1.1. Microempresas y principales desafíos

Una de las principales preocupaciones en el ecosistema emprendedor, específicamente, a nivel de microempresas es cómo se relaciona el desarrollo del negocio con la sociedad local, lo que define dos componentes, una socioeconómica y otra sociocultural. Al respecto, para que exista un desarrollo y sociedad local, debe haber riqueza generada localmente sobre la cual los actores locales ejerzan un control decisivo, tanto en los aspectos técnico-productivos como en los referidos a la comercialización, dando lugar a una jerarquía social regulada por la mayor o menor capacidad de cada uno de sus miembros para influir en la toma de decisiones sobre la utilización del excedente. Desde esta perspectiva, nace la necesidad de conocer la capacidad real de los individuos y grupos que actúan en la esfera local para producir iniciativas que logren un crecimiento y desarrollo local, sobre todo, en territorios que son más o menos autosustentados (^{Donovan et al., 2010}). Por otra parte, las formas centralizadas de organización del territorio han debilitado considerablemente la capacidad de iniciativa de las sociedades locales, lo que ha puesto en entredicho los planeamientos tradicionales de las políticas regionales de los gobiernos basados en medidas directas, tal como las ayudas a empresas, incentivos a la inversión exterior o el mejoramiento de las infraestructuras físicas (^{Alburquerque y Diputación de Barcelona, 1999}:29).

Otro aspecto relevante, es la categorización con que la economía, tanto urbana como rural, ha agrupado a la vez iniciativas económicas de pequeño tamaño con carácter mercantil, es decir, agrupa desde una lógica que incentiva la creación de riquezas y desarrollo, con aquellas estrategias de subsistencia que buscan establecer redes sociales que enfatizan más en el trabajo y la cooperación entre pares. Por ejemplo, en el contexto etnográfico rural o urbano chileno donde viven comunidades indígenas, tienen gran importancia la reciprocidad y el intercambio en la economía de los grupos domésticos (Tereucán et al., 2009). Sumado a lo anterior, el significado de micro y pequeñas empresas suele utilizarse en el lenguaje corriente, agrupando una serie de empresas económicas heterogéneas, así como aquellas vinculadas al mercado como las iniciativas económicas populares de supervivencia, lo que crea confusión al invisibilizar a los sujetos sociales, étnicos y sus lógicas de acción (^{Donovan et al., 2010}).

Las microempresas, en general, se caracterizan por ser negocios unipersonales o de familia (^{Casillas et al., 2014}), administrados por uno o varios miembros de ella. Comúnmente el conocimiento que se tiene sobre la dirección del negocio y de las relaciones personales que en él convergen ha sido adquirido en forma empírica o como legado de una trayectoria familiar; así mismo, se vislumbra un ambiente de desconfianza por la adaptación de nuevas técnicas administrativas que permitan a la empresa crecer o por lo menos acomodarse a las circunstancias económicas de su contexto; además, los propietarios del negocio tienen la firme convicción de que la estrategia que en el pasado significó grandes triunfos debe permanecer, desconociendo no solo las tendencias y nuevas tecnologías sino también las exigencias de su contexto (^{Cortés J. & Henao M., 2017}). En cuanto a la apertura de microempresas, se relaciona a la actividad emprendedora con el panorama de desempleo, emprendimientos por necesidad (^{Audretsch et al., 2001}), es decir, se propone que altos niveles de desempleo se relacionan con numerosas aperturas de negocios, bajo el argumento de que el costo de oportunidad de emprender un negocio es reducido y, que los desempleados tienden a poseer bajos niveles de capital humano y capacidad empresarial, lo que se expresa en una relación inversa entre la tasa de desempleo y estas capacidades (Texis et al., 2016). Al respecto, estudios internacionales revelan que el surgimiento de emprendedores por necesidad representa una categoría cada vez más frecuente en América Latina que en otras regiones más desarrolladas (^{Kantis et al., 2002}). De estos emprendimientos, la mayor parte se relaciona al sector microempresarial que carece de planeación y que opera con desventaja en temas de formación empresarial, seguridad social y financiamiento. Más aún, las probabilidades de éxito en el mercado mundial son del 40% y bajo una perspectiva estratégica, los recursos y capacidades desarrollados sufren por la escasez de habilidades, pobres prácticas gerenciales y una limitada formación y entrenamiento de su mano de obra. Tampoco están muy expuestas a las mejores prácticas globales de calidad, diseño o producción², lo cual se traduce en un desempeño variable en su rentabilidad, supervivencia y crecimiento (^{Estrada et al., 2019}).

Respecto al tamaño de la empresa, se distingue entre los autoempleados y las empresas con empleados, determinado que son grupos que nacen con intereses distintos, concluyendo que el autoempleo es básicamente un medio de vida y que las empresas con empleados tienen perspectivas de evolucionar (^{Callejón y Ortún, 2009}). En Chile existen 2.057.903 personas microemprendedoras, que corresponden a un 24,3 % de las personas ocupadas, de las cuales 15,4% corresponde a empleadores y 84,6%, a quienes trabajan por cuenta propia y, que un 91% de los emprendimientos son llevados a cabo por microempresas. Sólo el 15% de las microempresas contrata a otras personas, siendo en su mayoría emprendimientos por cuenta propia. Cerca de un 40% de los microemprendimientos se concentran en la Región Metropolitana (^{Sáez B., 2020}). Del total de personas microemprendedoras, un 53,1% no ha iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), mientras que un 36,2% lo ha hecho como persona natural y solo un 10,7%, como persona jurídica, destacando que las ramas de actividad económica con mayor proporción de microemprendimientos sin inicio de actividades ante el SII son el sector primario (77,8%), industrias manufactureras (63,1%) y transporte y almacenamiento (61,5%) (Instituto Nacional de Estadística, 2020). Las denominadas microempresas ascienden a un 75,2% de las empresas en Chile, lamentablemente no se ve reflejada necesariamente en su importancia en términos de actividad o ingresos que genera en el país: las microempresas sólo representan el 1,9% de las ventas anuales (^{Valenzuela A., 2014}).

En cuanto a la innovación, esta juega un rol fundamental en materia de desarrollo económico³. Las diferencias en productividad explican gran parte de las brechas de ingreso entre países y a su vez, el crecimiento de la productividad está fuertemente determinado por la innovación. Luego, en la medida que los países menos desarrollados crean y mejoran productos, procesos y formas de organización de manera autónoma o imitando a los más desarrollados, se producen dos importantes consecuencias. En primer lugar, el cierre de la brecha de productividad entre países desarrollados y subdesarrollados, y con ello la convergencia de sus ingresos. En segundo lugar, una aceleración de la tasa de crecimiento de la frontera tecnológica mundial (^{Keller, 2010}). Las fallas de mercado asociadas a la innovación, en particular aquellas enunciadas en los dos primeros argumentos señalados anteriormente, tienen directa relación con el mercado financiero. Por esta razón es que los programas más básicos de desarrollo a la innovación actúan a través del financiamiento. Si bien pueden no ser suficientes, la evidencia sugiere que sí son necesarios. En el caso chileno, cuando se consulta a las empresas por el obstáculo a la innovación más importante que enfrentan, más de un 50% de las respuestas tienen que ver con el costo asociado, acceso a financiamiento y el timing de los retornos. Si bien la empresa podría no tener acceso a financiamiento porque sus proyectos de innovación efectivamente no son rentables, el costo de la innovación y el timing de sus retornos no debieran ser restricciones en presencia de mercados financieros completos. La evidencia econométrica indica una relación negativa y significativa entre la existencia de restricciones de liquidez y la probabilidad de que una firma innove (^{Álvarez y Crespi 2011}).

En cuanto a la gestión tecnológica de las empresas de menor tamaño en América Latina, se observan acciones para atender los requerimientos de los recursos tecnológicos básicos o genéricos que permitan ingresar y mantenerse en el mercado por lo cual no existe ni una estructura funcional encargada, ni se desarrollan planes o agendas tecnológicas además de carecer de presupuestos específicos para estas actividades (^{Malaver y Vargas, 2004}). Por su parte, el Servicio de Cooperación Técnica (^{SERCOTEC, 2018}) establece que las microempresas representan un 24% de la fuerza laboral y que sus principales desafíos son:

Todo lo anterior redunda en una baja productividad. En América Latina, las grandes empresas son hasta un 33 veces más productivas que las microempresas. Asimismo, se suma que el factor más relevante que afecta el crecimiento de las empresas es la alta competencia en el mercado y la demanda limitada (^{Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo, 2017}).

La irrupción del Covid-19 causó estragos en el sector de las MiPymes, especialmente en las microempresas, las cuales tienen menos probabilidades de poder sobrevivir largos periodos de inactividad y mayores dificultades para acceder a liquidez. Según informes elaborados por el Ministerio de Economía en julio 2021, durante el 2019 y 2020, el 62,4% de las empresas registró una disminución en sus ventas, siento las microempresas el segmento más golpeado, tanto en la proporción de empresas que experimentó una caída en sus ventas (63,1%), como en la magnitud de la disminución (-37,5%). Con respecto al nivel de empleo, las microempresas también fueron las más afectadas con una variación interanual promedio en su dotación de trabajadores de -21,2% (^{Cardemil, 2022}).

En cuanto a las tecnologías digitales, estas permiten a las empresas ampliar sus redes de contactos y extender su capacidad de información de manera infinita, tanto hacia nuevos ámbitos cognitivos, como hacia áreas de especialización ya consolidadas en la empresa. Para las compañías que ya están integradas en redes colaborativas, las tecnologías digitales permiten intensificar la interacción y plantear experiencias de integración para la gestión de recursos compartidos, como los inventarios de insumos o los servicios especializados, por ejemplo, programas de formación diseñados ad hoc para la cadena de proveedores. Así, las tecnologías contribuyen a dar: mayor visibilidad, mejor acceso a la información, posibilidad de mitigar barreras tradicionales al comercio, facilitar transacciones financieras, mejoras en los procesos de desempeño, crecimiento y expansión empresarial, posibilidad de desarrollo de nuevos productos, entre otras (^{Dini et al., 2021}).

1.2. Acerca del Desarrollo Productivo

La nueva teoría del crecimiento intenta demostrar que el ritmo de crecimiento de los países está influido por factores endógenos, como la calidad de la educación y el nivel de innovación. Los modelos desarrollados señalan que en la medida en que los países impulsan políticas que contribuyan a elevar sus capacidades de generar y usar conocimiento en los procesos productivos, aumentan las expectativas de un crecimiento más acelerado, con independencia del nivel en que se encuentren actualmente (^{Bravo, 2012}). Autores tales como ^{Romer (1990)}, ^{Barro y Sala i Martin (1992)}, señalan que la política pública adquiere un rol significativo, pues puede influir en la forma en que se mueven estos factores endógenos. En particular, cumple una función muy relevante en el desarrollo de la innovación, pues dado que la generación de conocimiento a través de la investigación científica y aplicada tiene características de bien público, se requiere el apoyo del Estado para su desarrollo (^{Deblin y Moguillansky, 2010}). Este tipo de argumentación se extiende a varios campos propios de las políticas de desarrollo productivo en los cuales aparecen involucradas externalidades o servicios con características de bien público, tales como el entrenamiento y la capacitación de personal. En cada uno de los casos, la participación activa del Estado incentiva la producción de los bienes y sectores clave para el crecimiento de la economía (^{Rivas, 2010}).

Un aspecto relevante para el desarrollo o desarrollo productivo se encuentra en las fallas de mercado, específicamente, en la información imperfecta y mercados incompletos. Al respecto, de acuerdo al primer teorema del bienestar, toda economía competitiva perfectamente es eficiente en el sentido de Pareto, por lo que una intervención externa podría empeorar la situación de bienestar. Sin embargo, diversos trabajos teóricos, han planteado que este teorema reposa en dos supuestos críticos que no son observables en la realidad. Por una parte, se asume que existe información perfecta y, por otra, que existe un conjunto completo de mercados para todo tipo de contingencias (^{Rivas, 2010}). Asimismo, el autor señala que cuando los mercados son incompletos o la información es imperfecta, los comportamientos de los agentes generan externalidades que no son consideradas en su accionar. En el caso de los países menos desarrollados, estos problemas se agravan por el insuficiente desarrollo de sus mercados, o incluso, por la inexistencia misma de ellos en muchos casos. Así, por ejemplo, la información incompleta puede conducir a fenómenos relacionados con el riesgo moral o de selección adversa. Estos problemas suelen afectar el funcionamiento de los mercados crediticios, o en forma general, de los servicios de desarrollo empresarial, pues la ausencia de conocimiento perfecto con respecto a los clientes, hace que las entidades de financiamiento tiendan a elevar las garantías que exigen a las empresas cuando estas buscan un crédito para desarrollar sus proyectos (^{Bravo, 2012}). A efectos de la orientación de las políticas de desarrollo productivo, esta aproximación sobre las “nuevas fallas de mercado” y sus manifestaciones se ha reflejado fundamentalmente en la generación de intervenciones que buscan corregir fallas que afectan el funcionamiento de mercados ligados a los factores de producción, como son los mercados de capital, de servicios financieros, de asistencia técnica, de capital humano, de innovación, etc. (^{Bravo, 2012}). La justificación teórica expuesta deja abierto un vasto campo de intervención posible para la política pública, lo que ha llevado a la generación de un conjunto de criterios rectores para la intervención del Estado. Uno de estos criterios tiene relación con la horizontalidad de la intervención pública, que busca actuar de manera tal que las acciones públicas potencien el desarrollo de las empresas, pero sin suplantarlas en su rol de definir las apuestas que involucran sus decisiones de inversión (^{SUBDERE, 1996}).

En cuanto a la perspectiva de clúster y redes empresariales, Alfred Marshall, destaca la importancia de la asociación, las redes y la acción coordinada en un espacio geográfico común. Fue a partir fundamentalmente de la observación del modo de funcionamiento de los distritos industriales en el centro y noreste de Italia, así como también de las observaciones de otras experiencias de especialización flexible en algunas zonas de Europa, que se llamó la atención sobre las ventajas de la colaboración entre empresas, en contraste con la noción de que la competencia es la única forma de promover la competitividad de las firmas (^{Piore y Sabel, 1993}). Las firmas que componen un distrito son, en general, pequeñas, y no elaboran productos finales completos, sino que se especializan en unas pocas fases de un proceso productivo mucho más amplio, que incluye, en algunos casos, el armado o manufactura final. En este contexto, la intervención pública puede apoyar el despliegue de estos procesos, promover una adecuada coordinación entre las firmas lo que disminuye los costos de transacción asociados a la emergencia de acciones de colaboración (^{Ferraro, 2003}). Las ideas que subyacen a esta visión son principalmente dos. La primera es que a través de las grandes firmas resulta más fácil y asequible llegar a los sujetos de la política, es decir, MiPyme. La otra idea es que se presupone, que si una MiPyme ha podido llegar a ser proveedora de una empresa grande, es posible que su nivel de competitividad y desarrollo, tanto real como potencial, sea superior al promedio y, por tanto, puede constituir la base para desarrollar políticas de estímulo a la competitividad global de la economía. Se piensa que, de alguna manera, el mayor grado de competitividad de la firma grande “derrama” hacia sus proveedoras, debido a las fuertes exigencias de calidad que se les impone, de modo que quienes cumplen esa condición estarán en un mejor pie competitivo (^{Goldstein & Kulfas, 2011}).

A raíz de lo anterior y, siguiendo la definición de Rodrik (2004) para el concepto de política industrial, podría entenderse el desarrollo productivo como aquel conjunto de iniciativas públicas destinadas a aumentar la productividad, específicamente, aquellas iniciativas que actúan directamente a nivel de firma o grupos de firmas, de propiedad privada, impactando en su productividad por medio de distintos canales u objetivos intermedios (actualización tecnológica, desarrollo de habilidades para los trabajadores, capacitación gerencial, control de calidad y productividad, desarrollo de mercados, formación de redes y promoción de exportaciones). Durante los últimos veinte años, las políticas de desarrollo latinoamericanas han puesto sus esfuerzos principalmente en dos tareas. Por un lado, dar apoyo a empresas de menor tamaño en distintas dimensiones e incentivar la actividad innovadora a nivel de firma (^{López 2009}, ^{Ferraro et al. 2011}).

Respecto a las políticas de desarrollo productivo, estas son fundamentales para el apoyo de actividades que aportan valor en cualquier sociedad. Dichas políticas, llevadas a cabo por el Estado, tienen como justificación principal las fallas de mercado existentes donde la nula interacción entre la oferta con la demanda no permita que los recursos se asignen en forma socialmente óptima. Así, los recursos públicos para desarrollo son aquellos que el Estado destina para que los particulares generen por sí mismos producción de valor económico. Esto incluye asignar recursos a segmentos empresariales y a sectores productivos que en el corto plazo presentan limitaciones, pero que se espera que a mediano plazo se conviertan en actores de mayor competitividad. Si se obedece esta orientación, los recursos para desarrollo productivo no constituyen un gasto, sino que una inversión socialmente rentable (^{Benavente, 2006}). De acuerdo con ^{Meneses (2005)}, los ámbitos de acción de los programas de desarrollo productivo son: estímulo al desarrollo de nuevas actividades o de procesos de mayor rentabilidad privada, promoción de la inversión y de la infraestructura productiva, apoyo al desarrollo de la capacidad emprendedora, estímulo a la diversificación de productos y servicios exportables, acceso a mercados, acceso a financiamiento, capacitación, innovación y transferencia tecnológica, acceso a la información, estímulo a la asociatividad y apoyo al desarrollo regional, territorial y local.

En cuanto a las ideas pioneras en materia de desarrollo económico argumentaban que, para que una economía entrara en una trayectoria de desarrollo, era necesario que los factores de producción fueran reasignados desde sectores de baja productividad a sectores de mayor productividad. Ese proceso de cambio estructural se traduciría en un aumento del peso de la industria en la actividad económica, pues ese sector era considerado como el de mayor potencial para el aumento de la productividad a lo largo del tiempo. En él se generaban los efectos de derrame (spillovers), los enlaces hacia atrás y hacia delante, y las externalidades monetarias y tecnológicas que dan lugar a rendimientos crecientes. En este pensamiento, una condición necesaria para superar el estatus de economía periférica era eliminar o al menos reducir la heterogeneidad estructural, definida como una gran participación del empleo en actividades de baja productividad en el empleo total (^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007}).

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPESA, 2005) reconoce que el desarrollo productivo, aún debe esforzarse por favorecer a aquellos que realmente más lo necesitan ya que «las políticas de desarrollo están apoyando mayoritariamente a un sector que cumple una importante función social en términos de generación de empleo, pero que, en términos de desarrollo productivo, está escasamente volcado hacia los mercados internacionales (Chandía, ^Flores, & Rötger, s.f). Por lo tanto, se puede concluir que buena parte de las franquicias otorgadas a las exportaciones favorecen mayoritariamente a las grandes empresas. Con los programas de capacitación sucede algo similar. A pesar de que se ha producido un gran crecimiento del número de empresas capacitadas, particularmente en el rango de las micro y pequeñas empresas, en términos del gasto en capacitación, éste, en más de las tres cuartas partes, ha favorecido a las grandes empresas» (^{Silva & Sandoval, 2005}: 8).

En Chile, la entidad encargada de promover a las empresas del sector es la Corporación de Desarrollo de la Producción (Corfo), una entidad del Estado con autonomía económica y administrativa. Sus objetivos estratégicos son: fortalecer la competitividad de las empresas fomentando el mejoramiento de la gestión, la asociatividad y el desarrollo de cadenas productivas; impulsar el desarrollo de procesos de la innovación y el emprendimiento con impacto en el sistema empresarial y productivo a través de la promoción de actividades de investigación, desarrollo y difusión de tecnología, la generación de capacidades y la articulación y la creación de nuevos negocios; aumentar el acceso al crédito de los empresarios que integran las Pyme y de los estudiantes de educación superior, complementando la oferta de instrumentos financieros; y fortalecer la modernización y el mejoramiento de la gestión institucional. Ofrece productos relacionados con el desarrollo de la calidad y la productividad (Fondo Asistencia Técnica y Desarrollo a la Calidad), el desarrollo de la asociatividad productiva (Proyecto Asociativos de Desarrollo, Programa Desarrollo Proveedores y Programa Territorial Integrado), el apoyo a la innovación (proyectos de innovación precompetitiva y de interés público, de innovación tecnológica que pueden convertirse en empresas, de apoyo al emprendimiento y la creación de nuevos negocios, y de innovación tecnológica o transferencia tecnológica desarrollados por empresarios) y, por último, el apoyo al financiamiento (los programas Crédito para la Inversión, la Exportación y los Estudios Superiores; así como factoring, un programa de microcrédito y otro de apoyo a la preinversión) (^{Yamakawa et al., (2010)}.

1.3. Desarrollo económico local

Los conceptos que consideran el desarrollo han estado vinculados estrechamente con las transformaciones de la sociedad, así se han construido numerosas conceptualizaciones sobre el desarrollo local, por ejemplo: como “estrategia territorial competitiva basada en el aprovechamiento pleno del potencial de utilidad endógeno con recursos estratégicos exógenos” (^{Castelletti y Canzanelli, 2005}, p. 12), de carácter pluridimensional, participativo y sostenible. También se lo ha considerado como un paradigma multidimensional, que “reconoce las condiciones particulares de las comunidades, de manera específica los vínculos y redes que se articulan en los territorios […]” y estima que para su implementación se requiere de “la articulación entre gestores, operadores contratistas e interventores” (^{Baquero & Rendón, 2011}, p. 80). O bien, como lo advierte Boisier: lo local es un “concepto sustantivo que alude a una cierta modalidad de Desarrollo que puede tomar forma en territorios de variados tamaños” (2001, p. 8), que tiene sentido desde afuera al observar cómo la región es local para el país, así como la provincia es local para la región. Según, el autor Carrizosa Umaña, plantea una reinterpretación a partir de lo territorial, lo local y lo regional; definiendo lo global-nacional como un macrosistema, lo regional como un sistema y lo municipal como subsistemas. Acorde a ello, la sostenibilidad debe analizarse desde lo nacional que define las políticas aplicadas a los municipios, lo regional que determina los procesos socioeconómicos reales y lo municipal que materializa estos procesos en impactos sobre la población y los recursos naturales, lo que se expresa en indicadores (^{Carrizosa, 2006, pág. 93}).

Siguiendo el enfoque del desarrollo endógeno, se plantea que los diferentes capitales de una localidad y sus interacciones se ven reflejados en los niveles de competitividad regional, la cual expresa el nivel de integración entre una sociedad y sus recursos; así, los capitales regionales integran los resultados de las interacciones entre los sectores productivos, las empresas, el medio ambiente, los recursos, y la organización local de cada región. Según (^{Konvitz, 2000}) los capitales locales estimulan las inversiones de la región mediante la adición de valor, la construcción de redes y la vinculación de factores regionales potenciales, los cuales permiten evaluar el impacto que tiene cada capital sobre el desarrollo regional. Desde el enfoque del desarrollo regional, ^{Capello et al., (2009}) plantean que el desarrollo territorial requiere de dos condiciones esenciales; i) la existencia de producción local con capital local, y ii) la disponibilidad e implementación eficiente de condiciones "hechas a la medida" de la región y el territorio (^{Capello et al., 2009, p. 9}).

A raíz de lo anterior, el desarrollo económico local es considerado como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno. Este concepto de desarrollo reúne un conjunto de rasgos y características que le dan una configuración específica. Ante todo, hay que decir que el desarrollo local hace referencia a procesos de acumulación de capital en ciudades, comarcas y regiones concretas. Una oferta de mano de obra ocupada en la localidad y suficientemente calificada para las tareas que desempeña, unida a una capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición productiva local y a una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, favorecen la acumulación de capital en los sistemas productivos locales (^{Aghón et al., 2001}). De esta manera, la capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición productiva de cada territorio propicia una intensa rivalidad en el mercado local, lo cual es un factor determinante de la competitividad interna y externa de las empresas locales. Por ello, los sistemas productivos locales han mostrado históricamente una disposición especial para introducir y adoptar innovaciones y, sobre todo, para adaptar las tecnologías mediante pequeños cambios y transformaciones que permiten a las empresas mejorar su posición competitiva en los mercados (^{Aghón et al., 2001}). El centro del proceso de acumulación de capital de los sistemas productivos locales lo constituye la organización del sistema productivo, hecho que facilita la formación de externalidades a través de una multiplicidad de mercados internos, merced a los cuales las empresas, los proveedores y los clientes se relacionan entre sí (^{Becattini, 1997}). De esta manera, la configuración del modelo de producción mediante una red de empresas es la columna vertebral de los sistemas productivos locales.

La red (^{Hakansson y Johanson, 1993}) está formada por los actores locales, los recursos (humanos, naturales, infraestructuras), las actividades económicas (de carácter productivo, comercial, técnico, financiero, asistencial) y sus relaciones (interdependencia e intercambios). Las relaciones dentro de la red permiten que los actores intercambien no sólo productos y servicios sino también conocimientos tecnológicos y pautas de comportamiento. En los sistemas productivos locales las relaciones se basan en el conocimiento de los agentes entre sí, en la confianza mutua que se ha ido creando paulatinamente, así como en el beneficio que deriva del comercio y el intercambio (^{Ottati, 1994}). Sumado a lo anterior, el desarrollo económico local se produce en sociedades cuyas formas de organización, condiciones sociales, cultura y códigos de conducta condicionan los procesos de cambio estructural. Las empresas locales son el vehículo que facilita la inserción de los sistemas productivos en el sistema de relaciones socioculturales del territorio. Los sistemas productivos locales han nacido y se han consolidado en áreas que se caracterizan por un sistema sociocultural fuertemente vinculado al territorio (^{Aghón et al., 2001}). La aceptación de un modelo de sociedad en que se premia el esfuerzo y la ética del trabajo, en que la capacidad emprendedora es un valor social reconocido, en que se potencia la movilidad social, explica el funcionamiento de los mercados de trabajo locales y la capacidad de respuesta de las comunidades locales ante los cambios tecnológicos y los desafíos de la competitividad.

Respecto al funcionamiento de las economías locales, sólo puede explicarse por la fuerte relación que se establece en los diferentes territorios entre empresa, cultura, instituciones y sociedad local. Las estructuras familiares, la cultura y los valores locales determinan los procesos de desarrollo local y son una condición necesaria para la consolidación de estos procesos (^{Aghón et al., 2001}). Históricamente, la familia ha contribuido de forma singular al surgimiento y desarrollo de las empresas y al funcionamiento de la sociedad y la economía a nivel local, al canalizar recursos humanos, empresariales y financieros a buena parte de los proyectos productivos. En los procesos de desarrollo local, los valores sociales desempeñan un papel clave en el funcionamiento del sistema productivo. El sentimiento de pertenencia a una comunidad local diferenciada está tan fuertemente arraigado que se sobrepone al sentimiento de clase, lo que modifica las relaciones laborales y limita los conflictos sociales. La fuerte identidad local, unida al reconocimiento social de la actividad empresarial, explican el surgimiento y el mantenimiento de la actividad productiva en situaciones de necesidad y en circunstancias de riesgo. La confianza entre los empresarios favorece la cooperación y asegura las transacciones entre las empresas locales. Además, la ética del trabajo induce a mejorar la calificación de los recursos humanos y reduce los conflictos sociales (^{Aghón et al., 2001}).

Lo expuesto, permite decir que el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en que se pueden identificar al menos tres dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a los empresarios locales usar eficientemente los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en la cual el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo, y otra política y administrativa, en la que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo (^{Coffey y Polese, 1985}). Por otra parte, dentro del concepto de “local”, se observa que se expresa en distintas escalas de contextualidad. Se puede afirmar que se refiere a los distintos niveles de resolución en donde las dimensiones del desarrollo se materializan y confluyen (^{Izquierdo, 2018}). Según el autor, lo “local” tiene un componente de gestión y tiene relación con lo integral y lo sustentable. En este sentido, la integralidad se nutre de las distintas aproximaciones desde una perspectiva relacional, en la que no se privilegia el componente económico del Desarrollo. Desde la perspectiva de Izquierdo, las escalas de contextualidad no son exclusivas del Desarrollo “local”, sino que se expresan también desde el enfoque regional y desde su planificación. En dichos enfoques se ven reflejados los cambios paradigmáticos que privilegian lo objetivo, lo subjetivo o lo intersubjetivo y las diferentes ideas sobre el poder, según sea su contexto de inscripción. Los aspectos en mención están atravesados por contextos que el autor define como temporo-espacial, territorial-diferencial, jurisdiccional-diferencial y de funcionalidad-diferencial en los que expresan las relaciones entre lo humano y lo no humano involucradas en esta noción de lo “local” (^{Díaz & Rodríguez, 2020}).

La reflexión sobre el Desarrollo requiere tener presente varias dimensiones, entre las que podemos mencionar: a) Físico - geográfica⁴, b) Tecno - económica⁵, c) Político-ideológica⁶, d) Ecológico-ambiental⁷, e) Fiscal-financiera e institucional-administrativa⁸ y f) Sociocultural⁹. En consecuencia, parte de las investigaciones apuntan a que el desarrollo territorial debe considerarse como una estrategia impulsada por un gobierno provincial, en colaboración con actores clave de la provincia (afincados en ella y con incidencia en la misma, como empresarios, centros de capacitación y asistencia técnica, universidades, programas nacionales de aplicación territorial, entidades financieras, asociaciones civiles, etc.), que se concreta en una serie de líneas de actuación para aprovechar los recursos endógenos existentes o infrautilizados, así como las oportunidades derivadas de su situación en el entorno económico general (^{Díaz & Rodríguez, 2020}). No obstante, el desarrollo local sigue siendo utilizado y entendido, a menudo, de forma ambigua, a veces como el desarrollo de un nivel territorial inferior, como puede ser el desarrollo de un municipio o de una comarca (microregión). Otras veces se utiliza para resaltar el tipo de desarrollo endógeno que es resultado del aprovechamiento de los recursos locales de un determinado territorio. En otras ocasiones hay quien lo presenta como una forma alternativa al tipo de desarrollo concentrador y excluyente predominante, el cual se basa esencialmente en un enfoque vertical (de “arriba-abajo”) en la toma de decisiones (^{Alburquerque, 2003}). Sin embargo, el sistema productivo local, que incluye entre otros elementos, el conjunto de relaciones y eslabonamientos productivos y comerciales relevantes para explicar la eficiencia productiva y competitividad de la base económica de un determinado territorio no tiene porqué coincidir con las fronteras o delimitaciones administrativas de un municipio o provincia. Así, el desarrollo local no es sólo desarrollo endógeno. Muchas iniciativas de desarrollo local se basan también en el aprovechamiento de oportunidades de dinamismo exógeno. Lo importante es saber “endogeneizar” dichas oportunidades externas dentro de una estrategia de desarrollo decidida localmente (^{Alburquerque, 2003}). Respecto a los componentes que pueden explicar la fragilidad de las iniciativas de desarrollo local, o bien, las principales bases de sustentación de las iniciativas de desarrollo en el territorio, ^{Alburquerque (2003)} considerada imprescindible las siguientes: movilización y participación de actores locales, actitud proactiva del gobierno local, existencia de equipos de liderazgo local, cooperación público-privada, elaboración de una estrategia territorial de desarrollo, desarrollo de empresas locales y capacitación de recursos humanos, coordinación del programas e instrumentos de desarrollo y creación de una institucionalidad para el desarrollo económico local.

Sumado a lo anterior, ^{Alburquerque (2003)} establece los siguientes ámbitos principales de actuación en el desarrollo local: sistema de información territorial, redes de cooperación empresarial, infraestructura y equipamiento básico, asistencia técnica y asesoría (sistema territorial de I+D+i), formación de recursos humanos, comercialización de productos locales, vinculación de entidades financieras y acceso al crédito y valorización del patrimonio natural y cultura. Estos ámbitos de actuación permiten considerar que las estrategias de desarrollo económico local deben buscar, esencialmente, la diversificación del sistema productivo y la creación de nuevas empresas y empleo en el territorio, a partir de una valorización mayor de los recursos endógenos y el aprovechamiento de las oportunidades de dinamismo externo existentes (^{Alburquerque, 2003}).

Respecto al rol de las municipalidades como “corporaciones autónomas cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico y cultural de las respectivas comunas”, no cuentan con atribuciones específicas en materia de desarrollo productivo, salvo, aquella que dice relación con la capacitación y la promoción del empleo. Sin embargo, es extremadamente revelador que es en el ámbito municipal donde se contempla la mayor riqueza de innovaciones institucionales en acciones de desarrollo. Esto encuentra su explicación en la propia fortaleza del municipio como ente autónomo para resolver su estructura y asignación de recursos (^{CEPAL & GTZ, 2000}).

La mayor parte de las experiencias se refieren a la constitución de una unidad, departamento u oficina especializada en materias de desarrollo económico. La forma en que las acciones de desarrollo productivo se han incorporado a la dinámica municipal es variada y depende del contexto económico y social de cada comuna. En muchos de los casos tal incorporación ha sido motivada por la oferta de organismos especializados del sector público (FOSIS, SERCOTEC, SENCE) y de organismos no gubernamentales, de conectarse con el municipio para implementar programas de capacitación y asistencia técnica. También han surgido como reacciones ante problemas económicos de la comuna, que se traducían en demanda y reclamos por parte de la comunidad. Surgen de diagnósticos económico-sociales de la comuna, que determinan los problemas económicos, o que destacan a la pequeña producción y al comercio local, como la principal fuente de empleo (^{CEPAL & GTZ, 2000}). En otras se han planteado por iniciativas del alcalde o la alcaldesa, la incorporación al desarrollo productivo y al desarrollo económico local, como ejes de su agenda y de las políticas municipales y/o como consecuencia del proyecto municipal de desarrollo. Existen casos en los cuales los equipos de trabajo del municipio conciben al gobierno local como un “agente de desarrollo económico local”, incorporando, el tema del desarrollo como un pilar del proyecto municipal de desarrollo (^{CEPAL & GTZ, 2000}). Las funciones que habitualmente se definen para estas estructuras se pueden clasificar en: incentivador, difusor, capacitador, articulador y fiscalizador (^{CEPAL & GTZ, 2000}).

Se pueden caracterizar las acciones de desarrollo productivo que se han implementado en tres niveles: A) Acciones de primer orden: aquellas cuya finalidad es generar actividades productivas en el territorio local, creando mayor empleo y dinamizando la economía. Están destinadas a captar y generar nuevos focos productivos, es decir, a empresarios en potencia. B) Acciones de segundo orden: aquellas dirigidas al empresario establecido y cuya finalidad es mantener y consolidar las actividades productivas, existentes en la comuna, potenciando sus ventajas comparativas y competitivas y entregando al empresario herramientas útiles para mejorar su gestión y la calidad de sus productos. Y C) Acciones de tercer orden: aquellas que tienden a desarrollar las actividades productivas existentes en la comuna. Están dirigidas a empresarios que tienen la capacidad para ampliar y mejorar su giro, aumentando el número de clientes, y en muchos casos, colocando sus productos fuera de las fronteras comunales.

Las acciones identificadas no son necesariamente entregadas en forma pura, sino que se entremezclan dentro de una misma actividad realizada por el municipio, con el fin de entregar al empresario aportes a su gestión (^{CEPAL & GTZ, 2000}).