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Introducción
La gestión de residuos sólidos en Ecuador representa un desafío crítico para la salud pública y el medio ambiente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2022), solo el 55% de los residuos urbanos son manejados adecuadamente, mientras que la cifra es aún menor en áreas rurales. Esta situación genera focos de contaminación que afectan la calidad de vida de la población. La contaminación del suelo y el agua por lixiviados provenientes de vertederos mal gestionados constituye un grave riesgo para comunidades con acceso limitado a fuentes de agua potable (Arrieta, 2017), mientras que la acumulación de residuos en zonas periurbanas favorece la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la leptospirosis (Ávila, 2021).
La crisis de gestión de residuos se ve agravada por la falta de infraestructura adecuada y programas de educación ambiental (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2020). En este contexto, organismos internacionales como la ONU (2017) han destacado la importancia de implementar estrategias sostenibles en la gestión de residuos, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellos relacionados con la salud y el bienestar.
Diversos estudios han abordado el impacto de la gestión de residuos en la población ecuatoriana. Calle y Solíz (2021) investigaron la relación entre el manejo ineficiente de desechos y el aumento de enfermedades en La Troncal, mientras que Del Pozo, Águila y Alegría (2023) analizaron el impacto de los residuos agrícolas en la provincia de Los Ríos. Por otro lado, Moreno et al. (2021) evaluaron la cadena de suministros verdes en la gestión de residuos sólidos en Pelileo, resaltando oportunidades para mejorar la sostenibilidad.
El contexto normativo también juega un papel crucial en la gestión de residuos. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2023) presentó el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), enfocado en fortalecer la normativa y la infraestructura. Sin embargo, desafíos persisten, como lo evidencian estudios sobre la articulación entre las políticas públicas y la realidad operativa en los municipios ecuatorianos (Lascano, 2023; Vásconez, 2022).
La gestión de residuos sólidos no solo involucra aspectos técnicos y normativos, sino también elementos sociales y comunitarios. Morales et al. (2024) han analizado acciones de promoción de la salud dentro de la gestión de residuos, destacando enfoques participativos y educativos como clave para la transformación del sistema. Asimismo, ONU (2017) subraya que el tratamiento adecuado de residuos contribuye al cumplimiento de los ODS 3 y 11, enfocados en la salud y la sostenibilidad de las ciudades.
Desde una perspectiva más amplia, el mercado de gestión de residuos en Ecuador enfrenta retos estructurales. ICEX (2022) identifica barreras en la implementación de políticas efectivas, mientras que estudios como el de Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional (2020) han abordado las deficiencias en la cadena de gestión y reciclaje. En paralelo, investigaciones como las de Rodríguez (2024) han resaltado la necesidad de una intervención judicial eficiente para abordar los problemas ambientales derivados de una mala gestión de residuos.
Se pretente analizar el impacto de las políticas de gestión de residuos sólidos en la salud pública de Ecuador, identificando las limitaciones del modelo actual y proponiendo estrategias de mejora que permitan avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible.
Materiales y métodos
Mediante enfoque cualitativo, para analizar el impacto de las políticas de gestión de residuos sólidos en la salud pública en Ecuador. La investigación se clasifica como descriptiva y explicativa para describir las políticas implementadas y examinar sus implicaciones sanitarias, ambientales y sociales.
Se enmarca en un esquema transversal, dado que la información se recopila y analiza en un período específico, facilitando la contextualización de los hallazgos en un marco temporal definido.
Selección y recopilación de fuentes
Las fuentes de datos incluyen documentos normativos (Constitución, leyes, reglamentos y ordenanzas), informes técnicos y estadísticas oficiales, provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional. Se incorporan publicaciones académicas y estudios de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el ICEX (España). La selección de fuentes se basa en criterios de actualidad, relevancia y confiabilidad, reflejando la situación contemporánea de la gestión de residuos, la normativa vigente, los planes gubernamentales (como el PNGIDS) y las investigaciones recientes.
En total, se revisaron trece investigaciones que evidencian una problemática recurrente relacionada con la falta de aplicación efectiva de políticas públicas y la ausencia de metodologías estandarizadas para la gestión de residuos sólidos en diferentes cantones y parroquias.
Técnicas de análisis
Se implementa un análisis de contenido, complementado por una revisión sistemática de los documentos seleccionados, lo que permite identificar patrones, tendencias y relaciones relacionadas con la eficacia de las políticas de gestión, las brechas en su implementación y sus repercusiones sanitarias y ambientales. Se emplea una matriz de análisis documental como instrumento principal, diseñada para categorizar la información en dimensiones fundamentales (marco legal, infraestructura disponible, resultados en salud pública, entre otras). Se integran los indicadores provistos por diferentes fuentes (p. ej., producción per cápita de residuos, tasas de reciclaje y número de botaderos a cielo abierto), favoreciendo la triangulación de información y la comparación entre diversas realidades locales.
Procedimiento de análisis
El procedimiento de análisis se inicia con la identificación y selección de documentos relevantes, seguidos de la categorización de la información en la matriz de análisis documental. Posteriormente, se realiza un análisis de contenido para identificar patrones y tendencias, y se triangulan los datos para validar los hallazgos. Finalmente, se interpretan los resultados en el contexto de las políticas de gestión de residuos y su impacto en la salud pública.
Resultados
La revisión de los trece estudios resumidos en la Tabla 1 pone de manifiesto que las deficiencias en la aplicación efectiva de las políticas públicas y la ausencia de metodologías estandarizadas constituyen los principales desafíos en la gestión de residuos sólidos en Ecuador. De manera reiterada, los autores señalan la necesidad de mejorar la coordinación institucional, reforzar la educación ambiental, optimizar los sistemas de recolección y tratamiento, e impulsar la participación comunitaria. Además, la implementación de enfoques de economía circular, el uso de herramientas analíticas y la adopción de modelos matemáticos multiobjetivo surgen como alternativas prometedoras para abordar las brechas detectadas. En consecuencia, la convergencia de hallazgos confirma que la gestión integral de residuos sólidos no solo depende de factores técnicos y económicos, sino también de la capacidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Estado para articular iniciativas que protejan la salud pública y el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.
A partir del análisis de los trece estudios revisados, se observa una problemática recurrente en torno a la falta de aplicación efectiva de políticas públicas y la ausencia de metodologías estandarizadas para la gestión de residuos sólidos en diferentes cantones y parroquias del Ecuador. Por ejemplo, Calle y Solíz (2021) señalan la deficiente aplicación de la Ordenanza Nro. 02-2019 en el manejo de desechos en La Troncal, mientras que Vásconez (2022) destaca el desconocimiento de las autoridades en la provincia de Bolívar, lo cual repercute en la ineficacia de las estrategias de recolección, clasificación y disposición final. En consecuencia, estas falencias institucionales no solo vulneran el derecho a un entorno sano y equilibrado, sino que también limitan el avance hacia modelos de economía circular y la adopción de enfoques sostenibles. Por otro lado, Arrieta (2017) demuestra que, pese a los esfuerzos de entidades como EMASEO EP y EMGIRS EP en Quito, aún existen divergencias entre los datos oficiales y la realidad de la segregación informal, evidenciando la necesidad de un control más riguroso y de la inclusión de actores comunitarios en el proceso de gestión
Tabla 1 Resumen de estudios sobre la gestión de residuos sólidos en Ecuador
| Apellido | Año | Metodología | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1. Calle & Solíz | 2021 | Exploratoria y descriptiva, con enfoque mixto (entrevistas y encuestas). | Se evidenció una deficiente aplicación de la metodología por parte del GAD Municipal, afectando al medioambiente y la salud de la población. Se constató un incumplimiento de la Ordenanza Nro. 02-2019 y la ausencia de estrategias de educación ambiental. Se sugiere implementar una planta clasificadora, una segunda celda emergente y reforzar la concienciación ciudadana. |
| 2. Monrroy | 2024 | Estudio descriptivo, caracterización de desechos plásticos (16 hogares, 7 días). | Identificó una producción de 0,499 kg/hab/día y un predominio de PET (30,6%). Propuso alternativas como el uso de plásticos en la construcción de aceras y la producción de fibra textil a partir de PET, fomentando una cultura ambiental y reduciendo el impacto negativo de los residuos. |
| 3. Vásconez | 2022 | Diagnóstico y análisis de la gestión de residuos en GAD provinciales. | Evidencia el desconocimiento de las autoridades sobre los procesos de manejo de desechos, dificultando la implementación de políticas públicas efectivas y vulnerando el derecho a un entorno sano. Recomienda mayor coordinación institucional y estrategias formativas para reforzar la normativa ambiental en la provincia de Bolívar. |
| 4. Del Pozo et al. | 2023 | Enfoque cualitativo basado en encuestas y entrevistas no experimentales. | Evidenciaron riesgos asociados a la disposición inadecuada de residuos agrícolas (contaminación ambiental, falta de normativas y bajo conocimiento del tratamiento). Resaltan la importancia de prevenir, reutilizar y cumplir las normas para proteger la salud pública y el entorno. |
| 5. Joateaux & Rocío | 2011 | Diagnóstico ambiental del manejo de residuos sólidos. | Identificaron aspectos críticos que comprometen el desempeño ambiental. Proponen un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que integra la evaluación de aspectos ambientales y herramientas de gestión de la calidad con enfoque de procesos. |
| 6. Morales et al. | 2024 | Diseño transversal no experimental, enfoque cualitativo y analítico (método inductivo-deductivo). | Identificaron obstáculos en la gestión de residuos y propusieron iniciativas para fomentar la responsabilidad ciudadana y la promoción de la salud. Además, recopilaron políticas concretas que disminuyen los riesgos sanitarios y la contaminación ambiental. |
| 7. Moreno et al. | 2021 | Enfoque cuantitativo, alcance correlacional. | Detectaron un aumento significativo de residuos sólidos en Pelileo, incumpliendo indicadores de eficiencia. Aunque la recolección exhibe un nivel promedio, no alcanza el umbral óptimo diario. Concluyen que la cadena de suministro puede servir como modelo correctivo para mejorar la protección ambiental. |
| 8. Lascano | 2023 | Revisión normativa y análisis legislativo. | Expone la obligatoriedad de las políticas ambientales según la Constitución. Destaca competencias de los GAD para la gestión de desechos y la creación de ordenanzas. También subraya la relevancia de la planificación ambiental establecida en el COOTAD y el Código Orgánico del Ambiente, así como las atribuciones del Municipio de Quito y el Concejo Metropolitano. |
| 9. Alcocer et al. | 2019 | Modelo matemático multiobjetivo para optimizar la cadena de suministros de residuos. | Desarrollaron tres funciones objetivo (minimizar costos, reducir impacto ambiental y elevar satisfacción ciudadana). El rediseño de la cadena de suministro aporta información para la toma de decisiones y fortalece la gestión de residuos sólidos urbanos en Quevedo. |
| 10. Vásconez | 2022 | Análisis de políticas públicas y diagnósticos de gestión de desechos. | Subraya la falta de aplicación efectiva de políticas para la gestión de residuos, lo cual vulnera los derechos colectivos. Evidencia carencia de planes adecuados en los GAD y desconocimiento de las autoridades, promoviendo la necesidad de medidas gubernamentales que garanticen el desarrollo económico y ambiental en Bolívar. |
| 11. Calle-Loyola & Solís-Muñoz | 2021 | Exploratorio-descriptivo, enfoque mixto (entrevistas a funcionarios y encuestas). | Hallaron ineficiencias en todas las etapas de la gestión de desechos (recolección hasta disposición final), generando impactos negativos en ambiente y salud. Recomiendan reforzar la educación ambiental, implementar una planta clasificadora y construir una segunda celda emergente. |
| 12. Arrieta | 2017 | Revisión documental (Informe de Rendición de Cuentas de EMASEO EP, datos del INEC). | Quito produjo en 2015 un promedio de 1.724 toneladas diarias de residuos, con una PPC de 0,84 kg/hab/día (2008). El 50,34% corresponde a fracción orgánica. Se destaca la labor de EMASEO EP y EMGIRS EP, aunque los valores reales podrían variar al no considerar la segregación informal y el reciclaje en hogares o instituciones. |
| 13. Espinosa | 2020 | Estudio de caso con enfoque de realismo crítico, uso de instrumentos de política (NATO) y formalización bayesiana. | Confirma la relación causal entre la gestión integral de residuos sólidos y el derecho a vivir en un ambiente sano, validando la política pública en Loja. El “tesoro” resultó ser clave para la eficacia de la política, pese a una pérdida de relevancia con el tiempo. Se observaron mejoras en la calidad ambiental y la salud de la población. |
En el ámbito de las propuestas de intervención, varios autores plantean soluciones específicas y mejoras estructurales. Monrroy (2024), por ejemplo, analiza la importancia de la caracterización de desechos plásticos, destacando al polietileno tereftalato (PET) como un componente mayoritario, lo cual respalda la adopción de proyectos de reciclaje y la incorporación de dichos subproductos en la construcción o la fabricación de fibras textiles. Asimismo, Del Pozo y colaboradores (2023) subrayan la urgencia de reforzar la prevención y el cumplimiento normativo para la adecuada gestión de desechos agrícolas, en tanto que Calle-Loyola y Solís-Muñoz (2021) recomiendan la construcción de nuevas celdas emergentes y el fortalecimiento de la educación ambiental como medidas inmediatas. Por consiguiente, la participación ciudadana y la optimización de la cadena de suministro emergen como elementos clave para la prevención de riesgos sanitarios y la reducción de la contaminación, tal como lo evidencian Moreno y colaboradores (2021) al vincular la eficiencia en la recolección con un modelo correctivo para proteger el entorno. De igual forma, Alcocer y colaboradores (2019) proponen un modelo matemático multiobjetivo que integra variables de costo, impacto ambiental y satisfacción ciudadana, demostrando la importancia de las herramientas analíticas en la toma de decisiones.
Finalmente, se pone de manifiesto la relevancia del marco legal y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Lascano (2023) enfatiza la obligatoriedad constitucional de las políticas ambientales y la necesidad de articular competencias entre Gobiernos Autónomos Descentralizados, mientras que Espinosa (2020) constata, a través de un estudio de caso con enfoque de realismo crítico, la correlación entre la gestión integral de residuos sólidos y el derecho a vivir en un ambiente sano. Por lo tanto, la evidencia sugiere que la implementación de marcos normativos claros y la adopción de mecanismos de verificación robustos resultan esenciales para legitimar las políticas impulsadas por entidades gubernamentales. Además, la homogeneización de metodologías, la inclusión de actores formales e informales y la utilización de enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos se configuran como pasos determinantes para mejorar la eficiencia del sistema de gestión, aumentar la conciencia ciudadana y conservar los recursos naturales. En consecuencia, una mayor coordinación institucional y la colaboración intersectorial se vislumbran como condiciones indispensables para lograr procesos de gestión de residuos sólidos más incluyentes, eficaces y alineados con los principios del desarrollo sostenible.
Asimismo, los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2022) revelan que cada habitante de Ecuador genera aproximadamente 0,58 kilogramos de residuos sólidos al día, mientras que apenas el 37,1% de los municipios implementa procesos de diferenciación de materiales y cerca del 43% de los desechos termina en rellenos sanitarios. En contraste, estimaciones del Ministerio del Ambiente (2020), (2023) sitúan la producción per cápita de residuos entre 0,73 y 0,77 kg/hab/día, con una fracción orgánica mayoritaria (superior al 57%) y un incremento proyectado del 9,23% en la generación total de desechos para el periodo 2022-2030 si no se adoptan políticas de reducción. Por otro lado, el ICEX (2022) advierte que el 47% de los municipios aún recurre a botaderos a cielo abierto, subrayando la urgencia de políticas que promuevan la transición hacia la economía circular y la implementación de infraestructuras adecuadas.
En consecuencia, la adopción de Programas Nacionales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIDS) y la actualización de marcos normativos buscan reducir la contaminación y mejorar la eficiencia en la valorización de residuos, por ejemplo, mediante la inclusión de botellas PET y vidrio en procesos de reciclaje (Ministerio del Ambiente, 2023). Sin embargo, varias instituciones públicas y privadas aún no cumplen plenamente las disposiciones ambientales, facilitando la aparición de efectos adversos como la degradación de la capa de ozono o el calentamiento global. Por consiguiente, el fortalecimiento institucional y el seguimiento constante de la cadena de residuos resultan esenciales para consolidar los avances. En el mismo sentido, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional (2020) evidencia que la cadena de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y Reciclaje moviliza más de 3.000 actores y genera alrededor de 50.000 empleos, pero subsiste un alto grado de concentración en pocas empresas. Por lo tanto, la eficacia de estas políticas exige un marco de gobernanza sólida que incluya alianzas público-privadas, la supervisión efectiva de procesos y una adecuada asignación de recursos, elementos fundamentales para robustecer la sostenibilidad ambiental y la salud pública en el contexto ecuatoriano.
Consideraciones finales
Los resultados evidencian que la gestión de residuos sólidos en Ecuador se caracteriza por una falta de políticas públicas robustas y de metodologías estandarizadas que orienten su manejo integral de manera homogénea. Por consiguiente, la ausencia de un marco normativo coherente y la dispersión en la aplicación de métodos de caracterización inciden en la aparición de problemas ambientales -como la proliferación de botaderos a cielo abierto- y en la vulneración del derecho de la población a vivir en un entorno sano y equilibrado. En consecuencia, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se enfrentan a obstáculos institucionales, financieros y técnicos para establecer planes efectivos de recolección, disposición y tratamiento de desechos. Además, la participación ciudadana se ve limitada por la escasa educación ambiental, la cual repercute en una baja separación de residuos en la fuente y en la adopción de prácticas inadecuadas.
A pesar de las deficiencias señaladas, varios estudios resaltan la creciente urgencia de impulsar acciones coordinadas que promuevan el aprovechamiento de los desechos como recursos valiosos, fomentando así modelos de economía circular. En este sentido, la implementación de Programas Nacionales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIDS) y la generación de alianzas público-privadas resultan indispensables para reforzar la institucionalidad y acelerar la adopción de tecnologías modernas, como la valorización energética y el reciclaje de materiales de alto volumen, entre ellos el polietileno tereftalato (PET). Por lo tanto, se requiere la participación activa de la sociedad civil, el sector privado y las autoridades ambientales, con la finalidad de lograr un sistema de gestión de residuos eficiente que reduzca el impacto negativo sobre la salud pública y el entorno, asegurando un desarrollo sostenible a largo plazo para el país.
