Introducción

La participación ciudadana se expresa tanto como un derecho como una herramienta para incidir en la toma de decisiones, mientras que el derecho barrial representa el conjunto de facultades de los sectores organizados para intervenir en la vida pública desde su realidad territorial. En este sentido, (^{Schroeder et al. 2022}) explican que la intervención del colectivo en los debates públicos favorece una distribución más equitativa del acceso a las decisiones. Por lo tanto, fortalecer las habilidades de los colectivos sociales, particularmente a nivel barrial, amplía sus oportunidades de plantear ideas e integrarse en la formulación de políticas (p. 149).

A partir de ello, puede afirmarse que la participación ciudadana y el derecho barrial constituyen dos dimensiones clave en la construcción de una democracia local inclusiva y corresponsable. Particularmente en contextos donde el tejido social se organiza a nivel de barrios, como en el cantón La Libertad, ambos conceptos adquieren una importancia estratégica para el desarrollo comunitario y la legitimidad de la gestión pública.

El cantón La Libertad cuenta con 107 sectores barriales y una población aproximada de 103.000 habitantes. Sin embargo, pese a esta estructura potencialmente participativa, la práctica cotidiana evidencia una limitada efectividad de los mecanismos de participación y una débil articulación entre los barrios y las autoridades municipales. Esto se traduce en una escasa apropiación del derecho barrial por parte de la ciudadanía, lo cual impide el fortalecimiento de la democracia local.

Desde una perspectiva teórica, la participación ciudadana se entiende como el conjunto de mecanismos mediante los cuales las personas intervienen en las decisiones que afectan a la comunidad. En esta línea, (^{Polo y Villa 2021}) señalan que la colaboración no se limita únicamente a formar parte de un grupo u organización específica, sino que también implica involucrarse activamente en diversas situaciones mediante propuestas y acciones orientadas a fortalecer los procesos comunitarios (p. 104).

En el ámbito local, esta participación adquiere una dimensión más tangible y cotidiana. En particular, los barrios, como espacios primarios de organización territorial y social, se convierten en escenarios clave donde la participación puede manifestarse o ausentarse. Desde esta perspectiva emerge el concepto de derecho barrial, entendido como el conjunto de facultades colectivas que poseen los habitantes de un territorio para organizarse, incidir en la gestión pública y ser reconocidos como interlocutores válidos en los procesos de planificación y toma de decisiones.

De acuerdo con el COOTAD, las unidades o territorios barriales cuentan con garantías de organización reconocidas en la norma, destacándose la obligatoriedad de los niveles de gobierno de implementar estructuras organizacionales e impulsar la participación comunitaria. En consonancia, (^{Barroso y Constantino 2022}) advierten que, a diferencia de partidos políticos, asociaciones o grupos de presión, la acción colectiva se caracteriza por una capacidad de movilización basada en formas de organización más flexibles y no tradicionales (p. 67).

Bajo este marco, la gobernanza local se convierte en el espacio donde ambas variables convergen. Conforme al modelo de democracia participativa, las administraciones municipales están llamadas a generar estructuras y prácticas que promuevan la intervención efectiva del colectivo organizado en los barrios. No obstante, a pesar de que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (^{LOPC, 2010}) establece que el Estado debe garantizar canales institucionales de participación, en muchos casos estos mecanismos son débiles o no se aplican, particularmente cuando las autoridades locales no fomentan una cultura participativa activa.

El caso del cantón La Libertad constituye un escenario oportuno para analizar esta interrelación. En este contexto, los ciudadanos enfrentan múltiples obstáculos para ejercer su derecho a la participación, mientras que los barrios, pese a su potencial organizativo, carecen de estructuras estables y de apoyo técnico o político por parte del gobierno local. Aunque podría pensarse que la responsabilidad recae en el colectivo por no alcanzar una organización plena, en realidad la garantía constitucional pondera este derecho como llano y sin cortapisas, salvo los límites establecidos por la ley. Por tanto, cuando los gobiernos locales deben aplicar este derecho en políticas públicas, lo menos que debería ocurrir es su menoscabo.

En consecuencia, es necesario repensar los marcos institucionales y normativos que aseguren una verdadera articulación entre ciudadanía, territorio y gestión pública. Así lo establece la (^{Constitución de 2008}), al determinar que la participación constituye uno de los ejes del Estado y que la ciudadanía tiene derecho a ser protagonista en los asuntos relacionados con su avance, la programación y la gestión de lo público.

En esa misma línea, la LOPC desarrolla mecanismos concretos de participación, como las asambleas barriales, audiencias públicas, veedurías, sillas vacías, presupuestos participativos y consejos ciudadanos sectoriales. Estas herramientas están diseñadas para fortalecer el derecho barrial, ya que permiten a las comunidades organizarse y ser reconocidas por la institucionalidad pública. Sin embargo, su aplicación real depende del criterio político del gobernante de turno, lo que en muchos casos deja a los barrios sin espacios efectivos de incidencia.

Adicionalmente, el COOTAD refuerza estas disposiciones y establece como competencia de los gobiernos autónomos cantonales promover la intervención comunitaria en el desarrollo local. En su artículo 304, exige la institucionalización de mecanismos permanentes de participación integrados al sistema de planificación territorial. Así, los ciudadanos organizados en barrios cuentan con respaldo legal suficiente para exigir su inclusión en procesos claves como el ordenamiento territorial y la planificación de obras.

En este marco, el presente artículo tiene como finalidad analizar la relación entre la participación ciudadana y el derecho barrial en el cantón La Libertad. Para ello, se emplea la metodología de revisión teórica y documental, con el propósito de identificar las condiciones que limitan o favorecen el ejercicio de este derecho, evaluar el cumplimiento del marco normativo vigente y proponer estrategias hacia una mayor inclusión de la comunidad en la gestión local.

Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque descriptivo cualitativo, lo que permitió interpretar, organizar y realizar un análisis crítico sobre la implicación de los ciudadanos y el derecho barrial. El proceso metodológico se estructuró siguiendo el protocolo PRISMA, el cual establece una secuencia organizada en cuatro etapas: identificación, selección, elegibilidad e inclusión.

En la fase de identificación, se efectuó una búsqueda en bases de datos académicas reconocidas como Scopus, Google Scholar, SciELO, Redalyc y Dialnet. Para ello, se emplearon combinaciones de términos clave relacionados con “participación ciudadana”, “derecho barrial”, “organización comunitaria” y “derechos ciudadanos”, tanto en español como en inglés. Se utilizaron además operadores booleanos (“AND” y “OR”) con el fin de aumentar la precisión en los resultados obtenidos.

Durante la fase de selección, se eliminaron los registros duplicados y se examinaron los títulos y resúmenes para verificar su pertinencia con respecto al objeto de estudio. Únicamente se consideraron aquellas investigaciones que cumplían con los siguientes criterios de inclusión:

De forma complementaria, se establecieron los siguientes criterios de exclusión:

En la fase de elegibilidad, se revisaron en detalle los textos preseleccionados para confirmar que cumplían con los criterios previamente establecidos. Se valoró de manera especial que las investigaciones examinaran el papel de la participación ciudadana en la defensa y ejercicio de los derechos barriales. Los estudios que no cumplían con estos parámetros fueron descartados.

Finalmente, en la fase de inclusión, se seleccionaron los estudios más pertinentes, los cuales fueron sometidos a un análisis cualitativo detallado. En total, se incorporaron 16 investigaciones que ofrecieron evidencia significativa para comprender los mecanismos, desafíos y beneficios de la participación ciudadana en el fortalecimiento del derecho barrial.

A continuación, en la Figura 1 se presenta el diagrama de flujo que sintetiza el proceso metodológico seguido para la selección de estudios, conforme al protocolo PRISMA.

Figura 1: Diagrama de Flujo PRISMA 

Resultados y discusión

Los resultados del presente estudio, derivados de la revisión sistemática de documentos y normativas, ofrecen una visión integral de la situación actual del derecho barrial y la participación ciudadana en el cantón La Libertad. A pesar de que esta región cuenta con una organización compuesta por 107 sectores barriales y una población cercana a los 103 000 habitantes, las condiciones institucionales, políticas y culturales han limitado considerablemente el ejercicio efectivo de la participación en la gestión local. Esta realidad se manifiesta en distintos niveles, comenzando por la fragilidad estructural de las organizaciones barriales, que en su mayoría no poseen un estatus jurídico actualizado y carecen de una dinámica organizativa constante. La fragmentación del territorio, junto con la heterogeneidad socioeconómica de los barrios, ha generado una estructura desarticulada que dificulta la creación de canales confiables de comunicación con el gobierno municipal. Según (^{Quecaño 2024}), el acceso restringido a los mecanismos de participación, la falta de institucionalidad en los barrios y la persistencia de prácticas corruptas reducen la representatividad y socavan la confianza ciudadana.

En el ámbito institucional, uno de los hallazgos más relevantes corresponde a la inactividad de la Comisión de Participación Ciudadana del Concejo Cantonal. De acuerdo con el sitio web oficial del gobierno local (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad, 2024), dicha comisión no ha realizado reuniones ni convocatorias en los últimos 24 meses. La falta de gestión impide que los ciudadanos accedan a mecanismos esenciales para ejercer su derecho a participar en decisiones que inciden directamente en su entorno. Asimismo, la división interna entre los líderes barriales -organizados en dos directivas en disputa- agrava la situación. Mientras una de ellas cuenta con apoyo de la autoridad cantonal, la otra no posee reconocimiento oficial, lo que refleja cómo el ambiente político partidista afecta a la organización comunitaria. En lugar de consolidarse como actores sociales legítimos, los líderes barriales han sido instrumentalizados como herramientas de movilización política, debilitando su credibilidad y capacidad de influencia. En esta línea, (^{Hütt y Hernández 2023}) señalan que, aunque las nuevas formaciones políticas prometen transformaciones, en la práctica reproducen sistemas de control clientelar que intensifican la desconexión entre ciudadanía e instituciones.

Desde el plano normativo, el análisis evidencia que, si bien el cantón dispone de una normativa específica creada en 2011 para regular la participación ciudadana y la supervisión social, su aplicación ha sido superficial y limitada. Este marco legal, que debería garantizar el derecho de los ciudadanos a involucrarse en la gestión pública, ha sido reducido a un cumplimiento formal sin impacto real. En el examen documental no se encontraron registros de reuniones barriales, audiencias públicas ni veedurías relacionadas con decisiones municipales importantes, como las referentes al presupuesto de los años 2023, 2024 y 2025. Esta carencia contrasta con lo dispuesto en el COOTAD, cuyo artículo 304 exige a los gobiernos autónomos descentralizados establecer mecanismos permanentes de participación. En consecuencia, la participación ciudadana queda supeditada a la voluntad política de turno, configurando un escenario de cumplimiento formalista sin asegurar el derecho sustantivo de la comunidad a ser escuchada. Como advierte (^{Signorelli 2024}), este tipo de participación pragmática no responde a los fundamentos de la democracia local, pues carece de profundidad y de incidencia en la toma de decisiones públicas.

Otro hallazgo relevante es la ausencia de un registro formal que documente los procesos de consulta comunitaria vinculados a las principales obras del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), tales como la infraestructura pesquera en Ecuatún, el mercado de transferencias o el nuevo terminal terrestre. Aunque estas iniciativas representan oportunidades significativas para el desarrollo económico y urbano del cantón, fueron diseñadas sin instancias deliberativas, sin asambleas comunitarias y sin evidencia de apoyo popular. La omisión de estos procedimientos resulta alarmante, ya que invisibiliza la necesidad de reconocer a los barrios como actores legítimos en la planificación territorial. En este sentido, (^{Oregi et al. 2023}) sostienen que los procesos de participación deben incluir una fase preliminar de identificación de actores clave y análisis del contexto, a fin de garantizar decisiones más democráticas y sostenibles. La ausencia de tales prácticas en La Libertad refleja una gestión municipal orientada a un enfoque tecnocrático, en detrimento de la inclusión ciudadana.

El distanciamiento entre la población y las autoridades locales también se evidencia en los altos niveles de desconfianza, apatía y desinterés social. Cuando la ciudadanía percibe que su voz no es considerada, disminuye su motivación para participar en los procesos públicos, lo que agudiza la crisis de legitimidad institucional. Al respecto, (^{Reyes 2021}) documenta cómo sustituir mecanismos auténticos de participación por prácticas clientelares debilita la cohesión barrial y genera mayor sensación de exclusión. De igual forma, (^{Carvajal y Bunster 2024}) afirman que, para fortalecer el bienestar comunitario, resulta indispensable promover el capital social, la unidad y el empoderamiento ciudadano, factores que son escasos en diversos sectores del cantón. La apatía generalizada se refleja en la falta de responsabilidad compartida frente a problemas cotidianos como el descuido de espacios públicos, el inadecuado manejo de desechos y la inseguridad barrial. Aspectos que, en otros contextos, podrían impulsar la organización comunitaria, en La Libertad son asumidos con resignación.

Desde la perspectiva política, el gobierno municipal no ha demostrado una intención real de fomentar una gestión inclusiva ni de integrar a las organizaciones barriales en el ciclo de políticas públicas. Por el contrario, se ha identificado una tendencia a convocar a los líderes únicamente en actos ceremoniales, excluyéndolos de los espacios de decisión. (^{Castro 2023}) plantea que la educación ciudadana debe orientarse a problemas comunitarios específicos, algo inviable cuando los representantes barriales son marginados del debate público. La falta de autonomía, la escasa formación técnica y la subordinación política frente a las autoridades locales restringen la consolidación de los líderes barriales como actores legítimos en la gobernanza. En consonancia, (^{Schneider et al. 2021}) sostienen que las estructuras de oportunidad política dominadas por el clientelismo y el centralismo limitan significativamente la participación ciudadana a nivel local.

Ante este escenario, los hallazgos permiten proponer diversas estrategias para mejorar la inclusión de la población en los procesos de gestión pública. En primer lugar, resulta imprescindible institucionalizar los mecanismos de participación establecidos en la normativa vigente, como presupuestos participativos, veedurías sociales, cabildos abiertos y asientos vacíos, de modo que no dependan de la discrecionalidad política del gobierno local. En segundo lugar, se requiere reestructurar y fortalecer el liderazgo barrial, promoviendo procesos democráticos internos y fomentando la capacitación técnica continua. Finalmente, se recomienda implementar campañas de sensibilización e información ciudadana que fortalezcan el ejercicio de derechos y el desarrollo de una cultura política activa. En este sentido, (^{Franco 2023}) enfatiza que la gobernanza participativa debe trascender el marco normativo y consolidarse como una práctica real que involucre a la ciudadanía en todas las etapas de la gestión.

En conclusión, la experiencia del cantón La Libertad demuestra que un marco legal avanzado puede resultar ineficaz si no existe voluntad política ni una cultura democrática que lo sustente. (^{Fechine et al. 2024}) sostienen que las políticas públicas alcanzan mayor efectividad cuando son diseñadas y ejecutadas con la participación genuina de la comunidad. En consecuencia, fortalecer el derecho barrial no solo constituye una obligación legal, sino también una necesidad esencial para garantizar una gobernanza legítima, inclusiva y sostenible a nivel local.

Conclusiones

El análisis sistemático acerca de la relación entre la participación ciudadana y el derecho barrial en el cantón La Libertad permite evidenciar una distancia significativa entre lo que establece el diseño institucional y lo que se aplica en la gestión local. Aunque el marco normativo vigente reconoce de manera explícita los derechos colectivos de los ciudadanos para intervenir en la planificación y supervisión de los asuntos públicos, dicho marco no se ha cumplido de manera efectiva, dejando a la comunidad sin medios reales de incidencia en las decisiones que afectan directamente su vida cotidiana. Esta situación no solo cuestiona la funcionalidad del derecho barrial en este contexto, sino que también revela una contradicción entre la participación que se promueve en el discurso y la que realmente se materializa en la práctica.

Desde una perspectiva crítica, se concluye que el problema no se limita a la falta de voluntad individual de los ciudadanos, sino que responde a un modelo institucional que ha normalizado la exclusión de la comunidad como actor colectivo. Reducir la participación a actos formales o espacios controlados políticamente refleja una lógica de gestión que concentra el poder y limita la corresponsabilidad ciudadana. Esta dinámica afecta elementos esenciales como el desarrollo de espacios de deliberación real, la vigilancia sobre los recursos públicos y la legitimidad del gobierno local frente a sus habitantes. Por lo tanto, más que un fallo operativo, se trata de una cultura política que requiere transformaciones profundas.

El derecho barrial, que debería consolidarse como un canal efectivo de empoderamiento colectivo, no ha logrado convertirse en una herramienta sólida de participación en La Libertad. La ausencia de liderazgos firmes, la fragmentación de las organizaciones, el uso partidista de las vocerías y la escasa formación técnica de sus miembros han debilitado a los barrios como interlocutores legítimos. Sin embargo, esta realidad también plantea una oportunidad para repensar la gestión territorial, asegurando que los barrios no se limiten a ser receptores pasivos de decisiones, sino que se fortalezcan como espacios de propuestas y construcción conjunta. Para ello, resulta indispensable una institucionalidad más abierta, cercana y dispuesta al diálogo, capaz de traducir el derecho barrial en una práctica cotidiana y efectiva.

Finalmente, este estudio deja abiertas interrogantes para futuras investigaciones: ¿qué procesos formativos pueden contribuir a reconstruir el tejido comunitario en contextos de desconfianza acumulada?, ¿cómo lograr que las organizaciones barriales conserven su autonomía y eviten ser capturadas por intereses políticos?, ¿y qué ajustes normativos permitirían adecuar la legislación a escenarios con baja cultura cívica? Estas preguntas constituyen puntos de partida relevantes para profundizar en la comprensión de los límites y posibilidades de la participación ciudadana en territorios con problemáticas similares. La colaboración entre universidades, ciudadanía y gobiernos locales será un elemento clave para avanzar hacia modelos más inclusivos y sostenibles de gestión comunitaria.