Introducción

La pandemia de COVID-19 irrumpió como un fenómeno global que trastocó profundamente las estructuras sociales y económicas del mundo contemporáneo. Aunque su origen fue una emergencia sanitaria, sus efectos se propagaron con intensidad hacia todos los aspectos de la vida humana, revelando las fragilidades preexistentes y exponiendo las fallas estructurales de las sociedades modernas (^{Poteat et al., 2020}; ^{Nunes, 2022}). A lo largo de los últimos años, múltiples estudios han documentado el carácter multifacético de esta crisis, que afectó no solo la salud física, sino también la salud mental, los sistemas de atención médica, las cadenas de suministro, el empleo, el comportamiento del consumidor y las desigualdades sociales (^{Bejarano et al., 2021}; ^{Meherali et al., 2021}; ^{Bedoya-Soto et al., 2024}).

Las ciudades, por su densidad poblacional y su papel como nodos de interconexión global, se convirtieron en focos de contagio y escenarios de desigualdad. La rápida propagación del virus se vio facilitada por estas condiciones, mientras que los sistemas de salud urbanos, frecuentemente saturados y con recursos limitados, colapsaron ante la demanda (^{Chiang Vega et al., 2023}). Las brechas socioeconómicas se profundizaron, afectando especialmente a trabajadores informales, migrantes y habitantes de zonas marginadas (^{Grills et al., 2023}). Mientras tanto, el teletrabajo emergió como una solución viable solo para ciertos sectores privilegiados (^{Benavides & Silva-Peñaherrera, 2022}), y el acceso desigual a la educación y la tecnología generó una nueva división entre quienes pudieron adaptarse y quienes quedaron excluidos.

En la transición hacia una etapa postpandémica, se plantea la necesidad de reconstruir no solo lo perdido, sino también de replantear los modelos de desarrollo sobre principios de resiliencia, inclusión y sostenibilidad. Esta reconstrucción no debe aspirar a restaurar el status, quo, sino a enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la inequidad social y la seguridad alimentaria (^{Darwis et al., 2024}). Las ciudades, responsables de aproximadamente el 75% del consumo de recursos naturales y de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, ocupan un lugar central en este debate (^{Marcelino-Aranda et al., 2022}). En este contexto, se han propuesto modelos como las eco-ciudades, que promueven eficiencia energética, reciclaje e integración social, y que han sido adoptados en países como Japón, Alemania y China (^{Torres Rodriguez, 2023}). La transformación urbana hacia entornos más justos y sostenibles se presenta como una vía indispensable para una recuperación equitativa y duradera (^{Middendorf et al., 2021}).

En los países en desarrollo, los efectos de la pandemia fueron especialmente severos. En Ecuador, por ejemplo, la crisis reveló las profundas desigualdades urbanas y la fragilidad del sistema de salud, que colapsó rápidamente ante la emergencia (^{Jumbo Ordóñez et al., 2020}; ^{García-Iglesias et al., 2020}). El desempleo informal, característico de la economía ecuatoriana, se disparó, dejando a millones sin protección social. La falta de acceso a servicios básicos y tecnológicos agravó las brechas sociales, y sectores como la educación, el transporte y el comercio sufrieron impactos significativos (^{Bustamante González et al., 2022}).

Este panorama permite enfocar el análisis en comunidades rurales y organizaciones productivas de base que suelen quedar invisibilizadas en las estadísticas nacionales. Un caso emblemático es el de la Asociación de Productores y Mujeres de la Barranca de Boyacá (ASOPROMUABA), conformada mayoritariamente por mujeres dedicadas a actividades agrícolas, artesanales y de economía popular. Para ellas, la pandemia significó una caída abrupta de ingresos, el cierre de canales de comercialización y el debilitamiento de redes comunitarias esenciales para su subsistencia (^{Kang et al., 2021}). Las restricciones de movilidad, la escasa conectividad digital y la falta de servicios públicos adecuados agravaron su vulnerabilidad, en contraste con las zonas urbanas que contaban con una infraestructura más robusta. En este sentido, la pandemia no solo fue una crisis sanitaria, sino una emergencia de subsistencia que afectó de forma desproporcionada a mujeres y economías locales (^{Iranmanesh et al., 2022}).

La literatura también ha abordado los efectos de la pandemia en la salud mental de la población trabajadora. Investigaciones como las de ^{Ruiz-Frutos & Gómez-Salgado (2021)} y ^{López & Drivet (2023)} han evidenciado impactos persistentes en trabajadores y jóvenes, incluso después del levantamiento de las cuarentenas. El teletrabajo, aunque útil para mantener la actividad económica, generó nuevas tensiones relacionadas con el estrés y el equilibrio entre la vida laboral y familiar (^{Chiang Vega et al., 2023}). Emprendedores y pequeños negocios también enfrentaron desafíos emocionales al intentar sobrevivir en un entorno económico incierto (^{Bonomo-Odizzio et al., 2023}).

Actualmente, los miembros de ASOPROMUABA enfrentan altos niveles de endeudamiento, inseguridad alimentaria y pérdida de autonomía financiera. Las mujeres de la asociación han asumido una carga desproporcionada de trabajo no remunerado y de cuidado, lo que limita sus oportunidades de recuperación y perpetúa ciclos de vulnerabilidad históricamente documentados (^{Williams et al., 1997}). Este estudio se propone analizar con profundidad las condiciones actuales de esta comunidad, identificar sus necesidades prioritarias y plantear estrategias sostenibles que fortalezcan su resiliencia económica y cohesión social. En este sentido, el uso de metodologías mixtas, como sugiere ^{Rodríguez (2022)}, resulta especialmente adecuado para captar la complejidad de la situación.

El objetivo de esta investigación no es únicamente registrar los efectos de la pandemia, sino también visibilizar las problemáticas específicas de una comunidad rural productiva y aportar insumos concretos para una recuperación inclusiva desde lo local (^{Mejía et al., 2023}). Aunque los impactos han sido mayormente negativos, también se abre una oportunidad para reimaginar y construir un futuro más justo y sostenible (^{Singh et al., 2020}). Este trabajo aspira a contribuir a ese proceso, ofreciendo un análisis detallado que pueda servir como base para el diseño de políticas públicas y programas de apoyo adaptados a las realidades de las comunidades más vulnerables. Las herramientas de análisis estratégico, como las propuestas por ^{Torres Rodríguez (2023)}, son fundamentales para orientar este proceso de transformación.

Materiales y métodos

La investigación adopta un enfoque mixto, integrando métodos cuantitativos y cualitativos para lograr una comprensión integral del impacto del COVID-19 en el desarrollo social y económico de los miembros de la Asociación ASOPROMUABA (Hernández, Fernández & Baptista, 2021; ^{Rodríguez, 2022}).

Resultados

Los resultados que se obtuvieron a partir de la investigación, después de tabular los datos obtenidos en las encuestas, fueron los siguientes:

En la dimensión de trabajo, la pandemia sacudió el panorama laboral de la comunidad. Antes del confinamiento, casi ocho de cada diez personas (78,57) estaban empleadas. Luego vino el cierre, el miedo y la pausa: el desempleo se disparó al 57,14. La actividad económica se detuvo, no por falta de voluntad, sino por la necesidad de protegerse. Pero tras la tormenta, llegó la recuperación. Al finalizar el confinamiento, el empleo no solo volvió, sino que superó los niveles previos: 85,71 % de los encuestados estaban nuevamente activos.

La agricultura fue el pilar que sostuvo a muchos. Antes de la pandemia, el 72,73 % ya trabajaba en el campo. Durante el confinamiento, ese número creció a 83,33 %. Y aunque después bajó ligeramente a 75,00 %, siguió siendo la principal fuente de trabajo. El trabajo doméstico también tuvo presencia, especialmente en el periodo posterior, con un 16,67 % (Figura 1).

Para quienes no trabajaban, las razones cambiaron. Antes y durante la pandemia, el 100 % de los encuestados fuera del mercado laboral se dedicaba al hogar. Pero después, la realidad fue otra: el 62,50 % no encontraba empleo, mientras que el 37,50 % seguía vinculado a tareas domésticas. La falta de oportunidades se convirtió en el principal obstáculo.

Figura 1 Actividad laboral principal (a) y motivo por el cual no se encontraba trabajando (b) 

La Tabla 1 sintetiza los principales indicadores sociales, económicos y emocionales evaluados antes, durante y después del confinamiento por COVID-19, organizados en ocho dimensiones clave: vivienda, salud, educación, condición económica, ocio, bienestar subjetivo, seguridad y gobierno.

En la dimensión vivienda, se observa una tendencia positiva hacia la propiedad habitacional, con un incremento del 71,43 % al 85,71 % en el periodo postpandemia. El arrendamiento disminuyó progresivamente, mientras que la hipoteca se redujo a 0,00 %, lo que sugiere una mejora en la estabilidad financiera. La insolvencia en servicios básicos como electricidad (42,86 % durante el confinamiento) e internet (35,71 %) alcanzó su punto crítico en el periodo medio, con recuperación posterior. En salud, el 14,29 % de los encuestados se contagió de COVID-19 y enfrentó gastos médicos menores a 500$. La mortalidad familiar alcanzó el 28,57 %, mientras que la ausencia de seguros institucionales fue total (0,00 % en todos los periodos), evidenciando una falta de protección formal.

La dimensión educativa muestra una caída temporal en el acceso a formación académica formal (de 64,29 % a 50,00 %), compensada por un aumento en la participación en actividades virtuales (de 7,14 % a 42,86 %). Sin embargo, el 50,00 % reportó dificultades para continuar sus estudios. El acceso a dispositivos tecnológicos mejoró progresivamente, aunque la conectividad estable presentó una caída durante el confinamiento.

En cuanto a la condición económica, el empleo remunerado cayó del 64,29 % al 42,86 %, con una recuperación parcial posterior. Los ingresos estables siguieron una trayectoria similar. El endeudamiento significativo se cuadruplicó durante el confinamiento (42,86 %), mientras que el acceso a subsidios institucionales aumentó temporalmente. La informalidad y el apoyo externo también se incrementaron como estrategias de subsistencia.

La dimensión de ocio y relaciones sociales se mantuvo alta, con el 100,00 % de los encuestados dedicando entre 4 y 5 horas semanales a actividades recreativas durante y después del confinamiento, lo que sugiere una búsqueda activa de bienestar emocional.

En el plano del bienestar subjetivo, el miedo fue la emoción predominante, aumentando de 28,57 % a 57,14 % en el caso del encuestado, y alcanzando el 53,85 % en pareja e hijos. La tristeza, el aburrimiento y el enfado también se intensificaron durante el confinamiento, reflejando un impacto emocional sostenido.

Respecto a la seguridad, la violencia familiar reportada por los encuestados disminuyó de 27,14 % antes del confinamiento a 7,14 % durante y después, lo que podría indicar una mayor protección en el entorno doméstico.

Finalmente, en la dimensión gobierno, la intervención institucional en salud fue limitada, con solo el 14,29 % reportando acciones durante la pandemia y una caída posterior al 7,14 %, lo que refleja una baja percepción de apoyo estatal.

El análisis de los datos sobre la situación educativa de los encuestados antes, durante y después del confinamiento revela ciertas tendencias consistentes (Figura 2). Antes y durante el confinamiento, la mayoría de los encuestados indicaron que sus hijos estaban estudiando (53,85%), mientras que una minoría se encuentra entre el asociado (7,14%) y pareja (7,69%). Y después de la pandemia, hubo un incremento del 61,54% de hijos estudiando, un 21,43% en los asociados y la proporción correspondiente a la pareja se mantuvo sin cambios. Este análisis sugiere un nivel relativamente inestable de acceso en actividades educativas dentro de la población encuestada.

Figura 2 ¿Se encuentran estudiando? 

La información presentada en el Figura 3, correspondiente a quienes indicaron haber estudiado (yo, hijos y pareja), refleja una trayectoria educativa mayoritariamente continua, es decir, sin afectaciones directas atribuibles a la pandemia, como abandono escolar o cambios de modalidad educativa. Durante el confinamiento, se identificó que solo el 14,29% interrumpió sus estudios, que podría estar relacionado con dificultades de conectividad y acceso a recursos tecnológicos.

Figura 3 ¿Tuvo(ieron) que dejar de hacerlo? 

Nota: Problema identificado: A (Impacto en el bienestar subjetivo); B (Dificultades en la educación); C (Endeudamiento y dificultades financieras); D (Falta de empleo e ingresos insuficientes) y E (Insolvencia en servicios básicos).

Figura 4 Principales Problemas durante la Pandemia 

La matriz presentada evalúa cinco propuestas de intervención orientadas a mitigar los principales problemas sociales identificados por el gráfico de Pareto. Cada solución se analiza en función de tres criterios: factibilidad operativa, impacto social y económico, y prioridad estratégica para la asociación. Esta estructura permite jerarquizar acciones según su potencial transformador y viabilidad institucional (Tabla 2).

Discusión

La pandemia por COVID-19 dejó una huella profunda en la comunidad estudiada, revelando una trama compleja de vulnerabilidades, adaptaciones y respuestas resilientes. El enfoque metodológico mixto permitió entrelazar datos objetivos con vivencias subjetivas, logrando una lectura integral de cómo se transformaron las condiciones de vida en ámbitos como el trabajo, la economía, la vivienda, la salud, la educación y el bienestar emocional. Este análisis se inscribe en el marco de la literatura científica internacional, sin recurrir a cifras específicas, para situar la experiencia local dentro de una crisis global.

En el plano laboral, la comunidad vivió una contracción abrupta del empleo durante el confinamiento, en sintonía con lo reportado por ^{Jumbo Ordóñez et al. (2020)} y ^{Darwis et al. (2024)}, quienes documentan el colapso de los mercados laborales rurales ante las restricciones sanitarias. La paralización de actividades económicas, especialmente en sectores informales y de subsistencia, se vio agravada por la limitada movilidad y el cierre de espacios productivos, como también lo señalan ^{Bejarano et al. (2021)}. Sin embargo, tras el confinamiento, se observó una recuperación notable en los niveles de ocupación, lo que sugiere una capacidad de adaptación estructural, especialmente en el sector agrícola, tal como lo destacan ^{Middendorf et al. (2021)} y ^{Kang et al. (2021)}. A pesar de este repunte, la estabilidad económica no se consolidó por completo. Persistieron dificultades relacionadas con ingresos insuficientes, presionados por el aumento del costo de vida (^{Bustamante González et al., 2022}) y por la escasez de oportunidades laborales en economías informales (^{Mejía et al., 2023}).

La vivienda, por su parte, se convirtió en un espacio de refugio y reorganización. Contra lo que podría esperarse en un contexto de crisis, la tenencia de vivienda propia se fortaleció, y se observó una tendencia hacia la eliminación de hipotecas, lo que sugiere una estrategia comunitaria de saneamiento financiero. Sin embargo, esta estabilidad habitacional no se tradujo de inmediato en la capacidad de pago de servicios básicos. Durante el confinamiento, se dispararon los casos de insolvencia en electricidad e internet, reflejando un estrés financiero temporal. La recuperación posterior en este aspecto indica que la comunidad logró reordenar sus prioridades económicas, privilegiando el acceso a servicios esenciales.

En el ámbito de la salud, el impacto fue doble: físico y emocional. Además de los contagios, muchas familias enfrentaron la pérdida de seres queridos, lo que acentuó el dolor colectivo. A nivel psicológico, se intensificaron emociones como el miedo, la preocupación y la tristeza, en consonancia con lo descrito por ^{López & Drivet (2023)}, ^{Grills et al. (2023)} y ^{Hatta et al. (2022)}. Estos hallazgos coinciden con estudios que documentan el deterioro del bienestar mental durante la pandemia (^{García-Iglesias et al., 2020}; ^{Meherali et al., 2021}; ^{Ruiz-Frutos & Gómez-Salgado, 2021}). La ausencia de seguros médicos y de servicios de apoyo psicológico institucionales, como señala ^{Nunes (2022)}, dejó a la comunidad sin redes formales de contención. Curiosamente, se reportó una disminución en la violencia familiar, un dato que contrasta con estudios que evidencian su aumento en otros contextos. Este fenómeno sugiere dinámicas sociales particulares que merecen ser exploradas con mayor profundidad.

La educación fue otro terreno de transformación. La comunidad respondió con rapidez al cambio de modalidad, incrementando su participación en la formación virtual. Sin embargo, esta transición no fue equitativa. Muchos enfrentaron obstáculos para continuar sus estudios, principalmente por problemas de conectividad y acceso a tecnología. Esta brecha digital, persistente en zonas rurales, limita la equidad educativa y la capacidad de adaptación ante crisis, como advierte ^{Rodríguez (2022)}. Aunque se mejoró el acceso a dispositivos, la infraestructura de conectividad no acompañó ese avance, lo que evidencia que el hardware por sí solo no garantiza inclusión. La pandemia, en este sentido, actuó como un revelador de desigualdades estructurales.

La experiencia de esta comunidad frente a la pandemia puede leerse como una narrativa de contrastes. Por un lado, se destaca la capacidad de recuperación en el empleo, la consolidación de la vivienda y la reorganización financiera. Por otro, persisten signos de fragilidad: ingresos inestables, endeudamiento, afectaciones emocionales y escasa respuesta institucional. Esta dualidad exige que las políticas de desarrollo postpandemia no se limiten a la reactivación económica, sino que incluyan el fortalecimiento del capital humano, el bienestar subjetivo y la equidad estructural. La trayectoria de esta asociación ofrece aprendizajes valiosos sobre la resiliencia rural, pero también sobre los límites de esa resiliencia cuando no está acompañada por un entorno institucional robusto. Para avanzar hacia una sostenibilidad real, será necesario construir un ecosistema productivo adaptado a las nuevas condiciones del mercado (^{Bonomo-Odizzio et al., 2023}; ^{Bedoya-Soto et al., 2024}; ^{Iranmanesh et al., 2022}; ^{Benavides & Silva-Peñherrera, 2022}), fortalecer el liderazgo estratégico (^{Torres Rodríguez, 2023}) y atender la salud laboral para prevenir el estrés y el desequilibrio entre trabajo y vida familiar (^{Chiang Vega et al., 2023}).

Consideraciones finales

La investigación sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la ASOPROMUABA, revela una notable dualidad entre la resiliencia comunitaria y la vulnerabilidad estructural. A pesar de que la crisis representó un choque sin precedentes, la comunidad demostró una capacidad de adaptación que le permitió mitigar los efectos más graves e, incluso, fortalecerse en ciertos aspectos.

En el ámbito económico, la comunidad demostró una resiliencia laboral y financiera significativa. A pesar de una contracción inicial del empleo durante el confinamiento, la naturaleza de la actividad agrícola actuó como un amortiguador, facilitando una rápida recuperación. La tenencia de vivienda propia aumentó de manera constante, y la capacidad de liquidar hipotecas indica una fuerte priorización de la estabilidad del hogar. Sin embargo, esta solidez no fue absoluta, ya que se manifestaron vulnerabilidades en la capacidad de pago de servicios esenciales como la electricidad y el internet.

A nivel humano, la pandemia dejó profundas cicatrices en el bienestar subjetivo de la población. El miedo, la preocupación y la tristeza se intensificaron, evidenciando un alto costo emocional. La ausencia de un sistema de apoyo psicológico o institucional en la comunidad subraya una brecha significativa en la respuesta a la crisis, lo que indica la necesidad de un enfoque más integral que incluya la salud mental en las políticas de desarrollo.

Finalmente, la adopción forzada de la tecnología en el ámbito educativo puso de manifiesto las desigualdades existentes. Aunque la participación en la formación virtual aumentó, las dificultades en la continuidad de los estudios, vinculadas a la falta de conectividad y acceso a dispositivos, evidencian que la brecha digital es un obstáculo crucial que debe ser abordado para garantizar la equidad educativa y el desarrollo a largo plazo.

En resumen, la experiencia de la asociación es un claro ejemplo de que la recuperación de una crisis no es simplemente un regreso a la normalidad, sino un proceso complejo que revela tanto fortalezas como debilidades. La capacidad de adaptación demostrada por la comunidad es un activo valioso, pero es imperativo que la asociación, junto con las instituciones públicas y otros actores aliados, actúe para mitigar las vulnerabilidades restantes y construir un futuro más sostenible y equitativo. El camino a seguir requiere un enfoque que no solo se centre en la producción agrícola, sino que también fomente la diversificación económica, el acceso a la tecnología y el apoyo integral al bienestar humano.