INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 significó un hito histórico al reconocer al país como un Estado constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural (^{Asamblea Nacional, 2008}). En este marco, se incorporaron de manera explícita los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, entre los cuales se destacan la autonomía territorial, el acceso directo a los recursos públicos, el derecho a mantener y fortalecer sus instituciones sociales, políticas, económicas y culturales, así como la facultad de constituir Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTIs) como regímenes especiales de gobierno. Este avance normativo se articuló además con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Ecuador, que reconocen la libre determinación y los derechos colectivos de los pueblos indígenas (^{Stavenhagen, 2010}; ^{OIT, 1989}).

Sin embargo, a pesar de la existencia de este marco garantista, en la práctica se observa un incumplimiento sistemático de estos derechos. Las organizaciones indígenas, tales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), han señalado de manera constante la falta de mecanismos efectivos que permitan acceder directamente a los recursos públicos a través de sistemas de administración propia. Frente a esta situación, dichas organizaciones han recurrido a manifestaciones y paralizaciones como estrategias de presión para exigir del Estado el respeto y cumplimiento de sus derechos constitucionales, afectando, no obstante, la estabilidad social y económica del país (^{Ayala et al., 2017}). Estos conflictos ponen de manifiesto una contradicción entre la normativa jurídica y la realidad administrativa, en la que persisten estructuras estatales centralizadas que limitan la materialización de la autonomía indígena.

El reconocimiento de las CTIs se fundamenta en la necesidad de garantizar un nivel de gobierno local propio para los pueblos y nacionalidades indígenas, en particular los amazónicos, con capacidad de gestionar de manera integral sus territorios y de atender las necesidades de sus comunidades desde su propia cosmovisión. No obstante, la ausencia de implementación real de estas circunscripciones ha perpetuado un escenario de exclusión y desigualdad social. La gestión pública sigue respondiendo a modelos occidentales de desarrollo económico-productivo, desconectados de los principios del Buen Vivir (Sumak Kawsay) y de la cosmovisión indígena, que priorizan la armonía con la naturaleza, la vida comunitaria y la sostenibilidad cultural (^{ALAI, 2011}; ^{Arteaga-Cruz, 2017}). Este desajuste refuerza la percepción de que, pese a los avances constitucionales, los pueblos originarios continúan siendo marginados en el acceso a los beneficios del Estado y en la posibilidad de incidir en la planificación de su desarrollo (^{Isea Argüelles, 2025}).

Desde el punto de vista jurídico, también se evidencian tensiones. Por un lado, la Constitución reconoce la autonomía y autogestión de los pueblos indígenas; por otro, establece que los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado como patrimonio inalienable e imprescriptible (^{Asamblea Nacional, 2008}). Esta contradicción genera una antinomia jurídica que limita el alcance efectivo de las CTIs, especialmente en lo relacionado con la soberanía sobre el subsuelo y la explotación de recursos estratégicos. En consecuencia, las aspiraciones de autogobierno indígena se ven condicionadas por la estructura del Estado central, que continúa definiendo las políticas de gestión de los territorios y los recursos. Este panorama ha provocado un vacío conceptual y práctico respecto de los alcances y limitaciones de las CTIs, que requiere ser analizado con rigurosidad desde una perspectiva académica, jurídica y social (^{Torres, 2020}).

En el plano teórico, resulta indispensable enmarcar el problema en nociones fundamentales como plurinacionalidad, interculturalidad, territorialidad, derechos colectivos, sistemas de gobierno propio y planes de vida indígenas. La plurinacionalidad cuestiona la visión monocultural del Estado y reivindica la coexistencia de múltiples pueblos con identidades históricamente establecidas (^{CONAIE, 2007}; ^{Zuleta, 2021}). La interculturalidad, más allá del respeto a la diversidad, implica construir relaciones equitativas entre culturas, superar desigualdades estructurales y propiciar el aprendizaje mutuo (^{Walsh, 2008}; ^{FENOCIN, s.f.}). La territorialidad, en tanto, no solo alude al espacio físico sino a la dimensión simbólica, cultural y espiritual del vínculo con la tierra (^{CONGOPE, 2019}; ^{Santos, 1999}a). Estos conceptos, junto con la cosmovisión indígena y el Buen Vivir, proporcionan el sustento para comprender que la demanda por CTIs no se limita a un reclamo administrativo, sino que representa una apuesta por un modelo alternativo de desarrollo, justicia y democracia.

La problemática adquiere mayor relevancia si se considera que la Amazonía ecuatoriana es un territorio estratégico por su biodiversidad y por la presencia de recursos naturales de interés económico. La falta de reconocimiento pleno de los derechos indígenas en esta región no solo genera conflictos sociales recurrentes, sino que también afecta la gobernanza ambiental y la sostenibilidad de los ecosistemas (^{Benabent y Vivanco, 2019}). La constitución de las CTIs, en este sentido, se proyecta como una vía para garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre el manejo de sus territorios, reduciendo los conflictos y fortaleciendo la gobernanza democrática.

Por estas razones, la presente investigación se orienta a evaluar el nivel de incumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en relación con la constitución de las Circunscripciones Territoriales Indígenas. Se busca caracterizar las falencias en el acceso directo a los recursos públicos, determinar las consecuencias derivadas de este incumplimiento y proponer mecanismos procesales y administrativos que viabilicen la creación de estructuras de gobierno propias o el fortalecimiento de las ya existentes. En definitiva, el objetivo del trabajo es evaluar el nivel de incumplimiento a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades para la constitución de las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTIs), aportando a la construcción de propuestas que garanticen el pleno ejercicio de dichos derechos en el marco del Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano.

MÉTODO

El presente estudio es de tipo cualitativo, ya que permite recoger datos no estandarizados con el fin de alcanzar una comprensión profunda de los criterios, comportamientos y expectativas de los actores involucrados. Por su alcance, la investigación es descriptiva, puesto que busca caracterizar la situación de incumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades en el proceso de constitución de las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI), mediante un diagnóstico situacional. Asimismo, es aplicada en su propósito, ya que provee a los representantes de las nacionalidades y pueblos de la Amazonía de herramientas administrativas que contribuyan al cumplimiento de sus derechos colectivos y a la materialización de las CTI.

Dentro del campo de las investigaciones jurídicas, este trabajo se enmarca en el enfoque socio-jurídico, al abordar una problemática social con proyección en el orden jurídico, con el objetivo de encontrar alternativas de solución.

En el orden teórico, se aplican los siguientes métodos:

En el orden empírico, se utilizaron los siguientes métodos:

La muestra, a la que se aplicó la entrevista, estuvo conformada por tres personas: un dirigente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), un ex técnico del Proyecto de Construcción de la CTI Kichwa de la provincia de Pastaza, y la máxima autoridad de la Secretaría Técnica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica (ex técnica del proyecto de CTIs del extinto Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico). Las entrevistas se realizaron en la provincia de Pastaza a personas con representatividad regional y provincial. No se realizó un cálculo muestral debido a que el universo de expertos con estos criterios es reducido (menos de 100 elementos).

RESULTADOS

El análisis realizado en este trabajo, que combina la revisión documental con entrevistas a representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, permite identificar una serie de hallazgos que aportan a la comprensión del incumplimiento de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y en la normativa internacional de derechos humanos. Los resultados se organizan en diferentes niveles: normativo, administrativo, social, cultural y propositivo.

Nivel normativo

En el ámbito normativo, se constató que, a pesar de los avances significativos de la Constitución de 2008, que reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural y establece en su artículo 57 la posibilidad de constituir Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTIs), estas no han sido implementadas en la práctica (^{Asamblea Nacional, 2008}). Si bien la Ley Orgánica de Circunscripciones Territoriales Especiales (LOPICTEA, 2018) desarrolla parcialmente este marco, no establece los mecanismos claros de ejecución, ni procedimientos concretos para garantizar la transferencia de competencias y el acceso directo a los recursos públicos.

La ausencia de reglamentos específicos, acompañada por la falta de asignación presupuestaria y voluntad política, ha provocado que este derecho permanezca como una promesa incumplida. Este hallazgo confirma lo planteado por ^{Torres (2020}), quien sostiene que los conflictos de competencias en el Ecuador evidencian una débil articulación entre lo normativo y lo administrativo, generando vacíos de gobernanza.

Nivel administrativo

Desde la perspectiva administrativa, los resultados indican que el acceso directo a los recursos públicos por parte de los pueblos indígenas no se ha concretado. La gestión financiera continúa centralizada en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y en el Estado, lo que limita la autonomía indígena.

El 100 % de los entrevistados coincidió en que existe una desatención estatal sistemática en áreas clave como infraestructura, salud, educación y acceso a tecnologías. A su vez, el 66,6 % de los participantes manifestó que la Constitución de 2008 no se cumple en lo que respecta a los derechos colectivos y la gestión de recursos en los territorios indígenas. Estos datos reflejan la distancia entre el marco jurídico y su aplicación concreta, una constante en la historia de la relación entre Estado y pueblos indígenas.

Nivel social

En el plano social, los hallazgos muestran que la falta de implementación de las CTIs genera un sentimiento de exclusión persistente. Las comunidades indígenas perciben que, a pesar de los avances normativos, siguen siendo tratadas como actores secundarios y no como sujetos políticos plenos.

Este resultado se manifiesta en la limitada participación de las nacionalidades en el diseño de políticas públicas, en la imposición de agendas de desarrollo ajenas a sus necesidades y en la marginación de su voz en la gestión de los territorios. Según ^{Walsh (2008)}, la interculturalidad en el Ecuador ha sido instrumentalizada como discurso, sin traducirse en prácticas transformadoras. Los testimonios de los entrevistados refuerzan esta conclusión: se sienten fuera de los procesos de toma de decisiones, incluso en cuestiones que afectan directamente a sus territorios.

Nivel cultural

En el plano cultural, se evidenció que las políticas públicas aún responden a un modelo de desarrollo occidental, orientado hacia la explotación económica, sin considerar la cosmovisión indígena ni los principios del Buen Vivir (Sumak Kawsay).

Los entrevistados señalaron que este principio, aunque constitucionalmente reconocido, sigue siendo más un discurso simbólico que una práctica real. La exclusión de los planes de vida de las comunidades en la planificación estatal genera un choque entre visiones de mundo, donde la racionalidad extractivista predomina sobre la racionalidad comunitaria y ambiental (^{Arteaga-Cruz, 2017}).

Propuestas emergentes

Un hallazgo significativo es la emergencia de propuestas desde las comunidades mismas. Entre las más relevantes se encuentran:

Estas propuestas reflejan la voluntad de los pueblos indígenas de participar activamente en la construcción de un modelo de gobernanza más equitativo, y no de permanecer en una posición subordinada frente al Estado.

En suma, los resultados evidencian que el incumplimiento de los derechos colectivos no solo limita el acceso a recursos y la autonomía territorial, sino que además genera consecuencias sociales, culturales y ambientales que profundizan la desigualdad histórica.

DISCUSIÓN

Los hallazgos presentados permiten realizar una discusión crítica que vincula la evidencia empírica con el marco jurídico, los antecedentes históricos y la literatura académica existente sobre el tema.

Brecha entre norma y práctica

El primer eje de discusión se centra en la contradicción entre el reconocimiento formal de derechos y su implementación real. La Constitución de 2008 supuso un avance al reconocer al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural; sin embargo, los resultados muestran que dicho reconocimiento se ha quedado en el plano discursivo (^{Asamblea Nacional, 2008}).

Este hallazgo coincide con lo planteado por ^{Walsh (2008}), quien argumenta que la plurinacionalidad requiere de instituciones que materialicen la redistribución del poder, y no solo de enunciados normativos. Los testimonios recogidos refuerzan esta idea, pues muestran que la falta de implementación de las CTIs perpetúa la concentración del poder en estructuras estatales centralizadas.

Persistencia de desigualdades estructurales

El segundo eje de discusión se relaciona con las desigualdades históricas. ^{Zuleta (2021}) sostiene que, aunque la Constitución ecuatoriana reconoce derechos colectivos, la ausencia de mecanismos efectivos de cumplimiento mantiene a los pueblos indígenas en una posición de marginalidad. Los resultados de esta investigación lo confirman: la falta de acceso a educación de calidad, a servicios básicos y a infraestructura moderna refleja la persistencia de brechas sociales.

La cosmovisión indígena y el principio del Buen Vivir, aunque reconocidos en el discurso constitucional, han sido relegados frente a modelos de desarrollo extractivistas. Esto genera un desfase entre el marco jurídico y la práctica que agrava la desigualdad (^{Arteaga-Cruz, 2017}).

Propuestas indígenas como alternativa

El tercer eje de discusión destaca el valor de las propuestas surgidas desde las comunidades. La constitución de mesas de trabajo, la creación de políticas diferenciadas y la posibilidad de una empresa pública indígena evidencian que los pueblos no buscan excluirse del Estado, sino transformar la relación con él.

^{Torres (2020)} señala que los conflictos de competencias requieren ser abordados mediante procesos de concertación y diálogo. En este sentido, las propuestas recogidas en la investigación apuntan hacia mecanismos de cooperación y cogestión, más que hacia una ruptura con el Estado.

Asimismo, estas propuestas se alinean con el planteamiento de ^{Santos (1999a)} y ^{Bracho Fuenmayor (2021}; ²⁰²³), quien defiende la necesidad de reconocer múltiples racionalidades jurídicas y territoriales para construir una justicia social efectiva.

Impacto en la gobernanza ambiental

La discusión también aborda el impacto ambiental. ^{Benabent y Vivanco (2019)} sostienen que la planificación territorial sin participación indígena reproduce modelos insostenibles que generan conflictos socioambientales. Los resultados de este estudio refuerzan esa perspectiva: la exclusión de los pueblos indígenas en la gestión de la Amazonía compromete no solo la justicia social, sino también la sostenibilidad ecológica del país.

Comparación regional

En comparación con otros países de la región, como Bolivia y Colombia, el Ecuador enfrenta retos similares en la implementación de regímenes autonómicos (^{López, 2018}; Calderón, 2019). Como señala López (2018), incluso en Bolivia, el Estado plurinacional pionero en la región, existen significativos desafíos institucionales y resistencias burocráticas que impiden la plena materialización de estos derechos. Calderón (2019) destaca que en América Latina los avances constitucionales en materia de derechos colectivos han estado acompañados de resistencias políticas y administrativas que frenan su concreción. La situación ecuatoriana, por tanto, se inscribe en un debate regional sobre los límites de los Estados plurinacionales y las deudas pendientes con los pueblos indígenas.

Síntesis

En síntesis, la discusión muestra que el desafío principal radica en cerrar la brecha entre norma y práctica. Ello implica:

Superar esta deuda histórica no solo contribuiría a la justicia social, sino que fortalecería la gobernanza democrática y ambiental del Ecuador, proyectándolo como un referente en América Latina.

CONCLUSIONES

La investigación realizada confirma que el Ecuador cuenta con un marco jurídico robusto -Constitución de 2008, COOTAD, LOPICTEA y convenios internacionales como el de la OIT- que reconoce de manera expresa los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, en particular el acceso directo a recursos públicos y la conformación de Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTIs). No obstante, el principal hallazgo es que, en la práctica, estos derechos no se han materializado, generando un incumplimiento sistemático que profundiza la desigualdad social y política en la Amazonía.

Se evidenció que las propuestas de solución tienen viabilidad técnica, financiera y jurídica. La viabilidad técnica radica en que existen estructuras administrativas que podrían sostener la operatividad de las CTIs; la financiera se sustenta en fondos ya establecidos como el Presupuesto General del Estado, el Fondo Común y el Fondo de Desarrollo Sostenible; y la jurídica se encuentra respaldada por la normativa nacional e internacional vigente. La ausencia de implementación obedece más a la falta de voluntad política que a limitaciones legales o presupuestarias (^{García, 2019}). Este hallazgo confirma lo expuesto por García (2019), quien identifica una 'brecha de implementación' sistemática en las políticas públicas ecuatorianas dirigidas a los pueblos indígenas, donde los marcos jurídicos progresistas son neutralizados por la inercia y la falta de compromiso de la administración pública central.

Asimismo, los testimonios recogidos revelan un común denominador de insatisfacción en las comunidades amazónicas, derivado de la brecha histórica de desigualdad y desatención estatal. Esta situación explica las recurrentes movilizaciones, huelgas y paralizaciones, que no son sino mecanismos de presión para exigir el cumplimiento de derechos ya reconocidos. Sin embargo, estas medidas generan altos costos sociales y económicos para el país, lo que refuerza la urgencia de avanzar hacia soluciones estructurales.

La investigación permitió identificar tres alternativas posibles y complementarias: (i) la constitución de CTIs como regímenes especiales de gobierno, (ii) la creación de una empresa pública administrada por nacionalidades amazónicas, y (iii) el fortalecimiento de organizaciones indígenas ya existentes. Cualquiera de estas propuestas implicaría un avance histórico en la reivindicación social de los pueblos indígenas, en tanto permitiría concretar, aunque sea parcialmente, el derecho a la autonomía y la autogestión de sus territorios.

Finalmente, se concluye que la deuda pendiente del Estado ecuatoriano no es normativa, sino política y administrativa. El reto consiste en superar la centralización, incorporar a los pueblos y nacionalidades en la toma de decisiones mediante espacios de diálogo y concertación, y avanzar hacia un modelo de gobernanza plurinacional e intercultural que haga efectivos los derechos colectivos. Lograrlo significaría no solo cumplir con los mandatos constitucionales, sino también fortalecer la cohesión social, reducir conflictos y sentar las bases de un desarrollo verdaderamente sostenible y equitativo en la Amazonía ecuatoriana.