INTRODUCCIÓN

La Constitución, entendida como la norma suprema de un Estado, constituye el fundamento esencial del ordenamiento jurídico y establece los principios rectores que guían la vida política, social y económica de un país. Según ^{Schmitt (1982}), toda organización posee una constitución que refleja su esencia, y en el caso del Estado esta se manifiesta en la Constitución Política. Por su parte, ^{Kelsen (1945}) señala en su teoría piramidal que la Constitución ocupa la cúspide de la jerarquía normativa, por encima de leyes, decretos y reglamentos, lo que la convierte en el pilar central del sistema jurídico. En el contexto ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece en su artículo 424 que toda norma y acto del poder público debe guardar conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica (^{Ecuador, 2008}). Esta norma refleja la importancia de la supremacía constitucional como garantía de seguridad jurídica y como mecanismo de protección de los derechos ciudadanos. Asimismo, el proceso de aprobación de esta Constitución, mediante consulta popular, consolidó un modelo de democracia directa que otorga protagonismo a la ciudadanía en la toma de decisiones fundamentales (^{Pérez y Ponce, 2011}).

En este marco constitucional se reconoce la figura de la revocatoria del mandato como un mecanismo de control político y jurídico que permite a la ciudadanía y a los poderdantes limitar o extinguir las facultades conferidas a representantes o mandatarios. Este mecanismo, inscrito en la democracia directa, ha sido objeto de debate doctrinal en torno a sus alcances, procedimientos y efectos prácticos tanto en el ámbito público como en el privado (^{García Carvajal, 2021}). Su importancia radica en que representa un equilibrio entre el poder conferido y el derecho de revocar dicho poder en caso de abuso o incumplimiento.

El Derecho Notarial, como rama especializada del Derecho, tiene entre sus objetivos garantizar la legalidad, autenticidad y validez de los actos jurídicos. En Ecuador, el notario es un funcionario público que otorga fe pública sobre documentos y actos jurídicos, lo que implica un deber de imparcialidad y de aseguramiento de la seguridad jurídica (^{Arellano-Sarasti, 2023}). Dentro de sus atribuciones se encuentra la protocolización de poderes notariales y su revocatoria, lo cual coloca a esta figura en una posición crucial frente a los intereses de los mandantes y terceros.

Los antecedentes normativos muestran que el Código Civil del Ecuador regula de forma expresa la revocatoria del mandato. El artículo 2069 establece que el mandante puede revocar el mandato a su discreción, mientras que el artículo 2070 señala la obligación del mandatario de devolver los documentos conferidos, pudiendo conservar copias autenticadas (^{Ecuador, 2005}). Este marco legal, sin embargo, presenta vacíos respecto a la responsabilidad civil de notarios y mandatarios cuando el apoderado actúa en detrimento del poderdante tras la revocación del poder, generando inseguridad jurídica.

La literatura académica también ha analizado los retos asociados a la responsabilidad notarial. Investigaciones recientes destacan la necesidad de dotar a los notarios de mayores herramientas jurídicas y tecnológicas para evitar falsificaciones, abusos de poder y conductas indebidas en el ejercicio de la función notarial (^{Arregui Borrero, 2013}; ^{Gutiérrez Cabas, 2022}). Asimismo, estudios comparativos muestran que la incorporación de facultades jurisdiccionales en la labor notarial puede contribuir a descongestionar los sistemas judiciales, pero también exige altos estándares de capacitación y control (^{Larrea Crespo, 2009}).

En este sentido, el presente estudio parte de un enfoque cualitativo, descriptivo y aplicado, orientado a analizar la responsabilidad jurídica civil de los notarios y de los mandatarios frente al ejercicio indebido de poderes revocados. El objetivo fue identificar las lagunas normativas existentes en la legislación ecuatoriana y proponer alternativas que fortalezcan la seguridad jurídica, garanticen la protección de los derechos ciudadanos y promuevan una práctica notarial más ética y transparente. La investigación pretende aportar al debate doctrinal y práctico en torno a la revocatoria del mandato, resaltando la necesidad de reformas legales y de una mayor profesionalización del cuerpo notarial en Ecuador, con el fin de consolidar un sistema jurídico que equilibre los derechos del poderdante, las responsabilidades del apoderado y la función preventiva del notario.

MÉTODO

La investigación adopta un enfoque predominantemente cualitativo, dado que se orienta al análisis de aspectos doctrinales, normativos y jurisprudenciales relacionados con la responsabilidad civil de los notarios y de los mandatarios frente al uso indebido de poderes revocados. Este enfoque permite comprender el fenómeno desde una perspectiva interpretativa y crítica, centrada en el estudio de textos legales, doctrina especializada y casuística. Según ^{Romero Fernández et al. (2017}), la investigación cualitativa en el ámbito jurídico resulta idónea para analizar instituciones y normas en su contexto socio jurídico.

De acuerdo con su finalidad, la investigación es de carácter aplicada, pues busca generar propuestas que fortalezcan la práctica notarial y garanticen mayor seguridad jurídica para los ciudadanos. Asimismo, es de tipo descriptiva, en tanto caracteriza la institución de la revocatoria del mandato y las responsabilidades derivadas de su incumplimiento. Desde una perspectiva filosófico-jurídica, examina los fundamentos de la responsabilidad extracontractual, mientras que en el plano sociológico-jurídico analiza la funcionalidad del derecho en la realidad social (^{Larrea Crespo, 2009}).

En el nivel teórico se aplicaron los métodos de análisis-síntesis, inducción-deducción y el enfoque sistémico. Estos permitieron estructurar el marco conceptual y articular los elementos normativos, doctrinales y jurisprudenciales que dan sustento al problema de estudio. El análisis comparado se empleó como herramienta para identificar semejanzas y diferencias entre la normativa ecuatoriana y las regulaciones iberoamericanas sobre revocatoria de poderes.

En el nivel empírico, la investigación se sustentó en el análisis documental. Se revisaron textos normativos como el Código Civil (^{Ecuador, 2005}), la Constitución de la República del Ecuador (Ecuador, 2008) y la Ley Notarial (^{Ecuador, 2016}), además de jurisprudencia nacional y doctrina especializada. Los criterios de inclusión consideraron fuentes publicadas en los últimos cinco años, salvo autores clásicos cuya obra es indispensable para la comprensión del tema (^{Kelsen, 1945}; ^{Schmitt, 1982}). También se incorporaron investigaciones académicas publicadas en revistas indexadas y repositorios universitarios.

La técnica principal fue el análisis de contenido, mediante el cual se examinaron textos doctrinales, legales y jurisprudenciales. Se utilizó una matriz de sistematización de información que permitió organizar la normativa, clasificar la jurisprudencia y contrastar las posturas doctrinales. Este procedimiento facilitó la identificación de vacíos normativos y de criterios divergentes en la aplicación práctica de la revocatoria de poderes.

El estudio se circunscribe al análisis de la normativa ecuatoriana vigente y a la comparación con criterios jurisprudenciales y doctrinales iberoamericanos. Una limitación identificada es la escasez de jurisprudencia nacional directamente relacionada con la revocatoria de poderes, lo cual obligó a recurrir a estudios doctrinales y casos comparados. No obstante, esta limitación enriquece la investigación al incorporar diversas perspectivas académicas y prácticas que contribuyen a la comprensión integral del fenómeno (^{Arellano-Sarasti, 2023}; ^{García Carvajal, 2021}).

RESULTADOS

Responsabilidades y desafíos del servicio notarial

El análisis realizado evidencia que el servicio notarial en el Ecuador se ha consolidado como un pilar fundamental de la seguridad jurídica. Los notarios, en su calidad de depositarios de la fe pública, desempeñan funciones críticas en la protocolización de actos y contratos. Sin embargo, también enfrentan desafíos derivados de la creciente demanda social, la necesidad de actualización tecnológica y la obligación de mantener altos estándares éticos en el ejercicio de sus funciones.

Nuevas funciones y limitaciones del poder

Las reformas legales, como el Decreto Supremo N.º 2386 de 1978 (^{Ecuador, 2016}) y el Código Civil (^{Ecuador, 2005}), han ampliado el campo de acción de los notarios, incluyendo la documentación de capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes y revocatorias de poder. Sin embargo, estas atribuciones exigen mayor capacitación técnica y generan tensiones respecto al límite de la función notarial frente a la jurisdiccional (^{Larrea Crespo, 2009}). La tabla 1 muestra las principales responsabilidades del notario en Ecuador.

Fe notarial y seguridad jurídica

La fe pública otorgada por el notario constituye una garantía esencial de certeza jurídica. Su función preventiva permite evitar conflictos al dotar de autenticidad y veracidad a los documentos y actos formalizados ante su presencia. La revisión documental mostró que la falta de recursos tecnológicos en el notariado ecuatoriano incrementa el riesgo de falsificación y uso indebido de documentos, lo que genera preocupación en torno a la seguridad jurídica (^{Gutiérrez Cabas, 2022}; ^{Arregui Borrero, 2013}).

Revocatoria del poder y nulidad

La revocatoria del poder, prevista en los artículos 2069 y 2070 del Código Civil (^{Ecuador, 2005}), surte efecto desde el momento en que el mandatario tiene conocimiento de ella. La revisión jurisprudencial muestra que, en la práctica, este proceso suele demorarse cuando se tramita judicialmente, mientras que la vía notarial ofrece una alternativa más ágil. La tabla 2 muestra las causales de terminación del mandato en el Código Civil ecuatoriano.

Jurisdicción y competencia

La normativa constitucional y el ^{Consejo de la Judicatura del Ecuador (2024)} establecen que los notarios ejercen funciones públicas sujetas a control y supervisión. Sin embargo, se identificaron vacíos normativos que limitan la claridad sobre la responsabilidad civil de notarios y mandatarios en casos de poderes revocados. Esta falta de regulación propicia un escenario de vulnerabilidad para los poderdantes y una sobrecarga para el sistema judicial.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación permiten evidenciar las tensiones y vacíos legales existentes en torno a la revocatoria del mandato y la responsabilidad civil de los notarios y mandatarios en el Ecuador. En primer lugar, se destaca que, si bien el Código Civil (^{Ecuador, 2005}) establece claramente que el mandante puede revocar el poder a su discreción, en la práctica los mecanismos para hacer efectiva esta revocatoria resultan lentos e ineficientes cuando se tramitan por vía judicial. Esto genera un espacio de vulnerabilidad para el mandante, que puede ver comprometidos sus derechos frente a actuaciones indebidas de su apoderado.

El análisis comparado evidencia que en otros sistemas jurídicos de la región se han incorporado procedimientos más ágiles, confiando en la actuación notarial como vía preferente para garantizar la eficacia inmediata de la revocatoria (^{Dirección General de los Registros y del Notariado, 2011}). Este hallazgo coincide con las propuestas de ^{Jordán Ponce (2015}), quien plantea la necesidad de otorgar al notario la potestad de notificar al mandatario como mecanismo más rápido y eficiente que el trámite judicial tradicional. Sin embargo, esta opción requiere reformas legales que delimiten claramente el alcance de la función notarial y sus consecuencias jurídicas.

Asimismo, los hallazgos muestran que la falta de capacitación especializada de los notarios ecuatorianos representa un obstáculo para el ejercicio pleno de sus funciones. ^{Castro Loaiza (2011}) advierte que la ausencia de preparación académica en temas complejos como la revocatoria de poderes afecta la calidad del servicio notarial. En este sentido, se vuelve imperativo reforzar los programas de formación continua, especialmente en materia de ética profesional, nuevas tecnologías y análisis jurídico aplicado.

Otro punto importante es la creciente demanda social sobre los servicios notariales. La sobrecarga de trabajo limita la posibilidad de un acompañamiento adecuado a los ciudadanos, generando un riesgo adicional de errores o abusos (^{Larrea Crespo, 2009}). Este fenómeno se ve agravado por la limitada incorporación de recursos tecnológicos, lo cual, según ^{Arregui Borrero (2013}), incrementa el riesgo de falsificaciones y fraudes en documentos públicos. En la actualidad, la digitalización de procesos notariales constituye una necesidad impostergable para fortalecer la seguridad jurídica.

Desde una perspectiva teórica, la responsabilidad extracontractual constituye un elemento clave para exigir rendición de cuentas tanto a notarios como a mandatarios. La doctrina clásica de ^{Kelsen (1945}) y ^{Schmitt (1982}) refuerza la noción de que toda institución jurídica debe funcionar bajo un marco normativo claro y jerárquicamente ordenado. En ausencia de una regulación precisa sobre la responsabilidad de los mandatarios frente a poderes revocados, los ciudadanos quedan expuestos a abusos que socavan la confianza en el sistema legal.

Finalmente, este estudio resalta la importancia de avanzar hacia reformas legislativas que clarifiquen las competencias notariales y fortalezcan los mecanismos de supervisión ética y tecnológica. El reconocimiento de la fe pública como un instrumento de prevención y protección (^{Gutiérrez Cabas, 2022}) debe complementarse con un marco normativo actualizado que contemple la realidad social y tecnológica del Ecuador. Solo así será posible garantizar un equilibrio entre los derechos de los poderdantes, las responsabilidades de los apoderados y la función preventiva del notario en un sistema jurídico moderno y confiable.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió analizar la responsabilidad civil de los notarios ecuatorianos y de los mandatarios en relación con el uso indebido de poderes revocados, identificando vacíos normativos que generan inseguridad jurídica. Los resultados muestran que, aunque el Código Civil reconoce la facultad del mandante para revocar el mandato en cualquier momento, la falta de mecanismos ágiles y claros en su aplicación práctica limita la eficacia de este derecho y expone al poderdante a riesgos significativos.

Se concluye que la intervención notarial representa una alternativa más eficiente frente al trámite judicial, siempre que se establezcan reformas legales que delimiten su alcance y consecuencias. La incorporación de esta vía permitiría reducir tiempos procesales y fortalecer la protección de los derechos ciudadanos. No obstante, la efectividad de esta medida depende de la capacitación continua de los notarios, quienes requieren formación especializada en ética, nuevas tecnologías y derecho aplicado.

El estudio también evidenció que la sobrecarga laboral, la falta de recursos tecnológicos y la insuficiente supervisión generan un contexto propicio para errores, abusos y fraudes. En este sentido, se recomienda impulsar políticas públicas que promuevan la modernización del notariado mediante procesos de digitalización y control ético estricto. Finalmente, la investigación subraya la necesidad de avanzar hacia un marco normativo actualizado y coherente que defina con claridad la responsabilidad de los notarios y mandatarios frente a poderes revocados. Este cambio es indispensable para consolidar un sistema jurídico que garantice seguridad, transparencia y confianza en la función notarial, fortaleciendo de este modo el Estado de derecho y la protección de los derechos ciudadanos en el Ecuador.