2.1. Gestión de la calidad educativa

La gestión de la Calidad Educativa es una función directiva qué tiene que ver con los procesos de planificación qué las organizaciones educativas caracterizan y desarrollan en sus planes de acción, lo que les permiten sustentar el manejo eficiente y eficaz de los recursos. Las planificaciones van desde modelos básicos hasta aplicaciones complejas que buscan generar rentabilidad y/o mejora en el servicio prestado como concluyen ^{Muñoz y González (2019)}: en su estudio que, para mejorar y escalar en resultados académicos es importante que el equipo directivo tenga fortalezas en aspectos técnico-curriculares y de liderazgo.

En este contexto, diversas organizaciones han decidido certificarse con normas internacionales como la ISO 9001 de la International Standard Organization (ISO), que buscan demostrar a sus clientes o beneficiarios la calidad del servicio ofrecido. En este orden de ideas, ^{Cervantes-López, Llanes-Castillo, Rivera-García y Montes (2023)}: consideran fundamental la implementación de un modelo de gestión por procesos que fomente la mejora continua en el aprendizaje compartido, permitiendo así una evaluación significativa de la gestión. Por consiguiente, es esencial que haya un control riguroso de la ejecución y cumplimiento de los procesos establecidos por la organización.

Desde otro punto de vista, se puede manifestar que, al considerarse la certificación de calidad internacional para un sistema de gestión por procesos, puede caerse en una situación de cumplimiento de estándares y criterios operativos que a lo mejor no ayuden a mejorar directamente la calidad del servicio académico y el cumplimiento cabal de resultados de aprendizaje y logro de competencias de los estudiantes para conseguir aprendizajes significativos guiados por sus docentes que a la final es lo que realmente debe mostrar calidad (^{Sánchez y Rodríguez, 2021}).

En este contexto, ^{Cárdenas (2016)}: concluye que las certificaciones van más allá de obtener figuraciones empresariales, sino que, en el campo educativo debe trascender hacia la necesidad social en donde los docentes sean investigadores Y puedan difundir sus resultados que propongan alternativas de solución a problemas del entorno y generen nuevos conocimientos como un ejemplo real de calidad. Por ello es necesario reconocer el concepto de calidad como un resultado significativo y no como un proceso secuencial que debe cumplirse por inercia.

Bajo esta misma línea, ^{Arjona-Granados, Lira-Arjona y Maldonado-Mesta (2022)}: en consideración con el criterio de las certificaciones de calidad, analizan como una opción a las normas ISO 21001 en educación afirmando que, al ser específicas, permiten una mayor competitividad en el escenario globalizado de la educación superior y por ende conseguir calidad a través del prestigio educativo. En el espacio académico actual, es muy importante considerar la oferta académica propuesta por instituciones con iguales condiciones y que actualmente certifican sus procesos con normas generales como las ISO 9001.

Concordando con ellos es necesario que las instituciones educativas busquen organizar su gestión en contextos y principios acordes al servicio ofertado y en el caso de la educación que mejor si se apunta a la concreción de estándares con relación directa como muestran este tipo de normas. Es así que, para tomar decisiones acertadas, deben contemplarse desde varias aristas los criterios de gestión de la calidad con miras siempre a la mejora y desarrollo tanto de la institución como el del personal que allí labora como docentes y administrativos.

Para ^{Vera y González-Ledesma (2018)}: la gestión de la calidad está estrechamente ligada a los procesos de evaluación, al punto de ser descritos como un matrimonio. La evaluación, controlada por la gestión institucional, debe apoyar la mejora del servicio educativo y evidenciar su calidad, permitiendo logros a corto, mediano y largo plazo sin ser punitiva. En muchos casos, evaluaciones punitivas han generado resistencia y persecución, en lugar de fomentar mejoras significativas.

Para conseguir una gestión eficiente otro de los factores importantes y necesarios a considerar, es el concepto de gestión comunitaria puesto que las instituciones educativas no pueden actuar de forma aislada sino más bien robustecer su servicio a través de alianzas. En este contexto, ^{Pino y Castaño (2019)}: apoyan este tipo de gestión y hablan de la construcción y rehabilitación del tejido social mediante actividades de proyección en conjunto con el entorno, lo que hace necesario que los directivos de las instituciones educativas tengan ideas holísticas de apoyo interinstitucional como herramienta de mejora en la práctica diaria para conseguir mejores resultados y por ende afirmar la calidad en la gestión.

La gestión educativa con enfoque de calidad es un tema un tanto complejo y que debe ser tratado de forma integral que permita superar desafíos en todos los niveles y ellos transversal izados de acuerdo a normas, procesos y resultados que deben ser analizados a detalle y en el contexto de identidad de cada institución educativa.

2.2. Calidad educativa como derecho

La calidad educativa no solo es un derecho declarado para todas las personas, sino que también es un pilar fundamental para promover el empoderamiento individual y comunitario. Señalando a ^{Miranda (2023b)}: la relación entre la calidad educativa y los derechos humanos resaltan aspectos como el empoderamiento, la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano, la prevención de la discriminación, y la construcción de sociedades inclusivas y pacíficas. Todos estos aspectos, más allá de los académicos deben considerarse al momento de configura un modelo de valoración de la calidad de la educación.

Además de los aspectos antes identificados, en el contexto actual de la educación, es fundamental abordar el tema del liderazgo de los directivos docentes en el aseguramiento de la calidad educativa. Según ^{Espinosa, Prieto, Marcela y Ochoa (2020b)}: en su estudio sobre el Sistema de Gestión de Calidad en instituciones educativas, se destaca la importancia de la articulación entre los procesos administrativos y pedagógicos para trascender la concepción meramente instrumental de tal manera que se garantice una educación de calidad que contribuya a la construcción de una auténtica justicia social. Estos hallazgos subrayan la relevancia que tienen los directivos, así como la necesidad de comprender la complejidad de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales involucradas en el sistema educativo.

En este acercamiento a los aspectos que definen la calidad en la educación, no puede faltar la arista de la autonomía pedagógica, la cual se presenta como un factor fundamental en la búsqueda de la calidad educativa, permitiendo a los docentes tomar decisiones metodológicas acertadas y adaptadas a las necesidades de sus estudiantes. Como menciona ^{Casanova (2021)}: la autonomía en los centros educativos es relevante al momento de generar una educación de excelencia, ya que los profesionales de la educación son quienes mejor conocen las circunstancias y contextos en los que se desenvuelven.

En este sentido, este coeficiente de autonomía no solo implica la libertad de elección de métodos y recursos, sino también la responsabilidad de asumir un rol activo en la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje, contribuyendo así al desarrollo integral de los estudiantes y a la construcción de una sociedad más equitativa y justa.

De acuerdo con ^{Escribano (2018)}: el desempeño docente es crucial para la calidad educativa en América Latina. Destaca que existe insatisfacción con los sistemas educativos debido a la falta de relevancia en la formación, que no responde a las necesidades sociales, científicas y tecnológicas. Evaluar la calidad de la educación debe incluir la capacitación profesional de los docentes. El derecho a una educación de calidad depende significativamente del desempeño de estos.

En el nivel superior de estudios, el grado de satisfacción estudiantil es un indicador efectivo de calidad educativa, reflejando la madurez y objetividad que los estudiantes tienen al momento de reflexionar sobre la calidad de su profesional. Mencionado a ^{Bernate, Guataquira, Romero y Reyes (2020)}: en su investigación sobre satisfacción en la educación superior, resaltan la importancia de evaluar los procesos educativos para implementar estrategias efectivas y adaptar los programas a las necesidades sociales. Las áreas de insatisfacción identificadas, como el sentido de pertenencia y la infraestructura, destacan la importancia de considerar aspectos emocionales y de participación estudiantil para mejorar la experiencia educativa y complementar la calidad académica.

En esta línea, ^{Vázquez y Risso (2022)}: argumentan la importancia de investigar el autoconcepto del alumnado universitario y su correlación con variables académicas y personales para comprender e intervenir en su desarrollo y transición al ámbito profesional. Por ejemplo, el estudio revela que los varones muestran puntuaciones altas en dimensiones como la física, académica y emocional, mientras que las mujeres sobresalen en dimensiones como la verbal, familiar, social y ética. Estos resultados destacan la relevancia de considerar el autoconcepto que los estudiantes tienen de sí mismos con respecto a estas competencias preprofesionales al diseñar una guía para evaluar los programas educativos universitarios.

Con respecto a estos indicadores, que hacen referencia a la satisfacción estudiantil sobre sus programas de formación profesional y al autoconcepto que tiene el alumnado sobre sus competencias preprofesionales, la importancia de la calidad educativa, obtenida como resultado de su intervención y por ende su exigibilidad pueden ser transferidas al derecho que tiene la educación superior a incorporar entre sus criterios de valoración educativa a los criterios de percepción personal de los estudiantes.

En el Ecuador, ^{Véliz (2018)}: en su presentación crítica al modelo usado en este país, para valorar la calidad del sistema educativo universitario, concluye que, la gestión universitaria debe basarse e integrar los patrones de calidad de la educación superior. Para lograr mayores niveles de calidad en los procesos de la educación superior, es fundamental introducir acciones efectivas de manera consciente, planificada, organizada en función de los criterios de evaluación identificados como efectivos. Lo expuesto significa que, en un nivel previo al derecho de una educación de calidad, se encuentra el derecho que tiene la educación superior a ser gestionada y evaluada bajo criterios que garanticen una mejora continua en sus procesos.

Por otra parte, si la educación es considerada un derecho, se puede inferir que la optimización de sus factores y características también lo son, en este mismo sentido, es entonces imperativo, que los modelos de evaluación de los procesos educativos también tengan esta cualidad, con la concurrente finalidad de dar cumplimiento a este derecho.

Por su parte, ^{Murillo y Román (2008)}: explican que, a pesar del aumento de acciones evaluativas en los últimos años, es fundamental que la cultura de la evaluación se consolide en los sistemas educativos, involucrando a todos los actores y niveles de decisión. En consecuencia, para la educación es esencial reconocer la relevancia que tiene el método de valoración de la educación para garantizar que se brinde la oportunidad de acceder, por derecho, a una educación de calidad.

2.3. Derecho a la educación

Actualmente el Derecho a la Educación constituye en un elemento fundamental en el desarrollo integral individual y social. Conforme a ^{Contreras (2021)}: destaca que la educación debe inspirarse en principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas, tal como se establece en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Advertir la educación como un derecho, garantizaría un acceso equitativo a la educación, respaldado por principios fundamentales, que, a su vez, garantizarían una educación de calidad que capacite a los individuos para afrontar los desafíos actuales y futuros.

En este marco, las políticas educativas deben ser diseñadas y ejecutadas de manera estratégica, considerando la diversidad de contextos y necesidades, con el objetivo de construir una sociedad más justa, inclusiva y preparada para enfrentar los retos del siglo XXI.

La noción de educación debe ser vista desde el Derecho como una perspectiva amplia y multidimensional. Sugiere ^{Milione (2020)}: que la educación va más allá de los límites de la enseñanza formal, impactando no solo a docentes y estudiantes, sino a la sociedad en su conjunto. Resulta imperativo considerarla como un proceso integral que trasciende la mera adquisición de conocimientos, incluyendo el desarrollo de la personalidad, la libertad de pensamiento y la capacidad de autodeterminación. Es esencial, entonces, reconocer que el Derecho a la Educación no es solo un derecho individual, sino base de sociedades democráticas sólidas y equitativas.

Al hablar de sociedades, ^{Laporta (2023)}: manifiesta que, en las abiertas, la educación implica la transmisión organizada del conocimiento científico, fomentando la independencia epistémica y la formación de creencias basadas en la evidencia y la racionalidad. Este enfoque aleja los mitos y prejuicios sociales, promoviendo el pensamiento crítico y la autonomía. Por tanto, se plantea un nuevo paradigma educativo que busca emancipar al estudiante de las limitaciones impuestas por su entorno, permitiéndole construir sus propias convicciones fundamentadas en la verdad y la argumentación racional.

La educación en derechos humanos, como señala ^{Rincón, Soledispa, Soledispa y Castro (2023)}: es crucial para que los docentes asuman un rol activo en la promoción de los derechos humanos, fomentando valores como la empatía y el respeto en sus estudiantes. La formación docente en este campo es esencial para garantizar que se impartan conocimientos sólidos y actualizados sobre los derechos fundamentales de todas las personas. Es necesario implementar estrategias educativas innovadoras que permitan a los educadores transmitir de manera efectiva la importancia de los derechos humanos en la sociedad actual y la necesidad de fortalecer los fundamentos de la educación como un derecho, contribuyendo al desarrollo de una ciudadanía comprometida con la promoción y defensa de los derechos fundamentales.

En referencia al tema, ^{Lorente y Ruiz (2022)}: aseveran que desde los años 70 en América Latina, existen acuerdos internacionales, basados en derechos humanos; agendas y compromisos, que evidencian la evolución de las políticas educativas y su impacto en la garantía del acceso a una educación de calidad. El Derecho a la Educación avanza y existen desafíos normativos para una mayor cobertura educativa de calidad. El análisis crítico del derecho permitiría la implementación de las políticas educativas efectivas que faculten su ejercicio en toda la sociedad.

En Ecuador la Educación Superior, ha evidenciado una transformación significativa. En este sentido, para ^{Restrepo, Guevara y Morales-Intriago (2022)}: la evaluación realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) en el año 2013 marcó el inicio del proceso de aseguramiento de la calidad, en consonancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior. Este proceso, ha sido esencial para fortalecer la educación y fomentar el desarrollo de profesionales competentes, comprometidos con su formación. La mejora continua en las universidades desempeña un papel esencial para garantizar un sistema educativo inclusivo y de calidad, fortaleciendo así el Derecho a la Educación.