INTRODUCCIÓN

El término violencia de género surgió en la década de 1990, impulsado por hitos internacionales como la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993), la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing (1995) y la Convención Interamericana de Belém do Pará (1994). Estos instrumentos marcaron un giro en la conceptualización de la violencia contra la mujer, estableciendo que se trata de un fenómeno estructural vinculado a desigualdades de poder entre géneros, y que exige una respuesta jurídica y política integral (^{Bracho-Fuenmayor, 2024}).

En el ámbito latinoamericano, la normativa ha ido consolidando marcos de protección. En Colombia, se define la violencia contra la mujer como toda acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, psicológico, económico o sexual por su condición de mujer, incluyendo amenazas, coacción o privación arbitraria de libertad. Este reconocimiento normativo evidencia que la violencia de género trasciende lo privado y constituye una grave vulneración de derechos humanos. Según ^{Jaramillo y Carnaval (2020}), se trata de un problema social, cultural y político que afecta la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres, limitando su autonomía y participación plena en la sociedad.

La Declaración de la ONU de 1993 y la Convención de Belém do Pará (1994) definen la violencia contra la mujer como todo acto que provoque daño físico, psicológico o sexual, incluyendo amenazas, coacción, prostitución forzada y acoso sexual en espacios laborales o educativos. En Ecuador, este fenómeno se entiende como la violencia ejercida hacia las mujeres debido a su género, sustentada en factores estructurales que perpetúan desigualdades. Para enfrentarlo, el país cuenta con la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (^{Asamblea Nacional, 2021}), que reconoce diversas formas de violencia y establece mecanismos de prevención, sanción y reparación, aunque su implementación sigue enfrentando retos prácticos.

Un aspecto crítico del sistema ecuatoriano es la concesión de medidas de protección. Actualmente, la persona afectada debe presentar una denuncia en la Fiscalía, la cual es remitida al juez para su valoración. Aunque el procedimiento incorpora firma electrónica y canales digitales, el proceso puede demorar varias horas, poniendo en riesgo la integridad de la víctima. Esta demora revela una falta de celeridad en el sistema judicial que obstaculiza la tutela judicial efectiva, reconocida por la Corte Constitucional (Sentencia 108-15-SEP-CC, caso 0672-10-EP) como un derecho fundamental que garantiza el acceso a la justicia.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) aparece como una herramienta innovadora. Según la ^{UNESCO (2019)}, la IA consiste en sistemas capaces de imitar funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Aplicada al ámbito judicial, permitiría analizar automáticamente solicitudes de medidas de protección basadas en patrones de casos previos, emitiendo resoluciones en minutos y notificando tanto a la víctima como a la Policía Nacional más cercana. Este uso de la tecnología representa un paso hacia la modernización del sistema de justicia y hacia la consolidación de la llamada e-justicia, entendida como la incorporación de las TIC en los procesos judiciales para hacerlos más ágiles y efectivos (^{Hernández, 2019}).

El diseño de una política pública que incorpore la IA en la concesión de medidas de protección se enmarca en el mandato constitucional ecuatoriano de garantizar el acceso a la justicia y la seguridad de los ciudadanos (Constitución, art. 85; ^{Código Orgánico de la Función Judicial, 2022}). Una política pública, entendida como la respuesta estatal a problemas sociales relevantes (^{Aguilar, 2007}), constituye la vía idónea para articular recursos tecnológicos, institucionales y humanos en beneficio de las víctimas.

Así, la investigación plantea como problema central la lentitud del sistema judicial en la concesión de medidas de protección por violencia de género, lo cual debilita la eficacia de las garantías constitucionales. Frente a ello, se propone analizar la viabilidad de una política pública que integre la inteligencia artificial en dicho proceso, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva y contribuir a la reducción de la violencia de género en Ecuador.

En suma, la introducción de tecnologías emergentes como la IA en la administración de justicia no solo representa un avance técnico, sino también un compromiso ético y jurídico del Estado para responder de manera oportuna a las víctimas. De este modo, se busca sentar las bases de un modelo de justicia más eficiente, inclusivo y orientado a la protección integral de los derechos humanos. Por lo tanto, en virtud de lo expresado, se planteó como objetivo analizar la viabilidad de una política pública que integre la inteligencia artificial en este proceso, garantizando la tutela judicial efectiva.

MÉTODO

Esta investigación utilizó un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, dirigido a fiscales, jueces, especialistas en inteligencia artificial y víctimas de violencia de género. El primero midió el problema a través de estadísticas y cuantificación de datos. El segundo fundamentó el abordaje desde perspectivas legales para comprender la realidad de la demora en la entrega de las medidas de protección; por tanto, el enfoque fue mixto.

El alcance de la investigación fue descriptivo, explicativo y dogmático-jurídico, analizando cómo se manifestó el fenómeno y sus componentes. Se recopiló información independiente sobre conceptos relacionados y, desde lo dogmático-jurídico, se describieron las experiencias de víctimas de violencia de género al solicitar medidas de protección.

En los métodos del nivel teórico del conocimiento, se utilizó el analítico-sintético para analizar el objeto de estudio, descomponiéndolo en partes para una comprensión profunda y luego realizar una síntesis integral del problema de investigación. El método inductivo-deductivo se aplicó para explorar la esencia del objeto de estudio: la inducción para analizar las partes y extraer conclusiones sobre el conjunto, mientras que la deducción se empleó para analizar el conjunto y deducir conclusiones sobre las partes. Con el método histórico-lógico se examinó la evolución histórica del problema en relación con las normas constitucionales, con el objetivo de encontrar una solución lógica y coherente.

En el nivel empírico, se usó el método de observación para identificar patrones en la concesión de medidas de protección por violencia de género. El método de análisis documental evaluó las políticas públicas y la viabilidad de incorporar la inteligencia artificial en dicha concesión, como contribución para garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de las víctimas. El método de modelación evaluó casos específicos y la capacidad de la inteligencia artificial en procesos sociales, y el método de procesamiento de información se aplicó en el análisis estadístico de los datos recopilados.

En el presente artículo se utilizaron: la encuesta, la entrevista y el análisis de contenido. Se realizó una “entrevista no estructurada” con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema y evidenciar cómo la falta de celeridad en el sistema judicial ecuatoriano genera retrasos al momento de la entrega de medidas de protección por violencia de género.

La “guía de entrevista”, con seis preguntas abiertas que abordaron la temática planteada, permitió obtener respuestas con la información necesaria. Asimismo, la guía de observación sirvió para estructurar de forma orgánica los procesos observados en el fenómeno social de la tutela judicial efectiva en la concesión de medidas de protección por violencia de género. Finalmente, la guía de revisión documental posibilitó el abordaje sistemático del análisis documental y bibliográfico.

La población en esta investigación está conformada por miembros de la comunidad del Distrito. Para determinar la muestra de la población, se realizó un muestreo no probabilístico de carácter intencional para la selección de informantes clave, escogidos por el investigador en una entrevista semiestructurada. Se procedió a seleccionar personas especializadas en Derecho Constitucional, violencia de género, Derecho Penal, inteligencia artificial y políticas públicas, con un mínimo de cinco años de experiencia. Para la encuesta, se realizó un muestreo probabilístico, ya que todos los elementos de la población tenían la misma oportunidad de ser elegidos para formar parte del estudio. A partir de un análisis estadístico, se usó un muestreo aleatorio simple una vez que se obtuvo el tamaño de la muestra.

RESULTADOS

El presente estudio empleó una estrategia metodológica mixta para analizar la viabilidad de integrar sistemas de inteligencia artificial (IA) en la concesión de medidas de protección por violencia de género. Los datos se obtuvieron mediante entrevistas semiestructuradas a una muestra intencional de ocho especialistas clave (jueces, fiscales, abogados, especialistas en IA y víctimas) y una encuesta aplicada a una muestra aleatoria de 100 actores del sistema judicial y víctimas en el DMQ (n=100/134; NC=95%, E=5%).

Hallazgos Cualitativos: Perspectiva de Especialistas

El análisis temático de las entrevistas reveló consenso en torno a cinco dimensiones clave:

Hallazgos Cuantitativos: Encuesta a Actores y Víctimas

Los resultados de la encuesta, tabulados y analizados, reflejan una actitud mayoritariamente favorable hacia la implementación de la IA (Tabla 1).

Los datos cuantitativos refuerzan los cualitativos: existe un claro reconocimiento (90% combinado) de los beneficios de la IA y una convicción abrumadora (90%) de que agilizaría el proceso. Es notable la unanimidad (100%) sobre el papel de las TIC para brindar un auxilio más rápido. Sin embargo, la pregunta sobre la necesidad de automatizar muestra una división más marcada (50% a favor vs. 50% en contra/neutral), sugiriendo que, si bien se ve el potencial, persisten reservas sobre su implementación que deben ser abordadas.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten una discusión profunda en diálogo con el marco teórico y la literatura existente:

La IA como catalizador de eficiencia y objetividad

Los hallazgos concuerdan con la literatura que define la IA como sistemas que "imitan la inteligencia humana" (^{Aparicio, 2023}) para procesar datos y tomar decisiones. La percepción de los expertos sobre la automatización de tareas repetitivas y el análisis de macrodatos se alinea con investigaciones como la de ^{Eulalia et al. (2023}), quienes destacan que el tratamiento sistematizado de la información permite una mejor comprensión de la violencia de género. Este estudio avanza esa noción, proponiendo que la IA no solo comprende el fenómeno, sino que actúa sobre él de manera expedita, yendo más allá de la mera recolección de datos señalada en trabajos como el de ^{Guevara (2022}).

Superando barreras de acceso y sesgos

La identificación del potencial de la IA para mejorar el acceso a la justicia y reducir sesgos es crucial. Un sistema algorítmico, debidamente auditado y basado en parámetros legales claros, podría mitigar los prejuicios inconscientes que a veces afectan la decisión judicial humana, tal como anticiparon los entrevistados. Esto se vincula directamente con el principio de tutela judicial efectiva (Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador), garantizando una protección "rápida y eficaz", como señalaron los expertos. Esta aplicación responde a una necesidad socialmente relevante: el retraso en un trámite engorroso que impide el auxilio inmediato, tal como se identificó en el problema de esta investigación.

Viabilidad como política pública y consideraciones éticas

La implementación exitosa de esta iniciativa depende de su conceptualización como una política pública robusta, definida como acciones planificadas y coordinadas para promover el bienestar general (^{Delgado, 2023}). Su formulación debe estar anclada en el ordenamiento jurídico, específicamente en el Art. 3 del COFJ y el Art. 85 de la Constitución, que facultan al Consejo de la Judicatura a mejorar el servicio de justicia.

Sin embargo, el escepticismo reflejado en la encuesta (50% sobre la necesidad de automatizar) y la advertencia de los expertos exigen abordar desafíos críticos:

Una propuesta concreta para la acción

Este estudio trasciende el diagnóstico y propone un modelo operativo concreto para la política pública, estructurado en tres fases:

En conclusión, la integración de la IA en la concesión de medidas de protección se presenta no solo como viable, sino como una herramienta poderosa para materializar el derecho a una tutela judicial efectiva, siempre que su implementación se realice de forma ética, transparente y como un complemento al criterio humano experto.

CONCLUSIONES

Al término de la presente investigación y en atención a lo que establece el artículo 66, numeral 3, literal b) de la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza el derecho a una vida libre de violencia, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

Beneficios de la Inteligencia Artificial en la justicia: La implementación de software de inteligencia artificial permite automatizar tareas repetitivas, analizar grandes volúmenes de datos y generar informes de manera rápida, reduciendo la carga de trabajo del personal judicial y minimizando errores humanos. Esto contribuye a una administración de justicia más eficiente, objetiva y equitativa.

Impacto en las víctimas: Las medidas de protección aceleradas mediante IA garantizan la seguridad y el bienestar de mujeres y niñas víctimas de violencia de género, promoviendo la igualdad de género y el respeto a los Derechos Humanos. El sistema automatizado facilita el acceso a la justicia, incluso para personas de bajos recursos, evitando retrasos en la protección inmediata.

Viabilidad de políticas públicas con IA: La formulación e implementación de políticas públicas que integren IA en la concesión de medidas de protección es factible y necesaria. Esto requiere el desarrollo de aplicaciones virtuales y la integración de Fiscalía y Judicatura para procesar solicitudes de manera automática, garantizando la rapidez y eficacia en la respuesta judicial.

Garantía de tutela judicial efectiva: La aplicación de IA permite cumplir con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, asegurando respuestas oportunas y justas frente a incidentes de violencia de género. La objetividad y rapidez del sistema contribuyen a prevenir situaciones de riesgo y a proteger la integridad de las víctimas de manera inmediata.