of Science fortaleció la validez de la revisión, mientras que la inclusión de Scielo enriqueció el análisis al proporcionar estudios con un enfoque más específico en la realidad latinoamericana, ofreciendo un ángulo más amplio del contexto regional. En términos de concentración geográfica, Brasil contó con 16 artículos, Perú con 2, México 1, Ecuador 1 y Colombia 3. Esta concentración indica que Brasil posee una producción académica más prolífica, debido a la solidez del marco regulatorio del país y la facilidad de acceso a las bases de datos gubernamentales para su análisis.

En cuanto a la cronología de publicación, se publicaron 2 artículos en 2020, 6 en 2021, 5 en 2022, 6 en 2023 y 4 en 2024. Este patrón señala una creciente atención en cuanto a temas relacionados con la optimización del sistema de compras públicas y su eficiencia para los proyectos gubernamentales. Esto debido, principalmente, a los cambios regulatorios y algunos cambios en el uso de la tecnología dentro de la gestión pública.

Con respecto a la metodología, 11 estudios aplicaron métodos mixtos, 7 fueron cualitativos y 5 fueron cuantitativos. La prevalencia de estudios con métodos mixtos indica un enfoque integral en la investigación sobre contratación pública. La combinación de métodos cualitativos y cuantitativos permite una mayor profundidad en los estudios realizados. Por su parte, la baja proporción de estudios exclusivamente cuantitativos indica que hay limitaciones en la disponibilidad de datos estructurados o que los enfoques interpretativos son más comunes.

A todo esto, el análisis de las contrataciones públicas en la gestión de proyectos en Latinoamérica ha revelado un impacto importante. En cuanto a la infraestructura, ^{Ponce & Loor (2020)}, junto con Y^{abar-Ardiles et al. (2023)}, argumentan que la competencia deficiente, las brechas de planificación y el aumento de costos constituyen importantes barreras para la implementación de proyectos. Además, ^{De Castro et al. (2022)} sugieren que un control deficiente de los contratos causa retrasos significativos en la implementación de determinados proyectos estratégicos, poniéndolos en peligro. ^{Pereira et al. (2022)} y ^{Salvador & De São Pedro (2023)} sugieren que la elección de los proveedores no debe ser evaluada solamente por el precio, ya que la calidad y el cumplimiento de los plazos también deben ser prioritarios. Además, la falta de modelos predictivos para la mitigación de riesgos en la contratación pública, también ha sido nombrada como una debilidad inherente en la planificación y ejecución de proyectos (^{Chioro et al., 2021}; ^{Cortez et al., 2020}; ^{Gonçalves & Borges, 2024}).

En cuanto a la sostenibilidad, los estudios sugieren que la incorporación de medidas ambientales en la contratación pública es la opción más acertada a largo plazo (^{Vázquez-Rowe et al., 2021}; ^{Cavalcante et al., 2023}). No obstante, existen ámbitos sociales y ambientales específicos que están excluidos y que deberían incluirse, ya que se pone en peligro la sostenibilidad de los proyectos de obras públicas (^{Treviño-Lozano, 2021}; ^{Hernández et al., 2023}). Esta evidencia subraya la necesidad de diseñar políticas orientadas a lograr un equilibrio adecuado entre las consecuencias negativas y positivas en la gestión de los proyectos gubernamentales.

Respecto a la innovación, se ha demostrado que la automatización y la digitalización mejoran la eficacia en la administración de contratos públicos (^{Maia et al., 2021}; ^{De Oliveira et al., 2022}). Asimismo, la supervisión de proyectos y la eficacia de las decisiones de gestión estratégica se ven mejoradas por la tecnología (^{Melati et al., 2021}). En este sentido, ^{Assis et al. (2022)} y ^{Takagi et al. (2024)} destacan que el empleo de sistemas de inteligencia artificial en la contratación pública permite una adecuada predicción de riesgos y la asignación de recursos, lo que aumenta la eficiencia operativa y el control presupuestario estatal.

En relación con la transparencia, se evidenció que la competencia en la adjudicación de contratos se vincula con un menor riesgo de corrupción (^{Gutiérrez, 2020}; ^{Ribeiro et al., 2023}). No obstante, en Colombia existe la figura de los contratos de licitación directa, que reduce la competencia y aumenta la posibilidad de conductas poco éticas (^{Gallego et al., 2021}). Además, durante ciertas crisis, el grado de transparencia disminuye, lo que dificulta la supervisión y el control de las funciones de contratación pública (^{Precinotto et al., 2023}; ^{Da Costa et al., 2024}). Por ello, existe la necesidad de desarrollar políticas orientadas a mejorar los procesos de contratación pública en la región.

Conclusiones

Se concluye que la contratación pública influye de manera positiva en la gestión de proyectos, mejorando su eficiencia, sostenibilidad, transparencia e innovación. Sin embargo, se observó una gestión estratégica deficiente en la competencia durante las licitaciones, junto con una falta de control adecuado, lo que puede generar altos costos y retrasos. Además, si bien algunos países han incluido criterios ambientales en algunas de sus políticas, su adopción aún es parcial, por lo que la sostenibilidad no ha experimentado cambios significativos.

También se evidenció que la estandarización de procesos y la adopción de tecnologías modernas mejoran significativamente la eficiencia en la contratación pública, aunque en algunas áreas aún se encuentran en etapas iniciales. Por otro lado, la concentración de ofertas en un pequeño grupo de oferentes, combinada con un monitoreo inadecuado, genera una percepción negativa de transparencia y aumenta el riesgo de corrupción, al mismo tiempo que reduce la competitividad en los procesos de licitación.

A todo esto, el estudio subraya la necesidad de mejorar los marcos legales y las políticas de contratación para lograr una gestión de proyectos más efectiva en la región. Para alcanzar este objetivo, se recomienda integrar tecnologías digitales avanzadas con requisitos más estrictos para la evaluación de proveedores y el diseño de proyectos, lo que permitiría una contratación pública más eficiente y justa. Finalmente, es esencial prestar mayor atención a los estudios comparativos entre países y al impacto de la digitalización en la supervisión y gestión de los contratos públicos.